Esequibo, el rico territorio que Venezuela puede perder por negligencia del régimen

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Desde la firma del Acuerdo de Ginebra, en 1966, la ONU reconoce el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo. (Archivo)

La Corte Internacional de Justicia decidió que sí tiene la facultad de resolver la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana


 

Oriana Rivas / PanAm Post (Latinoamérica) – 19/12/2020

Venezuela y Guyana mantienen una disputa de más de 100 años por el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales. Durante dos décadas, el chavismo ha presumido un falso patriotismo. Por omisión de Hugo Chávez, Guyana consolidó su posesión sobre un territorio similar al tamaño de un país como Uruguay. Por negligencia de Nicolás Maduro, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró facultada para emitir un fallo en condiciones desfavorables.

Ni siquiera la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966 garantizó una solución a esta disputa que ha llevado a los dos países a un conflicto interminable y varios tratados sin resultados.

Esta nueva etapa pudo haberse evitado si el régimen venezolano hubiera comparecido en junio ante el máximo tribunal de la ONU. «La Corte Internacional de Justicia decidió que sí tiene la facultad de resolver la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana. Ahora el caso pasa a la segunda fase, donde la Corte evaluará si el Laudo Arbitral de 1899 es válido, como argumenta Guyana», explica el abogado venezolano especialista en Derecho Internacional, Mariano De Alba.

El caso es complejo y tiene varios hitos relevantes que parecían ser la respuesta al eterno conflicto, pero lo cierto es que el régimen de Venezuela evadió dar la cara al problema.

Una disputa histórica

Para conocer de qué viene el tema, es necesario remontarse a 1899 cuando Estados Unidos (en representación de Venezuela) y Reino Unido firmaron el Laudo Arbitral de París.

Allí acordaron someter a arbitraje internacional el conflicto. Sin embargo, el fallo fue a favor de los británicos, provocando las molestias de Venezuela, que protestó ante la ONU por vicios en la decisión, pues el país no tuvo representación directa.

En 1966, el gobierno venezolano logró una victoria en la ONU, cuando el organismo admitió el reclamo de Caracas sobre la nulidad del Laudo Arbitral de París. Entonces se firmó el Acuerdo de Ginebra, bajo el cual el área en disputa quedaba bajo administración de Guyana –que recién había obtenido su independencia– pero sin soberanía plena. El conflicto debía resolverse por la vía amistosa entre ambos países. Mientras tanto, a Venezuela se le reconocería la autoridad para denominar el territorio como Zona en Reclamación.

Acá apareció Norman Girvan, el «buen oficiante» del organismo, que acercaría a ambos gobiernos, pero murió en 2014 y nadie lo sustituyó. El conflicto continuaba.

«Venezuela rechaza y repudia esta infame decisión de la Corte Internacional de Justicia y la vamos a enfrentar», dijo Nicolás Maduro tras conocer el nuevo anuncio.

Un error injustificable

El abogado Mariano De Alba resalta que Venezuela tenía «muy buenos argumentos» para tratar de convencer a la Corte Internacional de Justicia de que no tenía jurisdicción para resolver la disputa.

Además, calificó de «error injustificable» que el régimen de Maduro decidiera no comparecer y limitarse a enviar un informe.

La entrada en escena de la CIJ se produjo en el año 2018, cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al tribunal que examinara el caso. Hasta entonces las Naciones Unidas solo ejercía la función «buenos oficios».

Previo a la primera audiencia en junio de este año —aplazada anteriormente por la pandemia—, el canciller chavista Jorge Arreaza había protestado por la participación de la CIJ. Tal como menciona De Alba, se negó a participar, limitándose solo a emitir un comunicado de tres hojas en rechazo al encuentro en videoconferencia debido a la pandemia.

«Venezuela no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada para el 30 de junio por la Corte Internacional de Justicia, sobre la demanda unilateral de Guyana», escribió Arreaza en su cuenta de Twitter.

En una nueva muestra de soberbia, el régimen desestimaba la oportunidad de defender el Esequibo. Ahora, esta nueva decisión le otorga a la CIJ la posibilidad de dictar un fallo. El presidente de la alta corte de la ONU, Abdulqawi Ahmed Yusuf, anunció que los jueces decidieron por 12 votos a favor y 4 en contra que tienen «jurisdicción» sobre el caso.

Un territorio rico en recursos

La advertencia parece ser clara. De Alba explica que Guyana controla de facto el territorio, por lo que cualquier decisión de la Corte Internacional de Justicia contará con el reconocimiento internacional, limitando los argumentos y opciones de Venezuela. El país perdería un valioso territorio, lleno de riquezas no solo naturales, sino de minerales como oro, diamantes, uranio, petróleo y gas natural.

La organización ambiental Vitalis ya había emitido un comunicado alertando del silencio de las autoridades venezolanas. «Venezuela pudiera perder la gran riqueza natural de la Guayana Esequiba, de profundizarse los planes de aprovechamiento del vecino país, ante el silencio diplomático de las autoridades gubernamentales y la complicidad de organizaciones internacionales que han sido testigos históricos del litigio», se lee en el texto.

Este factor recrudece el conflicto, ya que el propósito evidentemente la República Cooperativa de Guyana es quedarse con la totalidad del territorio.

En 2018, el gobierno guyanés halló de la mano de ExxonMobil importantes yacimiento petroleros, que lo podrían llevar a producir 700.000 barriles al día para 2025, la mayor producción per cápita del mundo, según estimaciones de la empresa petrolera.

«En 2025, el PIB aumentará entre 300 % y 1000 %. Esto es gigantesco. Será el país más rico del hemisferio y, potencialmente, el país más rico del mundo», dijo el embajador estadounidense en Guyana, Perry Holloway, a propósito del sorprendente descubrimiento.


  • Oriana Rivas / Periodista venezolana radicada en Buenos Aires. Investigación para las fuentes de política y economía. Especialista en plataformas digitales y redes sociales.

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