Los nuevos crímenes de lesa humanidad en Venezuela reportados por la OEA

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“La represión en curso contra [los manifestantes] ha dado como resultado un aumento espectacular de detenciones arbitrarias, asesinatos, redadas y torturas”.

La OEA detalló cronológicamente cada nuevos elementos con el fin de que la Fiscalía de la CPI adelante sus evaluaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela


 

Erick S. González Caldea / Proiuris (Venezuela) – 05/12/2020

La secretaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una actualización de los casos que constituyen presuntos crímenes de lesa humanidad a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que puedan ser evaluados en el examen preliminar de la situación Venezuela I.

En el informe titulado “Fomento de la impunidad: El impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, publicado este 2 de diciembre, la OEA criticó la actuación de la fiscal Fatou Bensouda, por su demora en la tramitación del examen preliminar sobre la Situación Venezuela I.

Los hechos referidos por la OEA en su más reciente informe ocurrieron entre 2018 y el primer trimestre de 2020. Se incluyeron casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Entres los casos nuevos presentados ante la OEA está el presunto asesinato del concejal Fernando Albán y la muerte por tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Para la actualización de los casos de presuntos crímenes de lesa humanidad, la OEA tomó como base informes de organizaciones no gubernamentales venezolanas como Provea, Foro Penal, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Violencia y Monitor de Víctimas, así como de organizaciones internacionales y, con especial énfasis, los hallazgos del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

1. Asesinatos

Para su informe de 2018, la OEA envió una recopilación de cifras de diferentes organizaciones nacionales e internacionales sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2014 hasta finales de 2017.

En el nuevo informe, la OEA agregó nuevos datos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2018 y 2020 a manos de fuerzas de seguridad del Estado. Destacan que esos crímenes se comenten impunemente, incluso luego de que la Fiscalía de la CPI comenzó a examinar lo que ocurre en Venezuela.

Se suman los registros de presuntas ejecuciones en 2018 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV): 7.523 muertes a manos de funcionarios de seguridad del Estado en ese periodo, lo que implica un promedio de 626 asesinatos por mes.

El nuevo informe también incluye las estimaciones hechas por la ONG Provea, que registró al menos 205 asesinatos a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2018.

En orden cronológico, la OEA detalló:

De junio de 2018 a abril de 2019: La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) documentó el asesinato de 20 hombres jóvenes por las FAES durante ese período.

En 2019, la Acnudh reportó que seis jóvenes fueron “ejecutados por las FAES en represalia por su papel en las protestas antigubernamentales”.

De enero a mayo de 2019: Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el gobierno de Nicolás Maduro informó de 1.569 muertes violentas por ‘resistencia a la autoridad’. El OVV reportó 2.124 muertes por ‘resistencia a la autoridad’ en el mismo período. Por su parte, Provea dio cuenta de 275 asesinatos por las FAES en el primer trimestre de 2019.

21 al 25 de enero de 2019: Al menos 47 personas fallecieron durante las protestas contra Maduro, todas por heridas de arma de fuego.

22 y 23 de febrero de 2019: Al menos 14 personas fallecieron y decenas resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad venezolanas abrieron fuego contra un grupo de civiles que intentaba impedir el bloqueo de la frontera con Brasil.

Diciembre de 2019: Monitor de Víctimas identificó 344 casos nuevos de supuestas ejecuciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad en Caracas entre agosto y diciembre de 2019.

2 de julio de 2020: La Acnudh publicó un informe a través del cual señala que 1.324 personas perdieron la vida en el contexto de operaciones de seguridad entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020.

Julio de 2020: Según Provea, Carlos Chaparro, de 47 años, murió a causa de un disparo presuntamente realizado por un miembro de la Guardia Nacional mientras una multitud denunciaba la escasez de gasolina en una estación de servicio de la localidad de Aragua de Barcelona, en el este del estado Anzoátegui.

Un episodio similar ocurrió el 16 de julio, cuando José Luis Albornóz, de 19 años de edad, perdió la vida al recibir un balazo disparado por las fuerzas de seguridad en el estado de Zulia.

Septiembre de 2020: El Informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos presentó datos de cuatro fuentes sobre muertes que pueden atribuirse a las fuerzas del Estado entre 2014 y 2019. Las cifras van desde 8.292 a 24.431 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

25 de septiembre de 2020: La Acnudh registró 711 muertes en el contexto de operaciones de seguridad entre junio y agosto de 2020. La cifra de muertes registradas como resultado de operaciones de seguridad desde enero de 2020 llega a más de 2.000.

