Las altas cifras de violaciones a la integridad de manifestantes y el reiterado empleo excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos armados del Estado, dieron cuenta de la magnitud de la represión ejercida en 4 meses de manifestaciones
Prensa Provea / Provea (Venezuela) – 12/02/2020
Comenzando el año 2014 la sensibilidad por la violencia ocupó los titulares del país. El 07 de enero Mónica Spears, de 29 años, actriz reconocida a nivel nacional, y su pareja, Thomas Henry Berry, de 39 años, fueron asesinados dentro de su automóvil, en un intento de asalto mientras regresaban de un viaje vacacional por el país a la capital. Lo simbólico del crimen conmocionó la opinión pública y las redes sociales.
Menos de un mes después las protestas por inseguridad darían inicio a una ola de conflictividad en todo el país. El 04 de febrero estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA), núcleo San Cristóbal realizaron una manifestación en el Parque Botánico de esa casa de estudios denunciando el intento de abuso sexual contra una compañera.
La protesta se desarrolló de manera pacífica durante el día, pero en horas de la tarde se registraron enfrentamientos entre funcionarios de la Policía del Táchira y los manifestantes. Dos estudiantes, Junior Sanabria Casanova y Anthony Yordenis Omaña, fueron detenidos, mientras según el director de Politáchira, seis funcionarios sufrieron heridas tras ser impactados por objetos contundentes. Los estudiantes retuvieron a una persona, Keith Moises Arellano, que tomaba fotografías vestido de civil y portaba documentación que lo acreditaba como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Por su parte, el vicerrector de la ULA Alfonso Sánchez, denunció que en su actuación los funcionarios habrían violado la autonomía universitaria y causado destrozos en las instalaciones de la casa de estudios. La detención de los estudiantes generó el 05 de febrero de 2014 nuevas protestas de universitarios, tanto en San Cristóbal como en las ciudades de Mérida y Maracaibo. Ese día los jóvenes Sanabria y Omaña fueron puestos en libertad, pero acusados de los delitos de desacato a la autoridad, daños a la propiedad, resistencia al arresto y alteración del orden público. Omaña requirió 14 puntos de sutura en la cabeza por heridas de golpes con objetos contundentes, presumiblemente propinadas con las cachas de pistolas de los agentes policiales que lo detuvieron.
El 06 de febrero un grupo de personas protestó frente a la casa del gobernador del estado Táchira. Según declaraciones de la entonces primera dama de la entidad, Karla Jiménez de Vielma, “Llegaron estudiantes encapuchados, diciendo vulgaridades, reventaron las cámaras de seguridad, desinstalaron 6 cámaras de seguridad y lanzaron bolsas con contenido desconocido. No entendemos porque están manifestando”.
Varias personas fueron detenidas por los hechos: Patricia Josefina Sarmiento (18) y Gerard Alejandro Rosales (20); mientras que la fiscalía imputó ante un tribunal a dos adolescentes de 16 y 17 años, también presuntamente vinculados con la protesta violenta. El 07 de febrero de 2014 se convocó a una manifestación en los tribunales de la ciudad para acompañar la presentación de los acusados por el ataque al gobernador. En la misma fueron detenidos Leonardo Manrique, Reinaldo Manrique y Jesús Gómez.
La detención de los estudiantes y su privación de libertad en una cárcel conocida por sus niveles de peligrosidad estimuló la solidaridad de varias casas de estudio a nivel nacional, las cuales realizaron movilizaciones entre el 09 y el 11 de febrero de 2014, algunas de ellas reprimidas, realizando convocatorias para el 12.02.2014, con motivo de celebrarse el día de la juventud. Ese día Provea registró movilizaciones masivas en 16 estados del país solicitando la libertad de los detenidos, mientras que el llamado del Ejecutivo Nacional movilizó a personas en 4 estados de Venezuela. En dicha fecha se registraron las primeras personas asesinadas por la actuación de presuntos funcionarios policiales y paramilitares. Estos crímenes y la propia respuesta del Ejecutivo, acusando de manera irresponsable de las muertes a los propios manifestantes, escalaron peligrosamente el conflicto a una situación de violencia y violación generalizada a los derechos humanos.
