El miércoles 4 de noviembre de 2009, el general Carrizález y los ministros de lo imposible, Ángel Rodríguez y Rafael Ramírez, ensayaron sus últimos trucos ante la Nación. En realidad, desnudaron su desconocimiento sobre una industria y un sector, como el eléctrico, que no tolera ignorantes
Víctor J. Poleo Uzcátegui / Tal Cual (Venezuela) – 16/11/09
Con lumpen político y sin electricidad no se construye revolución alguna, diría Lenin ante el octavo congreso de todos los soviets (Moscú, 1920). Por fuerza, el Gran Timonel y su establo político están entendiendo el dictum de V. I. Lenin.
En efecto, no hay artilugio para desvanecer esta crisis eléctrica agravada por una fraudulenta revolución socialista del siglo XXI. Radica en un cambio político la solución a la crisis eléctrica que, por igual, lo es del agua y de los servicios públicos. Dicho de otra forma: la clase política en funciones revolucionarias debe ser removida, so riesgo de agudizar la ruina física y moral de la Nación. Ni el pasado ni el presente.
En la Venezuela que nos importa rechazamos a «opositores» hambrientos de residuos de la renta petrolera y, por igual, rechazamos el militarismo irresponsable y su ejército de ocupación.
La renta petrolera no pertenece a gobierno alguno, de manera tal que no hay cabida para personalísimos oficinistas bancarios cual es Ramírez al frente de una Pdvsa que ha derruido. No hay cabida para un Alí Rodríguez, responsable político de la desnacionalización de La Electricidad de Caracas en 2000, de la descapitalización de conocimientos en Pdvsa y del asesinato de la Orimulsión en 2003.
No es el caso presentar aquí un modelo de transición política. A veinte años de la caída del envilecido campo soviético (1989), si hay lugar para estudiar las lecciones aprendidas en, por ejemplo, la Republica Checa y su progresiva reeuropeización. Nos ocupa aquí refutar una variopinta de mentiras voceadas por la nomenclatura suprema de la revolución socialista.
El miércoles 4 de noviembre 2009, el general Carrizales (posición 69 en 127, promoción 1974), y los ministros de lo imposible Ángel Rodríguez y Rafael Ramírez, ensayaron sus últimos trucos ante la Nación. En realidad, desnudaron su magnífica ignorancia para con una industria y un sector que no toleran ignorantes. Dice David Paravisini (UN, 8 de noviembre 2009): «las medidas anti-crisis eléctrica son un disparate y quien pierde es el país».
La Electricidad de Caracas
C.A. Electricidad de Caracas (EDC en adelante) es una empresa de servicio público, constituida el 29 de noviembre de 1895 por capitales nacionales, que sirve energía eléctrica a la Gran Caracas asiento de los Poderes Públicos del Estado y sus zonas circunvecinas. Fundada por un grupo de venezolanos liderizados por Ricardo Zuloaga, La EDC es la empresa venezolana de mayor tradición histórica en Venezuela, pionera en la ingeniería de generación hidroeléctrica (El Encantado, río Guaire, 1898) en Latino América.
En el año 2000, inmersa en las turbulencias de una compra hostil de sus acciones, La EDC fue desnacionalizada por el Gran Timonel secundado por Alí Rodríguez (entonces ministro de energía). Tengo para mí que la ilegal venta de la EDC a la americana AES Corporation se incuba en el imaginario primitivo de este par de delincuentes políticos, creídos que con ello golpeaban a un cierto enclave de la «oligarquía».
Nada menos cierto: la familia Zuloaga detentaba un tres por ciento de las acciones y el resto estaba en manos de grupos varios, trabajadores y usuarios venezolanos del servicio eléctrico. Destruir es natural para quien nunca ha construido. Así las cosas, la EDC estuvo siete años en manos de AES Corporation (2000-2007), una empresa del Imperio y por demás vinculada a su Departamento de Estado.
Si la compra de la EDC por AES Corporation violentaba la Constitución y la Ley Eléctrica de 1999 y por ello fue impugnada su venta ante el TSJ y admitida la demanda en 2006, más grave todavía es que en 2007 la Nación re-comprara de la AES bienes en litigio.
El hecho es que la nomenclatura socialista quiere hoy victimizar a la EDC (en manos de AES) por no invertir en nueva generación térmica y en redes de distribución urbanas que datan de cincuenta o más años. Preguntamos a Javier Alvarado, presidente revolucionario (¿lo es usted?) de la EDC: ¿Cómo se siente un muñequito de torta calzando los zapatos de un Ricardo Zuloaga?
Gobierno transgresor
En mayo 2000, Dennis Bakke, presidente de AES Corporation, entraba a Miraflores de la mano de Alí Rodríguez, entonces ministro del MEM, y declararía luego que el Jefe de Gobierno será neutro ante la desnacionalización de la EDC. A ello nos opusimos desde el MEM.
