«Necesitamos apoyar militarmente a las fuerzas de la oposición en Venezuela, evitando la intervención directa de las tropas estadounidenses. Puede que no tengamos más remedio que considerar esa opción más de cerca»
Luis Fleischman / Infobae – 26/02/2020
Venezuela se encuentra bajo fuertes sanciones. El país está en bancarrota. Sin embargo, la mayor preocupación del gobierno venezolano es que los miembros de las fuerzas armadas y otros elementos que reprimen a miles de venezolanos dejen de ser leales al régimen.
Por eso, Maduro tenía que encontrar otras fuentes de financiamiento; y las encontró. En primer lugar, Venezuela es un narco-Estado. Altos funcionarios políticos y militares se benefician del narcotráfico. Venezuela ha puesto sus puertos y aeropuertos al servicio de los narcotraficantes, que han establecido rutas aéreas y marítimas para vender sus drogas en América del Norte y Europa.
Pero eso no es todo; también existe la minería de oro ilegal. Hace unos meses salió a la luz una historia muy dramática. El gobierno de Venezuela, en colaboración con un empresario venezolano que vive en la ciudad de Doral, Florida (donde se encuentra el Comando Sur de Estados Unidos), está explotando minas de oro ubicadas en las profundidades de la Amazonía venezolana. Esas minas también han sido sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y eso no es todo el problema.
Miles de trabajadores que perdieron sus empleos en la empobrecida economía venezolana se han trasladado a la región amazónica para trabajar en esa industria ilegal. Además, se ha denunciado que esas minas son operadas nada menos que por miembros del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional o ELN, por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como por bandas criminales. El hecho de que estos dos grupos se identifiquen con el marxismo, la igualdad para todos y la voz de la clase obrera, no ha impedido que esos revolucionarios “progresistas” exploten a los trabajadores y les inflijan fuertes castigos que constituyen flagrantes violaciones de los derechos humanos.
Se ha sometido a los mineros acusados de robar o de violar las normas de las minas a amputaciones, torturas y asesinatos. El gobierno venezolano y el ejército también participan en estas atrocidades. Los mineros trabajan en condiciones infrahumanas y a menudo las amputaciones y los asesinatos se realizan deliberadamente de forma pública, frente a otros trabajadores, para que éstos entiendan el mensaje.
Testigos han relatado que vieron amputarles o dispararles en las manos a trabajadores sospechosos de robar. Otros dijeron que los “líderes sindicales” a cargo de estas minas amputaron brazos con motosierras, hachas y machetes, prácticas que no difieren mucho de las utilizadas por EIIL.
Esos mineros también trabajan bajo condiciones terribles para la salud. Están expuestos a los efectos del mercurio. Trabajan doce horas al día sin ningún equipo de protección. Además, entre los trabajadores se encontraron niños de apenas diez años de edad. Las condiciones son mucho peores que las experimentadas por los trabajadores industriales en el siglo XIX.
Se informó que el ex vicepresidente venezolano Tareck El Aissami supervisa esas operaciones en nombre del gobierno venezolano. El Aissami, que integra la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por la sigla en inglés), tiene fuertes conexiones con Irán y Hezbolá y ha facilitado sus operaciones en América Latina. También ha colaborado estrechamente con Ghazi Atef Nasserdine, un ex diplomático venezolano en Damasco que se encargaba de reclutar a jóvenes venezolanos para entrenamiento paramilitar en campamentos de Hezbolá en el Líbano. Pero hay otro elemento en esta historia. El oro extraído es contrabandeado y vendido en los Estados Unidos a grandes empresas de ese país. Ese oro se vende al público estadounidense en forma de joyas u otros artículos que contienen oro, tales como dispositivos electrónicos.
Venezuela se ha convertido en una pesadilla con fuerte apoyo de Rusia, que ha tomado el control del petróleo venezolano. Es por eso que aplaudo la decisión del gobierno de Trump de sancionar a la empresa petrolera rusa Rosneft, que controla más del 70 por ciento de las exportaciones de petróleo venezolano. Rosneft le ha dado nuevo impulso a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y puede permanecer en Venezuela para siempre, mientras que Estados Unidos y las empresas estadounidenses podrían verse obligados a salir de Venezuela indefinidamente, dando así más espacio para que Rusia controle casi la totalidad del petróleo venezolano. Es importante señalar que El Aissami acaba de ser nombrado presidente de la nueva comisión para reestructurar la amenazada industria petrolera del país, incluso la supervisión de PDVSA.
En otras palabras, Venezuela no sólo está violando las sanciones, con gran ayuda de Rusia y encontrando nuevos recursos para comprar la lealtad de militares y paramilitares. También se ha convertido en un Estado cleptocrático y asesino que requiere acción donde las sanciones, aunque exitosas hasta ahora, parecen ser insuficientes.
El pasado diciembre escribí sobre la necesidad de reevaluar nuestra estrategia en Venezuela. Sostuve que las sanciones generales pueden no ser suficientes. Tenemos que encontrar formas de combatir directamente el contrabando y las exportaciones de oro venezolano, así como impedir que el régimen burle las sanciones actuales. Pero también necesitamos apoyar militarmente a las fuerzas de la oposición en Venezuela, evitando la intervención directa de las tropas estadounidenses. Puede que no tengamos más remedio que considerar esa opción más de cerca.
Luis Fleischman es profesor de Sociología del Palm Beach State College, cofundador del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research y director del InterAmerican Institute for Democracy. También es autor de “Latin America in the Post-Chavez Era: The Threat to U.S. Security.” (América Latina en la era pos-Chávez: La amenaza para la seguridad de EE.UU).