Es necesario negar el absurdo cuento del ataque electromagnético, hecho que ya hemos desmentido en textos publicados en El Pitazo y que este miércoles terminó de echar por tierra la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCV
César Batiz / El Pitazo (Venezuela) / 15-03-2019
A las 4:50 pm del jueves 7 de marzo, sucedió lo que tanto se anunció. Un megapagón, la caída del servicio de energía eléctrica en todo el país. La extensión en tiempo y en cobertura geográfica fue más allá de lo imaginado. El estado Bolívar, donde está Guri, se quedó sin electricidad desde la 1:00 am hasta las 7:00 am del viernes. Luego tuvo alumbrones, con zonas donde venía y se iba la luz. En Zulia, Lara, Trujillo y Mérida duró más de 100 horas, mientras que en La Guajira, apenas el miércoles 13 llegó la electricidad por dos horas, seis días después, casi 144 horas después del inicio del megapagón.
Este evento eléctrico se explica por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional, conducido con ineficiencia e indecencia por funcionarios que en algún momento deberán explicar en tribunales, con todas las garantías de un juicio justo, sus actuaciones y responsabilidades.
Desde 2001, los expertos de la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (Caveinel) y de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado (Opsi), entre los mejores técnicos del mundo, anunciaron la necesidad de invertir en el crecimiento de oferta de megavatios y en la actualización de la infraestructura de transmisión. (Entonces hagamos foco solo en las obras termoeléctricas, sin olvidar el negocio de Odebrecht en la construcción de Tocoma).
Fue en 2004 que tras tantas recomendaciones, Hugo Chávez aprobó recursos que le tocó administrar al viceministro de Energía Eléctrica de entonces, Nervis Villalobos, quien estaba bajo la gerencia del ministro Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Esas obras no se ejecutaron en el tiempo estimado, entre ellas las cedidas por contrato a Pacific Rim Energy, una empresa de los hermanos Majed y Khaled Khalil, aquellos de atún Eveba. Pero Villalobos no salió por los errores cometidos alrededor de las termoeléctricas, sino por mentir a Chávez sobre los tiempos de construcción de la hidroeléctrica La Vueltosa.
En 2009 llegó El Niño y con ello la emergencia eléctrica. Para entonces, la industria estaba nacionalizada y los cargos gerenciales politizados. Los otrora admirados técnicos se jubilaron o renunciaron y se fueron del país. Muchos de ellos tuvieron que dejar las gerencias porque estaban en la lista Tascón. Sin ser el periodo de sequía más grave alrededor del Guri, el país comenzó a apagarse, desde las maquinarias de las empresas básicas de Guayana hasta los avisos luminosos de las carreteras. Lo que sí se alumbró fue la trampa eléctrica.
El decreto de emergencia eléctrica firmado por Chávez dio pie a la contratación de obras sin licitación y a descentralizar la contratación de obras, hecho paradójico para un chavismo con vocación centralista. Corpoelec, Pdvsa y CVG contrataron a empresas construidas con un maletín sobre un escritorio. Entonces aparecen Derwick, presidida por Leopoldo Alejandro Betancourt López; Ovarb, con una prestanombre, Sarah Curphy, como gerente general, que usó el verdadero dueño, Roberto Rincón; y KCT Cumaná, consorcio que tenía al frente a Blas Herrera.
Bariven, filial de Pdvsa, encargada de las compras internacionales, autorizó, entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, la adquisición de más de 700 millones en equipos eléctricos a estas tres empresas. El sobreprecio calculado entonces, gracias al análisis del ingeniero José Aguilar, alcanzó los $403 millones —sobre esa cifra tengo una historia con el periodista argentino Daniel Santoro, que contaré en otro espacio—. En el caso de Derwick, no solo vendió equipos, la mayoría de ellos usados y adquiridos en países como Tanzania, sino que logró contratos con Pdvsa, Corpoelec y CVG para construir las plantas sin tener ninguna experiencia en el área, con la complicidad de una compañía de EEUU, Pro Energy.
Los contratos de Corpoelec y CVG fueron otorgados respectivamente por Javier Alvarado, padre de un amigo de los muchachos de Derwick, y Rodolfo Sanz, aliado comercial de Betancourt López en otros negocios financieros.
Todo ese desastre ocurrió en el marco del blindaje eléctrico que anunció Hugo Chávez, por lo cual Venezuela no se volvería a quedar sin luz ni que viniera un Niño o una Niña —fenómenos climatológicos—. Pero la promesa del fallecido exmandatario nunca se cumplió, porque lo que le vendieron no se concretó. De los 19.000 megavatios termoeléctricos instalados, solo 2.500 están activos. Si hubieran funcionado el 7 de marzo, la falla por el incendio de la maleza habría sido mínima.
Pero allí quedan algunos nombres y sus responsabilidades. Hay que esperar que los termine de alcanzar la justicia. Al menos, ya en tribunales de España, Andorra y EEUU, Villalobos, Alvarado, Rincón y Herrrera figuran en diversos casos. Sanz pasó una gris gestión como alcalde de Plaza, sin que se le abriera una investigación por comprar chatarras eléctricas para Sidor. Ramírez no ha sido mencionado públicamente en tribunales por casos de corrupción en el sector eléctrico. Él asegura que no tiene ninguna investigación abierta y dice desconocer lo que hicieron y por qué lo hicieron los mencionados arriba. Los muchachos de Derwick se pavonean de no tener juicios abiertos, mientras se muestran ostentosos al comprar propiedades en España EEUU y Francia, además de bancos en Costa de Marfil y Senegal y una empresa fabricante de lentes de sol en España. También participan en la explotación petrolera en Venezuela con Petrozamora, una empresa mixta donde hasta ayer tenían socios rusos (Gazprombank), que obtuvieron gracias a su apoyo a Chávez durante la emergencia eléctrica, según dijo su operador financiero, Charles De Beaumont.
Lo preocupante es que esas trampas eléctricas se extiendan a nuevos tiempos con otros protagonistas. Me refiero a quienes utilizando los proyectos elaborados por los expertos eléctricos José Aguilar y Miguel Lara, se presentan ante organismos multilaterales, en nombre del gobierno interino de Juan Guaidó, a plantear inversiones por $50.000 millones para recuperar el sector eléctrico, cuando el proyecto original de Aguilar y Lara calcula $15.000 millones, dinero que, por cierto, no será regalado a nuestras futuras generaciones. Cuidado Guaidó, con los nuevos tramposos eléctricos.
Pitazos finales
Es necesario negar el absurdo cuento del ataque electromagnético, hecho que ya hemos desmentido en textos publicados en El Pitazo y que este miércoles terminó de echar por tierra la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCV con un informe sobre la falla que ubica como origen un incendio de la maleza que afectó la línea de 765 Kv, tal como lo informó El Pitazo en exclusiva el viernes pasado. Esa historia ni el mismo Nicolás Maduro la puede fingir.
Como parte de esa matriz, el colega y amigo Luis Carlos Díaz fue encarcelado por 24 horas y lo dejaron bajo presentación en un tribunal cada ocho días. El trabajador de Corpoelec Geovanny Zambrano está desaparecido en Guayana, a más de 14 horas de Caracas, tras denunciar hace algunos meses que un megapagón como el visto podía suceder en cualquier momento.
Queda claro que Luis Carlos es víctima del capricho de alguien con el poder de torcer la verdad usando recursos del Estado, mientras que Zambrano es el chivo expiatorio de las culpas de una gestión que solo sabe encontrar responsabilidades en los enemigos externos. Todo esto ocurre sin importar que en el país estén los investigadores de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.