Este mismo Gobierno que permitiera la desnacionalización de la EDC en mayo 2000, invoca en 2007 razones de Estado para gobiernizarla (que no estatizarla) pero pretende desconocer que, por idénticas razones, la Sala Constitucional del TSJ considera todavía hoy en litigio sus activos empresariales (Expediente TSJ 1939).
Desde mayo 2000, en efecto, AES Corporation ha sido asumida como propietaria de la empresa C.A. Electricidad de Caracas a raíz del írrito intercambio de acciones fraguado mediante su hostil Oferta Pública de Adquisición (OPA) durante los primeros meses del 2000. En aquel entonces, nueve años hace, el actual Gobierno transgredió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 150 permitiendo, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, la cesión de un 82% de las acciones de la EDC, una empresa de interés público, a una sociedad extranjera no domiciliada en Venezuela.
En igual vena, el actual Gobierno transgredió el cumplimiento de lo pautado en el Artículo 48 de la Ley del Servicio Eléctrico (promulgada el 31 de diciembre de 1999) y el cual reza como sigue: «…las concesiones (de distribución de electricidad) sólo podrán ser transferidas previa autorización expresa del ente concedente y conforme a las condiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento».
Justamente por ello, y en sentencia de fecha 26 de octubre 2006, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso de nulidad por omisión interpuesto el 22 de junio del 2000 por los ciudadanos María Josefina Walter Valecillos y Fermín Toro Jiménez, ex embajador ante Naciones Unidas, contra las operaciones de compra-venta de la empresa C.A. Electricidad de Caracas entre los anteriores propietarios e «Inversora DS 2000», filial ad hoc de AES Corporation.
Pero hay más. Dice Andrés Mata Axpe (2007):
«AES Corporation compró la Corporación EDC en 2000 por 1.600 millones de dólares, pero no compró la empresa que ahora está vendiendo al gobierno por 730 millones de dólares; compró un conglomerado empresarial de mucho mayor valor comercial. Parte del acuerdo que hizo AES con algunos de los grandes accionistas de EDC fue vender los activos de EDC en Colombia. Así, la participación de EDC en EPSA, Electrocosta y Electricaribe, fue vendida a Unión Fenosa por una cifra que en su momento se mencionó en 235 millones de dólares; mientras que las inversiones en El Salvador se las vendió a su propia casa matriz por una cifra que no se conoció.
Con estas operaciones AES recuperó una significativa parte de los 1.600 millones de dólares invertidos al comprar EDC. AES también vendió las filiales Domegas y Genevapca, generadora de vapor y electricidad para el Complejo Refinador Paraguaná (Amuay-Cardón), amén de infraestructura comercial y espacios urbanos destinados a la expansión futura de redes eléctricas, de modo que lo que le está vendiendo ahora al Gobierno venezolano es un conjunto de activos de mucho menor valor».
Le pregunto entonces a los revolucionarios Chávez, Rodríguez, Silva Calderón, Ramírez et al: ¿y no son acaso ustedes responsables de la descapitalización de la EDC y de la no inversión por AES Corporation en el sistema eléctrico de Caracas durante 2000-2007?
Consumo eléctrico
Somos 28 millones de venezolanos, admitamos, y sea la demanda eléctrica nacional de 120 terawatios-hora anuales. Si usted divide demanda entre habitantes resulta(ría) en cerca de 4.300 kilowatios-hora por año y «por habitante» (falso). Con base en un equívoco tal, la nomenclatura copia a su amo mediático y se permite victimizarnos a los usuarios como «derrochadores» de electricidad. Las cuentas son otras.
Lea en su factura eléctrica residencial su consumo mensual de kilowatios-hora, y sean 500 a manera de ejemplo, multiplique por 12 y obtiene el consumo anual, 6.000 kilowatios-hora en el mismo ejemplo numérico. Admítase también, a manera indicativa, que el grupo familiar lo integran 4 personas. Se tiene entonces una demanda por venezolano, usuario residencial, en el orden de 1.500 kilowatios-hora anuales.
Los números pueden variar en función de una distribución probabilística, pero un venezolano de a pie no consume 4.300 kilowatioshora por año. No obstante, bien conocido es que la demanda residencial en Maracaibo es una singularidad.
Dicho de otra forma, general Carrizález, mal puede usted distribuir entre los venezolanos residenciales la demanda eléctrica de las industrias de Guayana (inactivas en 1.000 MW, un 30% de su demanda de potencia), ni cargarle la demanda eléctrica de las industrias medianas y pequeñas (desactivadas en un 50%), como tampoco la demanda eléctrica de los comercios (cada vez menos los tradicionales, cada vez más los que venden chucherías).
La actividad económica nacional está engranada a su demanda eléctrica y su demanda eléctrica es una medida de bienestar social. De no creerme, general Carrizález, pida al MenPoPoetc las estadísticas de Zimbabue y de Cuba, pero no falsifique las venezolanas.
Fuente: Diario Tal Cual