Miguel Ángel Martín, expresidente del TSJ en el exilio: La Asamblea de 2015 se convirtió en un obstáculo para lograr la democracia

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Miguel Ángel Martín.

Una de las decisiones más importantes que tomó el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fue condenar a Nicolás Maduro a 18 años de prisión. El magistrado no se arrepiente de las decisiones que tomó durante su gestión. Lamenta la falta de apoyo de la oposición para impulsar algunas medidas para lograr el retorno de la democracia a Venezuela


 

Williams Perdomo / El Nacional (Venezuela) – 26/09/2022

Su nombre comenzó a estar en los principales titulares del país cuando asumió como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional de 2015. Ese tribunal se juramentó en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes en un evento que desafiaba al gobierno de Nicolás Maduro.

Luego de esa juramentación, los magistrados del TSJ se tuvieron que exiliar porque comenzaron a ser perseguidos por el gobierno de Maduro. A pesar de las dificultades que vivieron, Miguel Ángel Martín aseguró que es una decisión de la que no se arrepiente.

«Fue un acto importante, porque los magistrados del TSJ fuimos designados por un órgano legítimo. Era una respuesta de la Asamblea al plebiscito hecho al pueblo en el 2017, aunque después el régimen nos obliga a vivir un exilio». Así lo dijo Martín en conversación con El Nacional.

Apoyo de la Asamblea Nacional al TSJ

Una de las decisiones más importantes que tomó ese TSJ fue condenar a Maduro a 18 años de prisión. Sobre ese tema, Martín resaltó que no se avanzó con respecto a ese tema por las dificultades que encontraron en el exilio.

«Al no haberse recibido apoyo institucional de la Asamblea de 2015, y el hecho de estar en el exilio, el TSJ no avanzó en la ejecución de algunas sentencias que, en mi opinión, fueron relevantes y que requerían el aval diplomático desde el Parlamento venezolano», señaló.

Al hablar sobre el apoyo de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se refirió a la polémica activación del artículo 187, numeral 11, sobre el que presuntamente se podía fundamentar la justificación de una intervención militar. Resaltó que la presidencia del TSJ no recibió el apoyo necesario para cumplir con lo que considera impulsaban acciones específicas por parte de la comunidad internacional.

—¿Cuál sería su balance sobre la situación en la que se encuentra el TSJ en el exilio?

—Yo me separé hace dos años del grupo de magistrados del TSJ, motivado a que algunos deciden crear una junta directiva paralela. Esto trajo como consecuencia la pérdida de apoyos institucionales obtenidos con dificultad, tales como la OEA, el Grupo de Lima, Departamento de Estado, parlamentos de varios países, además de muchas personalidades de la comunidad internacional. Pero la más grave, ha sido la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía, quienes esperan una diferencia de aquellos que destruyeron nuestro país. Yo hice lo que estaba dentro de mis posibilidades. Pero los políticos de oposición metieron sus narices, aprovechando la distancia física de los magistrados del TSJ, las dificultades de vida, entre otros aspectos. Lograron así cooptar la institucionalidad que se estaba construyendo. Eso fue denunciado y causó mucho malestar dentro de las personalidades internacionales que creían y apoyaba la lucha de los magistrados como grupo. Lo que hacen ahora lo desconozco, y no tengo nada que ver en sus publicaciones en redes.

—¿Considera que valió la pena, en su momento, haber dado el paso de constituir el TSJ designado por la Asamblea Nacional de 2015?

—Fue un acto importante, porque los magistrados del TSJ fuimos designados por un órgano legítimo. Era una respuesta de la Asamblea al plebiscito hecho al pueblo en el 2017, aunque después el régimen nos obliga a vivir el exilio. No obstante, la mayoría de los magistrados creamos un órgano que por un tiempo fue una referencia de lo que la gente quiere para el país. Se libró una batalla donde varios países entendieran que existe un vacío de democracia y por ende de institucionalidad.  Se trata de un país donde se usurpan los cargos de los poderes del Estado. Y además con presunción grave de que muchos de ellos cometieron varios delitos graves en contra del Estado, así como violaciones sistemáticas de derechos humanos. No se logró obtener el apoyo institucional de la Asamblea Nacional del 2015. Sin embargo, se hizo un trabajo importante desde y con la Secretaría General de la OEA para demostrar la falta de legitimidad del Poder Ejecutivo en Venezuela y la necesidad de sustituir los representantes de la nación para defender los altos intereses del país. Ese trabajo quedó, y muchos magistrados fueron importantes en estos logros.

—Han impulsado varias sentencias, una de ellas contra Maduro y otras medidas contra miembros de la oposición, ¿cómo han avanzado estos temas?

—Al no haberse recibido apoyo institucional de la Asamblea 2015, y el hecho de estar en el exilio, no se avanzó en la ejecución de algunas sentencias que en mi opinión fueron relevantes y que requerían el aval diplomático desde el Parlamento venezolano. Por ejemplo, la sentencia del caso Odebrecht que determinó un desfalco enorme a la nación, la cual no recibió apoyo del Parlamento, en el momento de ordenarse la captura ante Interpol, siendo que la orden firmada por mi persona, no fue trabajada por la vía de la diplomacia, tal como lo ordenan nuestras leyes. Por supuesto, queda sin ejecución.

