FAES opera como una fábrica de ejecuciones en zonas populares

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Según cifras de Provea, entre 2017 y 2018 este tipo de ejecuciones representaron aproximadamente 89% de los casos de violación al derecho a la vida en Venezuela


 

Gabriela Rojas y Zulvyn Díaz / Tal Cual – Provea (Venezuela) – 04/07/2019

En apenas un año las ejecuciones extrajudiciales representaron 89% de los casos de violación al derecho a la vida en Venezuela. La PNB es responsable de al menos 30% de las muertes, lo que se vincula directamente con el protagonismo que tomó la división FAES. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, registró los abusos y en su informe 2019 exige al Estado disolver este cuerpo armado e investigar sus desmanes

“Vístete y sal”, fue la orden que recibió Luis Alfredo Ariza, de 21 años, cuando un grupo de funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), irrumpió en la casa donde vivía con su pareja, en Las Adjuntas. Era lunes 13 de mayo, 4:30 de la madrugada.

Luis Alfredo solo tuvo tiempo de ponerse un pantalón y una franela mientras los seis funcionarios -una mujer y cinco hombres uniformados de negro- lo sacaban del cuarto y lo hacían arrodillarse en la pequeña sala de la casa. Su pareja, Giorgelis Campos, gritaba desde el cuarto “¿a dónde se lo llevan, por qué se lo llevan?” y apenas alcanzó a ver cuando le pusieron una funda en la cabeza.

“La femenina se quedó en el cuarto y me trancaba el paso. Mi hija estaba llorando en la cama y yo le gritaba a mi mamá que estaba en el piso de abajo porque no me dejaban salir. La mujer me decía ‘cállate, no empeores las cosas, a ese lo traen ahorita, nada más lo van a radiar”, narra Campos.

A los ocho minutos sonó un disparo. Giorgelis lo recuerda claramente porque vio la hora en un reloj que tenía al frente. Luego sonó otro tiro. A pocos metros, en una vereda estrecha quedó tirado el cuerpo de Luis Alfredo, que agonizó durante unos minutos. Un sobrino de 11 años de Giorgelis se había asomado por la ventana y vio al muchacho tirado en el piso sosteniéndose el pecho, sin poder distinguirlo. Era alguien tirado en la vereda que apenas podía respirar, emitiendo bufidos y tratando de aguantar el chorro de sangre que le brotaba desde el tórax.

Esos dos tiros los escuchó a lo lejos Miriam Gamarra, la mamá de Luis Alfredo, mientras bajaba de su casa para irse a trabajar. Vio la comisión, las camionetas y el rebullicio de los funcionarios rondando desde la madrugada, pero siguió de largo. Una vez en el autobús, llamaba y llamaba al teléfono de su hijo y su nuera. Nadie atendió. Se enteró de lo que estaba pasando casi a las 7 de la mañana, cuando por fin los funcionarios dejaron salir a Giorgelis de la casa. La sangre ya se enfriaba.

“No dejaban pasar a nadie al lugar donde estaba mi hijo y se lo llevaron sin que llegara el Cicpc. Lo dejaron tirado en el (hospital) Pérez Carreño y ya estaba muerto”,  cuenta Gamarra.

La versión oficial que apareció en la minuta policial fue que el joven se había enfrentado a la comisión. “Un disparo no es enfrentamiento. Eso fue un ajusticiamiento. Los funcionarios del FAES pusieron una pistola y una gorra allí donde mataron a mi hijo, por supuesto que lo sembraron”, sostiene Miriam.

Luis Alfredo Ariza estaba bajo régimen de presentación cada 30 días porque fue detenido en abril de 2017 durante unas protestas de calle. No tenía más antecedentes penales, ni había sido acusado de ningún delito. Hasta ahora, la familia no tiene conocimiento de por qué el FAES entró en esa casa, esa madrugada, a buscarlo.

“Lo único que nos dicen es que hay una orden ‘de arriba’ de ejecutar a los que están en presentación. Aquí matan a la gente pobre en su propia casa y el FAES sigue haciendo de las suyas, matando a nuestros hijos a diestra y siniestra”, se lamenta Miriam, mientras muestra en su teléfono la foto de su único hijo, tomada días antes de esa madrugada en la que les tocó la ruleta fatal que el FAES va sembrando en las zonas populares.

