En el 2019 siguieron presentes las violaciones a los contratos colectivos, a las cuales también se les sumó una política de hostigamiento contra quienes exigían sus derechos
Provea (Venezuela) – 11/05/2020
El 2019 continuó marcado por unas políticas anti laborales de Nicolás Maduro. El llamado “Presidente obrero” siguió pulverizando los derechos laborales y sin garantizar la capacidad adquisitiva de millones de trabajadoras y trabajadores venezolanos. Profundizó el al deterioro de la calidad de vida de empleados públicos y privados: con un salario mínimo en $4 que obligó a sectores diversos del campo laboral a realizar paros, huelgas y movilizaciones de calle para exigir salarios dignos y otros beneficios. Los reclamos tuvieron como respuesta represión, amenazas, despidos y sustituciones no calificadas que registramos en nuestro Informe Anual 2019.
El panorama laboral de 2019 también estuvo marcado por una dolarización de facto que benefició a una pequeña porción de los trabajadores de Venezuela, la cual ocasionó la profundización de una desigualdad cada vez más marcada entre quienes tienen acceso a divisas y quienes solo perciben salario en bolívares.
Además, en el 2019 siguieron presentes las violaciones a los contratos colectivos, a las cuales también se les sumó una política de hostigamiento contra quienes exigían sus derechos. De 811 casos de amenazas y hostigamiento registrados en nuestro Informe Anual del 2019, 405 fueron contra trabajadores, lo que representó el 50%, la mayoría estuvo marcada por docentes, personal de salud y trabajadores de empresas del Estado.
Deterioro de salarios se tradujo en protestas y paros
A finales del enero de 2020, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la economía venezolana cerró 2019 con una inflación de 9.585,5% una cifra superior al 7.374,4% divulgado por la Asamblea Nacional (AN) a mediados de enero.
Al cierre de 2019, el salario mínimo estaba fijado en Bs. 150.000, monto al que se sumaba el bono de alimentación sin incidencia salarial de Bs. 150.000. Mientras la remuneración mínima legal alcanzaba a Bs. 300.000, la canasta básica familiar ―que incluye alimentos y gastos en categorías como educación, vivienda, vestido y salud para una familia de cinco miembros― se ubicaba en 27.322.672,78 bolívares, equivalentes a 182 salarios mínimos o 546,45 dólares americanos, de acuerdo con el reporte mensual del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). El alza en un año fue de 5.776,5%.
El descontento social tiene entre sus causas la pulverización del salario. Las protestas por derechos laborales siguieron en en el 2019, con 4.756 según el balance anual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), quienes más salieron a las calles fueron los maestros con 3.714 manifestaciones en todo el año, seguidos del sector salud con 474 y los transportistas con 290.
Pero, estas acciones de calle fueron perseguidas por amenazas de la Administración de Maduro, el Sindicato Unitario del Magisterio del estado Lara denunció un “brutal acoso laboral” que ocasionó la suspensión de sueldos y apertura de expedientes que podían terminar en despidos. Según un testimonio recopilado por Provea en 2019, el cual afirmaba que estas sanciones y persecución sucedían por “el simple hecho de haber participado en las luchas”
11:05 am Urgente, presuntos integrantes de colectivos dispararon al aire para dispersar la manifestación de educadores en la avenida Urdaneta. Una vez más colectivos al servicio de la represión de la protesta social. pic.twitter.com/WYCKUVYzBl
— PROVEA (@_Provea) September 16, 2019
Estas amenazas no se mantuvieron solo en el interior del país, en el 2019 Provea documentó y denunció cómo presuntos colectivos dispararon activamente a una concentración de maestros, todo bajo la vista de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que no ejecutaron acciones de defensa contra los agresores, ni tampoco defendieron a los educadores.
“Y si nosotros seguimos en paro y no nos hacen caso, vamos rumbo a la huelga nacional de trabajadores públicos” afirmaba en octubre Griselda Sánchez, secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros en Caracas y frente al Ministerio de Educación, cuando exigían la destitución de Aristóbulo Istúriz como Ministro de Educación.
