Diputados «de bando y bando» quieren votar por sí mismos para ser magistrados del TSJ

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En la bancada del PSUV más de uno quiere portar toga de magistrado, aunque la ley pida que no haya militancias políticas.

La lista de postulados para el TSJ revive nombres que se creían olvidados, exfuncionarios que buscan volver a una nómina pública y un sinfín de candidatos que deberían ser filtrados rapidito al evaluar los requisitos para ser designado en el Poder Judicial. Pero hasta ahora el Comité de Postulaciones solo da cuenta de una impugnación


 

Víctor Amaya y Roison Figuera / Tal Cual (Venezuela) – 05/03/2022

Hay menos sillas para magistrados porque el Tribunal Supremo de Justicia bajará de 32 a 20 los principales, según el cambio legal que opera la Asamblea Nacional dominada por el chavismo. Aun así, en las filas rojas rojitas más de uno se imagina como portador de una flamante toga negra por los próximos 12 años, mientras aspira a salir con el ticket dorado de entre los postulados que son evaluados por un comité parlamentario. En total, la lista contiene 535 postulaciones repartidas en 434 aspirantes a las magistraturas, 55 al cargo de inspector general de tribunales y 46 al cargo de director de la Escuela de la Magistratura.

Los requisitos para ser magistrado no son pocos: la persona debe ser jurista de reconocida competencia, haber ejercido como profesor universitario, haber sido juez superior en la materia correspondiente, no tener militancia político-partidista, y tener comprobada formación académica de cuarto nivel, entre otros requisitos. Además, no puede tener vínculo de consanguinidad con nadie que ocupe cargos en el Alto Gobierno.

Al revisar la larga lista de postulados, ya varios nombres se ganarían su «descarte» automático, si las leyes fueran plenamente observadas. Bien porque no tienen los «quilates» profesionales, la dedicación académica o experiencia tribunalicia, como Bertha Susana Bejarano que fue gerente encargada de finanzas del Instituto Nacional de la Juventud, por ejemplo.

Otros porque abusan de la confianza del poder. Por ejemplo, Elvis Junior Hidrobo Pérez se postuló para ser magistrado, o inspector general de tribunales o director general de la Escuela de la Magistratura. A él que lo pongan «donde haiga». El detalle está en que Hidrobo es diputado por el PSUV, sin experiencia judicial o académica de trayectoria y, además, es hijo del actual contralor general Elvis (Hidrobo) Amoroso.

De llegar a la terna final del Comité de Postulaciones, que debe ser votada por la plenaria de la Asamblea Nacional que encabeza Jorge Rodríguez, el abogado también votaría por sí mismo para el cargo; una irregularidad que repetiría lo ocurrido en 2015 cuando de la bancada del PSUV a un sillón en la esquina de Dos Pilitas saltó Christian Zerpa luego de darse a sí mismo el visto bueno con la señal de costumbre.

Pero Hidrobo no sería el único, pues en la lista de diputados postulados a magistrados también despunta Hermann Escarrá y Gladys Requena, ambos del PSUV. El primero de ellos, cuentan fuentes a TalCual, es un «caballo seguro» para las designaciones finales. No obstante, tendrían que explicar cualquiera de esos tres cuándo renunciaron a sus vinculaciones con el PSUV que los incluye en su bancada, para poder mostrarse libre de toda militancia como exige la ley.

La práctica de «votar por sí mismo» pudiera no ser exclusiva del partido rojo, pues en la lista de postulados también aparece el diputado Leopoldo Pita Martínez, miembro de la bancada de la Acción Democrática que lidera Bernabé Gutiérrez, aunque es suplente. Allí también se cuenta a Edgar Raúl Leoni Moreno, nieto del expresidente Raúl Leoni, y aspirante a magistrado; también parlamentario suplente. En este caso, tendrían que levantar la mano si son incorporados a la sesión solamente.