Según cifras de Provea, entre 2017 y 2018 este tipo de ejecuciones representaron aproximadamente 89% de los casos de violación al derecho a la vida en Venezuela. Estos números se corresponden con los datos que señalan que apenas 7% de los policías que han sido víctimas de muertes por armas de fuego realmente se encontraban en un enfrentamiento armado.

Van dejando “neutralizados”

Testimonios de familiares de las víctimas recabados en la sede de la medicatura forense de Bello Monte, en Caracas, presentan poca variación en lo que constituye “el modus operandi” de este cuerpo policial, un “grupo exterminio”, como lo califica Provea, cuya actuación dista de ser preventiva o de aplicación de la ley.

Uno tras otro, los familiares llegan a la morgue a recoger los cuerpos y narran lo mismo: irrupciones en las casas -muy tarde en la noche o en la madrugada- caracterizadas por violencia y agresiones a mujeres, niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Por lo general, en las comisiones hay una o dos funcionarias femeninas que controlan a los presentes o los sacan a la fuerza para que no puedan saber a dónde se llevan al detenido; les dicen que “los van a radiar” (revisar los antecedentes penales). Las víctimas son amedrantadas, “ruleteadas” en patrullas por varias zonas, abandonados en cualquier área de la ciudad.

Las víctimas usualmente son hombres jóvenes, menores de 25 años, que viven en sectores populares y son ejecutados con disparos a la altura del tórax o en la cabeza. La mayoría de las muertes ocurren dentro de las viviendas o en los alrededores. Muchos de los caídos tienen reseñas policiales, sin embargo, no todos estuvieron involucrados en delitos.

Una vez ejecutados, la minuta policial se refiere a estas muertes como “dados de baja” o “neutralizados”. Pero los testigos y los familiares relatan que los uniformados realizan disparos aleatorios al aire para simular el enfrentamiento, levantan el cuerpo envuelto en sábanas y lo llevan al centro asistencial más cercano, a pesar de que la tarea le correspondería al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Según los datos recopilados por Provea, la PNB se posiciona como la segunda institución más letal -posición antes ocupada por la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional– al ser responsable de al menos 30% de las muertes por intervención de la fuerza pública en el país. El acento vino con el protagonismo que tomó la división FAES, después de las OLP.

En los testimonios, otro elemento común es que las familias denuncian que los funcionarios los roban. Es común que, durante los procedimientos, los testigos señalen que se llevaron dinero de las casas, comida, ropa, zapatos, perfumes, prendas y hasta equipos electrodomésticos. También cuentan que permanecen durante horas dentro de las viviendas, sin permitir que entren sus habitantes.

“No tienen respeto por nada, los funcionarios se orinaron sobre los santos del altar”, indica una madre en la morgue al relatar la irrupción a su vivienda en el barrio Carpintero de Petare, en un hecho que terminó con su único hijo muerto, de 19 años de edad.

“Somos la pesadilla de los delincuentes”

Además de la terminología que reitera el enfrentamiento como principal causa de muerte de las víctimas, la minuta policial cierra con este lema: “¿Quiénes somos? Los que no desmayan, los que no descansan, los protectores de pueblo, la pesadilla de los delincuentes, Somos profesionales, somos eficientes, somos implacables, somos FAES”.

Esa autodefinición de hombres de justicia y de protectores del pueblo contrasta con el perfil con el que los define la población en el que destacan actuaciones policiales cometidas por este grupo comando que opera con un enfoque belicista.

La Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) fue creada el 26 de abril de 2016 y activada el 14 de julio de 2017, por decreto de Nicolás Maduro, “para combatir el crimen y el terrorismo”. Inició con un componente de 80 funcionarios. Para enero de 2019, tenía en sus filas a más de 1.417 uniformados, hombres y mujeres.

El auge de este grupo representa un caso de “hipertrofia policial”, señala Provea en su informe sobre Uso de la fuerza pública y Derecho a la vida, ejemplificando “el crecimiento acelerado y desmedido de la institución policial”.

La ONG destaca que el caso de la PNB (componente al cual pertenece FAES) es emblemático: “En 2012, apenas a tres años de su creación contaba con 6.707 oficiales y dos años después, había alcanzado 14.739 funcionarios. Para que esto ocurra en un lapso tan breve se relajan los criterios de reclutamiento, selección y capacitación. De esta manera salen a la calle miles de jóvenes armados sin haber pasado por procesos de selección y formación”.

