Informe Bachelet sobre Venezuela: ejecuciones, torturas y desapariciones

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“Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, Michelle Bachelet. (Archivo).

El informe destaca la violación de los derechos humanos en Venezuela, aunque el lenguaje es inofensivo para el régimen chavista


 

Emmanuel Alejandro Rondón / PanAm Post (Latinoamérica) – 03/07/2020

Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, presentó un nuevo informe (ver anexo al final) sobre la situación que enfrenta Venezuela en esta área, con base a los hechos ocurridos entre junio de 2019 y mayo del 2020. En el documento se denuncian varias de las atrocidades perpetradas por las fuerzas de seguridad de la tiranía de Nicolás Maduro: ejecuciones, torturas, desapariciones forzosas, persecución a la disidencia y detenciones arbitrarias.

El informe de 17 páginas presentado este jueves consiste en presentar las denuncias sobre posibles violaciones de derechos humanos, aunque también se resalta la situación política, económica y social que atraviesa el país.

Ejecuciones por parte de las fuerzas del régimen

Una de las denuncias más graves es la presunta ejecución de 38 hombres jóvenes realizadas por las fuerzas del régimen. El período en el que se habrían efectuado los asesinatos sería entre mayo del 2019 y mayo del 2020, en los estados de Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, Sucre y Zulia.

A las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) se le atribuyen 23 de los 38 homicidios, siete al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), tres a los colectivos armados, dos a la Policía Nacional Bolivariana, uno a la Dirección de Investigaciones Penales, otro al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) y uno a la Guardia Nacional Bolivariana porque ocurrió bajo custodia. “El patrón identificado en estos casos es similar al descrito en el informe de la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos de julio de 2019, se aclara en el documento.

“Las víctimas de las muertes documentadas por el ACNUDH eran todos hombres jóvenes, en su mayoría de menos de 30 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos de barrios desfavorecidos caracterizados por altas tasas de delincuencia”, se espeta en el documento, añadiendo datos sobre la situación social de las víctimas y destacando que algunas tenían antecedentes penales, mientras que otras no los tenían y fueron objeto de venganza personal o “su muerte se debió a un error de identificación”.

Los colectivos siguen infundiendo terror

Uno de los puntos abordados por la alta comisionada son los ataques de los colectivos armados del régimen contra “los opositores políticos, manifestantes y periodistas”; hechos que ocurrieron bajo la complicidad de la tiranía y sus fuerzas del orden.

El informe también destaca la inconstitucionalidad del estado de alarma impuesto por el régimen. Este ha superado los 60 días que establece la Constitución y tampoco fue aprobado por la Asamblea Nacional, tal como lo estipula la carta magna.

Cabe resaltar que poco se tocó en las denuncias sobre cómo ha crecido la persecución y represión a partir de la extrema cuarentena implementada por la tiranía chavista. Si bien se mencionan puntos como “persecución al personal de salud por denunciar la falta de insumos o por criticar la respuesta a la pandemia”, la realidad es que el informe fue muy leve en esta circunstancia excepcional, que ha sido aprovechada por la tiranía para someter aún más a la población.

En el informe también se señalan las irregularidades en las detenciones, la persecución a los medios de prensa y las restricciones a la libertad de expresión y el derecho a manifestarse: “ACNUDH documentó las restricciones al derecho a la libertad de los manifestantes, los profesionales, medios de comunicación y de los trabajadores de la salud, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. También documentó las violaciones al debido proceso para personas acusadas de delitos tales como la traición, la rebelión, la incitación pública, la conspiración, el intento de asesinato, el terrorismo y la financiación de actividades terroristas”.

Casos de tortura, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias a comunicadores

El informe de la ex presidente Bachelet contó que 17 manifestantes en todo el país fueron detenidos por manifestarse a pedido de una mejora de los servicios públicos. Entre los detenidos había menores de edad y adultos mayores, lo más grave de esta denunciar fueron tres casos de tortura y una agresión sexual a manifestantes detenidos el 20 de mayo en el estado Lara por miembros de las fuerzas de seguridad del chavismo.