No son los únicos con vinculaciones partidistas que aparecen. También está Guillermo Luces, el abogado que fue diputado de la MUD para el período 2010-2015 y al que el TSJ le entregó el control de la tarjeta de Voluntad Popular en julio de 2020, luego de anotarse en el grupo de los «alacranes», como el G4 calificó a quienes supuestamente pactaron con el chavismo. Hasta ahora, no se ha desvinculado públicamente de su militancia naranja ni se ha informado que ya los símbolos de ese partido político no estén bajo su control.

En la lista de postulados también figura Ramón Flores, quien fue diputado suplente de Luis Parra en la AN-2015. Militó en Voluntad Popular hasta 2019 cuando renunció al partido, en desacuerdo con las acciones de esa tolda política. En su cuenta Twitter hace gala de una biografía con títulos profesionales y actividad gremial, mientras hace continuos RT a informaciones del diputado Luis Parra en la AN de Maduro.

A los mencionados anteriormente se les suman José Luis Gutiérrez Parra, abogado, especialista en Derecho Administrativo, y rector del CNE ente 2020 y 2021 nombrado por el mismo TSJ que le entregó a su hermano, Bernabé Gutiérrez, el control de la tarjeta de Acción Democrática; y Zenaida Tahhan, abogada y quien fue candidata por el partido Redes (de Juan Barreto) a ser diputada, pero no salió.

Hablando de funcionarios electorales queriendo pegar el brinco hacia la avenida Baralt, a menos de un año de haber sido designada por segunda vez como rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Tribunal Supremo de Justicia, Tania D’Amelio le quiere «dejar el pelero» al cargo. La actual presidenta de la Junta Nacional Electoral también presentó su postulación para ser magistrada, luego de 11 años como rectora del organismo comicial desde que fue nombrada en 2009 en medio de objeciones por su militancia en el PSUV, partido del cual era diputada desde 2005.

Junto a ella también lo intenta Luis Emilio Rondón, abogado egresado de la Universidad Santa María que entre los años 2014 y 2020 fue rector del CNE, calificado como «ficha de la oposición» por el oficialismo, designado por el TSJ que ahora aspira integrar. Por si acaso, está anotado también como postulado al cargo de inspector general de tribunales. Profesor de postgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCV, es hijo de un diputado electo por la MUD para la AN-2015 con quien comparte nombre.

Cambia maleta por maletín

Si Katherine Haringhton es nombrada magistrada del TSJ podrá entrar al Poder Judicial por la puerta grande, a diferencia de como intentó hacerlo al Ministerio Público en 2017: en la maleta de un carro.

La abogada egresada de la UCV, que por 21 años trabajó en la Fiscalía y llegó a ser una de las preferidas de Luisa Ortega Díaz, fue nombrada por el TSJ como «vicefiscal general» cuando el chavismo intentó usarla como ficha clave para darle una suerte de golpe de Estado a la fiscal general rebelada al oficialismo.

El 6 de julio de ese año ocurrió el episodio de «la maleta», cuando la mujer entró al edificio de Parque Carabobo en Caracas como los hermanos de Meteoro en la maleta del carro de la fiscal Narda Sanabria, y fue desalojada del lugar por el personal de seguridad antes de que lograra su cometido de apropiarse de un despacho en esa institución.

Haringhton fue sancionada en el año 2015 por el gobierno de Barack Obama de Estados Unidos, tras señalarla por violación de derechos humanos durante las manifestaciones de 2014. En aquel momento Ortega Díaz la defendió y Maduro la condecoró y nombró viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, a las órdenes del Sebin.

Aquel nombramiento en el Ejecutivo nacional la llevó a confesar en una carta enviada a Ortega Díaz que no estaba en capacidad de formar parte del sistema de justicia. «Durante el año y medio que me desempeñé en el aludido cargo (viceministra) lo hice con un evidente activismo político, propio de la misión que me fue encomendada (…) sin duda mi actuar determinado compromete flagrantemente la debida objetividad que debe presentar un fiscal del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones», escribió la funcionaria en la carta de 2016 en la que pedía su jubilación del MP.

