Comunidades indígenas de Amazonas alertan sobre intromisión de grupos armados en sus tierras

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Los pueblos indígenas llevan más de 20 años luchando por el reconocimiento de unos derechos que les pertenecen, pero no son garantizados por el Estado.

El pueblo indígena de Uwottüja exige una respuesta al Estado sobre las operaciones de las FARC y el ELN y reivindican su derecho a la autodefensa


 

Laura Clisánchez / Correo del Caroní (Venezuela) – 10/03/2020

Habitantes de los cuatro ríos: Autana, Cuao, Sipapo, Guayapo y el sector Orinoco medio, del municipio Autana, estado Amazonas, anunciaron a través de un comunicado publicado en redes sociales, la decisión de defender sus territorios pacíficamente contra la intrusión de los grupos armados irregulares autodenominados Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Nuestra lucha siempre será pacífica, con paso firme y decidido”, versa el documento. “Exigimos al Estado venezolano que explique o aclare por qué estos grupos armado que se autoidentifican como grupos que forman parte de la organización FARC y ELN, afirman contar con la autorización del Gobierno venezolano para permanecer en el territorio sin plena consulta en violación a las reglas constitucionales que nos amparan”.

En este documento, la comunidad hace una serie de exigencias al Estado venezolano y órganos competentes, entre ellas, el desalojo de todas las personas armadas tanto nacionales como extranjeras, contemplada en el inciso 5, grupos irregulares que han causado división interna en Uwottüja, pues denuncian que algunos miembros -debido a la crisis económica- se han sumado a los grupos irregulares creando conflictos de intereses dentro de la comunidad. Estos grupos armados permanecen como comerciantes informales en los puertos de Boca Sipapo, Morganito y Samariapo según el comunicado público.

A finales de noviembre de 2019, la comunidad informó que hubo un enfrentamiento entre miembros indígenas contra grupos armados dedicados a la minería ilegal en aras de defender el territorio. “Logramos expulsar las maquinarias de extracción de oro”, informaron en el comunicado.

Los derechos de los pueblos indígenas están amparados por la Constitución venezolana, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y la Ley Probatoria del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, firmada y ratificada por Venezuela.

Aunque hay instrumentos legales orientados a proteger y garantizar los derechos legítimos de las comunidades indígenas en Venezuela, como herederos, poseedores y guardianes de sus tierras ancestrales, comunidades como Uwottüja, también llamada Pendare, han tenido que proteger sus territorios por sus propios medios, pues el Estado no garantiza tal protección, de hecho, en ocasiones propicia episodios violentos al no detener la ocupación de grupos irregulares en estos territorios y mantener una política sostenida de desatención.

Además, también ha levantado sus armas en contra de los pueblos originarios ejerciendo una violencia desmedida que hasta ahora no ha alcanzado justicia, como el asalto al pueblo pemón ocurrido el 22 de febrero del 2019, hecho en el que el Ejército Nacional -en el marco de la entrada de la ayuda humanitaria al país- abrió fuego contra las comunidades indígenas que estaban a favor del acceso de la ayuda. Kumarakapay fue la primera localidad atacada, 3 indígenas pemones murieron ahí. Foro Penal contabilizó 62 detenciones arbitrarias entre el 22 y el 28 de febrero 2019, 21 arrestados eran indígenas.

Habitantes de las comunidades indígenas de los cuatro ríos del municipio Autana reclaman su reconocimiento como los legítimos guardianes de su territorio.

El coordinador de Pueblos Indígenas de Foro Penal, Olnar Ortiz, aseguró en una entrevista con Correo del Caroní que las personas detenidas por aquel asalto permanecen aisladas de sus familiares, además denuncian que han sido golpeados, maltratados y víctimas del retardo procesal y faltas al debido proceso.

Las acciones gubernamentales contradicen su discurso

Habitantes de los cuatro ríos exigen al Estado ser reconocidos como los legítimos guardianes de su territorio, derecho contemplado en el artículo 119 de la Constitución, en la que el Estado se compromete con reconocer las exigencias de los pueblos y comunidades indígenas y sus derechos originarios sobre las tierras que ocupan.

Sin embargo, esta exigencia no es novedad. Los pueblos indígenas llevan más de 20 años luchando por el reconocimiento de unos derechos que les pertenecen, pero no son garantizados por el Estado. Entre otras denuncias, los habitantes de estas comunidades solicitan vehementemente que cese la actividad minera ilegal, así como el uso de sus espacios como un tránsito de actividades ilícitas, hechos que el pueblo indígena rechaza categóricamente en el documento.

También exigen al Estado venezolano una aclaratoria sobre la construcción de las pistas de aterrizaje que todas las noches despegan y aterrizan en territorio del río Autana sin el consentimiento de la comunidad.

El pueblo indígena de Pendare -en el municipio Autana– está decidido a defenderse por sus propios medios, y a documentar y difundir todas las violaciones a los derechos humanos que ocurren en su comunidad, además de agotar las instancias que sean necesarias para garantizar la protección de su territorio, sus familias y sus culturas ancestrales elementos ignorados por un Estado que se autodefine protector de los pueblos originarios.

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