El modelo de minería prometido se convirtió en la realidad en uno de saqueo y destrucción masiva bajo el control directo o indirecto de la delincuencia organizada y la anuencia o participación de funcionarios gubernamentales
Alejandro Álvarez Iragorry / Foro Tuqueque (Venezuela) – 25/02/2020
Hace cuatro años, el 24 de febrero de 2016, apareció en Gaceta Oficial el decreto que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, conocida como Arco Minero del Orinoco o AMO. Desde el principio esta acción del gobierno nacional generó muchas dudas en una enorme cantidad de personas que se preocupaban por la conservación ambiental y el futuro del país.
El decreto establecía el mega-proyecto minero más grande que jamás se había realizado en Venezuela ocupando más del 12% del territorio nacional, el cual incluía una importante cantidad de territorios indígenas, cuencas de ríos, ecosistemas boscosos y áreas de extraordinario valor ambiental y social.
Asimismo, los voceros oficiales hablaban de que en este desarrollo minero participarían 150 empresas internacionales y utilizaría procedimientos y tecnologías probadamente dañinas y destructivas. Pero a la vez, intentaban vender ese proyecto como una maravilla de protección ambiental y defensa de los derechos humanos. En particular prometieron (y lo próximo es un resumen literal de promesas presentes en los discursos):
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- Que sería realizado “respetando los principios del ecosocialismo”.
- Que se preservarían las “culturas originales” y “respetarían los derechos de los pueblos indígenas”.
- Que tendría “como centro la conservación del ambiente y el desarrollo social”.
- Que estaría dirigido a “rescatar la dignidad y proteger a los pequeños mineros de Venezuela”.
- Que las operaciones mineras preservarían “los recursos naturales”.
Pero la promesa más importante implícita en el discurso, pero trascendente en ese momento que se estaba iniciando la mayor crisis económica sufrida por el país: Seríamos de nuevo un país rico. Con respecto a esas promesas nos hicimos en ese momento las siguientes preguntas:
1. ¿De qué ecosocialismo estaban hablando? Y en particular:
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- ¿Sobre cuáles principios ecosocialistas se fundamenta el desarrollismo, el extractivismo y la depredación ambiental?
- ¿Sobre cuáles principios ecosocialistas se destruyen las fuentes de agua, los bosques, el suelo y todo ser vivo?
- ¿Sobre cuáles principios ecosocialistas se desconocen los derechos de la madre tierra?
- ¿Cuáles principios ecosocialistas hacen más importante la riqueza material que el agua, la salud y la vida?
2. ¿Cómo este proyecto preservará los derechos de los pueblos indígenas? Y más aún:
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- ¿Cómo la destrucción de sus territorios y los recursos de los cuales dependen protegerá los derechos de esos pueblos?
- ¿Cómo lo hará el desconocimiento de sus derechos territoriales y el principio de consulta previa, libre e informada?
- ¿Cómo pasar de pueblos libres a obreros de empresas transnacionales preservará esos derechos?
3. ¿Cómo se asegurará la conservación del ambiente y el desarrollo social? Y en concreto:
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- ¿Cómo se garantizarán los derechos ambientales de los venezolanos ¿Se exigirán las obligaciones ambientales a las empresas derivadas de los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución Nacional y las leyes ambientales de la república?
- ¿Cómo se garantizará el derecho a la salud de los habitantes locales según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución?
- ¿Cómo se garantizará el derecho a la seguridad de todos los venezolanos según lo establecido en el artículo 55 de la Constitución?
- ¿Cómo se logrará el control ambiental necesario para asegurar la protección ambiental?
4. ¿Cómo se promoverá la defensa de la dignidad y la protección de los mineros?
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- ¿Cómo es posible garantizar la dignidad de un minero en un territorio controlado por bandas criminales?
- ¿Cómo van a proteger a los mineros en un país en que fue destruido todo el sistema de seguridad social y desaparecieron los derechos de los trabajadores?
- ¿De cuál protección se habla sí esos trabajan en las peores condiciones laborales posibles?
Y para aquellos que ven como bien supremo las ganancias económicas sin ninguna otra consideración humana, ni ambiental, era necesario preguntar:
¿Realmente valen la pena esas supuestas ganancias?
Es decir cuál será el balance para el país cuando se tomen en cuenta los costos reales de esa operación. Para ello sería necesario calcular:
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- Los costos causados a la Nación producto de los daños ambientales que serán generados por este mega-proyecto. En particular será necesario contabilizar los costos derivados de la destrucción de cuencas, bosques, biodiversidad y por los efectos de la contaminación
- La magnitud de los daños sociales y culturales producidos por la explotación minera. En particular los costos derivados de los efectos destructivos sobre las comunidades indígenas y campesinas locales, la desaparición de culturas, la violencia social y la violación de derechos humanos.
- Los costos producidos por los daños políticos y económicos que estos proyectos dejen como legado. Resultará necesario calcular los daños producto de la corrupción generalizada debido a la presencia de la economía minera, así como la desaparición de economías alternativas, pero también debido a la insustentabilidad innata de todo proyecto minero.
Esas preguntas nos la hicimos hace cuatro años y las respuestas a todas ellas las hemos tenido a lo largo de este tiempo y son un catálogo del horror. Jamás nos hubiésemos podido imaginar que la situación pudiera ser tan traumática y destructiva para nuestro país. Tampoco que la distancia entre lo prometido y la realidad fuese tan grande y contrastante como si fuese un retrato en negativo.
