Por primera vez, una víctima presa querelló a los funcionarios venezolanos que lo detuvieron, robaron y torturaron

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Juan Carlos Guillén Rosales demandó a funcionarios de Dgcim por tortura.

El abogado y capitán retirado Juan Carlos Guillén Rosales responsabilizó de los abusos a quien comandó los operativos, el funcionario de la Dirrección de Inteligencia chavista Juan Bautista García Arocha, alias El Gavilán y a otros oficiales


 

Sebastiana Barráez / Infobae (Argentina) – 15/08/2022

Nadie imagina que puede vivir el horror que en algun momento significa ser detenido, torturado y amenazado por funcionarios que se supone están obligados a cumplir la ley y a garantizar el estado de derecho de todos los ciudadanos y que por el contrario se convierten en victimarios. Eso lo vivió el abogado y capitán retirado Juan Carlos Guillén Rosales, quien decidió querellarse contra las personas a quien responsabiliza de su detención arbitraria y sus torturas, incluyendo a quien comandó las acciones, el funcionario de la DGCIM Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán. Es una acción inédita de una de las cientos de víctimas de tortura en Venezuela.

La juez de control del circuito penal de Apure, Carolina Ojeda, notificó al comisario de la DGCIM Apure que admitió la querella que Guillén presentó, en el asunto penal 1C-23-414-22 contra los funcionarios: comisario Juan Bautista García y los agentes Edgar Almaudoz, José Salomón Barco Contreras, José Lorenzo Silva González, Yarumi Figueroa y José Flores Pérez, “por los delitos de privación ilegítima de libertad, tortura, trato cruel, tratos inhumanos y degradante y robo”.

En el documento, que Guillén Rosales hizo manuscrito, destaca que se encuentra privado preventivamente de libertad en las instalaciones de la GNB, por orden del Tribunal Primero de Control del Circuito Penal de Apure, por delitos de corrupción propia agravada, abuso de poder del juez y agavillamiento.

El texto del abogado que denuncia las torturas que sufrió.

“Acudo ante su competente autoridad a fin de interponer querella, según lo establecido en el artículo 274 y subsiguientes del Código Orgánico Procesal Penal, como víctima de detención arbitraria, tortura y trato cruel y simulación de aprehensión por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de los estados Apure y Guárico”.

Además de los funcionarios ya mencionados de la DGCIM, el abogado Guillén señala a los agentes I y/o II con credenciales, 0773, 6581 y 1493 como responsables de los hechos atroces en su contra, cometidos “a partir del 12 de enero 2022 hasta la actualidad, ya que esos funcionarios ejercían tortura psicológica durante cada traslado a los tribunales”.

Los señala de torturas y otros tratos crueles cometidos en su contra los días 24, 25 y 26 de diciembre 2021. “los hechos se desarrollaron en 3 fases: el 10/12/2021 fui víctima de una detención arbitraria y privación ilegítima de mi libertad por los funcionarios de la Base de Inteligencia Militar número 32 (BCIM32) de San Fernando de Apure”.

Puntualmente dice que Garcia Arocha, Almandoz, Barco Contreras y Silva González al trasladarlo desde su sitio de detención hasta la BCIM32 “me despojaron de 1.750 USD, reloj, lentes, pendrive, entre otras cosas”, que no aparecieron en la cadena de custodia.

Juan Bautista García Arocha alias «El Gavilán».

Las fases de la tortura

“Desde el 10 hasta el 14 de diciembre 2021 compartí celda, en Dgcim, con el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez. El 10 de diciembre fui confrontado con María Argelia Salazar Pinto ante el comisario jefe Juan Bautista García para establecer la pertenencia de un celular encontrado en la vivienda de ella. Desde el 10 de diciembre hasta el 14 fui víctima de tortura psicológica y robo por parte de los funcionarios”.

“La segunda fase fue cuando me trasladan desde la Bcim32, el 14 de diciembre, a otra base de Contrainteligencia Militar situada entre Apure y Guárico, que no pude reconocer por estar encapuchado y esposado. Desde el 14 hasta el 24 de diciembre, el comisario jefe Juan Bautista García Arocha ordenó a los funcionarios de la otra base que me torturaran, me dieran trato cruel pero sin dejarse ver por mi persona; a raíz de esto no me quitaron la capucha, me esposaron a una litera con ambas manos, comía y utilizaba el baño una sola vez al día, y durante la noche me trasladaban en un vehículo por caminos irregulares, me bajaban, me colocaban un arma en la cabeza simulando matarme, posteriormente me subían al vehículo, me golpeaban y regresaban de nuevo a la base”.

El abogado Guillén Rosales relata, como tercera fase, la que se inicia casi a las de la mañana de la Navidad del 2021, cuando fue trasladado “hacia San Juan de Los Morros donde me entregaron a funcionarios de la Región de Contrainteligencia Militar de Los Llanos, me cambiaron de vehículo, me quitaron la capucha y las esposas, indicaron que me quedara tranquilo y firmara la hoja de derechos constitucionales con fecha 23 de diciembre 2021 a las 9 AM, por las buenas o por las malas. Me trasladan a la sede de la Dgcim en el Fuerte Conopoima, me esposaron a una litera, comí solo una vez al día y me dieron receso solo una vez; en la noche me encerraron en un baño de 1.5 mt x 1.5 mt, donde dormí esposado contra la pared y el lavamanos”.

