¿Quién puede seriamente decir que el fiscal va a pasar por encima de esa manifestación de voluntad de las partes de que están en vías de solucionar el problema del sistema de justicia nacional?
Carlos Ramírez López / Blog de Carlos Ramírez López (Venezuela) – 14/09/2021
La tormentosa situación venezolana viene clamando por un cambio, por la recuperación de libertades, por el disfrute de una economía que permita la producción y la importación de bienes y servicios suficientes para cubrir las necesidad de la población, de la convivencia sostenida en reglas y leyes de cuyo cumplimento se encargue un sistema de justicia independiente, capaz, honesto, atributos estos que se nos han arrancado a pedazos desde el aciago momento en que el socialismo de Hugo Chávez tomó el poder y luego se lo dejó en herencia a Nicolás Maduro. Ahora vivimos soñando en como recuperar aquello que perdimos, sueño que a veces se torna en pesadillas ocasionadas por la obstinación de quienes mantienen al país bajo secuestro y en oportunidades con la colaboración de algunos de los secuestrados.
Las alternativas
Año tras año se han venido descartando las posibles soluciones al problema, la insurreccional, la electoral, la militar. Solo nos queda, o no sé si más bien decir “nos quedaba” –Dios quiera que no- la salida judicial con el proceso iniciado ante la Corte Penal Internacional donde hemos ido a depositar nuestras esperanzas de que por vía de la justicia internacional obtuviéramos la salida de este régimen de oprobio que martiriza sin piedad en esa insaciable necesidad de mando y de riqueza que les hace creer que son inmortales, o cuando menos que cuando les llegue la hora irán al más allá con las alforjas llenas.
La salida es judicial
Esa frase que un día puse en uno de mis artículos en descarte de las otras, en verdad encerraba la fe de un abogado convencido de que persistencia y ley unidas podrían obtener una sentencia que decretara la detención de Maduro y de su cadena de mando, pero no en Venezuela, pues como todos sabemos, de nuestra patria hace tiempo también emigró la justicia. Pusimos nuestras esperanzas en la Corte Penal Internacional donde cursa una gran cantidad de denuncias sobre el genocidio continuado contra los venezolanos. Esas esperanzas se han vendo acrecentando a partir del cambio de fiscal, Fatou Bensouda se fue y entregó a Karim Khan y en el último momento ella dio a conocer las conclusiones a las que había llegado sobre certezas obtenidas en el examen preliminar sobre la comisión de crímenes lesa humanidad como decían muchas de las denuncias interpuestas.
El nuevo fiscal ha tenido que empaparse de los casos, revisar los expedientes, las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, todo para formarse criterio propio del caso para saber qué hacer, si avanzar hacia presentar acusación o cerrar las actuaciones. En ese intermedio Tarek William Saab continuó con su política de atosigamiento mediante la consignación de miles de páginas -miles, así como se lee, miles- en las que en resumidas cuentas trataba de convencer de que en Venezuela sí se investigaban y procesaban los hechos denunciados, que sí hay jueces independientes que tramitan los casos, y constantemente pedía sostener reuniones, diálogos entre gobierno y fiscal para explicar la no necesidad de hacer las cosas ante esa CPI porque en Venezuela hay condiciones para ello. Lo que quería era ganar tiempo, alargar el proceso.
En todas sus fracasadas presentaciones Tarek William Saab pedía que se celebraran esas reuniones entre su gobierno y la fiscalía para lo cual invocaba el principio de colaboración que rige en estos procesos. Obvio que lo que en realidad se perseguía era un retardo ad infinitum como el que la guerrilla FARC y Juan Manuel Santos lograron en reuniones en La Habana en un proceso que detuvo el trámite de examen preliminar que esa Corte desarrollaba respecto al caso de Colombia. Ya han pasado 17 años de eso y todavía sigue paralizado dicho examen. Algo así era lo que en realidad buscaba el fiscal del régimen.
