De Nuremberg a Caracas

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Cuando el chavismo se ha visto obligado a aceptar algún resultado electoral contrario, por medios fraudulentos los ha anulado en la práctica.

El caso de Venezuela no se trata de dos grupos políticos que tienen serias diferencias, sino que se trata de un grupo de delincuentes organizados que bajo una fachada política (PSUV) se hicieron del poder y ahora resulta imposible desplazarlos de éste


 

José Romero / La Patilla (Venezuela) – 26/02/2020

Los Juicios de Núremberg o Procesos de Núremberg, fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos en nombre del Tercer Imperio Alemán a partir del 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen en mayo de 1945. Wikipedia (ES). Su duración fue desde el 20 de noviembre de octubre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946.

Aunque realmente fueron muchos los criminales nazis que escaparon, al menos parte de la cúpula del régimen de Hitler pagó sus delitos.

Si evaluamos la génesis y ejecutorias del partido nazi o Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, en un lapso de 25 años, es imposible dejar de notar las similitudes (incluso su denominación) entre éste y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ya que ambos derivaron en una férrea dictadura de corte totalitario y fascista que usó las herramientas democráticas sólo para acceder al poder ejecutivo, para luego infiltrar y anular los otros poderes (legislativo y judicial para ese entonces) hasta llegar a convertirlos en apéndices que obedecían ciegamente las órdenes emanadas de los partidos, cuyos únicos líderes eran Adolf Hitler en Alemania y Hugo Chávez en Venezuela. 

Incluso los camisas pardas nazis, que luego derivaron en las SS, cuya obediencia y razón de ser eran sólo mantener a Hitler en el poder, sin importar lo que tuviesen que hacer, tienen mucha similitud con el actual SEBIN, cuya misión en realidad es la misma que la ese grupo de fanáticos alemanes: ayudar a mantener en el poder a un conglomerado de delincuentes organizados con vínculos en todo tipo de actividades ilícitas incluido el terrorismo.

De Núremberg surgieron condenas que variaron entre prisión y muerte, pero también decisiones judiciales acerca de la desnazificación: identificar en la post guerra ex miembros, incluso miembros activos del nazismo, para separarlos de cualquier cargo público en cualquier país, incluso verificar si se trataba de prófugos de la justicia, así como la proscripción de cualquier partido que promulgase las ideologías de Hitler y el nazismo.

En Caracas, una vez reinstaurada la democracia y el estado de derecho, un proceso similar al de Núremberg no solo será conveniente sino indispensable.

Ya es un hecho público, comunicacional y notorio, que los dirigentes del PSUV, comenzando por Maduro, están señalados de múltiples delitos. Por ejemplo, Diosdado Cabello, quien es señalado de dirigir el Cartel de los soles dedicado al narcotráfico internacional, ha quedado confeso en conspiración para cometer crímenes por terrorismo al amenazar en vivo durante un programa televisado el 25 de octubre de 2019, que La Candelaria y El Nogal en Bogotá (Colombia) serían blancos de misiles lanzados desde Venezuela, siendo el caso que, aún en el supuesto de una guerra entre ambos países, tanto La Candelaria como El Nogal no son blancos legítimos al no significar ninguna amenaza militar, de hecho, fueron designados esos blancos solo porque allí residen personas de  la burguesía colombiana… (ver enlace: Diosdado Cabello amenaza a Bogotá: dice que misiles venezolanos apuntan a La Candelaria y El Nogal) Y así podemos seguir nombrando casos como los de Tarek El Aissami, cualquier cantidad de generales o altos oficiales de la FAN y de servicios de seguridad venezolanos. Quiere decir que eso no es un partido político, es una cofradía de delincuentes y terroristas coludidos con la finalidad de seguir eternamente en el poder.

