Nuevamente el tema de los activos de Venezuela en el extranjero está sobre el tapete, ¿el Gobierno de Estados Unidos podría retirar la protección en enero de 2022? La solución de fondo está en renegociar la deuda para lograr el balance entre el pago de la deuda legada y la atención de la Emergencia Humanitaria Compleja
José Ignacio Hernández G. / La Gran Aldea (Venezuela) – 02/01/2022
En las últimas semanas la situación de los activos de Venezuela en el extranjero ha vuelto a ser un hecho noticioso. Así, se ha señalado que la protección de esos activos, y en especial Citgo, está en cuenta regresiva, pues el Gobierno de Estados Unidos podría retirar la protección existente en enero de 2022. Algunos denunciaron que se habría llegado a un convenio de pago con la empresa ConocoPhillips -una afirmación que luego fue desmentida-. Las negociaciones en México han llevado a discutir quién debe “controlar” los “activos en el extranjero”, al tiempo que la prensa internacional ha destacado el riesgo de perder Citgo como consecuencia de las reclamaciones de la deuda pública legada de Chávez y Maduro. El diputado y comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del Gobierno interino, Julio Borges ha propuesto crear un fideicomiso con esos activos. La Procuraduría Especial, en cumplimiento del deber de transparencia, ha tenido que desmentir algunas de las denuncias que se han venido formulando.
¿Qué está pasando?, ¿puede perderse Citgo?
El origen de los riesgos
Lo primero que debemos entender es cuál es el origen de los riesgos sobre Citgo, y en resto de activos en el extranjero. Solo teniendo claridad en torno al origen del problema podremos definir mejor la solución.
La evidencia es muy clara: esos riesgos fueron ocasionados por las políticas autoritario-populistas que, a partir de 2003, destruyeron los mecanismos de mercado, promovieron el endeudamiento irresponsable y llevaron a la destrucción de PDVSA. El boom petrolero silenció los efectos de esa destrucción, pero lo cierto es que, para 2014, era evidente que la situación de la deuda era insostenible.
Maduro optó por mantener las mismas políticas. Sin embargo, como el sobreendeudamiento había cerrado las puertas a los mercados financieros, en 2016 Maduro decidió utilizar a Citgo para extraer recursos y así alimentar su régimen cleptocrático. De esa manera, Citgo fue obligada a emitir deuda para pagar dividendos a PDVSA, en una operación que generó demandas de acreedores de Venezuela, quienes consideraron que tales operaciones eran fraudulentas. El endeudamiento de Citgo debido al resultado de la administración de Maduro se estima en 2.200 millones de dólares.
Luego Maduro decidió canjear notas con vencimiento en 2017 por nuevas notas con vencimiento en 2020, garantizadas con el 50,1% de acciones de Citgo Holding, Inc. Este es el origen de los Bonos 2020, que, para algunos analistas era una operación conveniente. En realidad, la operación no solo era irracional desde el punto de vista financiero, sino que violaba la Constitución, como de manera unánime declaró la Asamblea Nacional en septiembre de 2016. Además, y de acuerdo con una investigación de Armando.info, personas bajo investigación criminal por su conexión con la cleptocracia de Maduro podrían haber invertido en esos Bonos. Con esta operación, Maduro logró endeudarse por cerca de 3.000 millones de dólares, colocando la mayoría accionarial de Citgo en riesgo inminente.
Finalmente, en noviembre de 2016 Maduro llevó a PDVSA a suscribir un contrato de venta con pre-pago a favor de Rosneft, garantizado con el 49,9% de acciones de Citgo Holding, Inc. Esta operación, que ha sido también cuestionada, aumentó el endeudamiento en cerca de 1.500 millones de dólares.
Cabe apuntar que tanto la emisión de los Bonos 2020 como la operación con Rosneft también fueron demandadas por acreedores de Venezuela, al considerarla fraudulenta.
Esto quiere decir que en 2016, no solo la deuda pública de Venezuela estimada en cientos de miles de millones de dólares era insostenible. Es que además, Maduro logró desviar recursos por cerca de 6.700 millones de dólares, divididos así: 2.200 millones de dólares en deuda de las empresas de Citgo, y cerca de 4.500 millones de dólares como resultado del inconstitucional e irracional endeudamiento de PDVSA, empleando a Citgo como colateral.
Sobra decir que esos ingresos fueron administrados por el régimen de Nicolás Maduro sin control alguno. Ello, sin duda, incrementó la capacidad de actuación del régimen autoritario que pudo destinar recursos para la sistemática violación de derechos humanos implementada durante las protestas pacíficas de 2017. Aun cuando es evidente, no está de más recordar que la sistemática violación de derechos humanos supone incurrir en gasto público.