Tampoco se recibió apoyo de la Asamblea 2015 en otras decisiones como la necesidad de un canal humanitario, sentencia bajo la ponencia de la magistrada Elenis Rodríguez. Además de todas las peticiones que se realizaron desde la Presidencia en el marco de esa sentencia, especialmente sobre el auxilio humanitario y la recomendación de que sea discutido en el Parlamento la aceptación de la ayuda internacional para seguir los pasos establecidos en la Constitución.

Muy lamentable, la falta de apoyo de la Asamblea 2015, salvo algunos diputados de la Fracción 16 de Julio, de trabajos que se hacían desde la Presidencia del tribunal bajo la normativa de Responsabilidad de Proteger que impulsaba acciones específicas desde la comunidad internacional.

Aquí, algunos magistrados en reuniones privadas y en las mismas redes sociales atacaban la postura asumida desde la presidencia del tribunal. De esta manera, obraron en contra de la Responsabilidad de Proteger, convirtiéndose en verdaderos obstáculos de las acciones que derivaron del R2P, como las sanciones a personas del régimen. Así como la apertura de juicios internacionales por casos de corrupción y narcotráfico, retiro de visados, congelación de bienes que presumen ser de la corrupción. En fin, todas estas circunstancias afectaron la actividad que se realizaba desde la presidencia del TSJ.

En cuanto a otros espacios trabajados por lograr la democracia, se hicieron varios llamados a la Asamblea Nacional para que se conformara un gobierno separado del Parlamento. Así como otros temas que deberían ser trabajados desde la designación de lo que fue el gobierno interino, haciéndose caso omiso a las recomendaciones y sugerencias formuladas siempre de manera respetuosa desde la presidencia del TSJ.

La justicia en Venezuela

—¿Qué tan necesaria será la justicia para la reconstrucción del país?

—Por la poca importancia que parte de la clase política, tiene con el tema de la justicia, donde le ha dado prioridad a las acciones partidistas para lograr controles de algunos espacios, sin tomar en cuenta la necesidad de construir una institucionalidad, y siendo que los ciudadanos exigen justicia, debemos construir un sistema donde la justicia sea una política de Estado y trabajar con institucionalidad en los pilares de la educación, el trabajo y la ley. Pienso que Venezuela necesita alcanzar la paz y la concordia de todos los venezolanos por medio de la justicia. Que se reparen los daños sufridos a los ciudadanos durante décadas. Esto solo puede lograrse con personas preparadas, que amen al país y puedan gobernar los destinos de la nación, primando los intereses nacionales.

—¿En los últimos días se han conocido hechos corrupción que involucra a varios sectores políticos de Venezuela, por ejemplo el caso de Pdvsa. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que en algún momento podrá avanzarse en investigaciones que lleven a conocer la mayoría de los hechos de corrupción en el país?

—Del lado de Maduro, todo lo que lo rodea, existe un pasado gravísimos de despojo a la nación y lo que se ejecuta en el presente no hay manera de hacerle un control, porque no existe confianza en los poderes como la Contraloría, Procuraduría, Tribunal Supremo, Parlamento, que se han convertido en franquicias del grupo que tiene el poder en Venezuela. Cuando tengamos democracia y un sistema de justicia integrado por fiscales y jueces que actúen con dignidad y con una experticia jurídica de alto perfil, se podrán hacer todas las investigaciones y los juicios. Del lado de la oposición hemos observado como tienen el control de algunos activos de la nación en el extranjero, como Pdvsa Internacional, Citgo, Monómeros, Corporación Venezolana de Guayana, Banco Central de Venezuela. Así como cantidades de dinero entregadas por ONG internacionales, países amigos para el trabajo de lucha por la democracia.

En el manejo de estos recursos hay muchos escándalos que surgen dentro de los mismos sectores de oposición, quienes se culpan unos a otros; unos porque no rinden cuentas y otros porque no aprueban recursos.

Estos escándalos son públicos en las redes sociales, y con mucho malestar observamos que los procuradores que fueron designados de forma excepcional para resguardar los recursos de los venezolanos en el extranjeros han formado parte de esa diatriba; también varios diputados del 2015 han ordenado denuncias formales al Interinato para que haga cambios sustanciales en la representación y manejo de los recursos.

Al final no hay credibilidad, están en riesgo muchos intereses de los venezolanos, que no han sido manejados de manera idónea, ni presentadas cuentas serias a la ciudadanía, que permitan ser controladas. Incluso usan las redes para vender las cuentas en forma de noticias. No se producen cambios sustanciales desde el interinato, sino la defensa a ultranza de su gestión, y todos las personas que hacen sus reclamos son tratados como si fuesen del madurismo. Eso no es justo y acrecienta la pérdida de credibilidad del interinato.