No solo hubo amenazas y detenciones arbitrarias contra la ciudadanía por ejercer su derecho a protestar, sino también para los comunicadores: “Cuatro profesionales de medios de comunicación fueron víctimas de detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad, y siete fueron objeto de medidas cautelares dictadas por un juez mientras esperan ser juzgadas”.

En el caso de las torturas, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, fue una de las direcciones de la tiranía más señaladas en el informe. Según los datos proporcionados por el ACNUDH «casi todas las personas detenidas por la DGCIM fueron sometidas a desaparición forzada durante un breve plazo posterior a su detención y antes de ser llevadas ante el juez». El documento espetó que las autoridades no confirmaban el paradero de las personas ni a los familiares ni a los abogados durante períodos que oscilan entre los siete y los 40 días, esto «suscitó preocupación por el incremento del riesgo de tortura y malos tratos».

La ACNUDH señala que las personas privadas de libertad eran interrogadas por los servicios de inteligencia de la tiranía después de su detención “tanto en las instalaciones de la DGCIM como en lugares no oficiales y desconocidos”.  Las víctimas habrían sido objeto de “malos tratos y de torturas”. Según los relatos recopilados por el ACNUDH, tales actos tienen por objetivo principal intimidar y castigar a las personas detenidas, y arrancar confesiones o incriminar a terceros mediante vídeos o declaraciones escritas. “Las denuncias de tortura física de personal militar o ex militar eran comunes, mientras que las personas de perfil alto, tales como los parlamentarios, no reportaron haber sufrido abusos físicos”.

Persecuciones a personal médico y detenciones a la disidencia

Los profesionales de la salud que han denunciado la falta de insumos médicos y las notorias carencias de los hospitales han sido objetos de persecución, y tres de ellos están detenidos arbitrariamente «por denunciar la falta de equipos básicos, facilitar información sobre la COVID-19 o criticar la respuesta del Gobierno a la pandemia».

Hay que recordar que los médicos son los más afectados en plena pandemia, pues están arriesgando sus vidas para enfrentar las enfermedades sin ningún tipo de protección y con un sueldo mínimo que no supera los cinco dólares para costear sus necesidades.

El ACNUDH también «documentó 110 casos de personas, entre ellas tres mujeres, procesadas penalmente por delitos tales como traición, rebelión, incitación pública, conspiración, intento de asesinato (del presidente), terrorismo y financiación de actividades terroristas. Entre ellas, 63 son miembros de las fuerzas armadas y 47 civiles. Sesenta casos se sometieron a la jurisdicción civil, de los que 48 comparecieron ante tribunales especializados en terrorismo, y 50 (entre ellos 12 civiles) se sometieron a la jurisdicción militar”.

Lo bueno y lo muy malo del informe

Michell Bachelet y su comisión denuncia y da a conocer las ejecuciones, las desapariciones forzosas, las torturas y las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de la tiranía de Maduro. No obstante, resulta irrisorio y hasta obsceno destacar tan reiteradamente «la buena predisposición» del régimen chavista para facilitar información y ayudar con la transparencia. Si a estas alturas aún se cree en la “buena fe” de una tiranía que asesina y tortura hay muchas cosas que se está haciendo verdaderamente mal.

“El ACNUDH acoge con agrado el aumento de la cooperación con las autoridades para promover el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos gracias a su presencia en el país. El ACNUDH también manifiesta su satisfacción con los esfuerzos del Gobierno para comprometerse aún más con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular con el sistema de procedimientos especiales, y mediante el establecimiento de un mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento”. Fragmentos como este se repitieron a lo largo del texto. Recibir con agrado «el aumento de la cooperación» del chavismo es como agradecer a un asesino por regalarte una pista de su crimen, es inevitable preguntarse cuánto habrá maquillado el régimen sus atrocidades para pasárselas en limpio a las Naciones Unidas.

