El destino de Monómeros no solo depende de la decisión que tome el Gobierno electo de Colombia a partir del 7 de agosto, sino además, del conflicto político entre la Asamblea Nacional y el presidente encargado
José Ignacio Hernández G. / La Gran Aldea (Venezuela) – 30/06/2022
La situación jurídica de Monómeros Colombo-Venezolanos, S.A. (Monómeros), de por sí es compleja, pudiera complicarse más a resultas de la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia. El presidente electo Petro tomará posesión del cargo 7 de agosto de 2022. En tal sentido, Petro ha señalado que restablecerá relaciones diplomáticas y consulares “con el país vecino de Venezuela, independientemente de quién gobierne allá: los amigos de Guaidó, de Maduro o gente completamente diferente”.
La decisión que adopte el Gobierno de Petro podrá tener implicaciones sobre Monómeros. Se trata, advierto, de una cuestión jurídica muy compleja, con lo que pretendo exponer los aspectos más relevantes para definir cinco posibles escenarios, tomando en cuenta la licencia individual emitida por la OFAC el 27 de junio de 2022.
La perseverancia y la fuerza de la familia #Monómeros hoy alcanza un nuevo triunfo. Con orgullo y gratitud les compartimos la noticia que el Gobierno de los Estados Unidos vuelve a entregarnos la Licencia #OFAC, y con ella el voto de confianza hacia nuestra empresa. pic.twitter.com/NJWcIX3Q5D
— Monómeros S.A. (@monomerossa) June 27, 2022
Aclarando conceptos
Monómeros es una sociedad mercantil constituida en Colombia (Barranquilla) que opera en sector agroindustrial. Su principal accionista es Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven), sociedad mercantil del Estado venezolano. Por ello, el Gobierno de Venezuela, a través de Pequiven, ejerce el control sobre Monómeros, en especial, a través de la asamblea de accionista en la cual se designan a sus administradores.
El deterioro democrático en Venezuela llevó en 2019 a distintos países de América Latina, incluyendo Colombia, a restringir la entrada de ciertos funcionarios del Gobierno de Venezuela, incluyendo a Ronald Ramírez, a quien Maduro había nombrado como presidente de Monómeros.
Asimismo, el 23 de enero de 2019 el Gobierno de Colombia reconoció al presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado. No se trató -como sucedió con otros países- de un reconocimiento puramente político, sino de una decisión que produjo importantes consecuencias, pues la representación legal del Gobierno de Venezuela pasó del Gobierno de Nicolás Maduro al presidente encargado. A partir de ese reconocimiento, y con fundamento en lo dispuesto en el Estatuto que rige la Transición, el presidente encargado designó a la junta administradora ad hoc de Pequiven, previo control de la Asamblea Nacional, lo que permitió designar a nuevos administradores en Monómeros.
No obstante, diferencias en el seno de la Asamblea Nacional y el presidente encargado han afectado la gobernanza de Monómeros. A fines de 2021 una comisión especial de la Asamblea Nacional formuló diversos cuestionamientos sobre la gestión de Monómeros. Sin embargo, la Asamblea Nacional propuso encomendar la reestructuración de Monómeros al “Consejo Político”, lo que además de violar el Estatuto, hubiese afectado -más todavía- la gobernanza de la empresa. Mientras tanto, Supersociedades en Colombia acordó medidas de intervención sobre Monómeros.
La crisis de gobernanza de Monómeros por estos enfrentamientos políticos se ha agravado recientemente. Según algunos medios, la junta ad hoc de Pequiven habría ignorado decisiones del presidente encargado para la reestructuración de Monómeros, lo que habría imposibilitado avanzar en esa reestructuración. A inicios de junio se denunció que Maduro estaría preparando las acciones corporativas para retomar control sobre la empresa.
El último episodio del conflicto político entre la Asamblea Nacional y el presidente encargado fue el acuerdo aprobado por la Comisión Delegada el 14 junio de 2022, que violando la Constitución y el Estatuto, pretende asignar a la Asamblea la gestión de activos en el extranjero.