Frente a las promesas realizadas, la realidad de las zonas mineras puede definirse a partir de las siguientes características:
El modelo de minería prometido, uno de operaciones de gran escala implementada por grandes empresas transnacionales actuando de manera legal, ordenada y responsable, se convirtió en la realidad en uno de saqueo y destrucción masiva bajo el control directo o indirecto de la delincuencia organizada y la anuencia o participación de funcionarios gubernamentales. Ella se realiza con la participación de cientos de miles de mineros que no cuentan con ninguna protección o apoyo, trabajando a veces en condiciones de semi-esclavitud y bajo el régimen de terror de las bandas locales.
Dentro de ese contexto, en la práctica el Estado venezolano desapareció de las zonas mineras y fue sustituido por la “Ley” de la violencia y la sangre ejercida por actores armados violentos, que ejercen un poder total sobre las mismas.
A partir de esa realidad, el 12% de zona definida por el decreto se amplió hasta ocupar un aproximado del 40% del país afectado por un crecimiento masivo de actividades mineras de pequeña y mediana escala, principalmente en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, pero ya también en otros cinco estados.
Derivado de la corrupción y la incapacidad institucional producto de estas circunstancias, la explotación de los recursos minerales ocurre sin cumplir con ninguna regulación legal o control, violando así toda la normativa ambiental del país y generando enormes daños ambientales que tienen y tendrán un muy pesado lastre para el desarrollo del país y sus habitantes.
Este daño está generando consecuencias ya presentes: Todas las cuencas de la Amazonía venezolana están contaminadas con mercurio, miles de personas en la región tienen muy altos niveles de mercurio en sus cuerpos, cientos de miles de personas están en riesgo de intoxicarse con este elemento y sus derivados. Una grave epidemia de malaria surgida como consecuencia de la alteraciones ambientales en las zonas mineras está expandiéndose tanto en el número de personas infectadas, como el número de zonas geográficas afectadas.
Asimismo la actividad minera existente es causante de graves violaciones a los derechos a la vida, al ambiente sano, cultura y protección de los pueblos indígenas y los trabajadores.
Adicionalmente, las probables enormes ganancias derivadas de la explotación de los recursos extraídos, en su mayoría no servirán para el financiamiento del Estado, sino para enriquecer de manera inmoral a una minoría.
Y finalmente, la actual situación pudiera promover conflictos violentos derivados de la ocupación y control de territorios para la explotación de «minerales de conflicto» por diversos actores armados, tales como los ocurridos en la República Democrática del Congo y otros países.
¿Y qué podemos hacer en este momento?
La magnitud de la destrucción, así como la obcecación, la ruindad y la codicia aparentemente sin límites de los dueños del poder nos ponen en circunstancias muy difíciles. Esas circunstancias son aún peores cuando nos encontramos en el medio de una emergencia humanitaria compleja que nos afecta a todos. Es muy fácil caer en la desesperanza y la apatía. Incluso algunos ya se han doblegado al dominio impuesto desde el régimen.
Una alternativa puede provenir de las propuestas de Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que vivió una de las peores experiencias de adversidad que persona humana puede vivir, ser un prisionero judío en un campo de concentración nazi. Este autor sobrevivió para dejar una posible respuesta ante estas situaciones. El escribió, pensando en cómo actuar frente a condiciones extremas: “Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”.
Esa frase suena a resignación o abandono de la lucha, pero no lo es. En nuestro caso esa idea se convierte en propósito y camino a través de estas acciones:
- Necesitamos reconstruir un país de todos donde ninguna persona quede atrás. Cuando hablemos de nosotros, hablemos de cada venezolano y del país de todos. Es decir derrumbemos el muro de la polarización en el cual nos encerraron y nos dividieron. Construyamos el país donde la libertad, la justicia social, la solidaridad y la responsabilidad sean los valores que nos guíen.
- Necesitamos reconectarnos con el mundo. Otros países sufren problemas similares a los nuestros. Algunos ya tienen una larga experiencia luchando contra regímenes opresivos y proyectos desarrollistas. Juntos podemos implementar más y mejores acciones de resistencia.
- Necesitamos crear una nueva narrativa de país. Ya debemos dejar atrás la idea de un país rentista y extractivista en el que el poder y el dinero se concentran en el gobierno, y en contraste comencemos a construir un proyecto de país donde a partir de nuestra extraordinaria diversidad biológica, social y cultural podamos ser prósperos, responsables y sustentables con el esfuerzo de todos..
- Necesitamos reconquistar nuestro derecho a luchar por nuestro futuro. Este es nuestro país y será el de nuestros hijos sólo si todos desde sus posibilidades y circunstancias actuamos por lograr ese cambio.
Todos estos esfuerzos son necesarios porque Venezuela, la de todos, la de la maravillosa Naturaleza, bien los vale.
El autor es Coordinador de Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos. Especialista en gestión social del ambiente, con énfasis en temas relacionados con derechos humanos ambientales, participación ciudadana y educación ambiental en el marco del desarrollo sostenible. Promotor de participación y articulación de organizaciones de la sociedad civil. Bloguero y divulgador ambiental. Todas las opiniones son de mi responsabilidad. Pueden comunicarse conmigo por el correo: alvareziragorry@gmail.com