Los cuerpos policiales y militares del régimen de Maduro mataron a más personas que el COVID-19 en Venezuela durante 2020

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Los cuerpos policiales y militares de Venezuela fueron más letales que el COVID-19 (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo).

El impactante número se desprende de un informe de PROVEA y el Centro Gumilla. Las FAES fueron el cuerpo policial más letal y Zulia el estado con más víctimas: 667 muertos


 

Infobae (Argentina) – 09/03/2021

La cifra es escalofriante: casi 3.000 personas fueron asesinadas en Venezuela por el accionar de cuerpos policiales y militares el año pasado. El impactante número se desprende de un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro Gumilla.

El estudio indica que al menos 2.853 personas fueron víctimas de la letalidad de los cuerpos armados del Estado venezolano. Y resalta que se trata de “graves violaciones a los derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad”.

PROVEA y el Centro Gumilla difundieron su monitoreo del 2020, en el que indicaron que la mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, de entre 18 y 30 años, “un patrón de discriminación creciente contra la vida de los jóvenes venezolanos”. Las FAES fueron el cuerpo policial más letal y Zulia el estado con más víctimas: 667 personas.

El informe

Una de las conclusiones más impactantes del informe es que el elevado número de víctimas por el accionar de cuerpos policiales y militares venezolanos supera a la cifra de muertos por coronavirus en el país caribeño, según las cifras oficiales del régimen sobre la pandemia. “Los cuerpos policiales y militares de Venezuela fueron más letales que el COVID-19 durante el año 2020″, subraya el escrito.

Especifica que un total de 2.853 personas fueron víctimas de la letalidad de los cuerpos armados del Estado venezolano y que esto consigna en graves violaciones a los DDHH que pudieran constituir «crímenes de lesa humanidad».

“La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de las personas en esta franja etaria. Este hecho, junto a la exclusión en el acceso a otros derechos como el de educación y trabajo entre otros, da cuenta de la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros Estados. En un país que ha perdido el bono demográfico este patrón de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país”, subraya el informe.

Luego sostiene que “ni el supuesto confinamiento ‘obligado’ debido a la cuarentena decretada por el ejecutivo nacional por la aparición de la pandemia del coronavirus frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares”.

Más de 2.850 personas fueron víctimas de la letalidad de los cuerpos armados del Estado venezolano (PROVEA).

El Estado como promotor de la impunidad

Los responsables del informe afirmaron que el monitoreo permitió determinar que las miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista.

“Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, sostienen.

Luego hicieron referencia al caso ocurrido el pasado 21 de agosto, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) asesinaron a los ciudadanos Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicación que mantiene un perfil de apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

“Para alivio de los familiares de las víctimas, el Ministerio Público actuó rápido y cuatro días después fueron detenidos los seis funcionarios presuntamente responsables del crimen”, recuerda.

Dos meses antes, la madrugada del 11 de junio, las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas, Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez. Esta última víctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación. 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos.

PROVEA afirma que en los dos casos hay un elemento común: “las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial, y aunque fueron víctimas de la letalidad policial sus familiares contaron con el acceso a la justicia, lo que define un patrón discriminatorio que depende de la vinculación a la facción de Poder y hace de la justicia un ejercicio discrecional”.

Luego, la ONG resalta que en Venezuela “la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político y, por tanto, está excluidas del acceso al derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales”.

Y agrega: “Para ellas, por ahora, solo está garantizada la impunidad. Casi siempre se maneja la versión de ‘presunto enfrentamiento’ y, en consecuencia, el Ministerio Público no actúa con las investigaciones que debería realizar, violando recurrentemente el debido proceso”.

Zulia fue el estado con más casos (PROVEA).

Zulia, el estado con más casos durante 2020

El informe señala que los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Aragua, Bolívar, Lara, Carabobo y Miranda.

En todo el 2020, el estado Zulia fue el que registró más muertes con 667, seguido de Aragua con 297. Luego aparecen Bolívar con 269 muertes y Lara con 193. “En muchos de los casos, familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento”, afirma el escrito.

Luego recuerda que uno de los casos que más impactó a la opinión pública en el estado Carabobo fue el asesinato de Daniel Alexander López Ramírez (28), un médico integral comunitario, director del ambulatorio de Bucaral en el municipio Guacara. Fue asesinado durante un operativo mixto realizado en la población de Guacara.

La versión oficial indicó que López Ramírez era miembro de una agrupación delictiva y habría muerto al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda ubicada en la urbanización Tesoro del Indio, municipio Guacara, en busca de presuntos delincuentes.

La información fue desmentida por los familiares de López, quienes indicaron que el médico se encontraba allí porque había sido secuestrado por miembros de una banda delictiva para que atendiera las heridas de uno de sus compañeros. La familia de López aseguró que el médico no se enfrentó a la comisión policial.

FAES, el cuerpo policial más letal (PROVEA).

Las FAES, el cuerpo policial más letal

PROVEA enfatiza en que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es el cuerpo policial más letal. En los primeros seis meses del año, la PNB fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55% del total.

Muy de cerca lo sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 593 casos, lo que equivale al 17,52% del total. En los dos últimos años en el debate público se ha opacado la responsabilidad de este organismo en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el país. El señalamiento se ha centrado en el FAES, puesto que, actuando en menos estados del país, es el cuerpo de seguridad que más atenta contra el derecho a la vida, recalca el informe.

Luego especifica que las policías estadales fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones, equivalente a 25,71%. “Llama la atención la letalidad de la policía del estado Zulia responsable de 262 asesinatos, Aragua con 104 y la del estado Carabobo con 101 muertes”, agregó.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 359 casos, en su gran mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB”, indica PROVEA; al tiempo que afirma que pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones.

Por último, el informe destaca que en 2020 los diferentes medios de comunicación reflejaron las denuncias de 103 personas, cuyos familiares o vecinos aseguraron que habían sido detenidos vivos, pero luego aparecieron muertos.

En cuanto a los números de ejecuciones del FAES (cuerpo de élite de la PNB) se le atribuyen, en total, 635 muertes, para un 22.26%, con las constantes de que la abrumadora mayoría de las personas fallecidas son hombres, que eran jóvenes. El promedio de edad era de 28,39 años, tomando en cuenta que se pudo conocer la edad de 228 de los muertos. En los 462 supuestos enfrentamientos se produjo la muerte de tres agentes de las FAES.

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