Falta de instrumentos operativos empuja a trabajadores de Corpoelec a la fatalidad

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Sindicatos del sector contabilizan seis trabajadores muertos este año debido a accidentes laborales y afirman que en 2021 hubo diez.

La precariedad que se ha instalado en Corpoelec no ha hecho más que recrudecer la fuga de talentos de la estatal. Según Staling Bracho, desde el 2015 hasta la fecha salieron de la compañía 20 mil trabajadores


 

Rolson Figuera / Tal Cual (Venezuela) – 11/07/2022

La precariedad ensombreció a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). La carestía de condiciones mínimas de seguridad para trabajar sentenció a los trabajadores de la estatal a estar al borde de la letalidad. Según testimonios recabados, solo este año seis operadores murieron mientras hacían actividades técnicas. Sindicatos del sector responsabilizan a la empresa. Esgrimen, además, que las autoridades aplican un patrón de dejadez que se replica en casos de muertes y heridos. Para los trabajadores, la compañía los trata como un objeto desechable en el que «si te accidentas no le sirves».

José Morillo (50), Jhonny y Rufo Russo fallecieron el 13 de marzo de este año, luego de que se desplomara una torre eléctrica sobre la que trabajaban en Yaracal, estado Falcón.

El 23 de ese mismo mes murió electrocutado Jorge Farah, supervisor de estaciones de Corpoelec, cuando intentaba corregir una falla en la subestación eléctrica Ezequiel Zamora, en el estado Monagas.

El 24 de mayo al registro de fallecidos se sumó un nuevo nombre: Alejandro Gómez Caporaldel eje costero Carabobo; sufrió un accidente cuatro días antes, mientras hacía maniobras en la subestación La Elvira, para atender una falla eléctrica que dejó por más de 18 horas a varios sectores de la entidad sin servicio.

La lista de trabajadores fallecidos del sector eléctrico este año la completa William Guerrero, quien recibió una descarga eléctrica el 28 de junio, mientras realizaba trabajos de reparación en el sector Sabaneta Norte de Montalbán, estado Carabobo.

Los sindicatos informan que en 2021 se registraron diez muertes por accidente laboral. Afirman que estos decesos son atribuibles a la falta de condiciones de seguridad con las que se les obliga, desde Corpoelec, a hacer las operaciones.

Aunque el Ministerio de Energía Eléctrica ha hecho propaganda a través de redes sociales sobre dotación de botas y uniformes a los trabajadores, los movimientos sindicales del sector desmienten a la cartera ministerial y a sus titulares. Afirman que lo que dan es mísero y no se apega a los estándares mínimos de seguridad.

Parapetando un sistema en crisis

Corpoelec pasó de ser una corporación que, con todo un ejército de trabajadores detrás, iluminaba a toda Venezuela; a ser una estatal en la que se intenta parapetar todo un Sistema Eléctrico Nacional en crisis, con uniformes desgastados y equipos obsoletos.

Desde hace 14 años, dicen a TalCual representantes sindicales, no se hace una renovación completa de aparatos para las operaciones técnicas.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) en su artículo 53, «los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, y que garantice condiciones de seguridad, salud, y bienestar adecuado».

La norma también establece que es un derecho de los trabajadores «no ser sometidos a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres que, de acuerdo a los avances técnicos y científicos existentes, puedan ser eliminadas o atenuadas con modificaciones al proceso productivo o las instalaciones o puestos de trabajo o mediante protecciones colectivas. Cuando lo anterior no sea posible, ser provisto de los implementos y equipos de protección personal adecuados a las condiciones de trabajo presentes en su puesto de trabajo y a las labores desempeñadas de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y las convenciones colectivas».

Aunque el mandatario Nicolás Maduro insiste en que está a favor del sector obrero en el país, los hechos no hacen más que contradecir sus aseveraciones, según denuncian los sindicatos.

Starling Bracho, secretario general del Sindicato Eléctrico en el estado Falcón, aclara, en entrevista telefónica, que cuando se habla de uniformes no se trata solo de camisas y pantalones que identifiquen al personal de la compañía, sino de prendas y herramientas que minimizan el riesgo al momento de las operaciones.

No hay cascos o guantes de alta y baja tensión. Tampoco pértigas (utilizadas en trabajos con y sin tensión para la aislación primaria entre el liniero y la instalación a trabajar), probador de ausencia de tensión o rompe arcos.