La limitación ideológica ya no la exhibe al postularse para ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Como tampoco le ocurre a Rossy Mariana Mendoza, quien fue nombrada como viceministra para atención al privado de libertad en 2017 que sería, según palabras de Harington, un cargo con «evidente activismo político», propio del nombramiento.

Reencauchados

La nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia que delinea la Asamblea Nacional que encabeza Jorge Rodríguez disminuye de 32 a 20 la cantidad de magistrados principales, y le recorta a los actuales integrantes del TSJ el periodo para el que habían sido designados, aunque les da opción de postularse de nuevo.

Con la nueva ley —y hay quienes han discutido lo inconstitucional del asunto— a los magistrados que fueron nombrados por 12 años en 2014 les están arrebatando al menos cuatro de ejercicio. El parlamento decidió lanzarles el salvavidas de poder repetir, como compensación.

En la lista publicada por el Comité de Postulaciones aparecen los nombres de 30 de los 32 magistrados actuales, incluyendo al presidente Maikel Moreno. Solo los magistrados Arcadio Delgado Rosales y Jhanett Madriz están ausentes.

Moreno entró al TSJ como magistrado en 2014, a pesar de que su «reconocida competencia» y prestigio jurídico estaba manchado por haber sido procesado por dos asesinatos en años anteriores y por haber destituido de la Corte de Apelaciones en 2007 por desacatar órdenes judiciales.

Desde 2017 preside el máximo juzgado y apenas se estrenó la Sala Constitucional emitió las dos sentencias con las que se apropió de las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora que generaron las protestas que se extendieron durante cuatro meses en 2017. Actualmente es el funcionario público venezolano con más sanciones internacionales, y fue señalado de haberse comprometido con la insurrección del 30 de abril de 2019.

Boleto de regreso

Gladys Gutiérrez es abogada de la UCV y durante una década, desde 2010, ha sido magistrada del TSJ. Dentro de esa institución ejerció como presidenta de la Sala Constitucional y de todo el máximo tribunal, entre 2013 y 2017. Protagonizó la sentencia que negó la revisión de resultados electorales de la elección presidencial de 2013 que fue denunciada ante las cortes por Henrique Capriles como fraudulenta, y en la cual Nicolás Maduro ganó por apenas 1,5% de los votos.

Gutiérrez pasó del TSJ al CNE como rectora nombrada por el tribunal del cual ella formaba parte (en comisión de servicios al igual que Indira Alfonzo, que ahora busca repetir como magistrada) en 2020 y estuvo en el cargo hasta la renovación del Poder Electoral en 2021. Desde entonces ambas retomaron sus despachos.

Antes, la jurista estuvo al frente de la oficina del Consejo de Ministros en Miraflores, apenas comenzaba el gobierno de Hugo Chávez; y luego asumió la Procuraduría General de la República, sustituyendo a Marisol Playa Irigoyen. Esta última también aparece en la lista de postulados al TSJ en 2022, a donde llega con el estigma de haber estado involucrada en el caso de pagos irregulares lesivos a la nación de los bonos Bandagro hace tres lustros, en el que ella defendió ser inocente.

Susana sigue subiendo

La abogada Susana Barreiros es la actual titular de la Defensa Pública, nombrada por la irregular asamblea constituyente de 2017. Formó parte del Poder Judicial desde 2003 cuando entró como jueza provisional, y así estuvo hasta 2017 cuando pasó a la Defensa Pública. Fue la sustituta de María Lourdes Afiuni cuando la jueza falló a favor de Eligio Cedeño y fue encarcelada y torturada por ello. Barreiros también fungió como jueza antiterrorista y desde 2015 asumió como suplente de cuanto juez tomara vacaciones, reposos, inhibiciones o recusaciones en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Por sus manos pasaron varios casos vinculados a instituciones bancarias, como el de Ricardo Fernández Berruecos y Arné Chacón, hermano del exministro Jesse Chacón, ambos involucrados en la crisis bancaria de 2009. A Chacón le concedió la libertad. No así a Leopoldo López, a quien finalmente condenó a casi 14 años de prisión al aceptar los alegatos del Ministerio Público.