Pero de repente apareció el Acuerdo de México
Realmente el proceso ante la CPI no se puede terminar por acuerdos entre las partes y en eso se había basado mi defensa a la salida judicial, pero es que en verdad lo que si se puede es detener y hasta declinar a favor de la justicia nacional cuando se demuestra que allí hay un sistema de justicia apto para investigar, procesar y sentenciar de manera eficaz e imparcial, salida esta que se apoya en el denominado “Principio de complementariedad” según el cual la jurisdicción de la Corte es excepcional y solo procede cuando a lo interno de los países no se quiere o no se puede realizar las labores propias de una administración de justicia, que es el caso venezolano donde se vienen ejecutando crímenes de envergadura mundial que no son debidamente procesados, razón por la cual se justifica la competencia de dicha CPI.
Antes era solo Tareck representando a Maduro
Ahora bien, qué puede pasar si las partes contendientes, gobierno y oposición, reconocidas mutua e internacionalmente como las que representan al país, en el proceso de conciliatorios de los diálogos en México manifiestan voluntad de recomponer su sistema de justicia nacional, darse un poder judicial fiable lo cual dieron a conocer en una declaración que emitió el Dr. Gerardo Blyde:
“A solicitud nuestra, se abordará en la próxima ronda de negociaciones temas vinculados a justicia y reparación. Recuperar el Poder Judicial venezolano con jueces y fiscales que garanticen el debido proceso, es un paso indispensable para transitar el camino de reinstitucionalización del país y recuperar derechos políticos y civiles.”
Ya no es la petición unilateral del gobierno, son las dos partes en conflicto las que declaran voluntad de resolver sus problemas, entre ellos el darse un sistema judicial fiable, y esto sí que obliga al fiscal a privilegiar esa oportunidad que se están dando, debe colaborar con su desarrollo pues mal podría seguir trabajando el caso como si nada.
Esa declaración de las partes, es decir del gobierno de Nicolás Maduro y de la Plataforma Unitaria que es la que controla a la Asamblea Nacional, declaración que dieron al salir de uno de los encuentros que entre ellos se vienen dando en México en búsqueda de una salida institucional al problema general del país, se cierne como una grave amenaza a la posibilidad del enjuiciamiento de Maduro, eso ha sido un gravísimo error de la oposición allí representada que Dios quiera que puedan resolver.
¿Quién puede seriamente decir que el fiscal va a pasar por encima de esa manifestación de voluntad de las partes de que están en vías de solucionar el problema del sistema de justicia nacional e irrumpir con una acusación con orden de captura contra el jefe de una de esas dos facciones que están tratando de resolver el conflicto que ha llevado casos a La Haya?
¿Por qué juzgar en la CPI casos que se pueden juzgar en sus propios tribunales en los que ambas partes van a contribuir a formar?
¿Cómo un fiscal internacional se va a atrever a dinamitar esas tratativas de las partes en conflictos?
Y lo peor es que todo es mentira, es ilusión el gobierno de Maduro no va nunca, entiéndase bien, NUNCA a permitir la instauración de un sistema judicial que lo pueda enjuiciar imparcialmente a él, a sus actos de gobierno, a sus fechorías, eso es absurdo, es una pompa de jabón lanzada al aire por el Dr. Gerardo Blyde en nombre de la Plataforma Unitaria y en perjuicio de las víctimas del régimen que han estado pugnando en agónica lucha porque en el país se les respete el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la libre expresión, al derecho a todo.
Visto este último episodio ya no estoy tan seguro de que la salida sea la judicial. ¡Dios se apiade de Venezuela!
- Artículo publicado en el Blog de Carlos Ramírez López el día 08/09/2021
- Carlos Ramirez Lopez / Abogado Venezolano litigante con 40+ años de experiencia. Especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil y Constitucional. Estudios en Cortes Internacionales. @CarlosRamirezL3