2. Torturas

En el informe de la OEA de 2018 se señaló que “existe fundamento suficiente para creer que en el territorio de Venezuela se han ‘han infligido grandes sufrimientos físicos y mentales a un número considerable de personas’. Por lo menos 289 casos de tortura”.

En la actualización de dicho informe, publicada el 2 de diciembre, la OEA agregó nuevos casos, ocurridos entre 2018 y mediados de 2020. Cronológicamente, la OEA detalló los siguientes casos:

2014 a 2019: La Acnudh recopiló información sobre 135 casos de personas privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019.

8 de octubre de 2018: Fernando Albán, concejal del Distrito Capital del partido de oposición Primero Justicia falleció el 8 de octubre de 2018 mientras estaba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). “El Régimen de Maduro afirmó que Albán se suicidó saltando desde el décimo piso de la sede del SEBIN, pero la oposición venezolana y la OEA insisten en que fue torturado y asesinado”, explicó la OEA.

14 de octubre de 2018: Luis Hernando Lugo Calderón fue arrestado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sin orden judicial. Fue recluido en una celda fría en la sede de la Dgcim, donde se le negó comida y agua durante días, se le obligó a beber agua del inodoro y se le permitía ir al baño sólo dos veces al día.

Enero a mayo de 2019: La oficina de la Acnudh documentó que 29 personas fueron asesinadas entre enero y mayo de 2019: “muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o torturadas”.

20 de marzo de 2019: El 20 de marzo de 2019, la Directora Ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, presentó a la OEA un informe en que se documentaban 40 nuevos casos de tortura en los dos meses anteriores que involucraban a menores de edad, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas.

El informe del Instituto Casla indica que docenas de personas estaban detenidas y sometidas a tratos inhumanos en varios calabozos secretos. Suju también presentó el testimonio en vivo del teniente Ronald Dugarte, ex miembro de la Dgcim, que había filmado de forma encubierta las condiciones de vida inhumanas en esos calabozos entre agosto de 2018 y febrero de 2019.

21 de marzo de 2019: Nueve de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta en la que señalaban que “la represión en curso contra [los manifestantes] ha dado como resultado un aumento espectacular de detenciones arbitrarias, asesinatos, redadas y torturas”.

Junio de 2019: El Capitán Rafael Acosta Arévalo fue detenido y torturado, y más tarde falleció a causa de las agresiones que sufrió mientras estuvo bajo custodia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

Julio de 2019: El Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos presentó una petición urgente al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura en relación con Ígbert José Marín Chaparro, detenido por la Dgcim.

Julio de 2019: El informe de la Acnudh de 2019 afirma que los servicios de inteligencia (Sebin y Dgcim) “han sido responsables del uso excesivo de la fuerza […], detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y sus familiares”.

Septiembre de 2019: El 9 de septiembre de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que su Oficina había documentado “casos de tortura de soldados y otros detenidos arbitrariamente”.

30 de septiembre de 2019: El 30 de septiembre de 2019, la periodista venezolana Alexandra Belandia colocó en Twitter un video que muestra a fuerzas policiales mientras torturan a personas detenidas en el Centro de Coordinación Policial de Anaco.

Diciembre de 2019: El Informe del Instituto Casla sobre la tortura sistemática en Venezuela, registra los testimonios de 83 víctimas de tortura.

Junio de 2020: Un informe publicado por Robert F. Kennedy Human Rights y Foro Penal sobre las desapariciones forzadas revela un aumento significativo en los casos de tortura en 2018 y 2019. En el documento se explicó que 95% de los militares víctimas de desaparición forzada eran propensos a ser torturados.

El informe también recoge datos de Foro Penal que indican que, entre enero y septiembre de 2019, 73 personas sufrieron actos de tortura; 53 eran militares y 20 eran civiles.

Septiembre de 2020: El Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos reafirmó que las fuerzas de seguridad y específicamente el Sebin y la Dgcim, aplican tortura sistemáticamente.

3. Desapariciones forzadas

En cuanto a las desapariciones forzadas a manos de fuerzas de seguridad del Estado, la OEA detalló que tienen carácter sistemático y generalizado, pues son parte de una política de represión del gobierno de Nicolás Maduro.

2018 y 2019: La ONG Provea registró 199 casos de desaparición forzada en Venezuela entre 2000 y 2018, casi en su totalidad impunes.

2018 y 2019: Alfredo Romero, Director Ejecutivo de Foro Penal, ha informado que su organización documentó 200 desapariciones forzadas en 2018, y 498 en 2019.