Bracho afirma que, de acuerdo a las estadísticas mundiales de seguridad, por cada tres incidentes viene un accidente laboral. Infiere que Corpoelec rebasó las estimaciones y rompió los reglamentos de seguridad.

«Vemos que se están matando (los trabajadores). Esto sin hablar de los que han quedado vivos, pero con discapacidad y secuelas graves. En Falcón tenemos un trabajador al que le amputaron una mano. El problema es que cuando quedan personas con discapacidad la empresa se desentiende», dice, lapidario, el representante sindical.

Agrega que hay oficinas en la entidad en las que los trabajadores no tienen baños disponibles, por lo que deben acudir a los de centros comerciales y negocios cercanos.

En Lara la situación no es distinta. Alberto Perozo, secretario de reclamos del Sindicato de Trabajadores Eléctricos de la entidad, da a TalCual una versión similar a la expuesta por Bracho. Explica que los trabajadores deben recibir camisas ignífugas, una prenda diseñada para proteger a los técnicos del contacto con las llamas o altas temperaturas. Las prendas ignífugas no se pegan al cuerpo, sino que se deshacen en casos de accidentes eléctricos.

Perozo relata que entre compañeros se bandean, prestándose las herramientas unos con otros, con el riesgo de que alguna no esté apta. Expone que tanto los uniformes como las herramientas deben ser evaluadas cada cierto tiempo en laboratorios de seguridad industrial. En el pasado, hasta hace unos 10 o 15 años, cada entidad contaba con al menos uno de estos laboratorios, en la actualidad están prácticamente inoperativos.

«Quienes toman la dirección de la empresa son personas ajenas a la actividad eléctrica. No tienen nada que ver con la función y resulta que te sacan a trabajar como puedas. Sales a arriesgar tu vida, porque cualquier error tiene como resultado la muerte», afirma el dirigente sindical con 15 años de experiencia.

Con respecto a las afirmaciones que ha hecho el gobierno sobre la supuesta entrega de insumos laborales (uniformes y herramientas), Starling Bracho recalca que eso no puede contarse como una dotación porque no cubre la demanda general, estimada en unos 1200 operadores activos (Falcón).

Para Alberto Perozo, secretario de reclamos del sindicato de trabajadores eléctricos de Lara, el personal eléctrico ha sido burlado. Recuerda que el sector arrastra un contrato colectivo incompleto, que se comenzó a discutir con el Estado en 2018 pero que se paralizó (su debate), cuando faltaban 13 cláusulas. El anterior expiró en 2016.

«Este es uno de los trabajados menos remunerados y con menos garantías. Sin el sector eléctrico no hay nada. ¿Cómo se desarrolla un país sin luz?» se pregunta. Al mismo tiempo, afirma que las muertes de personas y el riesgo latente, no hace otra cosa que complicar la resolución de las fallas y averías del SEN.

No hay personal suficiente para abastecer la demanda. Entre 2015 y este año han salido, casi en estampida de la estatal venezolana, unos 20 mil trabajadores. Añade Perozo, que la decadencia también es visible en la falta de unidades de transporte para las operaciones técnicas.

Precariedad generalizada en Corpoelec

La precariedad también alcanza a la región central. Trabajadores eléctricos de Miranda, que prefieren resguardar su identidad por temor a represalias por parte del gobierno de Maduro, afirman que el personal actualmente no cuenta ni con asistencias médicas, HCM o medicinas.

Un trabajador, de unos 40 años prestando servicios en la empresa, recuerda que en el período democrático, antes de la llegada del chavismo al poder, en la compañía constantemente se hacían discusiones del contrato colectivo, había dotación de vehículos y se entregaban uniformes hasta dos veces al año. Incluso, agrega el operador, cuando un trabajador sufría un incidente, era trasladado a clínicas privadas.

Ahora, la desidia es tal que en la actualidad son los mismos trabajadores los que reúnen para ayudar a compañeros que han sufrido algún accidente laboral. «El llamado es a retomar la mesa negociadora», argumenta.

«La publicidad que hace el gobierno en redes es una cosa. Ese es el discurso, pero la realidad es distinta. No es un secreto para nadie que el trabajador eléctrico trabaja prácticamente como civil (un particular)», añade la fuente.

