Bien vale concluir que la crisis eléctrica y la violencia de calle son las dos más exitosas políticas del gobierno revolucionario
Víctor J. Poleo Uzcátegui / Soberania.org – 24/09/12
La respuesta es afirmativa: si fue -y si es- posible conjurar la actual crisis eléctrica. Ello admitido -y por reducción al absurdo- nos obligamos a preguntar(nos) si es inducida la actual crisis eléctrica y si no es acaso engranaje de un proyecto político llamado revolución del siglo XXI (tema que nos ocupa en la conclusión de estas notas).
Valga entonces considerar primero cómo nos viene ocurriendo esta crisis eléctrica –sin precedentes en 120 años de industria eléctrica en Venezuela-, cuando quiera que durante la segunda mitad del siglo XX construimos un muy robusto Sistema Interconectado Nacional y una muy formidable escuela de planificación eléctrica. En 1999 tuvimos nuestra primera Ley del Servicio Eléctrico, piedra angular para fundamentar una arquitectura institucional del Sector que privilegiase un sostenible modelo económico en el tiempo y, de mayor importancia, activase un crecimiento corporativo en correspondencia con una previsible expansión termo-eléctrica ya avizorada para los inicios del siglo XXI. En el mediano plazo, en efecto, los 4 desarrollos hidroeléctricos en el Bajo Caroní (Macagua, Guri, Caruachi y Tocoma; 17.000 MW) cederían su dominante posición de un 70% de la oferta eléctrica nacional a un emergente centro de gravedad nutrido de combustibles producidos por la industria petrolera (diesel y residuales, gas y Orimulsión).
El horror de la matanza de Amuay, sin embargo, nos devela una mayor dimensión de la crisis eléctrica: ella está enraizada en la crisis política del entero Sector Energía. Al igual que las industrias del petróleo-gas, la industria eléctrica compendia trágicos errores decisorios y no pocos de ellos son de antología. Así, por ejemplo, si vetar los desarrollos hidroeléctricos en el Alto Caroní (7.500 MW) fue decisión personalísima de J. Giordani, abortar el proyecto Orimulsión (nutriente de 3.000 MW en 12 países, Canadá y Dinamarca entre ellos) fue un acto de sicariato financiado por los capitales globales del carbón y del gas termoeléctricos, sicariato ejecutado por un Alí Rodríguez ya trepado a la presidencia de PDVSA en 2003. La crisis del Sector Energía, que es crisis política, bien puede caracterizarse como un hecho contra la Razón y es no otro que bloquearnos opciones a futuro. En su sano juicio, y salvo orden de La Habana, ningún gobierno conduciría la Sociedad a un suicidio por gracia de transitar a la barbarie.
La razón de ser del servicio eléctrico es el usuario eléctrico
No obstante, en oposición al usuario, es un lugar común revolucionario argüir que el servicio eléctrico es asunto de Estado y concluir, equívocamente, que la propiedad de la entera industria eléctrica ha de ser estatal. Contra-ejemplo recurrente es el caso de Francia, soslayando que es nuclear un 90% de su generación eléctrica. No existiendo dos sistemas eléctricos iguales, hay mil y una formas de organizar un sector eléctrico y, en consecuencia, es un problema singularizado para Venezuela la identificación de la mejor arquitectura institucional y corporativa de su Sector Eléctrico, es decir: identificar aquella que mejor sirve al usuario eléctrico. Así las cosas, la Ley Eléctrica del 99 quiso, antes que nada, diseñar la agenda de acciones para la erradicación de intolerables ineficiencias corporativas permitidas en CADAFE. En aras de un deseable cambio de propiedad de sus empresas filiales, la Ley ordenó la desverticalización (separación mercantil) de las actividades de Generación-Transmisión-Distribución y, con base en ello, instituir primero una Empresa Nacional de Transmisión (ENT, fusión corporativa de las líneas troncales en muy alta tensión de EDELCA, CADAFE y ENELVEN).
La ENT, un viejo desiderátum del Sector y neonata en 2001, desvertebraría una CADAFE tan ya irrecuperable como que también satisfizo en los 80’s su mandato de electrificar el país (un 95% de poblaciones mayores de 5.000 habitantes). En buena teoría de Política Eléctrica y Política Energética, la Ley Eléctrica del 99 consagró los principios fundamentales del Sector en lo económico y en lo institucional: consolidó, por una parte, el despacho económico para la óptima asignación de la oferta hidro-termo (re. OPSIS), cuidando la formación de tarifas eléctricas, mientras que, por otra parte, instituyó un Ente Regulador del Sector, cuerpo profesional independiente cuyo mandato es no otro que arbitrar los derechos y deberes del usuario eléctrico, cuidando justipreciarlos ante el Estado y las empresa eléctricas.
