Coronavirus: Maduro avanza en su estrategia totalitaria

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Una mujer de edad avanzada, con una máscara facial protectora, es rociada con una solución desinfectante de cloro por un soldado como medida preventiva contra la propagación del nuevo coronavirus, a la entrada de un mercado de alimentos en Caracas, Venezuela, el viernes 20 de marzo de 2020. AP /Ariana Cubillos.

Con la Emergencia Nacional por el coronavirus el régimen puede restringir el libre tránsito, ordenar confiscaciones, prohibir la entrada o salida en estados


 

Eugenio G. Martínez / Diario Las Américas (USA) – 22/03/2020

CARACAS.- Venezuela es uno de los 20 países peor preparados para enfrentar la pandemia de coronavirus (COVID-19), según el Índice Global de Seguridad Sanitaria 2019 (Global Healt Security Index). El colapso del sistema sanitario llega al extremo que la red de hospitales públicos –según información de la ONG Codevida– solo cuenta con 650 camas de terapia intensiva dotadas con ventilación artificial.

La poca capacidad sanitaria para atender los casos potenciales de coronavirus impulsó a Nicolás Maduro a decretar el Estado de Alarma Nacional y utilizarlo para imponer la militarización de los 23 estados e incluso restringir el paso entre ciudades y municipios.

Aunque infectólogos venezolanos reconocen que la única forma de minimizar la propagación es con medidas que limiten el contacto social, la emergencia decretada por Maduro le permitirá avanzar en su estrategia totalitaria.

La Emergencia Nacional también le ofrece la oportunidad al régimen de Maduro para restringir el libre tránsito, ordenar confiscaciones, prohibir la entrada o salida en estados donde se produzcan brotes del coronavirus. Incluso, puede limitar la libertad de expresión.

La Constitución venezolana prevé que una medida de este tipo solo puede ser temporal, como ocurre con el Estado de Excepción por el coronavirus. Sin embargo, el precedente del Estado de Excepción puede servir para analizar cómo actuará Maduro con el Estado de Alarma.

Aunque el Estado de Excepción tiene carácter temporal Maduro lo ha prorrogado desde el año 2016. Según recuerdan los integrantes de la ONG Acceso a la Justicia, Venezuela tiene más de cuatro años en Estado de Excepción, lo que ya le otorga al dictador poderes especiales para gobernar por decreto y evitar cualquier tipo de control sobre las decisiones económicas que toma.

Escenarios inciertos

Venezuela afronta la pandemia del COVID-19 (coronavirus) no solo con el colapso de su sistema sanitario, a esta situación se une la destrucción de su aparato productivo, la caída en los precios del petróleo, las sanciones internacionales y la persistente hiperinflación.

Asdrúbal Oliveros, socio-director de la firma Ecoanalítica, explica la situación de esta manera: «El venezolano se enfrentan a dos fuerzas: el principio de quedarse en casa para no contagiarse, y la necesidad de salir a trabajar para comprar comida cada día».

Oliveros recuerda que, «aunque aún no existe prohibición para salir a comprar (a pesar de la restricción de movilidad entre municipios), la gente necesitará generar ingresos».

Por otra parte, recuerda que en medio de la crisis económica aparece un nuevo foco de tensión: «A raíz de la situación con el COVID-19, un grupo importante de familias en Venezuela que vive de la ayuda que les mandan sus familiares en el extranjero verán mermados el acceso a divisas (remesas) o cualquier otro tipo de paliativo que reciban de fuera (envíos de comida, medicinas, etc.)». Al momento de redactarse esta nota el régimen de Maduro había cerrado por, al menos, 30 días sus fronteras terrestres y prohibió los vuelos internos e internacionales desde cualquier destino al país.

Para Oliveros es innegable que «para mitigar un poco los efectos del COIVID-19 en la economía, el gobierno (el régimen de Maduro) debe abrir los focos de cooperación y ayuda internacional. También mejorar los mecanismos de ayuda a familias vulnerables y finalmente flexibilidad y ayuda al sector privado».