Indica que en Miranda son 16.674 trabajadores aproximadamente. Gran parte está distribuidos en el centro de servicio Guarenas-Guatire, que comprende Caucagua, las zonas de Barlovento, los Altos Mirandinos y Santa Teresa.

El informante destaca que el gobierno ha llegado a entregar apenas 50 kits de uniformes y herramientas, lo que resulta burlesco, al solo «imaginar» la cantidad de trabajadores que puede laborar en cada unos de esos centros. No tiene las cifras específicas del número de operarios en cada lugar.

Expone el trabajador de Corpoelec que según la convención colectiva se debe entregar al menos de forma anual seis pantalones, seis camisas, dos pares de botas y un impermeable a cada trabajador. Destaca que un ejemplo de la dejadez de las instituciones es que las botas que se han entregado no han pasado por la revisión de los laboratorios.

Al borde de las altas tensiones

El secretario general del sindicato eléctrico en el estado Falcón exige, en nombre de la plataforma, al ministro para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol, que atienda el tema de la seguridad de los trabajadores. Aunque reconoce que el tema salarial es trascendental, recalca que la prioridad no puede esperar.

Starling Bracho reprocha a las autoridades que acusen a los trabajadores de no cumplir con las «cinco reglas de oro» de quienes trabajan con electricidad. Esgrime que, para poder cumplir esas cinco normas preventivas, el personal técnico de Corpoelec debe contar con los uniformes y equipos normados.

Pone como ejemplo el verificador de tensión, equipo que no abunda entre las brigadas técnicas, asegura. Ese aparato tiene como objetivo ayudar al técnico cuando necesita trabajar «en frío» (sin corriente). Al no contar con esta pieza, el personal no puede despejar la existencia o no de corriente.

En esta misma línea, Bracho expone que la empresa tampoco ha dotado en los últimos años a sus brigadas de los equipos que se necesitan para trabajar «en caliente». Tampoco cuentan con vehículos suficientes para atender averías y problemas menores.

«El sindicato busca que se le solucionen los problemas a los trabajadores, que haya voluntad y que, de verdad, se les quiera atender. Esto es en todo el país. A esto suma la situación de amedrentamiento contra el personal. Al patrón no le ha quedado de otra que inyectar miedo para que no se exprese, diciendo que si no cumple los botarán», asevera.

Al testimonio de Bracho se suman el de Perozo y la fuente protegida que labora en Corpoelec Miranda, que ha declarado a TalCual. Tanto los dirigentes sindicales como el trabajador afirman que han sido criminalizados y perseguidos únicamente por exigir sus derechos laborales. Consideran que las autoridades han politizado un tema meramente de condiciones laborales.

Coinciden las fuentes que en la corporación hay despidos injustificados. «Nos han criminalizado en todo el país. Nos han amenazado. No pedimos nada que no esté en la ley, sino condiciones para prestar un buen servicio. El llamado es que se quite esa política de hambre y persecución y se implemente esta política productiva y que dignifique al trabajador eléctrico y público», dice Perozo.

Las amenazas y amedrentamientos denunciadas violan el numeral 6 y 7 del artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que establecen que los trabajadores tienen derecho a denunciar las condiciones inseguras o insalubres de trabajo ante el supervisor inmediato, el empleador o empleadora, el sindicato, el Comité de Seguridad y Salud Laboral, y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales; y a recibir oportuna respuesta.

También tienen derecho a denunciar ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, cualquier violación a las condiciones y medio ambiente de trabajo, cuando el hecho lo requiera o cuando el empleador o empleadora no corrija oportunamente las deficiencias denunciadas.

La misma norma, en su artículo 56, establece que son deberes de los empleadores adoptar las medidas para garantizar a los trabajadores condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo.

En el olvido

Mientras algunos piden estándares mínimos para evitar accidentes, trabajadores de la corporación que en el pasado los sufrieron, piden indemnizaciones y acciones que les permitan dignificar sus condiciones de vida.

Morris Humbría ha sido operado 108 veces en 21 años. Recibió una descarga eléctrica de 13.800 voltios y cayó de un poste de 15 metros de altura. Era, en ese entonces (2001), trabajador de la extinta Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), hoy llamada Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Por el accidente perdió la pierna izquierda y algunas costillas, sufrió perforación del recto, pérdida de masa del abdomen y otros daños por los que debe evacuar por medio de colostomías.

