En 2017 murieron 4.998 personas por intervención de la fuerza pública, es decir, unas 14 personas al día. Lo que opera en el país es una masacre por goteo, de la cual las FAES de la PNB son una pieza clave
El Libertario (Venezuela) – 16/03/2020
Redacción
El 15 de marzo se realizó una Jornada Internacional Contra la Brutalidad Policíaca, iniciativa que por 24 años viene impulsando el Collectif Opposé à la Brutalité Policiere (COBP) desde Canadá. En el marco de esta actividad se publica el número anual de la revista multilingüe État policier, que este año incluye un reporte elaborado por el Colectivo de El Libertario acerca de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, cuerpo represivo que hoy en día es el ejemplo por antonomasia de la brutalidad policial en el país. Se reproduce a continuación ese trabajo. Más información sobre el COBP son accesibles en su website COBP (en francés).
FAES: Los verdugos policiales del terrorismo de Estado en Venezuela
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron creadas el 26 de abril de 2016 y activadas el 14 de julio de 2017, por decreto de Nicolás Maduro, “para combatir el crimen y el terrorismo”. Inició con una nómina de 80 funcionarios. Para enero de 2019, tenía en sus filas 1.417 uniformados, hombres y mujeres. El auge de este grupo representa un caso patente de crecimiento acelerado y desmedido de un cuerpo represivo, tal y cómo lo requiere una dictadura del siglo XXI.
El caso de la PNB en conjunto es emblemático: en 2012, apenas a tres años de su creación contaba con 6.707 efectivos y dos años después, había alcanzado 14.739 integrantes. Para que esto ocurra en un lapso tan breve se relajan los presumidos criterios de reclutamiento. De esta manera salen a la calle miles de represores armados, pues así lo requiere la preservación de un gobierno autoritario.
Aunque teóricamente las FAES existen para enfrentar la delincuencia respetando las normas legales, sus operativos son al estilo de “escuadrón de la muerte” y en otros cuerpos policiales hay numerosas denuncias por homicidio, robo, hurto y cobro de extorsión cometidos por funcionarios activos de las FAES, acusaciones que también reposan en el Ministerio Público (MP), pero por supuesto sin que se les haga mayor caso.
Especialistas en DDHH denominan a este tipo de acciones “masacre por goteo”, lo cual se refiere a “toda práctica de homicidio de un número considerable de personas por parte de agentes de un Estado o de un grupo organizado con control territorial, de modo directa o con clara complacencia de estos, llevada a cabo en forma conjunta o continuada”.
En las barriadas de Caracas y el resto del país les temen a las camionetas negras blindadas con sus siglas. Sus acciones tienen puntos en común: apuntan a hombres jóvenes, los matan de pocos disparos y simulan enfrentamientos. Las FAES han intervenido varios sectores populares caraqueños: El Valle, Los Jardines del Valle, Catia, Petare, Las Adjuntas, Mamera, La Vega. A su paso han dejado muerte y actuaciones violentas: asesinan de uno o dos disparos a hombres jóvenes, califican los hechos de enfrentamiento y allanan de madrugada.
En los últimos dos años en la Medicatura Forense de Caracas se ha hecho costumbre recibir denuncias de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las FAES y de la PNB en su conjunto, fuerza policial que tuvo sus inicios en 2009 y fue adjetivada por el fallecido gobernante Hugo Chávez como “la policía humanista que está aquí para defender al pueblo”. Al compararla con la anterior Policía Metropolitana, Chávez aseguró que “se acabó la policía que reprimía al pueblo”. Sin embargo, 10 años después el proyecto del hombre que gobernó el país hasta 2013 es sinónimo de miedo, golpes, puertas rotas y disparos a quemarropa, a pesar de que en la Constitución venezolana no se establece la pena de muerte.
Además de sus prácticas homicidas, otro factor de la acción de las FAES es generar terror en las mentes de madres, padres, abuelos, tíos, hermanos y familiares de sus víctimas que habitan en barriadas. Cuando llegan camionetas blindadas con hombres vestidos de negro, con capucha y mostrando armas de guerra “los niños corren y guardan sus pertenencias, pues saben que además de matar esos asesinos se llevan todo lo que encuentran a su paso”.