A las acciones represivas de los cuerpos de seguridad se sumó la actuación de grupos paramilitares y de civiles armados, quienes en clara coordinación con cuerpos militares y policiales, agredieron a manifestantes en todo el país. En el marco de las protestas de 2014, se experimentó un peligroso incremento en la actuación de estos actores en labores de contención y represión de manifestaciones. Si bien, en años anteriores las organizaciones de derechos humanos del país habían registrado la participación de estos grupos en la dispersión de protestas, en 2014 su capacidad de despliegue en varias ciudades del país en diferentes momentos y su actuación en coordinación con organismos policiales y militares, constituyeron un punto de inflexión y un indicador importante del crecimiento de estos grupos.
Entre los meses de febrero y abril de 2014, Provea registró e individualizó un total de 854 heridos y lesionados en el contexto de las protestas. Del total, 138 fueron heridos de bala, 330 fueron heridas causadas por perdigones, 72 personas resultaron lesionadas debido a golpes, 34 personas fueron heridas por objetos contundentes y 280 heridos y lesionados fueron electrocutados, apuñalados, arrollados y sufrieron lesiones de diversa índole.
En el ciclo de protestas de 2014 se contabilizaron 3.127 detenciones arbitrarias a ciudadanos en el contexto de las manifestaciones realizadas en el país. La cifra incluyó en su mayoría a personas que participaban en protestas, pero también a transeúntes que aún sin tener vinculación con las mismas, fueron detenidos y presentados a las órdenes de Tribunales.
Adicionalmente, las conductas de criminalización, represión y violación de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones ocurridas entre los meses de febrero y mayo de 2014, tomaron una nueva dimensión y se amplificaron con la ejecución de ataques generalizados y sistemáticos a población civil dentro de zonas residenciales por ejercer el derecho a manifestar. Esto fue reportado en al menos 14 estados del país donde se realizaron protestas en rechazo a las políticas de gobierno. En principio, estos ataques se desarrollaron como una extensión de los actos de represión y detención de manifestantes que llevaron a cabo de forma sistemática los cuerpos de seguridad del Estado, desde que se iniciaron las protestas anti-gubernamentales en avenidas y calles públicas. Poco después, pasaron a configurarse en un patrón de acciones de intimidación, acoso y agresión igualmente sistemáticas contra los habitantes y residentes de barrios y urbanizaciones, casas y edificios, hacia cuyas adyacencias se confinaron las manifestaciones y se cerraron vías de acceso, como consecuencia del riesgo de ser atacados o detenidos por salir a manifestar.
En los 4 estados donde se enfocó la documentación se contabilizaron 204 ataques a zonas residenciales, entre los meses de febrero y mayo del año 2014. El estado Táchira ocupó el primer lugar con 73 ataques registrados en 38 residencias, urbanizaciones y pueblos; Lara fue el segundo con 59 ataques a 33 residencias y urbanizaciones; Zulia estuvo en el tercer lugar con 49 ataques a 22 residencias, barrios y urbanizaciones; y le siguió Bolívar con 23 ataques en 12 residencias y urbanizaciones. En promedio cada una de estas zonas fue objeto de al menos 2 ataques.
Finalmente, entre los meses de febrero y mayo de 2014, 43 personas perdieron la vida en distintos sucesos ocurridos en el contexto de las manifestaciones realizadas en el país. Esta cifra representó un aumento de 323% en comparación con la registrada durante los 12 meses del año 2013, cuando fallecieron 13 personas en manifestaciones a consecuencia de la actuación de los cuerpos de seguridad y de agentes no estatales. 28 personas fueron asesinadas con disparos efectuados con armas de fuego, 1 ciudadano fue asesinado a golpes, 6 personas murieron al colisionar con barricadas y/o guayas colocadas en vías públicas, 3 por hechos señalados como accidentes, 2 luego de ser arrolladas por vehículos y otras 2 en circunstancias aún no aclaradas.
