La corrupción campea en Venezuela aunque existen 9 organismos para combatirla

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En la actualidad operan en Venezuela 9 organismos, unidades o direcciones, cuya tarea es proteger el patrimonio público y ejercer acciones para prevenir o sancionar los delitos contra el patrimonio público.

Otra instancia a la que Maduro le dio competencias en materia contra la corrupción fue al polémico SP3, el cual según organizaciones no gubernamentales no es más que una red de soplones y espías en las comunidades


 

Transparencia Venezuela (Venezuela) – 13/03/2020

Pese a que en la actualidad operan en Venezuela 9 organismos, unidades o direcciones, cuya tarea es proteger el patrimonio público y ejercer acciones para prevenir o sancionar los delitos contra el patrimonio público, este flagelo no hace sino crecer, de acuerdo al último Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

Hasta 2014 la lista de instancias con competencia en materia de prevención o sanción a ilícitos contra el erario nacional era integrada por la Contraloría General de la República, referente por antonomasia en esta labor; por el Ministerio Público, el cual contaba con una Dirección de Delitos de Salvaguarda que posteriormente fue rebautizada como Dirección contra la Corrupción; por los tribunales penales, encargados de castigar estos delitos; por la Asamblea Nacional, donde opera la Comisión de Contraloría que puede llevar adelante investigaciones y remitir sus resultados; y por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde funcionan las divisiones de Investigaciones de Delitos en la Función Pública y de Legitimación de Capitales.

Este grupo lo completaba la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), creada en el año 2000, como una de las primeras instancias puesta en marcha, bajo el chavismo, con el compromiso de proteger el patrimonio público y fungir como órgano rector del Sistema de Control Interno y de la Dirección de las Unidades de Auditoría Interna, de los organismos que conforman la Administración Pública Central y Descentralizada, según la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

A finales de 2014 Nicolás Maduro decidió crear otro organismo: el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, del que dijo es “institución vital para la lograr la cohesión de los tres elementos (necesarios para combatir estos crímenes) el ético-educativo cultural, el institucional-legal y el sancionatorio-investigatorio-penal”. 

Conociendo al último miembro del club

Pero el organismo creado por Maduro, gracias a los poderes especiales que recibió del anterior Parlamento para gobernar por decreto, no sería otro despacho más, sino una mega estructura, al menos a la luz del artículo 2 de la ley que lo regula. “El Cuerpo Nacional contra la Corrupción (…) es el órgano rector encargado de diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra los delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la corrupción para combatir, perseguir; sancionar, castigar y neutralizar dicha categoría de delitos. Tendrá bajo su responsabilidad organizar, controlar y supervisar en el ámbito nacional, todo lo relacionado con la prevención, educación, inteligencia, análisis e investigación en la materia”, establece la disposición citada.

Asimismo el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, el cual responde al Jefe del Estado, contempla además la puesta en marcha de una Superintendencia, de una Intendencia y de una Policía contra la Corrupción. Todas estas instancias deben cooperar con la Contraloría, el Ministerio Público y las policías para el desarrollo de su misión y viceversa, so pena de sanciones, de acuerdo con el mismo texto.

Sin embargo, cuatro años después, el organismo sigue sin contar al menos con un sitio web donde informe sobre las acciones que ha adoptado para llevar adelante su misión. En la página del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno tampoco hay ningún enlace que aporte información.

En 2015 el organismo no había logrado siquiera obtener una sede donde funcionar y apenas había realizado cinco informes, de acuerdo con la memoria y cuenta correspondiente a ese ejercicio que en 2016 entregó el Ministerio del Despacho a la Asamblea Nacional.

No obstante, desde el gobierno se aseguró que funcionarios de este mega organismo participaron en el desmantelamiento de la presunta de la mafia que operaba en la ahora extinta Red Abastos Bicentenario, operación que originó la detención 49 personas, entre ellas la expresidenta de esa empresa pública, Bárbara González, así como la exdirectora de administración de Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Bárbara Figueroa González.

