La fuerza hasta hoy inamovible del chavismo se ha convertido en una amenaza para la seguridad regional
Miguel Lagos / Panam Post (Latinoamérica) – 07/04/2020
El chavismo no es solo un simple o tradicional régimen despótico de signo político. Es un proyecto conectado con oscuras redes criminales de dimensión transnacional. Un proyecto de poder de largo alcance que no solo se fortaleció sobre la base de un «proceso revolucionario» e ideológico, sino que además, en ese andar, llegó a establecer colaboraciones tácticas y reales alianzas estratégicas tanto con el narcotráfico como con el terrorismo internacional. He ahí la letalidad de este poder.
Cierto es que la fuerza hasta hoy inamovible del chavismo se ha convertido en una amenaza para la seguridad regional. El problema venezolano ya no es solo venezolano. De hecho, dejó de serlo desde la época de Hugo Chávez, a quien hoy se olvida señalar como el ejecutor inicial de la actual catástrofe. En ese sentido el «madurismo» no existe. Maduro fue en estricto su continuador, su legado, su ‘consecuencia lógica’ en vía al extremismo violento e ideológico.
La narcodictadura chavista cuenta con apoyos colosales y siniestros. Constituye un ejemplo del nexo crimen-terror consolidado sobre la base del poder político. Considerado también por agencias de seguridad occidentales como el «Cártel de los Soles», se señala como uno de sus miembros al otrora vicepresidente de Venezuela: Tareck El Aissami. Este influyente operador fue declarado como narcotraficante por el Departamento del Tesoro estadounidense en febrero de 2017. Al haberse revelado también sus vínculos con el terrorismo islamista fue tácticamente desbancado del cargo y ubicado como actual ministro del Poder Popular para Industrias y Producción. De no haber dejado la vicepresidencia sería hoy bolo fijo para reemplazar a Maduro en el poder si así lo decidiesen sus patrocinadores externos —que incluye al castrismo—.
La referida mezcla operativa de narcotráfico y terrorismo que encarna El Aissami [de 45 años, descendiente de inmigrantes sirios y libaneses] es visto como un elemento peligroso y altamente funcional a evidentes poderes antioccidentales.
Durante años diversas investigaciones oficiales, organismos y analistas de seguridad han dado cuenta de cómo el régimen chavista —y especialmente El Aissami— dio mayor tracción a las estrategias de penetración de Irán en América Latina desplegadas desde los ochentas. Sobre todo luego de iniciadas las relaciones de cooperación entre Chávez y el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad el año 2006. Ya “en 2007, los dos países establecieron un fondo de 2.000 millones de dólares para apoyar sus proyectos conjuntos, incluido uno para ayudar a países ‘antiimperialistas’ en América Latina” [BBC]. Mientras Chávez en vida consideraba a Ahmadinejad «un gladiador de las luchas antiimperialistas’», a su muerte, Ahmadinejad despidió a Chávez como un «mesías», un “mártir que algún día regresará a este mundo acompañado de Cristo y de Mahdi, el redentor chiíta» [El País].
Tareck El Aissami, por si fuera poco, aparece además como un elemento clave de la prosperidad oculta que ha logrado uno de los antiguos operadores de Irán en la región y también aliado del chavismo: el grupo político-terrorista libanés Hizbulah.
Sea su «brazo político» o su «brazo armado», o ambos, la «milicia» chií es considerada oficialmente como terrorista, entre otros, por la Unión Europea, EE.UU., Canadá, Australia, Francia, Israel, Egipto. Con falta de cautela en Latinoamérica, donde el tema Hizbulah parece ser «espinoso», hubo resistencias en darles igual calificación. Esto por cierto ha empezado a cambiar con la decisión de Argentina [con Mauricio Macri] y Paraguay [con Mario Abdo] de considerarlos oficialmente como amenazas terroristas latentes.
Las investigaciones ubican a este grupo extremista como articulador de redes de delincuencia transnacionales, de financiamiento del terrorismo y de redes subterráneas de apoyo político. Los fondos —enviados luego a las zonas de influencia y conflicto en los que están involucrados— obtenidos vía actividades ilícitas en el continente americano se calculan hasta en mil millones de dólares anuales [Proyecto Cassandra, DEA]. El Departamento de Justicia de los EE.UU. clasificó al grupo como una «organización criminal transnacional». Su asociación con cárteles de la droga latinoamericanos, el lavado de dinero, el contrabando… en suma, el crimen organizado amarrado a objetivos políticos puntuales y de largo alcance suelen aparecer describiendo su naturaleza operativa actual.