Dolarización para algunos pocos
Producto de la imposición de una dolarización de facto que se aceleró por el apagón nacional del 2019, algunos sectores laborales venezolanos comenzaron a percibir salarios en moneda extranjera, lo que aceleró la profunda desigualdad en un país con una crisis económica y en hiperinflación.
Los trabajadores comenzaron a reclamar sus pagos en dólares, sectores como el de los enfermeros realizaron paros para exigir que sus salarios fueran fijados en aproximadamente 600 dólares al cambio.
“No estamos exigiendo que la moneda venezolana sea el dólar, pero debe ir equiparado al dólar. Todavía no nos ha dado respuestas” afirmaba Betty Acosta, enfermera y miembro de la junta directiva del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Una de las tantas profesionales que no tuvieron garantizadas su calidad de vida o estabilidad laboral.
Desempleo sobrepasa el millón de personas
Después de un retraso de un par de años, el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizó las cifras de la Fuerza de Trabajo hasta 2018, cuando la tasa de desocupación se ubicó en 6,4%. Con una población económicamente activa de 16.029.529 personas, 15.011.108 personas estaban empleadas, lo que resulta en una tasa de ocupación de 93,6%. El restante, 1.018.421 personas, estaban desempleadas.
Del total de desocupados, 452.277 eran hombres y 566.144 eran mujeres, lo que indica que la tasa de desocupación es superior en las mujeres, que registran 6,6% de desempleo.
De la población ocupada, 8.929.536 personas estaban en el sector formal (59,5%), mientras que 6.081.572 trabajaban en la informalidad (40,5%), una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2017
Adiós a quienes no pudieron más
La migración forzada -producto de una emergencia humanitaria compleja en Venezuela– continuó con la fuga de talentos venezolanos en el 2019. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) alarmó que en el 2019, diversos gremios de los distintos sectores públicos alertaron sobre la escasez de mano de obra calificada, pérdida de profesionales especializados, técnicos, obreros y administrativos que debió marcharse por necesidad.
Contratos colectivos violados y aumento del hostigamiento
En el 2019 se repitieron las violaciones a las contrataciones colectivas. Provea registró que hasta 2018 apenas se suscribieron 16,2% de convenciones colectivas del sector público. Los maestros continuaron reclamando la falta de respuesta por el incumplimiento de su contratación colectiva, un sector que apenas recibió el 5% de lo que se les había prometido. La que debería ser una de las labores mejor remuneradas, se convirtió en una con eliminación de bonos y desconocimiento de aumentos regulares.
Los trabajadores de las empresas básicas de Guayana también sufrieron desmejoras laborales, quienes en el caso de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), negaron y se opusieron a la imposición de un tabulador de puertas cerradas sin los trabajadores presentes. Lo que continuó con la negación de pagos adeudados y acordados en contrataciones previas.
El hostigamiento también formó parte de las políticas laborales de Maduro en el 2019, Provea registró 405 casos de amenazas contra trabajadores de Venezuela, la mayoría fueron maestros, personal de salud y empleados públicos.
En el 2019 se vivieron una serie de apagones nacionales, que también continuaron con el deterioro del sistema eléctrico. Esto se derivó en una persecución contra trabajadores del sector eléctrico, quienes fueron criminalizados y encarcelados, como un intento de justificar la ineficiencia en la administración eléctrica de Maduro.
Una víctima de estas políticas fue Geovanny Zambrano, trabajador de Corpoelec Guayana, que fue víctima de una desaparición forzada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) entre el 11 y el 12 de marzo, además, su vivienda fue allanada arbitrariamente sin orden judicial. Para el 18 de marzo, Geovanny recibió privativa de libertad, acusado de presuntos delitos de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje.
Provea también documentó casos como el de José Mendoza, quien fue víctima de una detención el 19 de septiembre en el Helicoide, por transportar afiches de Provea que fueron calificados de “subversivos” cuando José hacía su trabajo como empleado de una imprenta independiente. José estuvo más de 20 horas detenido en la sede del SEBIN, no fue cumplida la amenaza de que fuera imputado por un tribunal penal y fue liberado el 20 de septiembre. Esta detención fue una muestra clara de la violación a la libertad de expresión y difusión cultural en Venezuela.
