Para preservar los niveles del Guri el Gobierno busca el ahorro energético por todos los medios, no sólo con racionamientos en el interior, sino con hostigamiento en la capital
Ender Marcano / Tal Cual (Venezuela) – 23/03/10
Las sanciones aplicadas el lunes por la Electricidad de Caracas a 80 altos consumidores de la región capital pueden ser tomadas como medidas de amedrentamiento para el resto de los usuarios del país, a fin de que de todas reduzcan la demanda de la nación. De esta forma el Gobierno podría atravesar con un poco más de flexibilidad los últimos 10 metros de volumen útil que le restan a la represa El Guri, antes de que alcance la cota mínima de 240 metros sobre el nivel del mar.
El ingeniero y especialista en materia energética, Víctor Poleo, considera que el Gobierno ha entrado en 100 días decisivos para evitar que se llegue a la cota mínima y se desincorporen del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 5 mil Megavatios (MW). “El tiempo no le es favorable al estado mayor eléctrico (gobierno), si a juzgar vamos por el predecible agotamiento del embalse de Guri en abril-mayo, y por la vulnerabilidad de Caracas gracias a las carencias de operación y mantenimiento en las centrales de Tacoa-Arrecifes”, comentó el ex vice ministro.
Por lo tanto, la alternativa de quienes están al frente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) es “presionar a los comercios para que ellos mismos bajen su consumo”: “Se llama violencia estructural en Psicología Social. Así es forzado a desactivar por ‘voluntad propia’ su entera demanda eléctrica por 24 horas o por 48 horas”, señaló el especialista.
Fuera de ley
Como si la suspensión del servicio por 24 horas fuera poco, Poleo comentó que las acciones de los funcionarios de Corpoelec han estado fuera de lo estipulado en la resolución de Gaceta Oficial, del 11 de febrero, en la cual se establecen las sanciones para quienes no cumplieran con la reducción del 20% en el consumo en un plazo de dos semanas.
Según Poleo, en el caso del restaurante El Tizón, ubicado en el sector de Bello Campo, los representantes de Corpoelec quisieron cobrar una multa de 1.500 bolívares a los encargados del local por no haber cumplido con la meta de consumo, cuando según la resolución oficial la única sanción era el corte del servicio por 24 horas.
Ante esto los abogados del local protestaron y presentaron sus argumentos ante los de Corpoelec, “quienes suspenden la multa en acto de benevolencia”. “A la hora del té, los usuarios comerciales e industriales de Caracas perciben el mensaje de violencia estructural y se engatilla el síndrome de Estocolmo, las víctimas colaboran con el victimario para desactivarse motu proprio 1 día, o tal vez 2”, dijo Poleo.
De esta forma, comentó el ingeniero, el mensaje del Gobierno no se queda sólo en el punto del ahorro, sino que llega al campo de lo punitivo y coercitivo, tal y como queda registrado en las declaraciones del diputado Mario Isea en las cuales señaló que los cortes a los altos consumidores deben ser asumidos como un severo llamado de atención.
«Altos consumidores conlleva un mensaje subliminal de despilfarro, de derroche de energía, lo cual es gratuito si hacemos justicia a las especificidades de comercios e industrias», mientras que el «‘llamado de atención severo’ conlleva un mensaje punitivo, coercitivo, cual maestra de primaria”.
La generación de la Electricidad de Caracas en los últimos días ha fluctuado considerablemente. El lunes 22 de marzo estuvo en 37.01 GWh, mientras que una semana atrás se ubicó en 30.81 GWh. Poleo estima que estos altos y bajos se deben o a la falta de gas para operar las plantas, o por la falta de mantenimiento en las mismas.
Justos por pecadores
La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) se dirigió ayer al Tribunal Supremo de Justicia para pedir que fuera admitida en esa instancia una demanda colectiva introducida hace año y cinco meses ante la sala constitucional por los constantes cortes en el servicio en el interior del país.
El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, dijo que “no se puede de sancionar a alguien que no es culpable de nada, pareciera que el que es el responsable, es decir el Estado, está castigando con multas y cortes a las víctimas, cuando debería más bien servir con constancia y calidad».
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