El venezolano Tareck El Aissami es considerado uno de los principales abastecedores de droga al libanés Hizbulah. Vía relaciones de cooperación táctica y estratégica –donde las FARC colombianas fueron pieza clave– el chavismo, Irán y Hizbulah convirtieron a Venezuela en un «centro logístico» en pro de intereses transaccionales, así como de consolidación política no exenta, por cierto, de afinidades ideológicas. Esto ha sido documentado durante años por distintas organizaciones, agencias de seguridad, fiscales, cortes y gobiernos del mundo.
A mediados de 2017, una investigación sacó a flote que el régimen chavista y el régimen libanés otorgaban pasaportes diplomáticos a militantes de Hizbulah para facilitar sus movimientos a gran escala [François Bayni].
En marzo de 1992 [Embajada de Israel, 22 muertos] y julio de 1994 [mutual judía AMIA, 85 muertos] ocurrieron en Argentina dos atentados terroristas. Se sindicó a Hizbulah como ejecutor y a Irán como planificador de las agresiones. Fue precisamente el evento de 1994 el que el fiscal especial argentino Alberto Nisman investigaba y que motivaron [según confirmaron los jueces en setiembre de 2018. Leah Soibel] su asesinato el 18 de enero de 2015. Nisman pasó años documentando la trama cuyos perpetradores siguen impunes. Un día antes de morir se aprestaba a acusar al Gobierno kirchnerista de encubrir, tiempo después, a la red de ejecutores del atentado. Cinco años han pasado y el asesinato de Nisman también sigue impune.
Los especialistas en seguridad y expertos han advertido sobre la maraña de «células activas» [con objetivos financieros y políticos] y «células durmientes» [con fines de acción terrorista] que pacientemente Hizbulah habría montado en América Latina hasta el día de hoy. Los cálculos son que los «durmientes» podrían activarse contra intereses estadounidenses e israelíes en la región; ello dependiendo de cómo se desenvuelva un futuro conflicto abierto entre Israel, Hizbulah e Irán en el Oriente Medio.
La interrogante que se plantea es si, aparte de ese condicionante que obra a miles de kilómetros del continente americano, una eventual intervención de fuerzas internacionales en Venezuela —si es que las presiones económicas y diplomáticas fracasan— para remover a la dictadura chavista podría también activar a las células durmientes que se involucrarían en el conflicto. Esto para cumplir con el apoyo explícito que el grupo extremista dio al régimen de facto de Maduro en 2019 [al igual que el narcoterrorista ELN de Colombia y sus células con presencia en territorio venezolano]. En una carta, Hasan Nasrallah, jefe de Hizbulah, escribió: “Esta es solo una pequeña parte de lo que el partido puede ofrecer al presidente Maduro y a la memoria de su antecesor, Hugo Chávez, a cambio del apoyo que le dieron a Hizbulah e Irán. En términos de aportar fondos para la actividad del partido” [Tayyar, 3/2/2019]. El dictador venezolano agradeció la misiva.
En suma, y al margen de cualquier duda razonable, la letalidad de Hizbulah no solo se relacionaría con los ámbitos económicos ilegales y de montaje de redes potencialmente extremistas —y terroristas—, sino además por la capacidad de infiltración que podrían lograr en los procesos políticos internos —incluyendo las dinámicas municipales y regionales y las estructuras de corrupción— de algunos países latinoamericanos.
El Hizbulah proiraní ha sido localizado en varios lugares del continente. La zona de la «Triple Frontera» entre Argentina, Brasil y Paraguay es hoy un epicentro clave de acciones. En Perú, su presencia fue detectada hace años bajo afanes de índole «cultural y religioso». La pregunta aquí es si las conexiones políticas —que también existen— y subterráneas que Hizbulah ha logrado en suelo peruano —y boliviano—, suponen riesgos de progresiva radicalización y de desafíos violentos antioccidentales a mediano o largo plazo.