Caso Rubén González
El 13 de agosto, el Tribunal Militar emitió una sentencia ilegal contra el civil Rubén González, para cumplir una pena de cinco años y nueve meses de prisión. Rubén fue ubicado en el Anexo de Procesados Militares del Internado Judicial de Monagas, la llamada “cárcel de La Pica”, siendo el único civil detenido en ese recinto penitenciario militar.
La detención de Rubén ha sido en un momento donde su salud ha estado más crítica. Según información obtenida por Provea, mediante las voces de sus familiares, Rubén ha sufrido de crisis hipertensivas durante el tiempo que ha estado detenido, tiempo en el cual no ha recibido atención médica adecuada y oportuna. Esta negación a la asistencia a un preso enfermo es considerada como un trato cruel e inhumano, de acuerdo al Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura.
Desde Provea hemos sido constantes en la denuncia y exigencia de la liberación de Rubén. La voz de Rubén ha llegado a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y también a los miembros de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo para Venezuela, quienes han rechazado la condena de Rubén y exigido su pronta liberación.
En Provea seguiremos documentado, denunciando y visibilizando en materia de derechos humanos de Venezuela, mediante el documento más antiguo en el país que continúa registrando anualmente las presuntas violaciones y la situación de las víctimas.
Los derechos laborales continúan vulnerados, aquellos derechos que están velados en la Constitución de Venezuela, en sus artículos 87, 88, 89, 91, 95 y 97. Mientras Maduro siga con su política anti obrera, los trabajadores continuarán en las calles exigiendo reivindicaciones, mejores condiciones de vida y el respeto a sus derechos humanos. Desde Provea nos mantendremos para acompañar a todas las víctimas en sus reclamos.
“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho… Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales… Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad… Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga…” Derechos laborales, reflejados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Fue relevante que durante este período la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su Informe “Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela”, el documento más importante que se haya escrito sobre violaciones a la libertad sindical en Venezuela.
La Comisión constató en sus conclusiones (capítulo 7), la existencia en el país de un conjunto de instituciones y prácticas que atentan contra las garantías y derechos establecidos en los Convenios objeto de la queja. Afectan en particular a la existencia y la acción de organizaciones libres e independientes de empleadores y trabajadores, y al desarrollo de un diálogo social de buena fe en un ambiente de confianza y respeto mutuo. Estas prácticas y situaciones se insertan en un complejo entramado institucional e informal que hostiliza y socava la acción de Fedecámaras y de las organizaciones de trabajadores no afines al Gobierno. El entramado integra una multiplicidad de elementos (jurídicos, políticos, institucionales, sociales, etc.), algunos de los cuales reflejan problemas sistémicos en el funcionamiento del estado de derecho en el país.
De manera general, las conclusiones de la Comisión alertan sobre:
i) un persistente y grave hostigamiento de la acción de Fedecámaras y sus afiliados, así como de organizaciones de trabajadores no afines al Gobierno; y una situación de impunidad en relación con actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación, así como otras vulneraciones de las libertades civiles, sufridas por sus dirigentes y miembros;
ii) prácticas de favoritismo o promoción de organizaciones paralelas y de discriminación, suplantación e injerencia en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines, e injerencia en las relaciones entre empleadores y trabajadores; todo ello vulnerando las garantías previstas en el Convenio núm. 87, y
iii) la inobservancia de las obligaciones de consulta tripartita sobre la fijación del salario mínimo (Convenio núm. 26) y sobre cuestiones relativas a la promoción de la aplicación de las normas internacionales del trabajo (Convenio núm. 144), así como la ausencia de diálogo social en los términos preconizados por las Normas de la OIT.
Si desea descargar y difundir el capítulo Derechos Laborales del Informe Anual 2019 de PROVEA, lo puede hacer AQUÍ.
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