Por todo ello, durante su gira entre enero y febrero de 2020, el presidente Juan Guaidó, expuso ante la comunidad internacional y todas las autoridades con las que se reunió, que el caso de Venezuela no se trata de dos grupos políticos que tienen serias diferencias, sino que se trata de un grupo de delincuentes organizados que bajo una fachada política (PSUV) se hicieron del poder y ahora resulta imposible desplazarlos de éste por medios electorales, legales o pacíficos, puesto que ya está demostrado por sus acciones que no acatan ni respetarán ningún proceso que lleve a ese resultado. 

Por todo esto, al igual que el partido Nazi en Núremberg, el PSUV debe ser anulado y proscrito, en los juicios de Caracas, ya que, desde su génesis, su finalidad fue tomar y quedarse con el poder y toda su directiva estuvo o está involucrada en diversos tipos de delitos, incluidos los de lesa humanidad que no prescriben ni aceptan la “obediencia debida” como atenuante. Sería entonces ilógico, incoherente e incongruente con la posición del concierto de naciones democráticas, más todos los partidos democráticos de Venezuela, que, a cualquiera de esos delincuentes, individual o colectivamente (bajo la fachada del PSUV u otro que surja promoviendo la misma intención que su predecesor), se les otorgue estatus de actores políticos.

Más aún, en el supuesto negado que otras personas reclamen la vigencia y legalidad  del PSUV, las nefastas consecuencias sociales, económicas y políticas que generó ese caballo de Troya, el cual fraudulentamente instauró el comunismo en Venezuela, son razones más que suficientes para prohibir en nuestro país las actividades políticas de cualquier partido de orientación comunista. Ante cualquier duda, el mentor de Hugo Chávez, Fidel Castro, durante entrevista por Venezolana de Televisión el 9 de agosto de 2010 dejó claro, sin lugar a dudas, que El Socialismo del Siglo XXI es el Comunismo

De allí que es imposible que un partido que se fundó con un fraude ya que ocultó su ideología abiertamente comunista, pretenda continuar activo cuando quedó claro que no respeta ninguna ley o norma democráticos.

A fin de darle un poco más de contexto a quienes no son venezolanos o están ajenos a lo que ha ocurrido en Venezuela entre 1999 y 2020, veamos rápidamente cómo el chavismo instauró un sistema que hace imposible su sustitución por medios electorales o alguna acción legal:

Para no irnos tan lejos, comencemos por el Referéndum del 2007, mediante el cual, Hugo Chávez pretendió cambiar la constitución a fin de que su Socialismo del Siglo XXI fuese un régimen con rango constitucional. En ese entonces, un movimiento liderado por estudiantes universitarios y partidos políticos de oposición, lograron organizarse, colocar suficientes testigos en las mesas de votación y movilizar al pueblo para que votara en contra de ese proyecto de corte totalitario y antidemocrático. Lo cual se logró ya que la mayoría de venezolanos votó en contra de la propuesta chavista. Pero, pese a esto, Chávez utilizó vías fraudulentas, reñidas con todo el ordenamiento jurídico para torcer la voluntad del pueblo e imponer sus ilegales cambios.

Así podemos seguir demostrando cómo, cuando el chavismo se ha visto obligado a aceptar algún resultado electoral contrario, por medios fraudulentos los ha anulado en la práctica, tal como ocurrió en estos casos:

  • El 23/11/2008, Antonio Ledezma, candidato opositor, gana la Alcaldía Mayor o Alcaldía Metropolitana de la Gran Caracas. Pero el 13 de abril de 2009, Chávez creó la Autoridad Única del Distrito Capital, trasladando a esta “institución” las principales atribuciones y presupuesto de la Alcaldía Mayor de Caracas. Nombra a Jacqueline Faría, quien queda como alcaldesa de facto, quedando Ledezma con un cascarón vacío, ante lo cual reaccionó vigorosamente, pese a todo, se logró mantener en su cargo hasta el 19 de febrero de 2015, cuando el SEBIN lo detiene bajo cargos de conspiración para derrocar el gobierno. Permaneciendo como preso político hasta el 17/11/2017 cuando logró fugarse y salir del país, siendo hasta la fecha un exiliado político.
  • Los resultados favorables a la oposición durante la elecciones regionales del 2013, fueron neutralizados mediante la misma práctica de nombrar “protectores” de municipios y estados a los candidatos del PSUV que perdieron, dejando 49 alcaldías, la gobernación del estado Miranda y del estado Amazonas, sin presupuestos ni atribuciones más allá que las de pagar nóminas de personal.
  • Cuando en 2015 la oposición consolidó una victoria aplastante en las elecciones de la Asamblea Nacional, consistente en una mayoría calificada. De inmediato, el régimen eligió ilegal e irregularmente un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y mediante su férreo control en el Consejo Nacional Electoral y Tribunales, dejó sin efecto las proclamaciones de 3 diputados del estado Amazonas, acabando con la mayoría calificada y dejando un estado sin representación, lo cual aún persiste.No bastándole con esto el Tribunal Supremo de Justicia recién “nombrado” por la directiva de la Asamblea Nacional saliente, el 11/01/2016 declara en desacato a la Asamblea Nacional recién electa y en funciones, y anula todas sus decisiones y actos. Lo cual ratifica en otra “sentencia” del 11/01/2017. Una situación que constituyó un golpe de estado parlamentario por un Tribunal Supremo de Justicio sin atribuciones para ello y nombrado írritamente.
  • Por si fuera poco, en julio de 2017, violando todo el ordenamiento jurídico, Maduro convocó y ejecutó un fraude a la constitución al conformar sin cumplir las exigencias legales, una Asamblea Nacional Constituyente, de la cual se nombraron funcionarios, autoridades del TSJ, Fiscal General, entre otras, además se dictaron medidas de allanamiento a inmunidades parlamentarias de diputados de la Asamblea Nacional.
  • También en 2017 se repite la historia de los “protectores” en los estados Zulia, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, quedando como gobernadores de facto los candidatos del PSUV que perdieron las elecciones.

Desde el 2014 hasta el 2017, se cometieron todo tipo de delitos de lesa humanidad durante las protestas que en todo el país se originaron ante los desmanes de Maduro, dejando un rastro de cientos de asesinatos, violaciones, miles de lesiones gravísimas, detenciones ilegales, cuyos casos permanecen impunes.

Para concluir el resumen, también ilegalmente, producto de una componenda entre la írrita Asamblea Nacional Constituyente y el apéndice del PSUV conocido como CNE, convocaron a elecciones presidenciales fuera de la fecha constitucionalmente prevista. Pero, por si ello fuera poco, Maduro se aseguró de anular partidos y candidatos de oposición a su antojo antes de celebrar sus “elecciones”. Es así como llega el 10 de enero de 2019, cuando se concreta un fraude constitucional al efectuarse un írrita “Toma de Posesión” de Nicolás Maduro, quien es desconocido como presidente tanto por la verdadera y legítima Asamblea Nacional como por los países democráticos del mundo, surgiendo la figura del presidente interino, que recae en el presidente de la legítima Asamblea Nacional: Juan Guaidó, quien juró su cargo en un acto público el 23/01/2019.

El 5 de enero de 2020, Maduro ordena a los militares y policías, rodear el edificio de la Asamblea Nacional, impidiendo por la fuerza y con una lista en mano de los militares apostados en sus puertas, a los diputados constitucionalmente en funciones ingresar a su sede, pero dejando que algunos diputados del PSUV y otros a quienes posteriormente se comprobó que recibieron altísimas sumas de efectivo en euros y dólares, para que pudiesen entrar y simularan la instalación y elección de su junta directiva (carente del quórum legal reglamentario).

Por eso, Maduro es un usurpador, que se sostiene por medios violentos (apoyado por los militares, cuerpos policiales, paramilitares, guerrilleros y grupos armados dedicados a la delincuencia común). Que utiliza instituciones írritas debido a su origen y designación como el TSJ, CNE y la ANC para sostener una fachada de legitimidad que no soporta el más mínimo escrutinio.

En su momento, todos esos supuestos “funcionarios” y delincuentes uniformados o no, deberán responder por sus actos ante los juicios de Caracas.

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