¿Desde el punto de vista del derecho internacional no hay un derecho a la intervención de todos los países dirigidos por la ONU, cuando se llega a estos extremos de violencia de un régimen como el de Nicolás Maduro en contra de la población?
Gustavo González Urdaneta / Factotum Ignacianos (Venezuela) – 28/02/2020
El 9 de enero 2018 me referí en este mismo blog al tema de la involución de los valores políticos y le recordaba, en particular, a mis coterráneos Rosales y Barboza que Venezuela necesitaba recuperar la cultura de los valores pues ellos están siempre muy por encima del comportamiento y les indicaba que la mayoría de nuestros políticos alinean sus valores con sus comportamientos y son esos valores los que muestran a la sociedad. Les decía que lo que había que hacer y el país requería, era impedir que esos comportamientos, faltos de ética y moral ciudadana, calaran en nuestra sociedad y que debíamos oponernos y rechazarlos pues no llevaban al pueblo en la dirección correcta.
En esa oportunidad me refería, y aun mantengo como válida la involución, en estos últimos 20 años, en los cuales se ha cambiado la democracia por la tiranía, la Justicia por Impunidad, la tolerancia por la intransigencia, el respeto por la irreverencia, la honestidad por la corrupción, la producción por la escasez, el bienestar por la miseria, el conocimiento por la ignorancia, la armonía por el odio y la habilidad por la improvisación. Mantuve las mayúsculas en Justicia e Impunidad pues es el tema por tratar en esta oportunidad. Antes quiero pasar tangencialmente sobre un paso previo a la justicia transicional y rendición de cuentas: El cese de la Usurpación.
En oportunidades anteriores he planteado algunas preguntas que estoy seguro todos nos hemos hecho en relacion a la tragedia que vive Venezuela y la usurpación del poder. Por ejemplo, ¿Desde el punto de vista del derecho internacional no hay un derecho a la intervención de todos los países dirigidos por la ONU, cuando se llega a estos extremos de violencia de un régimen como el de Nicolás Maduro en contra de la población? ¿A los venezolanos se les va a seguir matando sin que se tome alguna medida efectiva que los defienda? ¿Los venezolanos continuaran muriéndose de hambre y por falta de medicinas y el mundo entero tiene que someterse al principio de la-no-intervención y permitir semejante atrocidad? ¿Es eso lógico? Eso va en contra de los principios fundamentales del derecho natural en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
El pueblo de Venezuela no cuenta con ninguna forma militar o institucional para defenderse y, menos aún, para hacer respetar sus derechos. Esta es la premisa básica que justifica la ayuda de la comunidad internacional, no se trata de una intervención militar para ocupar el país sino para el rescate de los derechos humanos de sus ciudadanos. Un pueblo víctima de su propio gobierno e intervenido, entre otros, por Cuba, Rusia y China. Lo que se pide es que nos ayuden a recuperar lo que nos han quitado. La comunidad internacional debe intervenir en forma directa y cuanto antes mediante una fuerza multinacional para el rescate de la democracia venezolana, cuyo fracaso se convierte en una amenaza para el resto de los países de la región. Hay que concentrarse en lo que se debe hacer, declarar ante la ONU a Cuba como Invasor y el Estado de Necesidad en Venezuela ya que, de seguir así, no hay mañana para los venezolanos. Está muy claro que este régimen no sale sino por la fuerza. ¡Se cansa uno!
Son dos las razones que me motivan a conversar con ustedes sobre un tema que varios consideran posterior a etapas no cumplidas pero sobre el cual considero muy pertinente que cada uno debe fijar y aclarar su posición en este momento. Antes del gobierno de transición. Por una parte, están mis compañeros del sector eléctrico al cual le hemos dedicado toda nuestra vida profesional y nos da dolor su estado actual y toda la corrupción implícita en lo que hemos llamado “los dineros eléctricos” y, por la otra, todos los venezolanos que han sufrido en carne propia los desmanes y desatinos de este régimen en las últimas dos décadas. Ambas bajo un paraguas común: Todo Auschwitz tiene un Nuremberg, no es rencor ni venganza sino JUSTICIA!