“El 25 de diciembre me sacaron del baño y me trasladaron al CICPC San Juan de Los Morros para la reseña y examen médico forense, posteriormente me presentaron al tribunal Tercero de Control del Circuito Penal de Guárico quien legitimó la aprehensión y declinó competencia al Primero de Control Judicial de Apure, ordenando mi traslado a dicho centro”, ese día se repite las condiciones en las que estuvo la noche anterior.

En el Fuerte Conopoima funciona una base de la DGCIM.

Ese mismo día 25 lo trasladan, a las 6 de la mañana, “en el vehículo que decomisaron, a la Base 32 San Fernando y luego al Tribunal Primero de control Apure, donde manifesté estos hechos, solicité cambio de centro de reclusión diferente a Dgcim, examen psicológico, amparándome con la Constitución Nacional y la Ley Especial para prevenir la tortura y otros tratos crueles y denigrantes”, hasta esa fecha aparecen responsables los funcionarios con credencial 0773, 6581 1493.

Destaca que en los traslados desde el centro de reclusión a los tribunales lo torturan psicológicamente. Los funcionarios “arbitrariamente toman fotos a las boletas de traslados subsiguientes para seguir controlando mi proceso penal”.

“Muy respetuosamente, en mi comisión de víctima por detención arbitraria, prevención ilegítima de la libertad, tortura, trato cuel y simulación de hecho punible, solicitó que sea admitida la presente querella, se inicie la respectiva investigación de los hechos aquí plasmados por el Ministerio Público con competencia en Derechos Fundamentales a fin de esclarecer y buscar la verdad que permita definir a los autores para la atribución de las responsabilidades penales correspondientes”, finaliza el agogado y militar Guillén Rosales.

En la DGCIM funciona una dirección especial que ha cometido tortura, muerte y violenta la ley.

Inédito

La gran cantidad de denuncias contra funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) pocas veces ha tenido respuesta por parte de jueces y fiscales que se niegan a registrar las denuncias. Por primera vez, aún estando detenido, una víctima de tortura, se atreve a introducir una querella contra sus victimarios como lo hizo el abogado Guillén contra alias Gavilán y sus sublternos.

Alias Gavilán se encuentra a su vez detenido desde que hace unas semanas fue imputado por lo ocurrido con el funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas (CICPC) Juan Ángel Pantoja Carreño quien fue detenido, torturado y murió en manos de la DGCIM.

Juan Ángel Pantoja Carreño.

El jefe de la casa base de la DGCIM, Juan García Arocha, fue demunciado en reiteradas oportunidades por violación de derechos humanos y por asumir funciones fuera de la ley, basado en el apoyo que recibe del jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim, teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga.

El teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la DAE.

El abogado Juan Carlos Guillén Rosales, con residencia en Caracas, fue contratado por el dueño de un hato, para que lo representara judicialmente en el fronterizo estado Apure. El letrado se presentó ante el tribunal con los alegatos necesarios para demostrarle al juez Carlos Alberto Jaimes Gómez que la orden de detención que dictó contra su cliente por tenencia de explosivos en el hato El Chaparralito estaba errada, porque él se encontraba detenido en la DGCIM Caracas desde hacía tres años cuando la DGCIM Apure pide su detención como responsable de lo encontrado en el hato.

El juez revoca la medida, ordena darle libertad al dueño del hato y que le devuelvan la propiedad. Guillén solicita una inspección en esa finca para determinar que no hubiese algo dejado por los funcionarios antes de que su cliente la ocupara. Se dirgió hacia el tribunal a buscar los documentos y regresar a Caracas: en el trayecto fue detenido por los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a órdenes de Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán.

Aun sin entender por qué estaba siendo detenido pero pensando que se quejaría ante el tribunal por lo que estaba ocurriendo, no solo la detención sino el maltrato desconsiderado por parte de los funcionarios de inteligencia, Guillén Rosales fue llevado a la casa base de la Dgcim en Merecure, municipio Biruaca del estado Apure. El jurista no sospechó que se acercaba a terribles horas de tortura y dolor, cuando para su asombro, sentado en el piso y esposado tenían al juez Jaimes Gómez. El abogado relató después a su familia y amigos que jamás llegó a sentirse en tal estado de indefensión.

El juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, preso por emitir sentencia.

El 12 de enero 2022 Guillén fue presentado para la audiencia de imputación, ante el juez Juan Aníbal Luna Infante y la fiscal 10 Luisa Castillo, denunció cómo fue sometido a tortura en la DGCIM, además de haber sido amenazado él y su familia. Ni Luna ni Castillo se dieron por enterados ante el gravísimo hecho de violación se derechos humanos y al debido proceso.

Por otra parte, es importante destacar que los funcionarios que estaban en la casa base de Merecure a orden de Juan Bautista García Arocha alias Gavilán, son 21: inspector jefe Luis Alberto Uzcátegui Guerrero, Inspector Neiber Antonio Arias Herrera, subinspector Alvis Omar León Núñez y los agentes: Edgar Luis Almandoz Márquez, Luis Ángel D’Jesús Jiménez Infante, Jean Carlos Brito Ramos, Luis Javier Aguilera Machado, Manuel Antonio García Correa, Yarumy Rafael Figueroa López, Michael Enrique Medina Betancourt, Freddy Augusto Ulpyn Solano, Nehil Enrique Freites Rivas, Víctor Manuel Solorzano Rodríguez, Nixon Ricardo Mirabal Rodríguez, Rodolfo José Rodriguez Rodriguez, José Esteban Hernández Laya, Gilberto de Jesús Silva Contreras, José Carlos Flores Pérez, Greismar Luciani Torres Alvarado y Yorman Leonardo Lozada Sanz.

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