En todo caso, el 27 de junio la OFAC decidió renovar la licencia que excluye a Monómeros del régimen de sanciones adoptado por el Gobierno de Estados Unidos. Cabe acotar que en tanto filial del Gobierno de Venezuela, Monómeros es, también, sujeto sancionado. La licencia, sin embargo, exceptúa a Monómeros de esas sanciones hasta el 2023.
Los escenarios a partir del 7 de agosto
Una vez que el nuevo presidente tome posesión del cargo, el 7 de agosto de 2022, pueden plantearse cinco escenarios legales con Monómeros.
El primer escenario es que se mantenga el reconocimiento al presidente encargado. En este escenario, Maduro seguiría estando impedido de tomar control de Monómeros, pero lo cierto es que, bajo el presidente encargado, se mantendrían las fallas de gobernanza derivadas del conflicto político no resuelto con la Asamblea, lo que puede tener efectos adversos sobre la gobernanza de Monómeros.
El segundo escenario es que se restablezcan relaciones diplomáticas con Venezuela, pero se mantenga el reconocimiento legal al presidente encargado. Esta situación no es inusual, pues es similar a la situación en el Reino Unido. En este escenario, sin embargo, la gestión de Monómeros se enfrentaría a los problemas de gobernanza en la Asamblea Nacional.
El tercero escenario es que se reconozca a Maduro como presidente con efectos legales. Esto permitirá a Pequiven, bajo el control de Maduro, designar a nuevos administradores en Monómeros. Una incógnita en este escenario es cuál será la posición de la OFAC, pues la licencia -recientemente renovada- fue otorgada cuando Monómeros había sido controlada por el presidente encargado. No es claro si esa licencia se mantendría si Monómeros vuelve a manos de Maduro, pues ello supondría un cambio de circunstancias.
En todo caso, cabe recordar que por decisión -inconstitucional- de la Asamblea Nacional de enero de 2022, el Gobierno interino expirará en enero de 2023. Si se confirma este hecho, e independientemente de la posición del Gobierno de Colombia, decaería el reconocimiento del presidente encargado, lo que permitirá a Maduro retomar el control sobre Monómeros, con el consecuente riesgo sobre la licencia.
El cuarto escenario es que se retire el reconocimiento legal al presidente encargado, pero no se reconozca a Maduro. En este caso, muy probablemente, Maduro podrá alegar su condición de Gobierno -así sea no reconocido- para reclamar judicialmente el control sobre Monómeros.
El quinto y último escenario se toma del caso Nynas, que puede servir de guía para lo que podría pasar con Monómeros. Así, Nynas era una filial de PDVSA, con sede en Suecia, que opera diferentes refinerías. Lo cierto es que el Gobierno interino nunca tomó control de esa empresa, lo que en parte, implicó que sus actividades fueran afectadas por las sanciones. Ante ello, se optó por una solución práctica: Nynas se sometió a un proceso de reestructuración judicial a resultas de lo cual la participación de PDVSA -representada por Maduro- se diluyó. Como resultado de ello, Nynas quedó excluida de las sanciones. De igual manera, si la participación del Gobierno de Venezuela en Monómeros se disminuye a menos del 50%, muy probablemente la empresa quedaría fuera de las sanciones.
Bajo este quinto escenario, por ello, Monómeros dejaría de ser filial del Gobierno de Venezuela de cara a las sanciones y, por ende, la decisión sobre el reconocimiento del Gobierno de Venezuela en Colombia no tendría incidencia sobre las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.
Como se observa, el destino de Monómeros -empresa esencial para la agroindustria en Monómeros- no solo depende de la decisión que tome el Gobierno electo de Colombia a partir del 7 de agosto, sino además, del conflicto político entre la Asamblea Nacional y el presidente encargado, y la decisión que en función a ello pueda tomar la OFAC en relación con la licencia. De cualquiera de estas variables podrá depender la continuidad operativa de Monómeros.