Es urgente la creación de un grupo de venezolanos que manejen con responsabilidad todos los temas que son de interés del país en el exterior, y se haga una auditoría profesional autónoma que disipe toda duda en el manejo de los recursos.

—¿Se mantiene el TSJ en el exilio? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo ve en el futuro?

—Los magistrados han vivido una situación difícil, imagínate, con los bienes congelados, órdenes de captura, sin poder homologar títulos de estudios, lo que ha obligado a realizar tareas que no son de jueces, para poder sostenerse, con el agravante que nuestras familias y amigos se vieron arrastrados en esta situación.

La Asamblea, con la llegada del gobierno interino, ofreció unos estipendios como los pagados a diputados y funcionarios del interinato. Estas ofertas fueron utilizados en la campaña política de la junta paralela del tribunal, anunciando que tenían todos “los contactos” con Juan Guaidó. Al final todo fue una burla y no se les asignó cantidad alguna, y no me incluyo, porque desde el principio envié sendos oficios señalando que no aceptaba los mecanismos y procedimientos que estaban utilizando en ese momento.

Por eso, yo creo que esa camada política de la oposición no tiene ningún interés en la justicia y menos en un sistema de justicia independiente. La mayoría de los magistrados se prestaron hacerle el juego a esos grupos políticos, y no se les cumplió la oferta. Eso queda en sus conciencias.

—¿Cree que en Venezuela pueda nacer una estrategia que permita el retorno de la democracia y el Estado de derecho? ¿Hacia dónde cree que debe ir direccionada esa estrategia?

—La estrategia existe y se trabaja dentro del país desde hace mucho años, y no es una estrategia de política electoral partidista, sino es desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, que con verdadero amor al país, plantean una refundación de la nación, mediante el cambio del sistema actual y la forma de gobierno. Son personas reunidas en una Conferencia Constitucional, integrada por estudiantes, sindicatos de trabajadores, comerciantes, instituciones académicas, colegios profesionales, grupos de ciudadanos que realizan asambleas de discusión y presentan reclamos de políticas públicas a los responsables. Ese movimiento es apalancado por la Conferencia Episcopal, el grupo Anco, académicos y expertos en diferentes áreas. Se plantea conformar con urgencia un grupo de representantes de los intereses de la nación, adentro y afuera del país, promoviendo las condiciones para que se reconozca el liderazgo que haga posible desplazar a los poderes de facto y permita construir una transición hacia la democracia.

El grupo Anco viene haciendo una propuesta decente y de país, por medio de un proceso constituyente que haga una revisión completa del contrato social y la forma de solucionar los problemas que exigen y que están por venir en varias décadas. Esta propuesta ha sido silenciada por las personas que controlan el “gobierno y parte de la oposición”, precisamente porque tienen el temor que sea sustituidos. Lo bueno de esta propuesta es que no tiene ninguna ideología, sino que es puro corazón venezolano, sin importar tus creencias políticas, religiosas, ni de cualquier índole; es la única oportunidad que tendría Venezuela para conformar una nación para las futuras generaciones, donde la justicia la educación y el trabajo sean pilares para conformar un Estado capaz de sortear las previsiones del futuro.

—¿Cómo evalúa la crisis política del país en el corto plazo?

—Existen varios actores que juegan en el tablero del teorema del poder. Por un lado los que detentan el poder de facto, quienes seguirán haciendo todo lo posible para mantenerse en el poder, evitar ser enjuiciados, controlar todas las instituciones, en especial el sistema de justicia y los órganos electorales.

Por otro lado, una clase opositora que apuesta a unas elecciones con instituciones que obedecen ciegamente a sus amos del Ejecutivo, sin una verdadera alianza, donde se presentarán muchos candidatos dentro y fuera de unas primarias controvertidas, para enfrentar al poder de facto con muchos candidatos en dos años. Yo veo una batalla de varios candidatos de oposición frente al que coloque el madurismo.

Quienes no están en esa ecuación son los ciudadanos, que en más de 80% se mantienen cuestionando los liderazgos de parte y parte y espera un liderazgo que trabaje la solución de los problemas actuales y prepararse para el futuro.

También, quiero señalar que están tratando de utilizar el exilio, el cual, se encuentra igual que los que están en el país, tratando de resolver sus problemas y no cree en los representantes actuales, precisamente porque no se les ha tomado en cuenta ni han sido beneficiados por la gerencia interina, que vende la idea que están dando muchas ayudas y muchos logros en favor de ellos. Esto no es cierto y es fácilmente demostrable con una sencilla encuesta al exilio.

Tenemos dos escenarios, el de las precampañas y campañas electorales, sin muchas garantías, usando recursos que deberían ser para la gente y apañar el sufrimiento actual, o conformar un grupo de venezolanos que puedan hacer el contrapeso al poder de facto y promover una transición que solucione los problemas actuales y los que se presentarán en las próximas décadas.

La comunidad internacional es clara en su posición, que los venezolanos tienen que plantear soluciones verdaderas y honestas que puedan darle la oportunidad a la gente a vivir una vida normal y de buena calidad.

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