Privatización
En las elecciones de diciembre 1998 ocurrió un cambio de gobierno y, a la par, un cambio en la conducción conceptual del Sector Eléctrico. Estaba entonces en marcha el programa de privatización de las empresas estatales CADAFE, ENELVEN y ENELBAR, un proceso anclado en el Fondo de Inversiones de Venezuela, detentador de la propiedad, y liderado por su presidente Luis Alvaray, insigne ingeniero planificador ya fallecido. En octubre 1998 había tenido lugar la privatización del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta y el 28 de diciembre de ese año le indicamos al Directorio del FIV la conveniencia de detener el programa de privatizaciones a realizarse en el año 1999.
Sin Ley Eléctrica, alegamos razonadamente, mal podríamos desanudar los nudos del Sector y, menos aún, dibujar un creíble mapa de ruta para los capitales privados, nacionales o no, que potencialmente participarían en el cambio de propiedad de las empresas eléctricas estatales. El Directorio del FIV convino en diferir el programa privatizador hasta tanto hubiese sido formulada la Ley Eléctrica (sancionada en diciembre 1999 bajo el primer mandato habilitante). No fue así el caso del sucesor de L. Alvaray en la presidencia del FIV, un cierto A. Giner y de J. Giordani, planificador vitalicio de la revolución y, por ende, responsable político de la crisis eléctrica: ambos pugnaron fallidamente por la inmediata privatización de ENELVEN y ENELBAR.
Desnacionalización de la EDC
En abril 2000 -a apenas 4 meses de la promulgación de la Ley Eléctrica– presenciamos y rechazamos la primera gran agresión al Sector Eléctrico por el Ejecutivo revolucionario: la desnacionalización de la Electricidad de Caracas, el más antiguo (1895) y emblemático de los capitales nacionales. Con la explícita anuencia presidencial y del entonces ministro del MEM (Alí Rodríguez), la EDC fue tomada en OPA hostil por la AES Corporation, empresa norteamericana sin tradición en la industria eléctrica y cuyos capitales de inversión se vinculaban entonces al Departamento de Estado. Es nuestra conjetura, salvo prueba en contrario, que en el imaginario de la revolución larvante se ensayó la aberrante desnacionalización de la EDC como un golpe temprano a la oligarquía (inocuo propósito: 75% de las acciones de EDC estaban en manos de capitales varios, usuarios y trabajadores).
En Junio 2000 el TSJ conoció un recurso de impugnación por la violación in extenso de la Constitución y de la Ley Eléctrica (expediente TSJ 1939) fraguada en la írrita OPA accionada por AES Corporation ($1.600 millones), impugnación que fue admitida seis y medio años más tarde. Así las cosas, y para mayor injuria, los bienes en litigio de la ex EDC fueron adquiridos en 2007 por PDVSA ($730 millones), un conjunto de bienes y activos que dista mucho de ser el originario del 2000. Ab iniitio, AES Corporation vendió las empresas filiales de la Corporación EDC y sus terrenos urbanos destinados a la expansión de la distribución en la Gran Caracas.
En su pintoresco lenguaje cuartelario, el Estado Mayor Eléctrico dragonea que Caracas está blindada contra la crisis que azota al resto de la Nación; en realidad, la crisis que todavía no azota a Caracas ocurre por gracia de sacrificar la Nación a cambio de un endeble blindaje de Caracas y cuyas carencias de servicios públicos son temidas políticamente. Luego de ser arteramente descapitalizada durante 7 años por la AES Co. ante la indiferencia del Ejecutivo -y con redes subterráneas de distribución en el casco central construidas hace ya más de 50 años- la ex EDC bien pudiera brindarle a Caracas la (in)feliz sorpresa de conocer en breve de qué trata esta crisis eléctrica.