Una de las últimas informaciones oficiales sobre la instancia se dio en mayo de 2019, pero no estuvo relacionada con investigaciones u otras acciones desplegadas por el organismo, sino que se refirió a la designación, en calidad de “encargada”, de Jhoana Alodia Ytriago como Superintendente del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, en sustitución de Enrique Guerra Molina, de quién solo conocemos que ejerció funciones en el Ministerio Público como Fiscal Superior en el Área Metropolitana de Caracas (2017) y Directora de delitos comunes de la Dirección General de Actuación Procesal (2018).

De los espías, a los misioneros a los auditores

Otra instancia a la que Maduro le dio competencias en materia contra la corrupción fue al polémico Sistema de Protección Popular para la Paz (SP3), el cual según organizaciones no gubernamentales no es más que una red de soplones y espías en las comunidades. Los integrantes de esta instancia pueden llevar denuncias al Cuerpo Nacional contra la Corrupción. Sin embargo, se desconoce si lo han hecho, si esas denuncias han estado justificadas y si se han traducido en acciones concretas.

Más recientemente Maduro lanzó el enésimo plan de seguridad ciudadana del chavismo: La Gran Misión Cuadrantes de Paz, que incluye entre sus tareas “la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo”. Pero se desconoce si en el marco de esta iniciativa se creará algún organismo o grupo especializado para llevar a adelante dicha encomienda.

Asimismo durante la actual administración, específicamente en 2018, se acordó que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) saliera de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sudeban) y fuera adscrita al Ministerio de Finanzas. Esta instancia tiene entre sus misiones también luchar contra la corrupción.

Esta larga lista de organismos obliga a preguntarse, entonces por qué en el último Índice de Percepción de Corrupción publicado por Transparencia Internacional el país se ubicó como el más corrupto en América Latina y el Caribe. ¿Qué está fallando? No hay una razón, sino un cúmulo de razones.

Por un lado está la falta de voluntad política para atacar el problema en realidad. La corrupción en Venezuela no es más que un eslogan. “El que quiera hacer dinero no puede estar ni siquiera en la retaguardia (del Partido Socialista Unido de Venezuela), debe estar fuera o en las filas enemigas (…) Partido y Gobierno debemos dar el ejemplo de transparencia, de honestidad a toda prueba y mucho más”. Con estas palabras, en 2007, el fallecido Hugo Chávez se refirió al asunto, sin embargo durante su gestión fueron pocos los altos funcionarios investigados o que terminaron sentados en el banquillo de los acusados por corrupción, pese a las contundentes evidencias.

Dos años después, el desaparecido mandatario volvió a tocar el tema, pero para admitir que el proceso que lideraba había sido incapaz de castigar las irregularidades administrativas y desfalcos ocurridos en el pasado, pese a que ella fue una de sus grandes banderas en la campaña electoral de 1999. “¿Dónde estará (el ya fallecido expresidente Jaime) Lusinchi, dónde vivirá, qué bienes tenía antes de ser presidente y cómo vive hoy  (el también ya fallecido expresidente) Carlos Andrés Pérez; y no solo ellos los que fueron ministros, gobernadores. Aquí hay personajes de aquella época, en Barinas hay hatos de personajes que uno conoció pata en el suelo como uno (…) y ahora tienen hacienda, sabanas y mucho ganado. ¿De dónde sacaron esa plata? (…) Esta Revolución no puede obviar esto, hago un llamado a que miremos esto. El Contralor debe llamarlos y pedirles que le expliquen de dónde sacó todo esto”, dijo.

Sin embargo, esta petición no fue atendida por el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos.

Otra prueba de la real falta de voluntad para atacar el problema es el incumplimiento en la creación de los tribunales especializados en corrupción. En 2006, el entonces presidente del TSJ, magistrado Omar Mora Díaz, anunció que se pondrían en funcionamiento 16 despachos que conocerían exclusivamente los casos relacionados con delitos contra el patrimonio público, pero en 2009 no se habían abierto y simplemente encomendó esta tarea a juzgados existentes.

La falta de fondos, recursos, capacitación y sobre todo de coordinación entre las distintas instancias tampoco ayudan en esta tarea.


Artículo publicado en Transparencia Venezuela el día 10/03/2020

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