Las operaciones de 2016 solo aumentaron la deuda y los riesgos sobre Citgo, con lo cual, inevitablemente, el colapso llegó: en 2017 Maduro declaró el cese unilateral de pagos de la deuda. Inevitablemente, los litigios en contra de Venezuela comenzaron a acumularse, y los riesgos sobre Citgo se hicieron inminentes. Quienes en el 2016 habían opinado que la emisión de los Bonos 2020 era una operación racional que reducía el riesgo, ahora se enfrentaron con la cruda realidad: la deuda era insostenible y, por ello, Citgo estaba en riesgo inminente, en especial, por los endeudamientos de 2016.
Con lo cual, los riesgos sobre Citgo son consecuencia directa de la implementación del modelo del socialismo del siglo XXI y sus efectos devastadores sobre la economía.
Las otras versiones
Pero hay otras versiones alternativas que pretenden reescribir la historia. Quiero destacar tres de esas versiones.
La primera es que la crisis fue ocasionada por el derrumbe de los precios del petróleo y la incapacidad del Gobierno, la oposición y la sociedad venezolana de ajustarse a ese choque. Pero en realidad, para cuando los precios del petróleo comenzaron a caer ya la crisis había comenzado.
La segunda explicación es que la responsabilidad de la crisis es de las sanciones internacionales. Pero de nuevo, cuando las sanciones comenzaron a afectar la gestión económica del Gobierno de Venezuela -2017- ya la crisis de la deuda había comenzado, al punto que Venezuela había perdido acceso a los mercados financieros. De hecho, las inconstitucionales e irresponsables operaciones de endeudamiento de 2016 fueron implementadas cuando no existían sanciones económicas.
Finalmente, para otros, la culpa es del Gobierno interino, pues nunca negoció con los acreedores y se enfrascó en litigios innecesarios. Esa afirmación se ha repetido una y otra vez sin soporte alguno, y peor todavía, ignorando o silenciando toda la evidencia que demuestra que el Gobierno interino siempre mantuvo su disposición a negociar de buena fe, lo cual demuestra es sesgo de esas denuncias.
En realidad, la evidencia muestra que el Gobierno interino siempre mantuvo abierta la puerta de la negociación. Así quedó reflejado en los lineamientos de la renegociación de la deuda de julio de 2019 que, como regla, partieron del reconocimiento de las reclamaciones legadas. Esa intención de negociación fue reiterada en diversas declaraciones de funcionarios del Gobierno interino. Recientemente, la junta administradora ad-hoc de PDVSA ha repasado todos los esfuerzos de negociación que se intentaron.
Por supuesto, toda renegociación debía celebrarse al amparo de la Constitución, procurando el balance entre los intereses de los acreedores en igualdad de condiciones y los intereses de la Nación, con el supremo objetivo de atender la Emergencia Humanitaria Compleja.
La renegociación de la deuda como solución final
Lo que no podía haber hecho el Gobierno interino era pagar solo algunas de esas reclamaciones, pues ello hubiese violado el principio de igualdad de trato definido en los lineamientos de 2019. Además, lo cierto es que el Gobierno interino no manejó ingresos fiscales para asumir una renegociación y pago de las reclamaciones firmes en contra de activos de PDVSA, cuyos montos exceden los 4.000 millones de dólares, como explicaré en la segunda parte de este artículo.
Tanto más, observo, cuando el pago de esas reclamaciones hubiese supuesto un alivio muy temporal, pues al poco tiempo lograrían acumularse nuevas reclamaciones por los cientos de miles de millones dólares que adeuda Venezuela como resultado del modelo socialista.
Además, y como se dejó establecido en los lineamientos de 2019, la prioridad entonces era -y sigue siendo- atender la Emergencia Humanitaria Compleja. Pensar en destinar recursos -inexistentes- de miles de millones de dólares al pago de deuda y no a financiar importaciones humanitarias, era sin duda una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.
La solución de fondo no reside, por ello, en pagar solo las reclamaciones más inminentes, sino en renegociar la deuda para lograr el balance entre el pago de la deuda legada y la atención de la Emergencia Humanitaria Compleja. Esa renegociación implica, entre otras condiciones expuestas en los lineamientos de 2019, definir el nivel de deuda sostenible, lo que implicará reducir el monto nominal o facial de las reclamaciones.
Mientras ese objetivo se logra, como explicaré en mi siguiente artículo, será preciso repensar la estrategia de protección de Citgo.
- Artículo publicado en La Gran Aldea el día 15/11/2021