Venezuela debe dar la batalla por el Esequibo ante la CIJ, afirman internacionalistas

0
8
El órgano de justicia internacional examinará los argumentos en relación con la validez del Laudo Arbitral de 1899.

La decisión de Guterres se debe, en parte, a que Venezuela no hizo el trabajo político que debía hacer para convencer a la oficina del secretario general de que la CIJ no podía ser escogida como un medio de resolución del conflicto


 

Ibis León / Efecto Cocuyo (Venezuela) – 22/12/2020

La estrategia de Venezuela de no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como mecanismo de protesta y desconocimiento es “ineficaz y adversa” para los intereses de la República, advierten internacionalistas.

Aunque sostienen que la Corte no tiene jurisdicción para dirimir la disputa por el territorio Esequibo, entre otras razones, porque Venezuela no dio su consentimiento –de acuerdo con el principio de soberanía– para que la CIJ pueda juzgar sus controversias, el proceso que inició el órgano judicial de las Naciones Unidas seguirá su curso y Venezuela debe dar la batalla legal en defensa de su territorio.

La especialista en derecho internacional público, Sara Fernández explica que de acuerdo con los artículos 53 y 60 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el caso va a continuar y la sentencia resultante será vinculante independientemente de que una de las partes en disputa decida no participar.

“Las sentencias de la Corte son inapelables. Si no participamos perdemos la posibilidad de formar parte del proceso, de controlar la prueba que se lleve, de presentar experticia sobre por qué el Laudo (de París de 1899) no es válido”, alerta.

El abogado internacionalista Simón Gómez coincide en que el Ejecutivo y la Cancillería venezolana deben reconsiderar la estrategia de no participar. “Creemos firmemente que es necesario participar para que Venezuela pueda elevar y presentar pruebas y alegatos en razón de por qué este Laudo es nulo e írrito, es necesario conformar un equipo con los especialistas más competentes para la defensa de los intereses de la República”, afirmó.

¿Qué decidirá la Corte?

Los especialistas señalaron que el órgano de justicia internacional examinará los argumentos en relación con la validez del Laudo Arbitral de 1899, lo que tendrá consecuencias directas en el territorio en reclamación y, por ende, en  la delimitación fronteriza entre Venezuela y Guyana.

¿Por qué la CIJ se declaró competente?

La intervención de la corte tiene su origen en la decisión del secretario de las Naciones Unidas Antonio Guterres de remitirle a esta instancia la disputa por el Esequibo amparándose en el artículo 4, numeral 2, del Acuerdo de Ginebra, que lo autoriza a escoger un mecanismo de resolución de conflictos si las partes (Venezuela y Guyana) no logran alcanzar un acuerdo.

El especialista en derecho internacional Mariano de Alba considera que la decisión de Guterres se debe, en parte, a que Venezuela no hizo el trabajo político que debía hacer para convencer a la oficina del secretario general de que la CIJ no podía ser escogida como un medio de resolución del conflicto.

También recuerda que el actual secretario de la ONU solo ejecutó la decisión que tomó su predecesor Ban Ki-moon quien dio un plazo de un año a los Estados para que llegaran a un acuerdo y advirtió que se elegiría a la Corte si no prosperaba una negociación.

No obstante, De Alba sostiene que la CIJ se declaró competente para conocer el caso interpretando “equivocadamente” el Acuerdo de Ginebra y la Carta de las Naciones Unidas.

El abogado argumenta que si bien es cierto que el secretario de la ONU puede elegir cualquier mecanismo, incluyendo el “arreglo judicial”, según el artículo 4, numeral 2, del Acuerdo de Ginebra, no puede reemplazar la voluntad de un Estado soberano; así que se requiere que Venezuela manifieste inequívocamente su consentimiento para que la CIJ juzgue la controversia.

“La Corte siempre ha dicho que la manifestación de consentimiento tiene que ser inequívoco; es decir, que no haya lugar a dudas y la posición histórica de Venezuela siempre ha sido de no querer arreglar esta disputa a través de medios judiciales y de no reconocer la jurisdicción de la CIJ”, subraya.

Otro error en el que incurre la Corte, según el abogado, es interpretar el término “arreglo judicial”, que establece el artículo 33 de la Carta de la ONU, como si fuera una referencia directa a la CIJ.

“El artículo no dice que uno de los medios es la CIJ aunque este sea el órgano judicial de la ONU, se refiere de una forma general a un arreglo judicial. No hay una referencia directa de un consentimiento de las partes de ir a la CIJ”, expone.

Pese  a la oposición de Venezuela, la corte llevará adelante el proceso porque considera que las partes en disputa decidieron dejar la decisión en manos de un tercero cuando suscribieron el Acuerdo de Ginebra que señala que “referirán” la decisión al secretario de la ONU si no logran llegar a un acuerdo.

“Para la Corte fue fácil elegir con pinzas ciertas cosas y terminar decidiendo a favor de Guyana porque Venezuela no se presentó”, afirma De Alba.

El abogado, especialista en derecho internacional, Moisés Montiel considera que la CIJ violentó la soberanía de Venezuela al declararse competente para dirimir la disputa. “La corte quiso defender la estabilidad del orden público internacional y la vigencia de los mecanismos de resolución de conflictos pacíficos, pero violentó la soberanía de Venezuela, ignoró que no puede ser sometida a la jurisdicción de la corte si ella misma no lo acepta”, subrayó.

No obstante, el profesor universitario aclaró que la decisión solo implica (hasta ahora) que la CIJ va a revisar a fondo el caso para determinar si el Laudo es válido o no y, por lo tanto, el Esequibo sigue bajo litigio.

“Una cosa es que Guyana mantenga el control efectivo del territorio, porque Venezuela no ha tenido o la capacidad o la voluntad de hacer algo y los acercamientos ideológicos de (Hugo) Chávez representaron una política bastante entreguista la cual cimentó el control del territorio, y otra cosa la situación jurídica, Guyana sigue siendo un ocupante porque el territorio sigue en litigio”, precisó.

¿Por qué a Guyana quiere zanjar la disputa judicialmente?

El abogado Mariano De Alba responde que el “arreglo judicial” es el mecanismo más adverso para Venezuela porque es difícil demostrar con pruebas concretas que el Tribunal Arbitral de París de 1899 actuó con malicia para despojar a Venezuela de 159.000 kilómetros cuadrados de territorio después de 121 años.

Mientras que Guyana requiere una sentencia de la CIJ a su favor que le sirva de garantía a las empresas con las que ha suscrito contratos petroleros para la explotación en el territorio en reclamación.

Los especialistas compartieron sus opiniones en el foro El Esequibo y la Corte Internacional de Justicia, organizado por Lotus Soluciones Legales, este martes 22 de diciembre.


  • Foto: caraotadigital.net

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.