Periodistas eléctricos
La década 2003-2012 testimonia un inventario de agravios políticos y corporativos al Sistema Eléctrico Nacional. No es el caso aquí, por razones de tiempo y espacio, registrar exhaustivamente el devenir de la crisis eléctrica. Una nueva clase de periodistas se ha formado al calor de las fallas eléctricas y de la decodificación de los engaños mediáticos del Ejecutivo y sus estados mayores eléctricos. Nunca antes el servicio silencioso, como bien lo llamara Andrés Matas Axpe, había despertado el interés de los medios. Nunca antes, en efecto, los usuarios eléctricos, memoriosos o no, recuerdan haber sufrido indefensos la destrucción de su bienestar brindado por un histórico servicio eléctrico confiable y continuo. Nunca antes la actividad económica habría sido tan castigada por una clase política lumpen y lumpen en su mejor acepción marxista: individuos indeseables que, presentes en toda Sociedad, bloquean su desarrollo.
Crecer sin electricidad
Los laberintos del engaño, no obstante, aun claman por ser desnudados ante el gran público. Para J. Giordani, planificador del post-capitalismo -que no de Venezuela-, la crisis eléctrica es un triunfo del Socialismo del siglo XXI, es una suerte de milagro económico revolucionario. La Economía -quiere Giordani creer- imposta un 4.5% de crecimiento interanual, mientras que la energía no servida crece fehaciente en un 20% (en 2009-2012). Venezuela deviene así en un cisne negro, un imposible probabilístico en naciones no saturadas eléctricamente: Venezuela crece sin electricidad. El verdadero rostro de crecer sin electricidad es medible en sus heridas a la Nación. Considere la siguiente referencia numérica: en Venezuela se precisa de 1 kWh para generar $3 de Producto Interno Bruto ($300 mil millones/año). La crisis eléctrica acumula en 2009-2012 ca. 70 TWh no servidos (70 mil millones de kilovatios-hora demandados y no honrados).
En consecuencia, es válido cuantificar en ca. $200 mil millones el gracioso daño colateral que la revolución del siglo XXI ha infligido a la Economía y a la Sociedad venezolanas. Es una deuda social que trata de cómo vivir muriendo: inutilizando equipos médicos, industriales y electrodomésticos; desactivando telecomunicaciones y transacciones bancarias y mercantiles; no produciendo cabillas y cemento (insumos de la Gran Misión Vivienda); apostando a un irregular transporte masivo electrificado; estrangulando las industrias de Guayana; desactivando un 50% de las industrias manufactureras, metal-mecánicas, petroquímicas; etc. De todo ello trata, en breve, el legado habanero de un J. Giordani et al.: destruir el estado burgués, un tan hilarante como criminal proyecto político.
La Habana
Luego de los hechos de abril y diciembre del 2002, Miraflores se refugió perrunamente en La Habana y con ello se engatilló la crisis eléctrica, de manera que mal pudo ser conjurable en los años siguientes y todavía hasta hoy, una década durante la cual las fallas eléctricas mayores de 100 MW han multiplicado por 10 (de 50 en 1999 a 500 en 2011) y los tiempos de recuperación de fallas oscilan entre 10 y 50 horas. Ya en marzo 2008, valga recordar, ocurrió el primer gran colapso del Sistema Interconectado Nacional, seguido de otros 4 de similar magnitud entre 2008-2010. Si la explicación aparente de fallas indiciaba a los conductores del Sector, ya entonces era nuestra premisa, sin embargo, que la gestación y el desarrollo de la crisis eléctrica configuraban un guion de mayor complejidad política y ajeno al pensamiento racional de la ingeniería y de la economía, un guion que induciendo crisis la enmascarase en la pública y notoria incompetencia de la nomenklatura revolucionaria en funciones de gobierno.
Ciertamente que causales de la crisis son por igual la desprofesionalización, militarización y anti-planificación de la industria eléctrica, al igual que también así viene ocurriendo en la industria petrolera post-2003. Pero detrás de ello hay intencionalidad. Ya huérfana de los soviets (1989) e inmersa en período especial, sin quererlo La Habana encontró en la renta petrolera venezolana un inagotable filón de recursos financieros, un asalto transable por cruzadas misioneras de utilería (2004). Mientras que la Gran Misión Energía nos descapitaliza de centenarios e irrecuperables conocimientos petroleros y descoyunta el Sistema Eléctrico Nacional, la Gran Misión Vivienda despedaza nuestras capacidades de ingeniería constructiva. Lo grande de esta revolución rentista estriba en destruirnos como Sociedad y reemplazar nuestra Economía con gobiernos amigos, solo importando que sean amigos mercenarios prestos al abordaje: he allí el guion, guion cuya autoría post-2003 es en mucho del Ayatola del Caribe y cuya ejecución es capitaneada por su pro-cónsul en Venezuela, el notariado Ali Rodríguez.
