Internacionalistas proponen contrademandar al Reino Unido y a Guyana por disputa sobre el Esequibo

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Para el internacionalista Kenneth Ramírez, la sentencia de la CIJ parte de un razonamiento jurídico equivocado y es una decisión controvertida.

Ramírez, autor del Libro Blanco sobre el Laudo Arbitral de 1899, enumera algunas de las pruebas más sólidas que tiene Venezuela a su favor para probar que fue despojada injustamente de 159.000 kilómetros cuadrados de territorio


 

Ibis León / Efecto Cocuyo (Venezuela) – 25/12/2020

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) propone presentar una contra-demanda (demanda reconvencional) contra el Reino Unido y Guyana para solicitar la nulidad absoluta del llamado Laudo de 1899, la devolución de la Guayana Esequiba como territorio venezolano ilegítimamente ocupado por el Reino Unido y administrado de facto por Guyana y el resarcimiento económico por los daños y perjuicios ocasionados por el Reino Unido a Venezuela.

Esto luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJse declarara competente para juzgar la controversia y aceptara la demanda interpuesta por Guyana a pesar de que Venezuela desconoce su jurisdicción.

“Esta es una controversia provocada por acciones colonialistas del Reino Unido en el siglo XIX que lesionaron la integridad territorial de Venezuela y son incompatibles con los propósitos y principios de la Carta de la ONU de conformidad a la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y no debemos permitir que la Parte británica eluda sus responsabilidades y que Guyana se siga victimizando internacionalmente siendo Venezuela quien sufrió el despojo de una quinta parte de su territorio”, expone el Covri en un comunicado publicado este miércoles 23 de diciembre.

El doctor en relaciones internacionales y presidente de Covri, Kenneth Ramírez, explica que esta contrademanda debe validarse antes con la convocatoria de un referendo aprobatorio que respalden los venezolanos porque es un tema de soberanía nacional que establece el artículo 10 de la Constitución.

Además recomiendan al Ejecutivo convocar urgentemente al Consejo de la Defensa de la Nación como máximo órgano de consulta del Estado venezolano para reevaluar la estrategia seguida y acudir a la CIJ para dar una defensa más activa y eficaz del territorio en disputa.

Ramírez subraya que es necesario acordar la conformación de un equipo nacional de expertos sin distinción ideológica, nombrar a un agente-negociador calificado a tiempo completo y fortalecer la asesoría legal externa complementaria con juristas de reconocida trayectoria litigante ante la Corte.

Presionar la negociación

El Covri considera necesario que las autoridades venezolanas soliciten a la Corte la paralización de las concesiones mineras y madereras en la Guayana Esequiba (de las que se beneficia Guyana) como medida cautelar para presionar una negociación entre las partes.

La CIJ declinó la solicitud de Guyana de resolver la controversia sobre la delimitación de las aguas marinas y submarinas, uno de los puntos que más le interesa al país caribeño, y esto puede representar otra ventana de oportunidad para que las partes en conflicto resuelvan la controversia tanto terrestre como marítima de manera equitativa. “Guyana aún puede desistir de su demanda y reencausar esta disputa por la vía diplomática”, señala Ramírez.

Una sentencia controvertida

Para el internacionalista Kenneth Ramírez, la sentencia de la CIJ parte de un razonamiento jurídico equivocado y es una decisión controvertida “que va en contra del principio del consentimiento (nunca dado por Venezuela para este caso) y pone en entredicho la legitimidad de la Corte”.

“Obviaron el principio del consentimiento para dar jurisdicción a la Corte y lo sacrificaron revisando el Acuerdo de Ginebra en función del principio de efectividad, según el cual los tratados deben tener un efecto útil. Pero a su vez reconocen que esto es una controversia política y que podría no ser resuelta con una sentencia en fase de mérito”, cuestiona.

Pruebas a favor de Venezuela

Ramírez, autor del Libro Blanco sobre el Laudo Arbitral de 1899, enumera algunas de las pruebas más sólidas que tiene Venezuela a su favor para probar que fue despojada injustamente de 159.000 kilómetros cuadrados de territorio. Estos son:

  • El Memorándum de Severo Mallet-Prevost (publicado en 1949) que confirma que el presidente del Tribunal Arbitral de 1899 extorsionó a los árbitros estadounidenses que representaban a Venezuela para que acordaran una decisión favorable a los intereses británicos.
  • Severo Mallet-Prevost fue uno de los abogados estadounidenses que representó a Venezuela y, según Ramírez, también existen cartas de su autoría en donde narra los vicios del proceso. Estas misivas son incluso previas al memorándum de 1949.
  • El Tribunal Arbitral de París también desconoció el acuerdo de 1850 entre Venezuela y el Reino Unido en el que la parte británica reconocía las tierras aledañas al río Cuyuní (territorio en reclamación) como de indiscutible soberanía venezolana en 1850.
  • El internacionalista también argumenta que a Venezuela se le impidió su derecho de asignar abogados venezolanos para defender sus legítimos títulos; el laudo no tiene motivación lo cual es una causal de nulidad; y hay evidencia concreta de que se adulteraron los mapas que se presentaron ante el Tribunal Arbitral para despojar a Venezuela de una parte de su territorio. “Venezuela tiene cartas en las que la oficina de la colonia británica señala cómo los mapas fueron adulterados”, expone el especialista.
  • Por si fuera poco, el país también cuenta con documentación que prueba que Inglaterra en una Memoria Oficial, al momento de reconocer la independencia de Venezuela, proclamó lo siguiente: “Este bello y rico país se extiende por la Mar del Norte desde el Río Esequibo o confines de la Provincia de Guyana”.

Por todo esto, el Covri declara el Laudo de 1899 como una “farsa arbitral”. “Fue un compromiso diplomático y no una sentencia conforme a derecho, en donde Venezuela no estuvo representada, donde no se respetó el debido proceso, se ocultaron pruebas, se despreciaron las reglas acordadas, se incurrió en exceso de poder al decidir sobre asuntos que no se habían sometido a la jurisdicción del tribunal, hubo una falta absoluta de motivación de lo decidido y el presidente del Tribunal recurrió a la extorsión”, señala.

Contraargumento

Ramírez explica que el contraargumento de Guyana es que Venezuela ejecutó el Laudo “ignorando que fue forzada a cumplir con esta decisión bajo coerción”.

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