18 masacres en cuatro años: el saldo verdadero del Arco Minero

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Al menos 18 masacres en cuatro años. Ese es el verdadero resultado del proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO).

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) denuncia que desde la creación de la zona especial por Nicolás Maduro, pandillas armadas y fuerzas militares han ejecutado varias matanzas para controlar ese territorio: una racha que comenzó con la  Masacre de Tumeremo hace cuatro años


 

Prensa Codehciu / Comisión para los DDHH y la Ciudadanía (Venezuela) – 11/03/2020

Al menos 18 masacres en cuatro años. Ese es el verdadero resultado del proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO), anunciado por Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2016 y convertido ahora en la caja chica de su régimen.

La idea original del Arco Minero fue del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien en 2011 anunció, delante de un mapa que mostraba ante las cámaras de televisión, que esa zona era «de gran potencial y poderío económico».

La idea la retomó y oficializó su predecesor aquel 24 de febrero de 2016, cuando anunció que su régimen exploraría y explotaría los 111 mil kilómetros cuadrados de la zona que dibujó Chávez, rica en oro, cobre, coltán, diamantes, caolín y bauxita.

En aquel entonces, y con la permisividad del gobernador pesuvista de la región, Francisco Rangel Gómez, las minas del estado Bolívar estaban tomadas por pandillas que se encargaban de explotarlas ilegalmente, a costa de un régimen de terror, extorsión, sobornos y asesinatos.

Ese fue el caldo de cultivo para que, a los pocos días del anuncio de creación del AMO, ocurriera lo que se conmemora este mes: la primera matanza perpetrada durante la nueva política del chavismo, la de Tumeremo.

Un antecedente imborrable

Ángel Ignacio Trejo, de 30 años, conversó con su papá en la mañana del viernes 4 de marzo de 2016. Entonces estaba en Puerto Ordaz. Le dijo por teléfono que iría a Tumeremo. Dividía su tiempo entre los estudios de Derecho en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA) y el trabajo en el molino de una mina, llamada Atenas.

Esa fue la última vez que hablaron. Desde la madrugada del día siguiente, sábado 5 de marzo de 2016, cuando comenzaron los rumores de que hubo una masacre, su padre no dejó de llamarlo. Nunca tuvo respuesta: Ángel Ignacio fue una de las, al menos, 17 personas asesinadas.

El gobernador Rangel Gómez, aquel 5 de marzo, negó la masacre y atribuyó el rumor a una campaña malintencionada de la oposición. Dos semanas después, investigadores encontraron los cadáveres en una fosa común. La información la confirmó la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio.

Al respecto no ha habido reparación de daños y, por lo tanto, no ha habido justicia. Solo se sabe que el responsable de la masacre fue el jefe de pandillas Jamilton Andrés Suárez Ulloa, conocido como “el Topo”, asesinado por fuerzas gubernamentales dos meses después.

La masacre de Tumeremo fue como abrir la puerta a lo que vendría. En julio de ese 2016, cuatro mineros fueron asesinados en Santa María, municipio Piar. En octubre de ese mismo año, el diputado Américo de Grazia (hoy también en el exilio) denunció otra masacre en la mina Nuevo Callao. Aunque no se confirmó, sí se encontraron varios cadáveres luego, incluyendo el de una mujer embarazada.

Política continuada

2017 fue el último año de gobierno de Rangel Gómez y el primero de Justo Noguera Pietri, quien está en el cargo luego de un proceso electoral fraudulento perpetrado por el chavismo en las elecciones del 15 de octubre de ese año.

Y 2017 también fue el año en el que continuaron las matanzas, ahora perpetradas por el Ejército. Fueron cuatro registradas en total: en febrero, en agosto, en septiembre y en noviembre.

En 2018, testigos de matanzas y pobladores del sur de Bolívar denunciaron que ahora las masacres eran ejecutadas por nuevos actores: guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En mayo de aquel año hubo dos, incluyendo una en la mina Cicapra. Esa vez hubo 20 víctimas. En junio, cinco pemones fueron asesinados en San Luis Morichal (a siete horas en lancha de El Dorado).

Pero las fuerzas militares también asesinaron en el arco minero en 2018. La primera vez fue en febrero. La segunda, en octubre, en lo que se conoció como Masacre de Los Candados. Los testigos culparon tanto al Ejército como a la Guardia Nacional.

El Ejército continuó su política criminal en 2019. Entre el 22 y el 23 de febrero, siete personas, incluyendo indígenas pemones, murieron asesinados tanto en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, consecuencia de las acciones represivas que desataron los militares para frenar la entrada de la ayuda humanitaria por la frontera con Brasil.

Una semana después, en El Pariche, Sifontes, cinco personas fueron asesinadas por el Ejército.

En julio, las masacres salieron del contexto minero y se trasladaron a San Félix. Ese día, con fusiles, cuatro hombres y tres mujeres fueron asesinados en una parada de autobuses. El crimen se le atribuye al jefe de pandillas (o pran, como se le conoce popularmente) “Zacarías”, relacionado con el control de las minas de oro de El Callao.

El 23 de noviembre, un grupo armado mató a balazos a ocho personas en la mina La Caraota, en Ikabarú.

En todos estos casos prevalece la impunidad y la opacidad informativa.

El deber del Estado

El protocolo de Minnesota, documento de carácter internacional en el que se describe la metodología de investigación de las muertes potencialmente ilícitas o ejecuciones extrajudiciales, explica que una de las características principales de estas violaciones de derechos humanos es  que “la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes”.

Además, añade: “La muerte podría ser resultado del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida. Incluye este supuesto, por ejemplo, cualquier situación en que un Estado no ejerza la diligencia debida para proteger a una persona o personas contra amenazas externas previsibles o actos de violencia por agentes no estatales”.

Codehciu exige al Estado venezolano que investigue de manera imparcial las muertes potencialmente ilícitas en las que estén involucrados organismos públicos, como las que ha habido en los cuatro años del Arco Minero; todo eso sin contar la devastación ambiental y el acorralamiento de comunidades indígenas, consecuencia directa de esta política.

Por otro lado, lo exhorta a proteger las vidas de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que sufren en carne viva el terror de los grupos irregulares en zonas mineras y de sus propias fuerzas militares.


Artículo publicado en Codehciu el día 07/03/2020

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