Urge que dimitan el estado mayor eléctrico y el jefe de la banda, mal pueden resolver una emergencia política sus causantes
Víctor J. Poleo Uzcátegui / Soberania.org – 26/03/10
Nos importa decodificar cómo se pretende inducir el racionamiento eléctrico en Caracas, a diferencia del resto de la Nación azotada desde al menos cinco años por un compulsivo racionamiento aleatorio, por ensayo y error, desprofesionalizado.
Caracas es un muro de contención al estado mayor eléctrico. El 13 de enero hubo un fallido ensayo de racionamiento en Caracas para los usuarios residenciales, desactivado por el gran timonel a las 11:58 pm vía La Hojilla-Canal 8, luego de que las encuestas de calle midieran un rechazo del 80%.
Fue ese un ensayo empírico para racionar 200 MW, apenas un 10% de la demanda de Caracas, un ensayo que magnifica la incompetencia de J. Alvarado, presidente de la Electricidad de Caracas (EDC), al develar su desconocimiento de los mercados eléctricos residenciales en Caracas, tal vez con asesoría cubana.
El estado mayor eléctrico ensaya ahora opresión y represión contra los usuarios comerciales e industriales, unos 7.000 establecimientos en Caracas. Dice Mario Isea (El Nacional, p. 4): «…el corte de electricidad aplicado a los altos consumidores de la Gran Caracas se debe asumir como un llamado de atención severo».
«Altos consumidores» conlleva un mensaje subliminal de despilfarro, de derroche de energía, lo cual es gratuito si hacemos justicia a las especificidades de comercios e industrias, mientras que el «llamado de atención severo» conlleva un mensaje punitivo, coercitivo, cual maestra de primaria.
Preguntamos a Isea
1.- ¿No es acaso un «alto consumo» de energía, criminal por defecto, que PDVSA hubiese guardado en cajas desde 2006 un conjunto de 6 turbinas que totalizan 1.000 MW y que, de entrar hipotéticamente en operación en 2009 en Bachaquero y Tamare, hubieran salvado 3 metros y 20 centímetros del embalse de Guri? (ver gráfico abajo). ¿Qué espera entonces Isea para activar un «llamado de atención severo» a Rafael Ramírez, oficinista bancario de Miraflores?
2.- ¿No es acaso «despilfarro» de energía el tumulto de planticas habaneras de 10 MW distribuidas aquí y acullá en la geografía nacional, ineficientes, nutridas de diesel que se obliga llevarles a grandes distancias, causando deseconomías nacionales y disminuidas ventas internacionales?
3.- ¿Indagaría el “inspector” Isea acerca del destino de $50 mil millones asignados al sector eléctrico durante 1999-2009 y la no entrada en operación de las medianas y grandes centrales termoeléctricas? ¿De La Vueltosa y Planta Centro? ¿Del por qué del déficit de gas termoeléctrico?
4.- ¿Haría Isea un “llamado de atención severo” a Ali Rodríguez, almirante del estado mayor eléctrico, en cuanto que administrador ad libitum de $4 mil millones para “resolver la crisis”, siendo como es autor del asesinato de Orimulsión y de la descapitalización de conocimientos en PDVSA en 2003?
La “Batalla de Caracas”
Cuando la crisis eléctrica devino en crisis política, último trimestre de 2009, el estado mayor eléctrico (gracioso nombre para el lumpen político en funciones) culpabilizó de nuestros males a Natura y al Caroní. A comienzos del 2010, la crisis eléctrica devino en emergencia eléctrica y, por extensión, la emergencia eléctrica devino en emergencia política.
Es política la emergencia eléctrica porque 28 millones de venezolanos somos usuarios eléctricos, hombres y mujeres, patriotas y realistas, clases A-E. No hay trucos domingueros para desvanecerla ni artilugios para engañar al “pueblo”.
El generoso Caroni podría cuasi salvar con alto riesgo un considerable déficit de potencia nunca instalada, pero las probabilidades de desactivar 5.000 MW en Guri II son altas. Con el desespero de quien se sabe culpable y desnudo ante la Nación, el estado mayor eléctrico apela ahora a una segunda ofensiva y no solo mediática.
Se trata de la “batalla de Caracas” (diría Bolívar II), son 100 días decisivos en los cuales el Gobierno confronta a la Sociedad, en Caracas. El tiempo no le es favorable al estado mayor eléctrico, si a juzgar vamos por el predecible agotamiento del embalse de Guri en abril-mayo y por la vulnerabilidad de Caracas gracias a las carencias de operación y mantenimiento en las centrales de Tacoa-Arrecifes.
Así las cosas, el estado mayor eléctrico ha identificado a los 7.000 usuarios comerciales e industriales en Caracas como objetivo de su “batalla”. Ayer vimos 80 establecimientos penalizados, percepción de amedrentamiento que debe propagar al entero universo de usuarios. El usuario eléctrico selectivamente penalizado es sometido primero a visita de 2 funcionarios CORPOELEC y otros tantos funcionarios policiales armados y ello se llama violencia estructural en Psicología Social.
El usuario es así forzado a desactivar por “voluntad propia” su entera demanda eléctrica por 24 horas o por 48 horas o, como bien quisiera La Habana, que cierren y se vayan. En adición, la multa es de 1.500 BF (inocua ante las pérdidas de un lunes cerrado), momento en el cual los abogados de CORPOELEC, perdonavidas de ocasión, se transan con los abogados del establecimiento.
El aquelarre entre abogados de uno y otro lado ocurre como sigue: que si hubo errores procedimentales, que si el acto administrativo se excede, que si se trata de (in)competencias basadas en el decreto que da plenos poderes a Ali Rodríguez (por segunda vez, la primera vez fue en diciembre 2002 ante los hechos de PDVSA). Se suspende entonces la multa por benevolencia de los abogados CORPOELEC para así subsanar un error, etc., etc.
A la hora del té, los usuarios comerciales e industriales de Caracas perciben el mensaje de violencia estructural y se engatilla el síndrome de Estocolmo, las victimas colaboran con el victimario para desactivarse 1 día o tal vez 2 días (versión manu militari de la propuesta FEDECAMARAS y de J.M.Aller). El racionamiento ha sido entonces «consensuado» y Elías Jaua (sub-presidente de la República) hace una fiesta, victoria pírrica.
En esencia, se trata de cómo racionar en Caracas y disuadir un Caracazo, sojuzgar tempranamente a Caracas en aras de disuadir conmociones sociales por venir.
Indagando entre amigos de la Europa del Este acerca de si acaso hubo analogías eléctricas de violencia estructural, concluimos que no hay precedentes en caracterizar como delito el servicio eléctrico y como delincuente al usuario eléctrico.
Ni los caraqueños ni los venezolanos somos delincuentes eléctricos por ser usuarios, ni tampoco somos responsables de la emergencia eléctrica. Urge que dimitan el estado mayor eléctrico y el jefe de la banda, mal pueden resolver una emergencia política sus causantes.