La petición al FMI

Después de dos décadas de criticar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y asegurar que Venezuela no volvería a depender de organismos multilaterales capitalistas, el régimen de Maduro solicitó formalmente al FMI recursos por 5.000 millones de dólares para afrontar la emergencia del COVID-19 (coronavirus).

Según el socio-director de Ecoanalítica, la solicitud demuestra «un grave problema de flujo de caja externo. Para ello utiliza la figura del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) que tiene el organismo multilateral (…) que sirve para proporcionar asistencia financiera rápida y de acceso limitado a países miembros que enfrentan una necesidad urgente de balanza de pagos, pero que no necesitan aplicar un programa propiamente dicho».

Aunque Oliveros admite que la situación de Venezuela aplica dentro de este concepto, «el punto acá es que amerita rendición de cuentas, construcción de acuerdos políticos (con la Asamblea Nacional presidida por el presidente encargado Juan Guaidó) y mecanismos transparentes de administración de recursos (…). Es decir, este mecanismo está diseñado para atender emergencias y situaciones extraordinarias. Pero amerita, insisto, acuerdos políticos, que no necesariamente son fáciles de implementar, dadas las circunstancias».

A pesar de la emergencia, el miércoles 18 de marzo, el FMI notificó extraoficialmente al régimen de Maduro que la petición era improcedente. Según el economista Orlando Ochoa «el FMI no puede considerar ninguna solicitud de ayuda a Venezuela hasta que la mayoría de sus países miembros decidan a cuál gobierno reconocen».

Los pacientes usan mascarillas como medida preventiva contra la propagación del nuevo coronavirus en la entrada de la sala de Emergencias en el Hospital Dr. José María Vargas, en Caracas, Venezuela, el 17 de marzo de 2020. Cristian Hernandez / AFP.

Cooperación social, política y económica

El economista Leonardo Vera explica que las «epidemias requieren cooperación social y cambios masivos de conducta. Para ello hay que fortalecer la sociedad civil y convocarla a las campañas y acciones de política pública».

Para Vera, en este momento solo tres tipos de información son útiles en Venezuela ante el coronavirus: «Información sanitaria, información sobre los verdaderos riesgos (descalificando rumores infundados), y las políticas y acciones públicas de intervención».

Advierte además que «los políticos no son especialistas y la credibilidad está del lado de los especialistas. Las directrices en materia de acciones y políticas no pueden quedar en manos de gobernadores de los estados o militares. Deben provenir de una instancia multidisciplinaria de especialistas».

Por otra parte, recomienda que los equipos que se conformen no solo deben estar integrados por médicos epidemiológicos. «Deben ser multidisciplinarios: sanitaristas, estadísticos, proveedores de insumos de salud, autoridades de seguridad pública, comunicadores, etc».

En relación con el particular estado de los servicios en Venezuela recuerda que el acceso al agua «es esencial en el combate de las epidemias, la población lo sabe y es lo que más reclama en la fase preventiva (…). Es el momento para pensar y actuar con un plan de emergencia (…)».

«En la red de hospitales el agua y la energía eléctrica son esenciales. Cisternas no es la solución. La red hídrica llega a toda la red de hospitales, hay que ponerla a funcionar. Inventario ya de lo que se necesita para hacerlo».

Vera recuerda que «la epidemia apenas se asoma, vendrá la fase hospitalaria y para eso hay que prepararse: más kits de pruebas, camas, ventiladores, respiradores mecánicos, equipos esenciales de cardio, trajes especiales, guantes, mascarillas (…). El personal médico y de salud debe ser fortalecido. Es la primera línea de fuego. Dotarlo de todo lo necesario. Ningún trabajador de la Salud debe ser contagiado. Los médicos además no deben ser perseguidos, por el contrario, hay que convocarlos e incorporarlos a la campaña».

Vera también recomienda que las «medidas de alivio tributario» para las empresas que expenden medicamentos e insumos de salud pueden «ser conveniente, a cambio de compromisos de no subir precios o incluso reducirlos por un período transitorio (…). Es preciso configurar un fondo presupuestario para la emergencia, pero también para evitar que la cuarentena afecte gravemente el empleo y a las empresas. A nivel mundial se va fraguando un consenso sobre la importancia de enfrentar la crisis con herramientas fiscales».

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