Maduro legaliza la explotación de oro en seis ríos de Venezuela

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Foto aérea del daño ambiental que ha ocasionado el proyecto del Arco Minero en Venezuela, específicamente en el Río Cuyunía - Arianna Arteaga.

El régimen ha girado la válvula permitiendo el crimen en la zona. Que haya declarado aptos los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruarí, Cuyuní y Caroní significa que la violencia seguirá reinando


 

Ymarú Rojas / ABC (España) – 28/04/2020

Las cuencas vitales para la Amazonía siguen siendo exprimidas y transgredidas por el régimen de Nicolás Maduro. La amenaza a la biodiversidad de Venezuela ha sido indetenible y ha puesto en riesgo también a la población, conformada por más de 54.000 indígenas; a la fauna y flora que ahí habita. El 8 de abril, el Gobierno chavista declaró seis ríos del estado Bolívar (sur) aptos para la explotación de oro y diamante dentro del proyecto del Arco Minero, que se ha traducido además en un proyecto ecocida desde 2016 cuando se aprobó desde Miraflores la actividad minera, denunciada por los pobladores, por organizaciones ambientalistas y rechazada por la Asamblea Nacional que dirige el presidente interino Juan Guaidó, por ser ilegal y perjudicial.

A mediados del año pasado, Maduro anunció el Plan de Minería 2019-2025 para posicionar las fortalezas y potencialidades de la actividad minera «como eje impulsor» de la economía del país y como alternativa a las reducidas entradas económicas del mercado petrolero. Para entonces, el líder chavista hablaba de que Venezuela tenía que convertirse en una potencia minera con su nocivo proyecto al cual definía paradójicamente como ecológico. El plan tiene como finalidad generar una entrada de 33.000 millones de euros, gracias a la exploración y explotación de 13 minerales, entre ellos el oro, diamante, bauxita, hierro, níquel, feldespato y fosfato, con alianzas de empresas nacionales e internacionales.

El Arco Minero contempla una zona de 111.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 12,2% del territorio venezolano, mayor a la superficie de Portugal. Según el régimen venezolano, solo en oro se podrían extraer 2.236 toneladas que representa unos 94 mil millones de euros. El país es la quinta reserva de oro en el mundo, y Maduro aspira que llegue al primer lugar.

Maduro dijo en junio de 2019 que con ese dinero se invertirá en la educación, en la salud, alimentación, construcción de viviendas y servicios del pueblo; pero Guaidó denunció el martes pasado que el chavismo usa la minería ilegal para financiar el régimen, mientras está en bancarrota y al que muchos países les han dado la espalda, principalmente Estados Unidos, que recién denunció que desde Caracas se opera una red de narcotráfico.

Un grupo de personas extraen ilegalmente oro en el Estado Bolívar – Reuters.

«La mina es muerte»

El régimen ha girado la válvula permitiendo el crimen en la zona. Que haya declarado aptos los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruarí, Cuyuní y Caroní significa que la violencia seguirá reinando, porque el Arco Minero del Orinoco, además de haberse convertido en el epicentro de la destrucción ambiental, ha servido para que los «sindicatos» (mafias) se instalen a sus anchas en el estado Bolívar donde también han tenido amplia participación y control los grupos guerrilleros como el ELN, amparados por las Fuerzas Armadas venezolanas. El régimen por su parte solo se ha limitado a decir que la actividad «es sustentable, conserva la diversidad ambiental y respeta a las comunidades indígenas que hacen vida en estas zonas».

Los pavorosos daños que ha ocasionado el Arco Minero a la región han sido denunciados y también fotografiados por la periodista Arianna Arteaga, quien ha impulsado el turismo venezolano junto a su madre, la periodista y viajera, Valentina Quintero. «Lo más doloroso de ver esto desde el aire y registrarlo, es haber conocido todos estos lugares cuando eran prístinos, magníficos, cuando eran puro potencial para la visita amable, respetuosa de la naturaleza. Saber que han muerto entre las fauces de la mina, quién sabe cuántos pemones que alguna vez vivieron plenamente con el trabajo que daba el turismo. Esto no es solo un ecocidio, esto es un crimen social, cultural y un duro golpe a los derechos humanos no solo de los indígenas de la zona, también de todos los venezolanos y de la humanidad entera. Si el agua es vida, la mina es muerte», respondió Arteaga a ABC.

La diputada María Gabriela Hernández del Castillo, presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional aseguró a ABC que el dragado en los ríos implica «contaminar con mercurio, y otros que podemos estar desconociendo, pero el mercurio es veneno para la vida, y significa contaminar las aguas y toda especie viviente alrededor. De todas las actividades depredadoras que ha autorizado el Gobierno en parques nacionales esta es la más dañina porque afecta directamente los cauces de seis ríos importantísimos de la región».

El ecocidio provoca, además del envenenamiento de las aguas, «la deforestación y el convertimiento de los ríos en desiertos. Esto ocasiona también el desvío de los cauces que pueden ocasionar desbordamientos e inundaciones, e incluso la inutilidad de la represa del Guri (hidroeléctrica más grande del país) que proporciona el 70% de la energía a Venezuela», explicó Hernández. La actividad minera patrocinada por el chavismo ha afectado igualmente a las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Sanema, Yanomami y Jivi que pueblan sus riberas, consumen sus peces y beben sus aguas.

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