Informe de HRW denuncia las “atrocidades” cometidas en Apure por fuerzas de Maduro

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El conflicto armado en la zona fronteriza ha dejado al menos 5.800 personas han huido del estado Apure hacia Colombia.

La organización Human Rights Watch denunció las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas en Apure por fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro


 

NTN24 (Colombia) – 26/04/2021

Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) pone en evidencia los “abusos aberrantes” cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro contra la población del estado Apure, durante operativos contra grupos armados en la frontera con Colombia.

HRW señala que la ofensiva inició el pasado 21 de marzo donde distintas fuerzas de seguridad venezolanas ejecutaron a al menos cuatro campesinos, realizaron detenciones arbitrarias, procesaron a civiles ante tribunales militares y torturaron a residentes acusados de colaborar con grupos armados.

“Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, destaca el texto.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, asegura que “las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”.

El conflicto armado en la zona fronteriza ha dejado al menos 5.800 personas han huido del estado Apure hacia Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Pese al apoyo que prestan organizaciones humanitarias y las autoridades colombianas, los albergues se encuentran hacinados y la asistencia humanitaria es insuficiente.

Asimismo, el 5 de abril, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la detención de 33 personas que serían procesadas ante la jurisdicción militar. El ministro manifestó que se habían desmantelado seis campamentos de “organizaciones terroristas” y que se había “dado de baja” a nueve “terroristas”. También reportó ocho casos de soldados muertos y 34 heridos.

Human Rights Watch entrevistó, entre marzo y abril, a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono. Entre ellas se incluyen 38 personas que habían huido de Apure, así como abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. La mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela y hablaron bajo la condición de que no se divulgaran sus nombres ni otros datos que permitieran identificarlos.

La organización también examinó información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas y otras pruebas, así como fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia. Sin embargo, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información realizados por Human Rights Watch.

“Los venezolanos desplazados manifestaron que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, así como también por los aberrantes abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas”, agrega el informe.

Además, señalan como responsables de los abusos a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN), a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional (GN) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

Los entrevistados explicaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron, sin orden de allanamiento, en viviendas de familias de la localidad de La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa. Los residentes, en su mayoría campesinos, fueron sacados por la fuerza de sus hogares sin órdenes judiciales para detenerlos. Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.

Las fuerzas de seguridad ingresaron por la fuerza en varias viviendas y saquearon o destruyeron efectos personales, comida y enseres del hogar, según los residentes. Algunas familias se encerraron dentro de sus viviendas por varios días y luego huyeron a Colombia. Quienes tienen doble ciudadanía –venezolana y colombiana– temían que las fuerzas de seguridad venezolanas consideraran que eso era prueba de que tenían nexos con grupos armados.

Human Rights Watch pide:

A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela:

Analizar de forma oportuna las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia de género perpetradas por las fuerzas de seguridad venezolanas en Apure, incluidos los casos que se documentan en este informe.

Analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en estos abusos, y de los comandantes y autoridades del más alto nivel que habrían ordenado abusos o podrían tener responsabilidad por no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir delitos o exigir que los responsables rindan cuentas por sus abusos.

A la administración del presidente de Colombia Iván Duque:

Llevar a cabo un censo integral en Arauca de todos los venezolanos y colombianos que se vieron obligados a huir de Apure, incluidos aquellos que en la actualidad no se alojan en albergues, y garantizar a los desplazados la posibilidad de acceder a un estatus legal en Colombia.

Asegurar que quienes llegan a Arauca tengan acceso a asistencia humanitaria básica, incluyendo comida, alojamiento, equipos de protección personal y otros insumos de higiene necesarios para prevenir la propagación del Covid-19, atención médica que incluya acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y acceso a agua potable y sanidad básica.

Implementar efectivamente la declaratoria de “situación de calamidad pública”, decretada el 6 de abril en Arauquita, la cual conforme al derecho colombiano permitiría asignar más recursos del gobierno nacional a los esfuerzos humanitarios para brindar asistencia a los desplazados venezolanos y colombianos en Arauquita.

A los gobiernos donantes y los organismos humanitarios internacionales:

Apoyar las iniciativas para que las autoridades de Arauca que administren albergues creados para alojar a los miles de desplazados que huyeron recientemente de Apure cuenten con ayuda humanitaria suficiente.


  • REDACCIÓN NTN24 CON INFORMACIÓN DE HRW

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