La mayoría de las incursiones ocurren en la noche o en horas de la madrugada; la perversa razón es la toma militar de los barrios cual si se tratase de territorio enemigo donde las FAES actúan como un ejército de ocupación y generalmente va a “cazar” a sus objetivos. Su entrenamiento y formas de proceder son en esencia militares. La supuesta lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a los delincuentes no existe para ellos, pues entienden que tienen que llegar y “dar de baja” a “elementos” que no son personas sino enemigos.
Según sistemáticos estudios del profesor universitario Keymer Ávila (que por ello ha sido estigmatizado por voceros oficiales), en 2010 las muertes en manos de las fuerzas de seguridad representaban el 4% del total de los homicidios en el país, años después, en 2017 llegó a ocupar el 26%. Es decir, que en 3 de cada 10 homicidios ocurridos en el país están involucrados los cuerpos represivos del Estado.
El mismo investigador ha señalado que diversas fuentes apuntan a que este porcentaje se ha incrementado en los años posteriores y también apuntaba lo siguiente en una declaración a la prensa a mediados de 2019: “Del seguimiento que hemos hecho entre los años 2016 y 2017 la PNB abarcó durante 2017 aproximadamente un 32% del total de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Según cifras oficiales, en 2017 murieron 4.998 personas por intervención de la fuerza pública, es decir, unas 14 personas al día. Lo que opera en el país es una masacre por goteo, de la cual las FAES de la PNB son una pieza clave. Si tomamos estas cifras pudiera estimarse que, posiblemente, las víctimas de la PNB aproximadamente rondaron las 1.500 personas, que es la cifra que representa el 30% del total nacional.”. Según los datos de las investigaciones de Ávila, al considerar las muertes en los “enfrentamientos” con delincuentes que la policía alega para justificar las víctimas que causa, la relación es de 122 víctimas civiles por cada funcionario fallecido.
Una investigación de la ONG Proiuris determinó que 85% de los llamados “enfrentamientos” entre presuntos delincuentes y cuerpos represivos no son debidamente notificados al Ministerio Público, por lo que estos hechos quedan impunes. En el estudio analizan procedimientos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018, en los cuales se usan los eufemismos “abatido”, “neutralizado”, “dado de baja” o “caído” en las minutas policiales. En el marco de estos procedimientos, 171 personas fueron asesinadas, pero sus muertes no se registraron como homicidios, sino como casos de “resistencia a la autoridad”.
De acuerdo a informes de la ONG Cofavic, entre 2012 y 2018 se han reportado 9.530 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en toda Venezuela. La organización detectó que entre 2017 y 2018 los casos de muertes en operativos policiales han sido 3.684. 90% de las víctimas de la represión son hombres, 81% no superan los 25 años. La gran mayoría de esos crímenes se cometen en sectores en donde residen personas de escasos recursos. Esto demuestra que no son “hechos aislados”, sino que ocurren de manera sistemática y tienen un elemento común y transversal: la impunidad institucional.
Basándose en las pocas (y cuestionables) cifras oficiales, proporcionadas con reticencia a la oficina de la ACNUDH (Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas), en 2018 el 33% de los homicidios ocurridos en el país fueron consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. 5.287 víctimas, pertenecientes a las clases populares, muertas por la acción policial. Es decir, que en Venezuela cada día mueren 15 personas a manos de la represión. Los muertos son en 98% hombres, jóvenes de una edad promedio de 26 años, de origen humilde. Al menos 7% son adolescentes y niños.
Algunos de los casos en los que resultan niños fallecidos se deben a balas perdidas disparadas de manera indiscriminada por lo policía. Casi 70% no poseía ningún tipo de antecedente penal o policial, o no se ofrece información alguna al respecto. Apenas 9% se encontraban solicitados por los tribunales. Más de la mitad (56%) fueron señalados de estar involucrados con delitos de menor cuantía o violencia (como desacato a la autoridad). Solamente a 6% de los fallecidos se les vinculaba con delitos graves (homicidios, secuestros, porte o tráfico de armas, violación).