La respuesta que ha dado el Estado es casi inexistente. Humbría desde hace seis años no recibe dotación de pañales, bolsas de colostomía o algún insumo médico por parte de la empresa. En 2021 perdió la vista como parte de las secuelas del accidente. Pudo hacerse algunas operaciones gracias a ayudas recibidas por familiares, conocidos y «hermanos de fe».

La indolencia de la empresa, pese a que una demanda interpuesta por el extrabajador la obliga a indemnizarlo y a cubrir con sus gastos médicos, deja ver que el personal está a su suerte y sin algún ente o institución que abogue por sus derechos.

«He sido burlado por la empresa y los ministros. Le escribí al Néstor Reverol (ministro de Energía Eléctrica). Dijo que me llamarían y sigo esperando. Desde el 2001 estoy pidiendo que cumplan con lo que dice el contrato colectivo sobre las indemnizaciones. Anteriormente, me mandaban todos los meses insumos médicos, pero eso quedó en el pasado. Lo que pido es que cumplan con los gastos como establece el contrato. Estaría dispuesto a denunciar, aunque la justicia aquí ahora sea para los vivos (ágiles) y enchufados», dice a TalCual el hombre de 45 años de edad.

«Si te accidentas no me sirves»

Alejandro Gómez, trabajador de Corpoelec, falleció en Carabobo en mayo por causas atribuibles a sus condiciones laborales. La denuncia del trato que les dio a sus familiares la empresa estatal fue difundida por WhatsApp. Para los dirigentes sindicales la actitud «indolente» demostró que «la vida de nosotros para la empresa no vale nada».

Coinciden los sindicatos que llevan años entregando cartas al ministerio de Trabajo y a la Inspectoría para exigir dotación de implementos y respuestas para afectados por accidentes laborales y no las reciben.

Bracho, por su parte, menciona un caso reciente: el del técnico Jairo Ramón, que finalizando el 2021 tuvo un accidente por el que le tuvieron que amputar una mano. La inacción de Corpoelec se mantiene.

Las condiciones laborales de los trabajadores de Corpoelec empeoraron cada vez más a partir de los años 2009 y 2010. Aunque, comenta Bracho, aún en esos años, cuando los trabajadores se accidentaban podían recibir una indemnización.

«Ahorita, si te accidentas, la empresa dice, no me sirves; y si te matas se vuelve indolente», sostiene.

Fuga de talentos en Corpoelec

La precariedad que se ha instalado en Corpoelec no ha hecho más que recrudecer la fuga de talentos de la estatal. Según Staling Bracho, desde el 2015 hasta la fecha salieron de la compañía 20 mil trabajadores.

«Se nos fueron trabajadores de mano calificada. No es menos cierto que quedó gente que sabe defender el sistema, pero la realidad es que en una cuadrilla en la que antes había seis expertos ahora solo puede haber dos; o en una planta con unos 90 ingenieros experimentados, ahora pueden quedar 60 o hasta 40», señala.

Bracho, con 13 años de servicio, destaca que la corporación contaba con la Escuela Técnica de Formación, pero las autoridades la dejaron caer. A su juicio, la fuga de talentos, los bajos sueldo y las paupérrimas condiciones laborales son elementos que se traducirá en daños para las comunidades.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) va del mal en peor. Las fallas van en aumento mientras cada vez disminuye la capacidad de respuesta. Desde el 7 de marzo del 2019 hasta el 6 de marzo de este año se registran 438.568 fallas eléctricas, según Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones.

A tres años del apagón a gran escala que dejó a casi todo el país a oscuras, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) permanece debilitado y huérfano de políticas preventivas por parte del gobierno de Nicolás.

El Ejecutivo insiste en parapetar los problemas del SEN con «pañitos de agua caliente». Aixa López comentó en declaraciones a TalCual que el sistema continúa con profundos daños en sus tres entramados: generación, transmisión y distribución, para el trabajo Ese futuro que sigue pendiente.

A su juicio, la improvisación y la politización fueron las causas que apagaron al país. Argumenta que ha habido muchos anuncios de supuestas inversiones que no se ven reflejadas en mejoras.

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