Khan no hará más que la Bachelet

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Agencia AFP

El chavismo prefiere los laberínticos escenarios de esa justicia internacional porque tiene la certeza que, al igual que las negociaciones que adelanta con la falsa oposición tampoco llegarán a nada concreto


 

Humberto González / El Nacional (Venezuela) – 02/11/2021

He recibido algunas críticas y observaciones, las cuales he leído con atención, sobre mi cuestionamiento a la idea romantizada de la defensa de unos derechos humanos universales como fundamento para lograr sentencias de organismos internacionales condenando al régimen chavista y sus esbirros por perpetrar delitos contra las personas por razones políticas en Venezuela.

Las críticas son pertinentes porque permiten explicar con más detalle el juego de expectativas que se van creando para alimentar la ilusión de una justicia internacional que sí castiga los delitos que las instituciones cómplices del Estado chavista se niegan siquiera a examinar.

Curiosamente en el tema de las violaciones de los derechos humanos el Estado chavista repite el mismo patrón que usa en la política interna al promover jornadas interminables de negociaciones con la falsa oposición que propagan la ilusión de un cambio, pero que jamás terminan en nada concreto.

En el caso de las graves acusaciones por delitos de tortura y asesinato perpetrados por agentes del régimen por razones políticas el Estado chavista parece alentar el camino difuso de una justicia internacional que juzgue sus actos en lugar de garantizar a sus ciudadanos el acceso a la justicia nacional mediante sus propias instituciones. El chavismo prefiere los laberínticos escenarios de esa justicia internacional porque tiene la certeza que, al igual que las negociaciones que adelanta con la falsa oposición tampoco llegarán a nada concreto.

Pero, ¿de dónde podría obtener el chavismo certezas que no será afectado por esa llamada justicia internacional? Del hecho comprobable que la llamada justicia internacional con sus organismos tales como la Corte Penal Internacional no son más que una ficción jurídica. En el supuesto que la Corte Penal Internacional emita una sentencia condenatoria contra un Estado o una persona no existe un Estado por encima de los otros con la fuerza jurídica para ejecutar esa decisión.

En este caso podría entrar a operar otra dinámica, la geopolítica no el derecho, para coordinar la decisión de varios Estados y ejecutar este tipo de sentencia. Sin la voluntad y la decisión política de unos Estados poderosos, no cualquier tipo de Estados sino imperios como Estados Unidos, China o Rusia, de intervenir en los asuntos de otros esas decisiones de la llamada justicia internacional tendrían igual o menor valor que papel mojado.

Personas como Karim Khan y Michelle Bachelet no son más que empleados en las nóminas de esos organismos y su papel es justificar con una narrativa jurídica (sentencias, informes) las decisiones que han resultado de la confrontación geopolítica en un juego reservado solo para las naciones más poderosas del planeta. Unas veces, por ejemplo, Estados Unidos logrará apoyo de esa justicia internacional para avalar su intervención en otro país y otras veces, al igual que China, será condenado por violaciones a los derechos humanos sin que en ambos casos esto afecte a estos dos países o sus funcionarios.

En esta confrontación, que es más de geopolítica que de derecho, el chavismo pasa agachado porque sabe que aunque sea condenado por la violación de derechos humanos e incluso por delitos de lesa humanidad solo si un país como Estados Unidos decide intervenir entonces su estabilidad estaría en peligro. Pero mientras esto no ocurra el chavismo seguirá organizando las visitas oficiales de funcionarios como Khan y Bachelet ofreciéndoles las más delicadas atenciones diplomáticas con la seguridad de que cualquier informe o decisión que emitan, incluso si fuese condenatoria, no cambiarán la política ni los procedimientos violentos que usa el régimen para mantenerse en el poder.

Es mucho más grave la comisión de delitos de homicidio y tortura, en forma masiva y sistemática, por parte del Estado chavista y sus agentes que la invocación de violación de unos derechos humanos difusos y universales. Pero, por supuesto, se entiende que acudir a estas instancias internacionales solo confirma que los ciudadanos venezolanos estamos indefensos frente a un régimen criminal y hay que ir a buscar en otra parte la justicia que se nos niega dentro de Venezuela.

Definitivamente no estamos de acuerdo con fomentar la falsa creencia de que una sentencia de cualquiera de estas instancias internacionales podrá castigar efectivamente al régimen chavista y sus esbirros por los delitos cometidos y disuadirlos de seguir reincidiendo. A menos que, como ya se ha explicado, estemos frente a un escenario de intervención internacional. Indigna que tanta gente ponga su fe ciega y su esperanza, que es lo único que les queda, en funcionarios como Karim Khan y Michelle Bachelet para quienes los asesinados y torturados bajo el régimen chavista no son más que dígitos y no historias de horror y dolor.

Por cierto, quienes ingenuamente celebran la visita a Venezuela de Karim Khan, Fiscal ante la Corte Penal Internacional, deberían ya estar enterados que el señor Khan ha sido el abogado defensor de criminales acusados de delitos de lesa humanidad tales como el hijo de Gaddafi en Libia y William Ruto en Kenya, entre otros. La supuesta neutralidad de Karim Khan frente a los delitos cometidos por el Estado chavista desde un principio compromete su imparcialidad y lo convierten en otro aliado del régimen en esas instancias internacionales.

El trabajo que terca, metódica y pacientemente han emprendido ciudadanos y organizaciones en Venezuela para denunciar ante instancias internacionales las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen chavista tiene un mérito que sin duda debe ser reconocido. Y esto es la extraordinaria capacidad para investigar y documentar con gran detalle los delitos perpetrados, las víctimas y los presuntos implicados con precisión de nombre, rango y cuerpo policial o militar.

Esos expedientes serán la base para que en el futuro, en un régimen político republicano de ley y orden, jueces honestos, prudentes e imparciales apliquen las penas más severas de acuerdo con el derecho penal vigente en ese momento contra los esbirros del chavismo. Esa justicia impartida según el derecho positivo venezolano, aunque tardía, será mucho más efectiva que la justicia de la diplomacia internacional que hoy representan el señor Khan o la señora Bachelet.


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