Tampoco son objetivos varios de los párrafos donde se hace un esfuerzo evidente por lavarle la cara al régimen en su desastre económico. Si Venezuela hoy está quebrada, sin alimentos, medicinas, con el sistema de salud devastado, con el aparato petrolero destruido, es responsabilidad del chavismo con su corrupción, ineficiencia y la maldad de dejar a los venezolanos dependientes de su sistema socialista. No de las sanciones, como se quiere hacer creer en varios de los fragmentos del informe.

“Los esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía, aumentar los salarios y mantener la cobertura de los programas sociales han resultado insuficientes para garantizar un nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales, en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad (…) Las sanciones económicas sectoriales y el consiguiente “over-compliance” del sector financiero han exacerbado esta situación, entre otras razones, por la importante disminución de ingresos del Estado que podrían haberse destinado a la realización de los derechos económicos y sociales”. ¿En qué parte se le da la responsabilidad al régimen de la debacle económica? Las Naciones Unidas, deliberadamente, apunta con el dedo a las sanciones que, en realidad, no afectan a la economía del ciudadano venezolano como se ha comprobado, pero se olvida de señalar los errores de la tiranía a los que solo les adjudica «esfuerzos insuficientes».

Sería irresponsable no señalar el cómo la ONU ha sido servil a la izquierda global desde hace mucho tiempo. Los ejemplos son continuos y en el caso Venezuela tampoco se han quedado atrás para favorecer al narcorégimen: aún los reconocen como gobierno e incluso los hizo formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un hecho que fue muy criticado en su momento.

Hay que dejar bien en claro que hay hechos irrefutables, donde el lenguaje diplomático y los eufemismos terminan como una retórica colaboradora y poco contundente. Si la comisión ha determinado que, en Venezuela, no hay respeto y sí violación a la libertad de pensamiento, de expresión, a los valores democráticos; que se persigue a la disidencia; que la mayoría de los venezolanos hoy no tiene la capacidad económica para adquirir una canasta básica; que la desnutrición y el hambre son cada día mayores; que los medicamentos básicos hoy son un lujo y que los servicios básicos están cada día más deteriorados, ¿cómo es posible que aún se esté abogando por soluciones políticas a través de mecanismos insuficientes como el diálogo o falsas elecciones?, ¿cómo es posible que el lenguaje del informe vaya evidentemente en contra de las sanciones en favor del victimario (régimen) y en detrimento de las víctimas (los venezolanos)? Este tipo de situaciones son las que hacen perder credibilidad a las Naciones Unidas.

Un ejemplo de ello es que, después de criticar la intervención de la justicia chavista a partidos opositores y el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la preocupación la expresidente chilena se redujo a que estas medidas “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”, siendo que la propia naturaleza chavista impide que esto se lleve a cabo.

En el mismo informe señalan que «El ACNUDH siguió documentando restricciones a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión y asociación pacíficas y al derecho de participación en los asuntos públicos, que han continuado restringiendo el espacio cívico y democrático en el período previo al proceso electoral». Como ellos mismos deben entender: en Venezuela no puede haber ni diálogos ni elecciones con el chavismo, solo un cambio de régimen puede cambiar la situación actual.

Si en verdad las Naciones Unidas quiere demostrar determinación en la defensa de los derechos humanos, debe dejar los rodeos y apuntar al régimen de Maduro como una tiranía perpetradora de violaciones a los derechos fundamentales. Han sido veinte años de torturas, desapariciones, asesinatos, persecución y detenciones arbitrarias. ¿Hasta cuándo se le va a permitir al monstruo chavista seguir cometiendo crímenes?

El informe de Bachelet tiene apuntes importantes, cómo no, pero también escribe evidentes errores. Alguien que desconoce el caso Venezuela, lastimosamente, se puede llevar una imagen errada del chavismo como sistema político.

“Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó Michelle Bachelet, de ser cierto, hay que empezar a demostrarlo.

ANEXO: Informe Bachelet Junio 2019 – Mayo 2020

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