El informe anual de la ONG Provea acredita el «terrorismo de Estado» aplicado por la revolución bolivariana
Daniel Lozano / El Mundo (España) – 30/01/2020
Las torturas contra presos ya forman parte de la cotidianidad en Venezuela, para escándalo de los activistas de derechos humanos y silencio del gobierno y de sus aliados nacionales e internacionales. El informe anual de la ONG Provea, una de las más respetadas en el país, acredita el «terrorismo de Estado» aplicado por la revolución bolivariana para mantenerse a toda costa en el poder: durante 2019 al menos 574 personas sufrieron torturas y, entre ellas, 23 murieron.
Desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013 se contabiliza la muerte de 72 personas bajo torturas. Siete años durante los cuales no sólo el país sufre la mayor crisis social, económica y política del último siglo en el continente, sino también la «legalización» de la impunidad y la pulverización de los derechos humanos. «La tortura se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas», concretó Provea.
Inti Rodríguez, uno de los investigadores principales de Provea, aportó más cifras para el horror: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento.
La tortura como castigo ejemplarizante se ha «institucionalizado y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro», denunció Provea sin contemplaciones. «Es cada vez más cruento», añadió por su lado el Instituto Casla, dirigido por la activista Tamara Suju en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA). «Son sistemáticas», confesó el general Cristopher Figuera, antiguo jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras huir a EEUU. Precisamente en la sede de la policía política murió el concejal opositor Fernando Albán tras sufrir torturas, según las denuncias efectuados por sus familiares y por organizaciones internacionales.
El asesinato del capitan Rafael Acosta dio la vuelta al mundo en junio pasado y confirmó que los agentes gubernamentales extreman sus malos tratos contra los militares, con el objetivo de ahuyentar cualquier protesta o rebelión y atemorizar a familiares, compañeros y abogados. Una estrategia que prosigue hoy en día y que se ha multiplicado, según Provea.
El número de torturados de 2018 al año pasado se ha multiplicado por cinco, de 109 a 574, por lo que también supera el hasta ahora récord histórico de 2014, con 180 víctimas tras las protestas antigubernamentales. Durante 2019 se llevó a cabo el desafío de Juan Guaidó y del Parlamento democrático contra la revolución, a lo que se añade la agudización del control social a través del terror y de las políticas económicas. Ni la Fiscalía ni el Defensor del Pueblo, controlados por la revolución, ha proporcionado datos al respecto.
Jóvenes y Pobres
La ONG asegura que se mantiene el perfil histórico de los torturados: hombres jóvenes y pobres, en su mayoría condenados o procesados por delitos comunes (74%) y militares (21%) acusados de conspirar contra Maduro; casi el 4% fueron torturados tras ejercitar su derecho a la manifestación pacífica.
La investigación de Provea profundiza en lo que ya Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, expuso en su histórico informe: en las cárceles de Maduro se aplica corriente eléctrica, se asfixia con bolsas de plástico, se realizan simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.
La activista Suju ha aireado esta semana cuál es la última receta contra los presos políticos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): encapuchan a los presos y los sacan en un jeep «a toda velocidad para desorientarlos y que se golpeen en el trayecto para luego encerrarlos en las tumbas en las que han convertido los sótanos. Los meten de tres en dos. Se bañan con un vaso de agua y no reciben sol ni aire natural». Es precisamente en la sede caraqueña de la DGCIM en Boleíta Norte donde se agrupan a 116 víctimas de torturas, militares detenidos por conspiración, terrorismo y traición a la patria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado que aterrizará el próximo lunes en Caracas para realizar una visita de campo (observación in loco) para recabar más información sobre las violaciones de derechos políticos y civiles. Los activistas temen que los enviados de la CIDH sean deportados desde el aeropuerto de Caracas, aunque estos ya tienen preparada su respuesta: viajarán hasta la frontera con Colombia para atender a las víctimas ‘in situ‘.
E-mail: @danilozanomadri