Magistrado, pero a qué precio

Ángel Zerpa Aponte tiene las credenciales para ser magistrado de la república. Al menos así lo decidió la Asamblea Nacional opositora en 2017 cuando lo nombró para asumir un cargo en el TSJ, en sustitución de uno de los «magistrados exprés» nombrados en 2015 y que aquellos diputados consideraban fraudulentos. A Zerpa no le dio tiempo ni de acomodarse una toga, porque apenas un día después fue detenido por el Sebin, acusado de «traición a la patria» y encerrado en el Helicoide. Poco más de un mes después fue liberado con medidas cautelares.

Ahora aspira a un nombramiento que no lo conduzca a un calabozo. Es abogado egresado de la UCV, profesor de pregrado y postgrado de esa casa de estudios y de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y fue durante diez años juez Superior Titular Penal en la Corte de Apelaciones Penal del Circuito de Vargas, en el tribunal de primera Instancia Penal de la misma entidad, y en la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas.

En 2010 fue suspendido de su cargo «sin que la Jurisdicción Disciplinaria Judicial haya decidido al fondo la causa», dice en su perfil en Linkedin. La sanción fue impuesta por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia por «no acatar la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional en materia de prescripción de casos relacionados con delitos contra los derechos humanos». Esto se debió a que, junto a otros dos jueces de la Sala 9 de la Corte de Apelaciones de Caracas, cerró la investigación contra el exministro de la Defensa Ítalo del Valle Alliegro por su presunta responsabilidad en los sucesos del Caracazo en 1989.

Su nombre también apareció en el caso de Linda Loaiza, pues en 2001 fue quien –siendo juez 18 de Control de Caracas– dictó la medida de casa por cárcel al agresor, Luis Antonio Carrera Almoina, así como su posterior retorno a la prisión. Sin embargo, antes del traslado al Internado Judicial de El Rodeo, el acusado se fugó del apartamento de Los Palos Grandes donde cumplía la detención domiciliaria. Por esa razón, Zerpa Aponte fue suspendido.

Además, fue uno de los juristas que pidió a la Fiscalía en 2017 el enjuiciamiento de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ luego de que dictaran las sentencias 155 y 156 que le arrebató competencias a la Asamblea Nacional y allanaron la inmunidad de los diputados.

Otros nombres bien alejados del oficialismo que están aspirando ser magistrados incluyen a Rafael Chavero, abogado graduado en la UCAB, con especialización en Derecho Administrativo en la UCV y maestría en Duke University.

Remodelación del TSJ

El Comité de postulaciones judiciales que encabeza el diputado del PSUV Giuseppe Alessandrello entregará a la plenaria del Legislativo una terna para la conformación final del nuevo TSJ el 14 de marzo.

El parlamentario también reveló el 24 de febrero que la instancia solo había recibido una impugnación, aunque no reveló el nombre del o la objetada, ni quién la presentó.

La remodelación al TSJ llega luego que la AN del 2020 aprobó en segunda discusión la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que en resumidas cuentas contempla dejar sin efecto medidas impulsadas por el fallecido Hugo Chávez en 2006, y recorta el mandato constitucional de sus actuales integrantes.

El instrumento establece la reducción del número de magistrados de 32 a 20 y conlleva la designación de todos sus ocupantes de nuevo, con sus respectivos suplentes.

Con tal reforma, la Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y las cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por tres. Según Jorge Rodríguez, la iniciativa de modificar la norma provino del propio presidente del TSJ, Maikel Moreno.

Lista de postulados para el TSJ

Aviso an Postulados 23-02-2… by TalCual

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