La triste realidad de la CIDH

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El rechazo de la CIDH a la solicitud de medidas cautelares en favor de la expresidente de Bolivia, Jeanine Añez sienta un mal precedente. (Archivo).

No es un secreto que luego de la partida de Santiago Cantón como secretario ejecutivo de la CIDH, esta pasó a ser controlada por activistas del Foro de Sao Paulo


 

Jaime Aparicio Otero / PanAm Post (Latinoamérica) – 11/10/2021

Durante la Cumbre de CELAC realizada en México, la intención del grupo de democracias iliberales junto a las dictaduras de la región, fue la de dar un golpe de Estado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a Luis Almagro, a quienes los gobiernos populistas consideran su némesis. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parece no preocuparle que varios gobiernos, desde distintas y opuestas ideologías, acometan un continuo y creciente asalto al Estado de derecho y a la propia OEA.

Aunque, es evidente que la CIDH condena a Cuba, Venezuela y desde hace poco tiempo a Nicaragua, porque ya son dictaduras hechas y derechas que sería imposible defenderlas, sin embargo guarda silencio frente a gobiernos que si bien tienen un origen democrático, en el ejercicio del gobierno se empeñan en destruir el Estado de derecho y se apropian del sistema judicial para convertirlo en un instrumento de terror y represión contra la disidencia.

No es un secreto que luego de la partida de Santiago Cantón como secretario ejecutivo de la CIDH, esta pasó a ser controlada por activistas del Foro de Sao Paulo y por comisionados ligados a gobiernos de izquierda. Esta situación ha significado una transformación del “modus operandi” que afecta la tutela efectiva e independiente de los derechos humanos. Se privilegian los criterios políticos un lugar del rigor y certeza jurídica en la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cualquier investigador que revise el trato discriminatorio de las peticiones y casos individuales en los últimos años podrá comprobar la falta de transparencia con la que actuaron algunos comisionados.

Una de las raíces de esta situación es que la forma de selección, de elección y reelección de los comisionados de la CIDH sigue siendo política y dependiente de los gobiernos, lo cual permite que democracias iliberales impongan candidatos sometidos a su agenda política o que se designen candidatos sin competencia en el campo jurídico de los derechos humanos.

Una muestra clara de los problemas que señalamos es el reciente rechazo de la CIDH a la solicitud de medidas cautelares en favor de la expresidente constitucional de Bolivia, Jeanine Áñez. En este caso, los comisionados de la CIDH han tomado una decisión política antes que jurídica, anteponiendo sus afinidades ideológicas a su obligación de velar por la protección de los derechos humanos. No es la primera vez, durante los catorce años de graves violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Evo Morales, que la CIDH guarda silencio. Asimismo, la CIDH concedió medidas cautelares al exvicepresidente de Rafael Correa en Ecuador, Jorge Glas (2019) y a la activista kirchnerista, Milagros Sala en Argentina (2017), por violaciones muy similares a las que el gobierno boliviano inflige hoy a Jeanine Añez. El mensaje de los comisionados es muy claro: los gobiernos con tendencias totalitarias pueden violar los derechos humanos de sus ciudadanos, en tanto conserven una fachada democrática y comulguen ideológicamente con los comisionados de la CIDH.

La ostensible ausencia de independencia del poder judicial y el abuso de la figura de la detención preventiva en Bolivia –hechos constatados en el informe oficial del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH– descalifica cualquier prueba o argumento sustentado por el gobierno de Luis Arce Catacora en el intento de justificar la ilegal detención de Jeanine Áñez. La CIDH debió considerar esas evidencias y abusos procesales y carcelarios en contra de la expresidente que, bajo los estándares internacionales, constituyen flagrantes actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También es claro que la CIDH no considera que las pruebas y argumentos presentados a favor de la expresidente Áñez demuestran que su integridad física corre un riesgo inmediato, grave e irreparable. Para la CIDH, la presión psicológica y física diaria que sufre Jeanine Áñez ya sea por las protestas agresivas de reclusas en contra suya en la cárcel, el traslado inexplicable de una cárcel a otra, la falta de atención médica de calidad, la negativa a trasladarla a un hospital, la prohibición de visitas, o las humillaciones constantes que la han llevado a intentar suicidarse, no significan un riesgo grave e irreparable para la integridad física de Jeanine Áñez. Además de desechar las pruebas presentadas por la expresidente Añez.

¿Cuál es la motivación de la CIDH para tan incomprensible decisión? ¿Los comisionados están a la altura de su cargo y sus responsabilidades, cuando la democracia sufre en manos de gobiernos autoritarios? Su decisión ha sido claramente política, y además de poner el riesgo la vida de Jeanine Añez abre el camino a más violaciones de los derechos humanos y políticos en Bolivia. Sabemos que hay comisionados con mucha influencia que van a la reelección el próximo mes de noviembre y que requieren del apoyo de sus gobiernos, y que tomar medidas cautelares a favor de la expresidente podría afectar negativamente sus candidaturas. También es notoria la influencia del exsecretario Ejecutivo de la CIDHPaulo Abrao, persona comprometida con el socialismo del siglo XXI, quien aún mantiene influencia tanto en la Secretaría de la CIDH como sobre algunos comisionados. El señor Abrao junto a ex y actuales miembros de la CIDH se encargó de que ninguna petición o solicitud de medida cautelar sobre las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Evo Morales en Bolivia, sea admitida durante 14 años.

El rechazo de las medidas cautelares a la expresidente Jeanine Áñez, que a todas luces es injusta y guiada por intereses políticos y personales, oblicuos y desviados, va a tener consecuencias gravísimas en Bolivia. Con esto, la CIDH sienta un peligroso precedente en la región. Falta a su rol de tutela de los derechos humanos y le da una estocada a la credibilidad del Sistema Interamericano, que ha sido tan importante en la historia del continente y que ha costado tanto construir.


  • Jaime Aparicio Otero fue embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Karen Longaric fue ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia.

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