La Casa Blanca se vio forzada a crear mecanismos jurídicos para acelerar el retorno de estos capitales robados, en muchos casos las naciones saqueadas desconocen que el dinero estaba en bancos de estadounidenses
Frank López Ballesteros / Diario Las Américas (USA) – 03/10/2020
MIAMI.- A medida que fluyen las revelaciones sobre cómo en la última década el capital manejado por corruptos y mafiosos inundó el sistema financiero estadounidense con dinero opaco, los esfuerzos del Gobierno para frenar este festín no han sido suficientes y en consecuencia, han sido blanco de cuestionamiento, por el caudal de transacciones dudosas que los bancos movilizaron sin control estos años.
La repatriación de los fondos confiscados hacia los países de origen ha sido otra espina compleja en este caso. En la última década la Casa Blanca se vio forzada a crear mecanismos jurídicos para acelerar el retorno de estos capitales robados, pero en muchos casos las naciones saqueadas desconocían que el dinero se guardaba en bancos de Estados Unidos. Y el Departamento del Tesoro, incluso, tampoco lo sabía.
Los tribunales estadounidenses retuvieron más de 3.200 millones de dólares en activos asociados a la corrupción extranjera hasta 2017, de acuerdo con el último dato reportado por el Departamento de Justicia (DOJ). De ese botín al menos 500 millones ha sido repatriados a los países afectados en los últimos tres años.
Los FinCEN Files basados en más de 2.100 informes secretos presentados por una decena de bancos a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por su siglas en inglés) y compartidos por BuzzFeed News con el Consorcio Internacional de Periodistas, revelaron en septiembre las formas en que cientos de millones de dólares “contaminados” fluyeron libremente a través del sistema financiero global.
Detrás de esta compleja maquinaria se escondían cuentas, fondos y transferencias, cuyos propietarios comenzaron a relucir estos días a medida que las evidencias de sus delitos se ventilan gracias a pesquisas de la prensa.
Las interrogantes están ahora en cómo el Gobierno federal permitió esta situación y la velocidad con que decenas de casos, hasta entonces secretos, comenzarán a investigarse. Por el momento el Departamento de Justicia argumenta que se esfuerza para evitar que la “cleptocracia global” se lucre del sistema financiero americano.
Los bancos fueron más allá: cumplieron con informar, pero las autoridades eran las responsables de investigar.
Rastros del saqueo
Muchos activos en dinero o propiedades de la corrupción que se invirtieron en el país estos años estuvieron en litigaciones de confiscación, algunos actualmente están en curso y son, por lo general, complicados de resolver, admiten las autoridades.
El Departamento de Justicia actualmente sigue la pista a casos que involucran cientos de millones de dólares de activos asociados a presunta corrupción extranjera, donde sonados escándalos como el saqueo a la petrolera del Estado venezolano, o el desfalco al fondo de desarrollo de inversiones de Malasia (1MDB) están bajo pesquisa.
El de Malasia es el mayor caso de corrupción extranjera investigado en EEUU en las últimas dos décadas, con más de 1.200 millones de dólares decomisados. De 2009 a 2015, unos 4.500 millones de dólares en fondos pertenecientes al 1MDB fueron malversados por un puñado de funcionarios de alto nivel que manejaban el fondo a través de una conspiración que involucró lavado de dinero y soborno.
La banca en EEUU se sometió a estrictos controles luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero, en la práctica, las agencias federales no cuentan con suficiente capital humano y material para abrir investigaciones sobre cada uno de los miles de informes sospechosos que las entidades financieras presentan a diario.
Las regulaciones requieren que las instituciones financieras en el país eleven informes de actividades sospechosas (SAR) “cuando detectan una violación de la ley federal o una transacción sospechosa relacionada con una actividad de lavado de dinero o una violación de la Ley de Secreto Bancario”, explica el exfiscal Jonathan J. Rusch, quien sirvió como Subjefe en la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia.
A pesar de que los SAR son presentados a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), esta entidad del Tesoro no es una agencia de investigación o enjuiciamiento criminal, por lo que apenas puede ejecutar sanciones particulares. Queda de parte del FBI o Seguridad Nacional centrarse en los casos, agrega.
El problema se resume en dos hechos. Un caudal de informes sobre cientos de millones de dólares sospechosos –sin que tenga que representar un caso criminal—frente a un grupo de agencias de ley con decenas del funciones y poco personal.
“El gran volumen de reportes es considerable: FinCEN informó que, en el año fiscal 2019, más de 97.000 instituciones financieras estadounidenses presentaron más de 20 millones de informes de la Ley de Secreto Bancario. En la práctica, las agencias federales no tienen suficiente personal o recursos para abrir investigaciones sobre cada SAR que se presenta y deben decidir cómo priorizar la revisión de estos”, advierte el fiscal Rusch desde la Universidad de Georgetown donde es profesor adjunto de derecho.