Pero nadie da más de lo que tiene y Cuba no es excepción. La “filosofía cubana” para sistemas eléctricos está a la medida de su distribuido y endeblemente interconectado conjunto de plantas de generación térmica (4.200 MW, poco más que la Gran Caracas). El sistema eléctrico cubano es energéticamente ineficiente y de muy baja confiabilidad de servicio, amen de ambientalmente dañino, y su estadio de desarrollo se corresponde con el sistema eléctrico venezolano en los años 40. Añadiendo insulto a la injuria, más aun, Alí Rodríguez, a la sazón minpopo eléctrico en febrero 2010, invitaría a un cierto Ramiro Váldez, héroe de los fusilamientos en La Cabaña, jefaturando una misión oficial enviada por La Habana para conjurar la crisis eléctrica venezolana. Tengo para mí, conjeturas mediante, que el quid de esta visita focalizaría en sopesar el creciente costo político de la crisis eléctrica vs dimensionar su rendimiento en sembrar un estado de sumisión en los venezolanos.
Corpoelec
A la crisis estructural corporativa se le superpuso en 2009 una crisis institucional cual fue la creación de CORPOELEC y su inmediato engullimiento (sic) de las empresas eléctricas estatales y de las privadas (EDC, ELEVAL, SENECA, ELEBOL) que fueran gobiernizadas en 2007 (compradas por PDVSA). CORPOELEC es la negación de una institucionalidad fuerte y reguladora, como quiera que el Estado deviene en monopolio del servicio eléctrico y patrón único de la clase trabajadora del Sector y, de facto, instituye la minusvalía de los derechos de los usuarios eléctricos, los venezolanos todos.
En alguno de sus pintorescos pensamientos diría Alí Rodríguez, primer minpopo eléctrico, 2010-2011: hay resistencia (a Corpoelec) porque hay querencias (a las culturas empresariales históricas). También A. Rodríguez diría en enero 2012 que entrega(ba) un sistema eléctrico estable y confortable. CORPOELEC, en esencia, es tácticamente la creación por el gobierno de un único patio de confrontación, hecho a su medida, para someter a las clases trabajadoras y profesionales del Sector Eléctrico y para ello apuesta (fallidamente) al desgaste inducido por las potenciales disimilitudes entre sus varias culturas históricas. Así, por ejemplo, nada más disímil que la cultura corporativa de un trabajador de Macagua y la de un trabajador de Planta Centro; nada más disímil que la cultura de un trabajador de la EDC y la de un trabajador de Enelven.
Entiéndase bien: que sean disímiles no conlleva disonancias en actitudes y/o contradicciones de clase porque, a la postre, todas las culturas corporativas generan, transmiten y distribuyen electricidad. Que sean disímiles significa que sus misiones y visiones corporativas son diferentes histórica y geográficamente; que son diferentes en su tramado de realizaciones profesionales y en sus remuneraciones; que son diferentes en sus múltiples experiencias adquiridas en los mil y un espacios de la industria eléctrica. En fin, si hay diferencias naturales… ¿cuál es el costo-beneficio para los usuarios eléctricos y la Nación cuando se homogeinezan por fuerza a los trabajadores eléctricos?. De ello no conocemos estudio alguno, tal vez porque nunca existió. Nos preguntamos qué se preguntaría un trabajador raso de CORPOELEC de conocer el despilfarro y corrupción impunes, cuando a diario sufre de carencias de cascos, botas, y herramientas para su trabajo de calle.
En igual vena, nos preguntamos cómo explicaría H. Navarro a un trabajador raso de CORPORLEC que sus reclamos por derechos laborales no honrados son asimétricos con los privilegios de quienes dicen dirigir la corporación eléctrica y PDVSA. Respondidas estas preguntas, si algo van descubriendo los trabajadores y profesionales de CORPOELEC y PDVSA es que el gobierno socialistoide-militarista es un timador contumaz y que, en su intimidad stalinista, no los quiere porque la clase trabajadora organizada es un dique de contención al totalitarismo fascista. Tan no quiere a la clase trabajadora como tampoco quiere al conocimiento y a las clases profesionales. De allí que la raíz del proyecto socialistoide sea la desprofesionalización y, en su reemplazo, la insurgencia caprichosa de consultores y empresas iraníes, chinas, cubanas, brasileras, argentinas, etc. y todo posible por gracia de la renta petrolera.