La referencia a Auschwitz surge a raíz de que el pasado 27 enero la ONU conmemoró los 75 años de la liberación de dicho campo de concentración y, conversando con mi entrañable amigo y compañero ignaciano, Víctor Poleo, me decía que “Auschwitz parece lejos en el tiempo, ya casi es posteridad. Auschwitz es hoy nuestro espacio: un Auschwitz a cielo abierto es la Venezuela del socialismo XXI. Las muertes en Birkenau nos ocurren en cámara lenta, huyen 7 millones. Nuremberg caracterizó primero los crímenes: crímenes contra la Humanidad y crímenes contra la Nación; crímenes judiciales (jueces del horror), crímenes de guerra y organizaciones criminales.”
Respecto al propio Auschwitz, recordaba Víctor que Henri Donnedieu de Vabres, magistrado francés que sirvió como juez titular del tribunal de Juicios de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial, encargado de juzgar a los líderes nazis y sus organizaciones, sentenció que “los crímenes y atrocidades de los imputados no eran el eje del juicio ni la violación de todos los principios jurídicos y morales… el agredido es la Civilización”. Igualmente señalaba que, Robert H. Jackson, Fiscal General de los Estados Unidos, Corregidor de la Corte Suprema de los Estados Unidos y Promotor Federal Fiscal durante el juicio principal de los Procesos de Núremberg, había sentenciado que “la responsabilidad de los imputados no se hallará en consideraciones de índole política, se hallará principalmente en la destrucción de la Sociedad”. En Venezuela, el actual régimen, ha agredido y destruido a la sociedad civil en las últimas dos décadas. Como expone el dicho popular, “A buen entendedor, pocas palabras”.
Entrando en el tema que nos ocupa, la Justicia Transicional (JT) se refiere a aquellos procesos de transición de una dictadura/tiranía a una democracia o de un conflicto armado a la paz, en los que es necesario equilibrar las exigencias jurídicas (garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) y las exigencias políticas (la necesidad de paz) que requieren dichas transiciones. Los procesos de JT se caracterizan por una combinación de estrategias judiciales y no judiciales, tales como la persecución de criminales, la creación de comisiones llamadas de la verdad y otras formas de investigación del pasado violento, la reparación a las víctimas de los daños causados, la preservación de la memoria de las víctimas y la reforma de instituciones tales como las dedicadas al servicio secreto, la policía y el ejército, con el firme propósito de prevenir futuras violaciones o abusos.
Aunque probablemente sus orígenes se remonten a épocas muy distantes, como en Atenas, después de la derrota con Esparta en el 404 a.C. y su posterior restauración democrática en el 403 a.C., el origen del término actual se remonta al período de postguerra de la segunda guerra mundial (1945-1947) con la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y los juicios de los soldados japoneses, concepto que ganó fuerza y coherencia en las décadas del ’70 y ’80 en adelante, comenzando con los juicios de ex miembros de las juntas militares en Grecia (1975) y Argentina (Juicio a las Juntas, 1983) y principios de los 90 (Chile y Sudáfrica), y más recientemente, Perú y Túnez.
El enfoque de la JT en los años 1970 y 1980 fue en la justicia penal con énfasis en la promoción de los derechos humanos y el derecho humanitario. Estos sucesos provocaron el aumento progresivo de defensa de los derechos humanos que culminaron en el establecimiento de convenciones internacionales. A finales de 1980 y principios de 1990 se produjo un giro en el enfoque de la JT alimentado por la ola mundial de democratización, surgiendo como un nuevo campo de estudio de la democratización. La JT amplió su ámbito de aplicación del estrecho campo del derecho a las consideraciones políticas de desarrollo de instituciones democráticas estables y la renovación de la sociedad civil.
Hay muchos patrones para lograr la JT, cuyo propósito más amplio es ayudar a una sociedad a reconocer un legado de abusos de los derechos humanos después de una dictadura/tiranía asociado con el secuestro de un país por mafias como es el caso de Venezuela. Estos esfuerzos pueden tomar la forma de un juicio penal, una comisión de la verdad o un programa de reparaciones, en un esfuerzo por documentar violaciones horribles, entre otros y contar con ellos.
