OCCRP: Cómo algunos generales del Ejército se beneficiaron del Estado venezolano

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Familiares del ministro de la Defensa Valdimir Padrino López obtuvieron divisas a través de Cadivi y montaron una red de empresas y propiedades en Estados Unidos y Venezuela.

La ley venezolana es muy clara. Y no en una sino en varias de sus expresiones: es ilegal que funcionarios públicos utilicen su cargo en beneficio personal, ya sea directamente o a través de un tercero asociado, como un familiar


 

Efecto Cocuyo (Venezuela) – 11/04/2020

El Club de los 35, así bautizó OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Projectal grupo de generales venezolanos que habilitó empresas para contratar con el Estado a través del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

La ley venezolana es muy clara. Y no en una sino en varias de sus expresiones: es ilegal que funcionarios públicos utilicen su cargo en beneficio personal, ya sea directamente o a través de un tercero asociado, como un familiar. Eso incluye capitalizar las conexiones personales para obtener contratos estatales. Lo establece la Constitución en su artículo 145 y la Ley contra la Corrupción en su artículo 12.

Sin embargo, de acuerdo a la plataforma de investigación, los miembros del Club de los 35 “se relacionan con 41 empresas privadas habilitadas para contratar con el Estado. Fueron fundadas a partir de 2004 y se concentran en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo. En total, obtuvieron más de 220 contratos a lo largo de los años. También se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad, la venta de equipos de salud, la importación de juguetes y el turismo”.

El general que más contratos acumula es Hernán Akhnanton Noguera Mejía con un total de 47 inscritos en el RNC. A través de su empresa de catering, la Asociación Cooperativa Andina de Festejos, organizó un asado para 600 funcionarios del Seniat, el servicio nacional de aduanas e impuestos. En un acto de entrega de patrullas y motocicletas a policía regionales, en el marco de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, le alquilaron carpas e incluso palmeras para la ceremonia. La empresa fue fundada en 2010, solo un mes después de que lo ascendieran al grado de teniente coronel.

Aunque, según los registros filtrados a OCCRP, Noguera solo gana alrededor de 9 dólares mensuales, en su perfil de Facebook publicó información sobre vacaciones en el extranjero, incluyendo viajes a Italia, España, Israel, Malta y Mónaco. En 2010, estuvo en un crucero por el Mediterráneo.

Según el reportaje, publicado en la plataforma de investigación internacional, obtuvieron acceso a los sueldos de los militares, una información que en Venezuela no es pública.  De allí resultó que un teniente gana en promedio 6,30 dólares mensuales, mientras que el salario de un general alcanza sólo 8,90 dólares.

También publicaron otro trabajo de investigación en el que revelan cómo familiares del ministro de la Defensa Valdimir Padrino López obtuvieron divisas a través de Cadivi y montaron una red de empresas y propiedades en Estados Unidos y Venezuela.

En algunos casos, OCCRP encontró pruebas de que los generales crearon empresas en los mismos sectores económicos en los que se desenvuelven.

Un ejemplo es el del general Jesús Rafael Villamizar Gómez, quien trabajaba en Miraflores y  se convirtió en secretario y accionista de la empresa de seguridad Asociación Cooperativa Seguridad y Protección Universal 1204. En 2016, lo nombran comandante de la Brigada Especial de Protección y Aseguramiento Presidencial, un puesto clave tras las repetidas denuncias de conspiraciones para asesinar a Maduro, según aseguran,  el general Villamizar no contestó a las preguntas enviadas.

Algunos de los miembros del Club de los 35 incluyeron a familiares en sus empresas para mantener sus negocios en secreto. OCCRP encontró por lo menos cinco generales con parientes en puestos clave en sus compañías.

Mencionan, entre otros, al general Carlos Alessandro Cestari Infantini, que en 2016 se convirtió en gerente general de tecnología de información y comunicaciones del Seniat. Según OCCRP, el alto oficial y su esposa, Mariangel Arruebarrena, son dueños de Geringtel Inversiones, una empresa de informática, construcción y publicidad que cuenta entre sus clientes al ministerio de Defensa, el Banco del Tesoro y el Saime, el organismo de identificación y migración.

En el reportaje publican testimonios de varios militares que cruzaron la frontera y migraron hacia Colombia. Uno de ellos narra cómo fue testigo de actos de corrupción, otro lo resume así: “La lealtad hacia el régimen de Maduro es obtener algún beneficio. Yo obtengo beneficios del régimen y yo estoy con el régimen”, indicó. “Eso es la lealtad, por eso es que no se voltean”.

Si quiere leer el reportaje completo haga clic aquí: https://www.occrp.org/es/revolution-to-riches/how-venezuela-bought-military-loyalty

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