Aunque en su concepto FAES se define como un grupo para combatir el crimen, sus operativos son al estilo de “grupo exterminio” y en otros cuerpos policiales pesan numerosas denuncias por delitos de homicidio, robo, hurto y cobro de vacunas cometidos por funcionarios activos de FAES, acusaciones que también reposan en el despacho del Ministerio Público (MP).

“Eran las 5:20 am, del miércoles 24 de abril. Leonardo estaba durmiendo, cuando abrieron la puerta a patadas y entraron los del FAES”, relata una tía de Leonardo David Yajure, de 17 años de edad, asesinado por una comisión en Ruíz Pineda, municipio Libertador de Caracas.

“Mi sobrino estaba en casa de un amigo en el sector Los Telares”, narra la mujer. “Leo se quedaba ahí cuando venía a Caracas a comprar panes para vender en Santa Teresa, en Los Valles del Tuy. Eran más de seis policías; golpearon e insultaron a los muchachos y a Leo lo obligaron a ponerse un uniforme negro como el de ellos y lo sacaron de la casa encapuchado”. Todavía estaba oscuro cuando lo hicieron andar a ocho casas de distancia, hasta donde residía su tío Javier Alberto Morón, de 27 años de edad, quien también fue asesinado ese día.

El grupo de hombres irrumpió en la vivienda y la esposa de Morón, que dormía con su marido y el hijo de ambos, de dos meses de edad, fue sacada por la fuerza de la casa. Un testigo asegura que las víctimas fueron golpeadas y obligadas a posar con armas de fuego mientras las fotografiaban.

A Javier Morón le dieron dos tiros en la espalda y a Leonardo Yajure lo obligaron a correr, pero se negó y le dieron un tiro en la parte posterior del cráneo. Ambos cuerpos fueron envueltos en sábanas y trasladados por los propios funcionarios hasta el Hospital Miguel Pérez Carreño.

Los parientes señalan que los uniformados “simularon un enfrentamiento y armaron la escena, cuando ninguno de ellos estaba armado”. Aseguran que detrás de estas ejecuciones, se esconde una promesa de venganza, lanzada sobre la familia en diciembre de 2018.

Al parecer, una vecina que estudiaba en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) sostuvo una discusión por unas cajas del CLAP con algunos de los miembros de esa familia y amenazó con vengarse cuando se graduara de policía. Los familiares sospechan que la mujer y su pareja, ambos funcionarios, están detrás de estas ejecuciones.

Pero el parte oficial no recoge más versiones ni contrasta con testigos, ni investiga. Solo repite que los dos hombres se enfrentaron a la comisión, por lo que se vieron “en la imperiosa necesidad de repeler la acción”. Javier Morón fue identificado por los efectivos policiales bajo el alias de “El Brother”, además supuestamente integrante de una banda criminal.

El 31 de marzo, otra comisión FAES detuvo a un funcionario de la Policía de Miranda, Luis Fernando Abache Rodríguez, de 24 años de edad, cuando estaba sentado con un primo frente a su residencia, en el barrio Vicente Emilio Sojo de Guatire.

Los testigos informaron que al hombre “se los llevaron vivo” y que además se identificó como funcionario de Polimiranda. Pero Abache apareció muerto en un centro de salud, con dos tiros en el pecho. Siguiendo el patrón, la versión oficial indica que la víctima murió durante un enfrentamiento.

El hecho causó protestas en la zona. Los residentes del sector exigieron justicia. Los funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda (Iapem), región 7, que abarca al eje Guarenas-Guatire, también manifestaron y dijeron que “la profesión pone en riesgo sus vidas, pero no sólo ante la delincuencia, ahora también hay que cuidarse de las FAES, un brazo hamponil que con sus caras encapuchadas hacen lo que les da la gana”.

Especialistas en DDHH denominan a este tipo de acciones “masacre por goteo”, que se refiere a “toda práctica de homicidio de un número considerable de personas por parte de agentes de un Estado o de un grupo organizado con control territorial, en forma directa o con clara complacencia de estos, llevada a cabo en forma conjunta o continuada”.

En este contexto, incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó durante la presentación del informe oral sobre la situación venezolana en la sesión del Consejo de DDHH de la ONU, el 20 de marzo de 2019, que la Fiscalía General venezolana “se ha negado explícitamente” a iniciar investigaciones contra funcionarios de FAES.

En el informe final emitido por su oficina, Bachelet exige al Estado venezolano la disolución por completo de la FAES y que “establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”.


Autoras: Gabriela Rojas y Zulvyn Díaz Alianza Tal Cual Provea

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