Para la Cidh esta lista se convirtió en un instrumento de discriminación política. Ahora Diosdado Cabello dice que solicitará las firmas de los que participen en el referendo contra Nicolás Maduro
El Pitazo (Venezuela) – 24/01/2022
Hace casi 18 años se divulgó en Internet una lista en la que aparecían más de 2 millones de venezolanos que firmaron para solicitar un referendo revocatorio contra el entonces presidente, Hugo Chávez Frías. Es la famosa lista Tascón, reconocida por la población y recordada mayormente por muchos funcionarios firmantes y quienes pagaron con sus trabajos el haber participado.
Aunque la identidad de los firmantes se hizo pública en febrero de 2004, el procedimiento se inició a mediados de 2003, cuando diversas organizaciones políticas promovieron el revocatorio amparadas por la Constitución. Para Chávez esto se trataba de un «megafraude» de la oposición y pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) fotocopias de esas planillas con las firmas.
Este 24 de enero, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció que pedirá ante el CNE la lista de las personas que firmen para revocar el mandato del oficialista Nicolás Maduro. Hace casi 18 años una petición similar dejó secuelas en millones de funcionarios que fueron perseguidos.
El origen de la solicitud se remonta a principios de 2004, cuando el CNE aportó una copia de la lista al entonces diputado Luis Tascón por órdenes del mandatario de turno. Posteriormente, el exparlamentario la hizo pública en una página web, según lo reseña un informe de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) titulado Doce años de la aplicación de la lista Tascón.
Las intenciones de la divulgación de la lista eran «desenmascarar» un fraude que supuestamente estaba cometiendo la oposición: presuntamente estaba usando la identidad de personas que no habían dado su consentimiento para firmar por el revocatorio. Sin embargo, el fraude nunca llegó a comprobarse y la lista sirvió como herramienta de discriminación. Incluso, desde el presidente hasta ministros se pronunciaron contra los funcionarios que firmaron, asegurando que eran unos «traidores» que no tenían espacio en cargos de confianza.
Chávez también admitió que se usaba la lista para discriminar políticamente. Afirmó en una alocución del año 2015 que le habían llegado algunas cartas que le hacían pensar que «todavía en algunos espacios tienen la lista de Tascón en la mesa para determinar si alguien va a trabajar o no va a trabajar”.
Despidos y discriminación
Un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), titulado Democracia y derechos humanos en Venezuela, recoge que la publicación de esta lista causó inicialmente despidos de un gran número de empleados públicos, a quienes se les negó el derecho a percibir sus beneficios laborales.
«La ‘lista Tascón’ se convirtió en un instrumento de discriminación política utilizado para determinar la relación del ciudadano con el Estado en todos los ámbitos: decidir su participación en asuntos económicos, laborales o de servicios. Fue utilizada de diversas formas para excluir a ciudadanos del goce de derechos fundamentales con base en una expresión de su voluntad política», se lee en el documento de la Cidh.
Además, la Cidh dictaminó en 2018 que la lista Tascón se trató de un claro caso de discriminación política y de violación de derechos humanos en el que se desestimuló la libertad de expresión y se violaron los derechos de acceso a la justicia de las víctimas debido a la imposibilidad de obtenerla en su país.
La sentencia señala que: «La identidad de quienes han disentido del régimen del presidente Chávez ha quedado al servicio de funcionarios de los distintos entes gubernamentales para discriminar, amedrentar, influir en las decisiones electorales, despedir, humillar o apartar ilegalmente de toda la administración pública a quienes manifiesten no estar comprometidos con la revolución bolivariana».
Uno de los casos más sonados es el de Rocío San Miguel, Magally Chang Girón y Thaís Coromoto Peña, quienes fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras por José Vicente Rangel (presidente de ese organismo en ese entonces y vicepresidente de la república) luego de la publicación de la lista. Este fue el único caso que llegó a instancias internacionales cuando se agotaron los recursos en Venezuela.
La Cidh encontró culpable al Estado venezolano por la violación a los derechos políticos y libertad de pensamiento y expresión de San Miguel, Chang Girón y Peña.