Alena Douhan, asesora de la ONU, se reunirá en febrero con el régimen de Nicolás Maduro para evaluar el impacto de las sanciones internacionales en Venezuela
Gabriela Moreno / PanAm Post (Latinoamérica) – 27/01/2021
Es una contradicción más de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pero sucederá. La instancia enviará a Alena Douhan, una de sus 44 relatores especiales sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos a Venezuela.
Esta táctica de la organización tiene como fin constatar el efecto de las restricciones internacionales que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro, entre ellas, las impuestas por Estados Unidos. El resultado de esta visita es de pronóstico y no reservado, pues esta funcionaria ya expresa en informes su objeción a las restricciones a la dictadura y cuestiona el rol de Norteamérica.
Su nombramiento en el cargo es reciente. Ascendió al puesto en marzo del año pasado y a partir de entonces forma parte del área de Procedimientos Especiales conformado por “expertos independientes” es decir, puede “abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo” de “forma voluntaria” y «no es personal de la ONU y no recibe un salario por su trabajo» deja claro la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ello significa que su labor es particular, pero debe informar y asesorar sobre derechos humanos desde una perspectiva temática o específica de un país a la ONU. Esta especialista en derecho internacional, que está a punto de cumplir uno de los tres años previstos en el cargo —y puede desempeñarse por otros tres si es reelegida— considera que “la magnitud del poder económico, las amplias relaciones comerciales y la integración financiera de Estados Unidos” le otorga un “considerable poder coercitivo al utilizar las sanciones para cumplir sus objetivos de política exterior”.
Su postura es de rechazo. Es tajante en las 26 páginas que presentó a la Asamblea General en julio del año pasado, con solo tres meses en el cargo. A su juicio, “Estados Unidos impone amplios embargos comerciales, así como sanciones selectivas que suelen entrañar restricciones financieras contra entidades y personas”. Con ese argumento defiende a Irán, Cuba, China, Venezuela, Rusia y su patria Bielorrusia.
Un discurso con tendencia
Los alegatos de esta relatora especial conquistan al chavismo que ya está ansioso por su llegada el próximo 1 de febrero. Sin visitar el país sostiene que «desde que comenzó la pandemia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha bloqueado los activos en los Estados Unidos de cinco propietarios y operadores extranjeros de buques que transportaban petróleo venezolano. Entre ellas, figuran la rama comercial suiza de la empresa rusa Rosneft y cuatro empresas con sede en Grecia y las Islas Marshall que son propietarias de buques registrados».
Eso plasmó en su balance reciente donde admitió que observa con «preocupación» que la Oficina de Control de Activos Extranjeros preparara la inclusión de 50 petroleros a su lista negra por haber colaborado con el sector petrolero estatal de Venezuela porque, a su juicio, esto «constituye un nuevo intento de cortar el comercio de combustible entre el Irán y Venezuela».
Además defiende que Venezuela ni Cuba están sujetas a sanciones del Consejo de Seguridad y destaca que “los Estados no deben adoptar medidas que impidan a otros Estados obtener ayuda externa de cualquier tipo, incluidos préstamos internacionales”.
Régimen con puertas abiertas
Así el arribo de Douhan carga de ansias al régimen de Maduro que ya dispone de «un conjunto de datos oficiales acerca del impacto social y económico» de las medidas «contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas impuestas por gobiernos extranjeros» contra Venezuela, asegura la vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez.
Douhan estará hasta el 12 de febrero en el país, que representa una estadía cuatro veces más larga que la de Michelle Bachelet que en solo tres días concluyó que “la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria” y admitía que la “devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017” divulga Prodavinci.
Con un año y medio de diferencia de las visitas de las funcionarias esta vez el régimen vocifera que están «preparados y articulados para recibir a la relatora especial que medirá la repercusión negativa de estas medidas coercitivas unilaterales en contra de la nación».
Entre raíces y relaciones
Esta relatora es procedente de la antigua República soviética, el país que bajo el mando de Aleksander Lukashenko mantienen vínculos estrechos con el chavismo y sobre el cual desde el año pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones en contra de «personas y entidades que son responsables o han participado en acciones o políticas que socavan los procesos o instituciones democráticos en Bielorrusia» informa Sputnik News.