Cuando se observa el andamiaje por el cual los cleptócratas canalizaron su dinero dentro de la banca estadounidense, muchas de sus inversiones no nacieron en islas paradisiacas con paraísos fiscales, sino en entidades registradas en Delaware desde donde luego se invertía en edificios de lujo en Miami o condominios en California o Nueva York.
“En la industria de los servicios financieros, cuando explota un escándalo de la magnitud de lo revelado en FinCEN File, casi inmediatamente los reguladores buscan adaptarse a esta nueva realidad y emitir normativas para evitar que estos casos se repitan en el futuro”, dice Álvaro Ruiz Osto, experto en implementación de programas antiblanqueo de capitales en instituciones financieras de EEUU.
Desde el punto de vista legal, “los bancos cumplieron con su obligación de presentar los SAR, pero el sistema les permitió hacerse la vista gorda, y el blanqueo de estos fondos continuó. Los reguladores probablemente propongan nuevos requisitos o cambios en las leyes existentes; y los bancos van a reforzar aún más sus líneas de defensa para evitar este riesgo”, sugiere Ruiz Osto, quien es especialista en jurisdicciones de alto riesgo y sanciones financieras.
La línea entre dinero opaco en la banca global y su relación con el crimen organizado, terrorismo o corrupción es muy delgada, y la banca ha sabido reconocer estos años que sus procedimientos, por su ambición de adquirir carteras de negocios y fondos, facilitaron actividades criminales.
En los últimos cinco años, y hasta 2019, las entidades financieras llegaron a acuerdos en EEUU por valor de 4.750 millones de dólares en multas o pagos para cerrar casos en los que ejercieron malas prácticas a sabiendas, o violaron leyes federales.
Hace una década el Departamento de Justicia anunció su Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia, que “redobló el compromiso en nombre del Departamento de Justicia” para recuperar fondos obtenidos por funcionarios de gobiernos extranjeros a través de sobornos y comisiones ilegales.
El exfiscal Rusch fue jefe de Gobernanza Antisoborno y Corrupción en Wells Fargo, por su experiencia reconoce que, a partir de ahora, “puede surgir un impulso a los esfuerzos legislativos, en EEUU y en otros lugares, para aumentar la transparencia de los beneficiarios reales (de esos dineros) y mejorar el apoyo público para investigaciones legales dirigidas al uso de empresas fantasma en el lavado de dinero”.
En mayo de 2019 la Cámara de Representantes aprobó la Ley de recompensas de recuperación de activos de cleptocracia que busca autorizar al secretario del Tesoro a pagar recompensas para ayudar a identificar y recuperar los activos robados vinculados a la corrupción de gobiernos extranjeros. Sin embargo, el Senado no ha dado su votación hasta ahora.
Botines y malhechores
En estos momentos Estados Unidos mantiene fondos congelados por la corrupción que pueden cerrar el año 2020 en unos 3.950 millones de dólares, según los cálculos de DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la base de informes del Departamento de Justicia.
Devolver ese dinero será otro trabajo complejo. “En el ámbito internacional, el régimen de administración de dichos activos es bastante complejo, y varía de caso en caso. Recordemos que estamos tratando con fondos provenientes de actividades delictivas como corrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; y por ende para evitar su ´blanqueo´ deben permanecer congelados”, indica el analista Ruiz Osto.
“Salvo contados ejemplos en los cuales se repatriaron los activos al gobierno de Corea del Sur o a una ONG en Kazakstán, dada la complejidad de estos esquemas, los fondos se quedan congelados”, agrega.
La ley estadounidense estimula la devolución del dinero robado a los países particulares, el problema es cuando se mezclan los fondos. “Si un blanqueador de dinero mezcla el producto del delito en el proceso de blanqueo, puede ser difícil, si no imposible, desglosar ese producto para determinar qué personas deben recibir una parte del producto”, advierte el exfiscal Rusch.
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que “Estados Unidos está comprometido no solo con proteger su sistema financiero del abuso por parte de los cleptócratas internacionales, sino también con la devolución transparente de los activos recuperados a través de un proceso negociado, legal y abierto que finalmente recompensará, en parte, a la gente del país que haya sido perjudicado”.
“Desde 2010, la Iniciativa de Cleptocracia se ha centrado en más de $ 3.000 millones en activos vinculados a la corrupción internacional y el lavado de dinero y recuperó con éxito y confiscó casi $ 2.000 millones de esa cantidad”, agregó el vocero.
La historia reciente ha demostrado que cada filtración de información ha impulsado cambios en las leyes nacionales, y en el caso de EEUU, mayores controles, pero el poder de la banca y sus ramificaciones es un contrapeso en la economía nacional. Sobre quien recaiga el control del Congreso y Senado tras las elecciones del 3 de noviembre, dependerán muchas leyes en la materia que se han prometido, por lo que un cambio en la forma en que la banca opera en la nación puede estar a punto de producirse.
- @franchuterias