26 de abril de 2019:  El diputado de la Asamblea Nacional, Gilber Caro, fue detenido arbitrariamente por agentes de inteligencia. Se desconoció su destino y paradero durante varias semanas.

28 de abril de 2019: Ígbert José Marín Chaparro fue detenido y no se obtuvo noticia de su paradero hasta el 16 de julio de 2019. Se le negó todo acceso, comunicación o visitas de familiares.

21 de junio de 2019: Rafael Acosta Arévalo fue detenido por hombres armados no identificados, después de lo cual se desconoció su paradero durante siete días.

Julio de 2019: El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias declaró que “sigue recibiendo casos que reflejan un cuadro de desapariciones por períodos breves de opositores políticos o personas percibidas como tales, y de sus familiares, así como de manifestantes pacíficos en la República Bolivariana de Venezuela”.

19 de junio de 2020: Robert F. Kennedy Human Rights y Foro Penal informaron de 724 casos de desapariciones forzadas en Venezuela, entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019; en 2018 se reportaron 200, y en 2019 se reportaron 524.

2 de julio de 2020: Un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que su oficina documentó casos en que personas fueron objeto de desaparición forzada: “Casi todas las personas detenidas por la Dgcim fueron sometidas a desaparición forzada durante un breve plazo posterior a su detención y antes de ser llevadas ante el juez. Las autoridades no confirmaban el paradero de las personas a los familiares ni a los abogados durante períodos que solían oscilar entre lo siete y los 40 días, lo que suscitó preocupación por el incremento del riesgo de tortura y malos ratos”.

Septiembre de 2020: La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos concluyó que existen motivos razonables para creer que opositores políticos, militares y otros disidentes han sido objeto de desapariciones forzadas de corta duración.

4. Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad

En el Informe de la OEA de 2018 se determinó que existía “fundamento razonable para creer que en el territorio de Venezuela se han cometido actos de encarcelación u otra privación grave de la libertad física que pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad” y que “se trata de miles de encarcelaciones”.

En el documento se detallaron los tipos de detención por pertenecer a la oposición al gobierno de Maduro, así como estar en contra de sus políticas. Por participar en manifestaciones y ser un disidente de las políticas maduristas.

Del 1° de mayo al 31 de julio de 2018: Foro Penal informó que, durante ese período, 102 personas fueron arrestadas arbitrariamente. A finales de julio, había 248 prisioneros políticos en custodia y el número total de civiles juzgados ante jurisdicción militar era de 801.

Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2018: Foro Penal informó que durante ese período 42 personas habían sido detenidas arbitrariamente, y que 492 habían sido detenidas arbitrariamente desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2018.

Enero a mayo de 2019: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que, según Foro Penal, de enero a mayo de 2019, “fueron detenidas por motivos políticos” 2.091 personas, la mayoría en el contexto de las manifestaciones.

Enero de 2019: Según Amnistía Internacional, entre el 21 y el 31 de enero de 2019, las autoridades detuvieron arbitrariamente a 988 personas, entre ellas a 137 niños y niñas. Tan solo el 23 de enero se registraron 770 arrestos. Según varios de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, 11 periodistas fueron detenidos arbitrariamente los días 29 y 30 de enero.

Febrero de 2019: Foro Penal informó que en febrero de 2019 se registraron al menos 107 detenciones arbitrarias, relacionadas con las manifestaciones por el ingreso a Venezuela de ayuda humanitaria. Según varios de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, durante febrero y la primera semana de marzo, al menos 20 periodistas fueron detenidos arbitrariamente.

Julio de 2019: En julio de 2019, la Acnudh informó que había documentado “un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares –particularmente de mujeres– de presuntos opositores políticos”. También informó que, tras examinar numerosos casos de detención arbitraria en Venezuela.

Octubre de 2019: Foro Penal informó que, desde enero de 2014, había documentado un total de 15.177 detenciones arbitrarias, 848 civiles detenidos o juzgados por un tribunal militar y 3.233 presos políticos en Venezuela. Al 21 de octubre de 2019 todavía seguían detenidos 429 presos políticos.

2 de julio de 2020: Un informe de la Acnudh “observó un patrón de detenciones ilegales, detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías procesales de las personas que presuntamente habían participado en acciones de desestabilización del Gobierno”.

Septiembre de 2020: La Misión internacional Independiente de Determinación de Hechos destacó varios casos en los cuales la detención arbitraria fue un instrumento para reprimir a personas por su afiliación, puntos de vista o expresión política.


  • Artículo publicado en Proiuris el día 04/12/2020

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