Las sanciones son similares a las de Venezuela —la congelación de activos de funcionarios públicos, bloqueo y la prohibición de estadounidenses para establecer negocios con ellos— a raíz de las elecciones de agosto donde Lukashenko ganó con poco más del 80 % de los votos mientras que la oposición denuncia fraude y atribuye el triunfo a su líder, Svetlana Tikhanovskaya según Sputnik News.
Maduro celebró a su aliado. Lo felicitó por la «inobjetable victoria» con el deseo de “profundizar aún más las excelentes relaciones con Belarús” que florecieron con Hugo Chávez en el poder y facilitaron a Lukashenko diversificar el petróleo y gas luego de los primeros conflictos comerciales significativos con Rusia sostiene BBC.
Esa relación entre ambos países tuvo como protagonista al petróleo venezolano, primero en la forma de embarques de crudo hacia Bielorrusia, y luego con la creación de empresas mixtas para la explotación y exploración de hidrocarburos, como Petrolera BieloVenezolana, Sísmica BieloVenezolana y Venezuelagazstroy cita el medio británico.
En el plano militar, Bielorrusia también envió armas y asesores militares a Venezuela, jugando un papel clave en la instalación de su propio sistema de defensa antiaérea. Sin embargo, en los últimos años Rusia desplazó a Bielorrusia.
Lo que tendrá que reconocer
El mandato de la ONU a esta representante es recopilar información y de la crisis de Venezuela abunda. Los grandes indicadores económicos, por ejemplo, revelan que la dramática caída de la economía venezolana se “profundizó” desde 2012 apunta El Estímulo como consecuencia de que “los extraordinarios ingresos de los que disfrutó Venezuela a partir de 2003 fueron despilfarrados y desviados hacia la corrupción”.
Los datos y la realidad indican que “el auge importador que se inició en esa década a la par de otras políticas como el control de cambio y las expropiaciones de fincas productivas y de empresas industriales redujeron la capacidad productora del país en los distintos rubros al mínimo”.
La ONG Transparencia Venezuela también aporta que desde 1978 Venezuela producía 75% de todos los alimentos que consumía, para 2018 sólo se produce el 5%. En 2018 el Estado era dueño de 576 empresas, 441 creadas o estatizadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, con un desempeño 100% negativo recoge el medio y utilizando las cifras del Banco Central de Venezuela muestra que el salario mínimo pasó de 400 dólares mensuales en 2001 a hasta llegar a 3,38$ en marzo de 2019.
Crisis innegable
Esa era el panorama cuando el 25 agosto de 2017 entró en vigor la primera sanción de carácter financiero contra Venezuela en la que se prohibía cualquier tipo de asociación, préstamos o compra de bonos de Venezuela para ciudadanos estadounidenses o residentes recuerda el medio.
En esa oportunidad el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13808 y las causas alegadas fueron “las serias violaciones a los derechos humanos y libertades esenciales; responsabilidad por la profundización de la crisis humanitaria; el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima usurpó el poder de la Asamblea Nacional democráticamente electa y otros poderes públicos, la desenfrenada corrupción pública; y la continua represión, persecución y violencia hacia la oposición política”.
Antes de esta resolución sólo estaba vigentes las emitidas en contra de funcionarios chavistas y grupos vinculadas con el narcotráfico o núcleos de apoyo a terroristas como el Hezbolá y la guerrilla.
La relatora tiene entonces material para comparar. Mientras llega la hora de sentarse con Maduro, muestra agrado por Joe Biden en la Casa Blanca. Douhan ya no se refiere a Estados Unidos en los términos de su informe cuando Trump estaba a cargo. Desde su cuenta en Twitter dio la “bienvenida” a la “disposición” de revisar las sanciones en el curso de la pandemia. Espera que “las sanciones sean levantadas o al menos mitigadas”.
I welcome the US readiness to review sanctions regimes in the course of the pandemic, expressed in its National Security Directive yesterday, and hope that sanctions will be lifted or at least mitigated as repeatedly called for by the UN organs to protect human lives.
— Alena Douhan (@AlenaDouhan) January 22, 2021
- Gabriela Moreno / Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.