Los objetivos específicos de la JT, ya mencionados, han evolucionado con el tiempo. Las primeras iniciativas enfatizaron la justicia penal, siendo el ejemplo más conocido los juicios de criminales de guerra alemanes y japoneses posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Más recientemente, sin embargo, el propósito de la misma comenzó a expandirse para enfocarse en la reconciliación, la curación y la reforma social. En la era posterior al apartheid, la comisión de la verdad y la reconciliación de Sudáfrica valoraban, por ejemplo, la información y la resolución sobre la justicia.
La realidad es que gran parte de América Latina todavía está lidiando con las atrocidades cometidas por los regímenes autoritarios que dominaron el continente desde la década de 1960 hasta la década de 1980. Los esfuerzos para entregar justicia a las víctimas de esos regímenes han sido mixtos. Y las iniciativas más recientes, como un acuerdo de paz en Colombia diseñado para sacar al grupo rebelde del frío y provocar una reconciliación a nivel nacional, también están fallando.
El fracaso de Brasil en aceptar su pasado de dictadura allanó el camino para el ascenso al poder de Jair Bolsonaro, es decir, en Brasil las heridas de la era de la dictadura nunca se curaron realmente.
Vale preguntarse ¿Por qué los esfuerzos para lograr justicia para las atrocidades cometidas durante las guerras civiles de la era de la guerra fría en El Salvador y Guatemala enfrentan nuevos obstáculos; buscan justicia por crímenes de guerra o intentan encubrirlos? ¿Por qué las propuestas para reformar el mecanismo de justicia de transición de Colombia han hundido prácticamente el acuerdo de paz del país y amenaza, por la justicia transicional, una paz frágil en Colombia?
De por sí, las violaciones de derechos socavan la confianza que los ciudadanos pudieran tener en la capacidad del Estado para salvaguardar sus derechos y su seguridad. Y será frecuente que las comunidades estén destrozadas y muy debilitadas las organizaciones sociales y políticas. La necesidad de responder con legitimidad a esas violaciones de derechos masivas, cuando su propia magnitud y la fragilidad social actúan como condicionantes, es lo que define a la JT y lo que la diferencia del fomento de los derechos humanos y, en general, de su defensa.
Este proceso tiene efecto mientras se lleva a cabo el tránsito de un período de conflicto violento u opresión hacia la paz, la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos individuales y colectivos. Todas las formas de abordar las violaciones de derechos y sus causas son complejas. Exigen un tiempo y unos recursos que en Venezuela serán escasos. No existe un único consejo fiable que sirva para todas las situaciones. Lo importante es que las medidas de justicia se desarrollen cuando más probable sea su aplicación, de preferencia de inmediato y no a más a largo plazo.
He reservado de ultimo, como cierre del artículo, el inequívoco predicamento de Gustavo Coronel (junio 2016), el cual suscribo y lo invito a Usted lector a suscribir:
“Venezuela nunca podrá regenerarse como sociedad si no lleva a cabo un ejemplar castigo de los principales responsables de la tragedia venezolana del siglo XXI. Borrón y cuenta nueva, pasar la página, reconciliarnos, dialogar, perdonar, son términos que se escuchan con frecuencia para hablar de la solución a la crisis venezolana. Si esa llega a ser la decisión final, el país barrerá la basura debajo de la alfombra y al cabo de poco tiempo tendremos otro bárbaro analfabeto en el poder. Si hay negociación con la pandilla de gánsteres que ha arruinado al país y prostituido a buena parte de nuestro pueblo habremos descendido como sociedad al nivel de esos criminales execrables.
No sé cuántos piensan como yo, si es una mayoría o una minoría, pero cualquiera sea la distribución de opiniones en torno a este dilema fundamental, considero como un imperativo moral insistir sobre la necesidad de aplicar la justicia en Venezuela, como condición necesaria (si no suficiente) para regenerar un país destruido material y espiritualmente”.