Dineros eléctricos
En oposición a inversiones strictu sensu (i.e.: financiamiento de proyectos bajo licitación, planificación y control), llamamos dineros eléctricos asignaciones discrecionales de recursos, en su mayoría generadas en una variopinta de fuentes elusivas y nada fácil de homogeneizar, v.gr: asignaciones ordinarias y extraordinarias en los presupuestos fiscales, PDVSA, FONDEN, Fondos Chinos, fideicomisos petroleros, canjes y trueques. En junio 2003 se encuentra Alí Rodriguez en la presidencia de PDVSA y entroniza a R. Ramírez en el minpopo Energía con competencias en el Sector Eléctrico. A la sombra de ambos se va configurando un establo de delincuentes políticos. Para beneficiarios y causahabientes de la crisis eléctrica, revolucionarios de ocasión, se trata de una inopinada oportunidad que les ha facilitado acumular capitales en caso de que la revolución fracase, dictum de Alí Rodríguez ya en 1999.
En 2010-2011 los dineros eléctricos alcanzan su zénit cuando finalmente la Nación conoce, a confesión de parte (cfr. memorias 2010 y 2011 del minpopo eléctrico), que ca. $30.000 millones fueron asignados para 37 proyectos y proyecticos de generación y que, de tan extravagante volumen de dineros, no es difícil conjeturar que $6 de cada $10 califican como sobre-costos si justipreciados internacionalmente. De estos proyectos es Tocoma el buque insignia: cuesta a la fecha $7.700 millones (2.200 MW) y su ejecución ya toma 7 años, tanto como Guri II en su momento (6.300 MW). Dicho de otra forma: en Tocoma anidan ca. $4.500 millones de sobre-costos, sobre-costos que se transvasan en las relaciones gobierno a gobierno, de revolucionarios a revolucionarios, por vía de sus empresas asociadas de la clase ODEBRECHT (Brasil) e IMPSA (Argentina).
PDVSA-Estado paralelo
En Venezuela todo empieza y termina en un barril de petróleo. Post-2003 PDVSA devino en un estado paralelo, epicentro del poder político, y desde allí se fragua la crisis eléctrica como engranaje de un meta-proyecto político y con un doble propósito, según sigue: (a) agenciar dineros eléctricos drenados de una creciente renta petrolera y (b) fraguar un progresivo estado de sumisión política. En efecto, las carencias eléctricas condicionan un estado de indefensión de la Sociedad y de la Economía ante el gobierno y cuando permanecen en el tiempo -como irreversiblemente viene ocurriendo- condicionan un progresivo estado de resignación, resignación que conduce a la sumisión política, un bien estudiado mecanismo de desesperanza aprendida. La crisis eléctrica deviene en sumisión política cuando quiera que las carencias de electricidad activan caos e inseguridad cotidianas en la población. Si el crimen y la oscuridad se hermanan, bien vale concluir que la crisis eléctrica y la violencia de calle son las dos más exitosas políticas del gobierno revolucionario.
Conjurando la crisis
Si acaso hubiera un cambio político en octubre 2012, conjurar la crisis eléctrica precisa de una cuidadosa amalgama de decisiones políticas y corporativas en el tiempo. Decisiones inmediatas son la reivindicación de la Electrificación del Caroní, la creación de una corporación para la hidro-electrificación de los Andes y la creación de la Empresa Nacional de Transmisión. Decisión temprana es el cambio de propiedad de las empresas de generación termoeléctricas, valga decir: reivindicar el objetivo de descadafizar CORPOELEC.
xxxxxxx
Decisiones a fecha cierta son la entrega a trabajadores y usuarios eléctricos de la propiedad de la distribución y comercialización eléctricas. La distribución y comercialización, en efecto, son las actividades más cercanas al usuario, son los espacios en los cuales se reconocen e interactúan la industria y el usuario y pueden en consecuencia sanamente inscribirse en un espectro de cambios de propiedad a manos de usuarios y trabajadores eléctricos. En el Ente Regulador habrían de interactuar en equilibrio los tres actores del Sector: los usuarios, el Estado y las empresas eléctricas.
Video: ¿Era posible conjurar la actual crisis eléctrica?