La respuesta que las instituciones del Estado venezolano dieron a las protestas realizadas entre febrero y mayo de 2014, reflejaron la ausencia de una cultura democrática que permitieran generar condiciones para el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pacífica, y garantizar al mismo tiempo el mantenimiento del orden público con apego a la Constitución Nacional, a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia de protección a los derechos humanos.
Las altas cifras de violaciones a la integridad de manifestantes y el reiterado empleo excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos armados del Estado, dieron cuenta de la magnitud de la represión ejercida en 4 meses de manifestaciones. Desde el Ejecutivo se alentó la represión ejercida al felicitar públicamente a los componentes que participaron en acciones de dispersión a manifestantes pacíficos.
La escalada de la represión
La conflictividad en 2014 tuvo como respuesta estatal una profundización de la lógica represiva sobre el control territorial y las zonas de exclusión. El ex alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, emitió un decreto que declaró a Caracas “zona libre de fascismo”, y desde entonces ninguna manifestación opositora pudo transitar libremente por el municipio y, menos aún, acercarse a las sedes de las instituciones del Estado. El TSJ reforzó esta exclusión al decidir que estaba prohibido manifestar ante el CNE, alegando “razones de seguridad”.
Desde 2014 la gestión de Maduro aceleró la construcción del andamiaje anti-protestas. En medio del conflicto que se desarrollaba en las calles para exigir su salida del poder, lanzó el “Comando Popular Antigolpe” con el que abrió la puerta a la participación “institucionalizada” de civiles en labores de contención de manifestaciones; inteligencia para-policial y seguridad ciudadana. Finalizada la ola de protestas conocida como la “Salida”, inmediatamente se crearon nuevas figuras represivas que se sumarían a las Milicias obreras; campesinas; estudiantiles y vecinales. Las “Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia” (BEGV); la Fuerza Choque, adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), y el “Sistema Popular de Protección para la Paz” (SP3) fueron algunas de las instancias creadas entre 2014 y 2015 para hacer frente al descontento social y afianzar los mecanismos de control.
En enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa publicó en Gaceta Oficial No. 40.589, la Resolución número 008610 mediante la cual se dan atributos a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para realizar labores de control de orden público en el contexto de manifestaciones. Esta medida, violatoria de la Constitución Nacional en sus artículos 68, 329 y 332 y apartada del estándar internacional que señala que sólo los cuerpos policiales deben ser los responsables del control del orden interno; se dictó en un contexto de amplia represión por parte de efectivos de las FANB en las manifestaciones públicas. La Resolución 008610 no hizo diferenciación sobre los cuerpos militares que podrán actuar en manifestaciones públicas para el control del orden interno, sino que dejó abierta la posibilidad para que cualquier miembro de esta institución participe en estas operaciones, lo que podría incluir al Ejército o la Armada, en abierto desconocimiento a lo establecido en el artículo 332 de la Carta Magna.
Más recientemente, figuras como la “Red de Articulación y Acción Sociopolítica” (RAAS) o las “Cuadrillas de Paz”, han añadido nuevos riesgos para quienes protestan o disienten del proyecto autoritario de Maduro y su Cúpula.
En los últimos años el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ha estado severamente amenazado por violaciones del derecho a la vida; integridad y libertad personal realizados por agentes del Estado, lo que muestra la inexistencia de una política democrática de control del orden público.
La nueva etapa represiva
Desde mayo de 2016 Venezuela ha estado sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, que entre otros aspectos, usurpó las funciones del parlamento venezolano al eliminar atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), calificándolas como “peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”.
Además, el “Estado de Excepción” que brindó una “legalidad” paralela a la Constitución a la dictadura de Maduro, establece la suspensión indefinida de las garantías constitucionales para los derechos a libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, y la supeditación de los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional.
La dictadura de Maduro ha reforzado la respuesta represiva frente a las demandas ciudadanas y el descontento popular producto del hambre, el crecimiento de la pobreza y la indolencia gubernamental, erosionando definitivamente las garantías para los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas.