Una horrible crisis azota a Venezuela, y la naturaleza también sufre. El Arco Minero del Orinoco es saqueado. Cristina Vollmer Burelli lo explica en un video
Diario Las Américas (USA) – 31/01/2021
Venezuela afronta diversas crisis en torno a la inmigración, la salud, la alimentación. Pero la crisis ambiental suele quedar relegada en las coberturas. Mientras los titulares se enfocan en la triste situación del pueblo venezolano, en las penurias y carencias y el éxodo constante de su gente, en el Arco Minero del Orinoco, y por orden del régimen de Nicolás Maduro, se explotan de forma ilegal los recursos naturales del país.
Una charla ofrecida por la emprendedora venezolano-estadounidense Cristina Vollmer Burelli, durante un evento de TEDx Talks, aborda los principales daños medioambientales en Venezuela. En el video, Vollmer Burelli comienza afirmando que «para muchos en la comunidad internacional y en la comunidad ecologista global, es quizás sorprendente escuchar que mi propio país, Venezuela, es uno de los países en el top 10 en cuanto a biodiversidad en el mundo».
«Eso es correcto. Junto a Brasil», acotó. «Pero también es muy rica en minerales, y está sufriendo probablemente la peor crisis medioambiental en el hemisferio occidental, la mayor tasa de deforestación en las Américas y en la Amazonia. Y muchos de ustedes probablemente no han leído o escuchado hablar de esto en los medios de comunicación o de otros ambientalistas. Si una imagen vale por mil palabras, un video probablemente valga un millón».
Por eso, destacó, «quiero empezar esta presentación con un corto video por Rodolfo Gerstl, de un vuelo sobre las cascadas del Salto Ángel, en Canaima, Patrimonio Mundial de la Humanidad, en la Amazonia venezolana».
Explica después que «la base del río Orinoco se encuentra en el escudo de la Amazonia y Guyana, una formación geológico precámbrica. Una de las últimas reliquias del momento más temprano de la historia de la Tierra. Lo que convierte la región amazónica de Venezuela en única en la Panamazonia, no es su tamaño, por el hecho de que comprende bosques tropicales de tierras bajas y un amplio rango de ecosistemas a lo largo de un gradiente de altitud de hasta 3000 metros, unos 10000 pies, por encima del nivel del mar».
«Y esto es lo que la hace tan biodiversa», constata. «Una de las joyas de la corona en la región amazónica venezolana es el parque nacional de Canaima. La tierra de los mundos perdidos. Ampliamente reconocida como uno de los paisajes más espectaculares en el planeta, hogar de las cascadas más altas, el Salto Ángel, que se está viendo ahora en pantalla», dijo, y mostró esta imagen para ilustrarlo.
Por esta razón, continuó diciendo, «fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1994. Tristemente, el colapso de la economía basada en el petróleo de Venezuela, ha empujado al régimen de Nicolás Madura a buscar nuevas fuentes de ingresos. Lo que ha desembocado en el saqueo del vasto patrimonio mineral del país y en su venta como contrabando a compradores internacionales. Este comercio ilegal amenaza con destruir una de las áreas más biodiversas del mundo, y con diezmar las poblaciones indígenas de la región».
«En febrero de 2016, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, elegida democráticamente, Maduro decretó que una sección del Amazonas que cubre el 12% del territorio de Venezuela, se convertiría en una zona minera», declaró, antes de señalar el área resaltada en rojo en un mapa donde se define el Arco Minero del Orinoco, que «contiene vastas reservas de coltán, hierro, bauxita, diamantes y oro. Con 42800 millas cuadradas, cubre un área mayor que Portugal».
Ahora bien, «la apuesta minera de Maduro da la imagen al exterior de contar con un área geográfica bien delimitada. Pero en realidad pretende extenderse a áreas que no están definidas como parte del Arco Minero del Orinoco. Esto incluye parque nacionales prístinos, como el Parque Canaima, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esto ha dado lugar a una fiebre del oro a lo largo de toda la región al sur del río Orinoco, a través de los estados de Bolívar y Amazonas, y ahora incluso en partes del norte de Venezuela».
El régimen, apuntó, «ha señalado efectivamente que la minería indiscriminada tiene prioridad sobre la preservación del medio ambiente, extremadamente delicado en Venezuela. A lo largo del siglo XX, antes de la llegada de (Hugo) Chávez (al poder), Venezuela tenía probablemente la política más conservadora para su región amazónica en toda Latinoamérica. Varios gobiernos, a lo largo del siglo XX, crearon leyes que protegían vastas áreas de bosques prístinos al sur del Orinoco».
Y sumó: «los territorios ancestrales de los pueblos indígenas fueron protegidos, numerosas áreas protegidas fueron creadas entre 1962 y 1993, y toda la minería fue declarada ilegal en el estado de Amazonas. Más importante, protegieron sus fuentes de agua dulce. Venezuela está en el top 20 de países que cuentan con fuentes renovables de agua -muy poca gente sabe esto- que proveen el 70% del poder hidroeléctrico de Venezuela».
«Venezuela y la región de Guyana contienen 29 áreas protegidas, 8 parques nacionales, 19 monumentos naturales y 2 reservas de la biosfera», enfatizó la emprendedora social. «Ahora, esto no significa que no hubiera minería ilegal ni que no hubiera mineros extranjeros como los brasileños explotando minas ilegalmente. Pero era mínimo en comparación con lo que vemos hoy día».
En cuanto a las áreas «que han sido más devastadas por la política minera criminal de Maduro», puntualizó que «la explosión de minería ilegal de oro en Canaima y alrededores en el estado de Bolívar es, sin lugar a dudas, el ejemplo más escandaloso. Esta es la violación del parque más emblemático de Venezuela, hogar del Salto Ángel y muchas otras mesetas, conocidas como los Puigs, como Roraima, a solo unas millas del Salto Ángel y las escenas que vieron en este video al comienzo de mi presentación».
Cristina Vollmer Burelli denunció que «la minería ilegal está destruyendo los bosques y envenenando los ríos con sedimentación y mercurio. SOS Orinoco ha estado estudiando la situación en Canaima y reportando a la UNESCO y el IUCN (Unión Internacional de Conservación y Naturaleza). En el último conteo en julio de 2020 había 59 núcleos de minería ilegal, cada uno de ellos conteniendo docenas de minas en y alrededor del lugar, Patrimonio Mundial de la Humanidad».
Para describirlo mejor, mostró en una diapositiva pequeños puntos marcados en el mapa. «Esta parte es también el hogar ancestral del pueblo indígena pemón. Muchos de los cuales han sido forzados a abandonar sus actividades tradicionales y turismo para ir a trabajar a minas de oro ilegales para sobrevivir, y muchos se han convertido en víctimas de mafias criminales y la guerrilla colombiana ELN».
En torno a eso, dijo que «SOS Orinoco hizo un estudio del alcance de contaminación por mercurio y un estimado del 70% del río Caroní, el cual es la frontera oriental del parque, puede estar contaminado con mercurio».
«La segunda área sobre la que me gustaría llamar la atención es el estado de Amazonas», siguió explicando. «Y dos áreas en particular dentro del estado. La primera es el Parque Nacional Yapacana, cerca de la frontera colombiana. Se ha convertido en un feudo de las FARC, con disidentes atraídos a este parque nacional previamente deshabitado, hogar en estos momentos para 2000-3000 mineros ilegales».
Sobre las guerrillas colombianas, declaró que «controlan todas las minas de oro ilegales, y proporcionan todo tipo de servicios para los mineros». Mostró una diapositiva para «ver las cicatrices en el bosque amazónico con minas ilegales alrededor y sobre la montaña de Yapacana. Yapacana se ha convertido en un centro logístico y financiero para las FARC, así como la principal entrada para el sur de Venezuela».
«El dinero de la droga se lava con la minería del oro y cada gramo de oro producido ilegalmente enriquece los cofres de la guerrilla colombiana, que por cierto, tiene garantizado paso seguro y refugio bajo el régimen de Maduro. Así que, mientras que las FARC tenga garantizado acceso a la región de Yapacana, Colombia estará bajo la creciente amenaza de actividades terroristas», acotó.
La segunda área del Amazonas en la que se centró fue «la región superior del Orinoco, reserva de la biosfera, donde la minería ilegal por brasileños y disidentes de las FARC se expande rápidamente. La presencia de ambos está amenazando la existencia del pueblo indígena de los Yanomami. Pero también es una amenaza para el resto, porque las FARC está aliado con los mineros brasileños invasores. Las fuerzas armadas de Venezuela también se benefician de proveer apoyo logístico y aéreo con helicópteros que, increíblemente, transportan combustible, maquinaria etc. en las minas, algunas de las cuales se encuentran en el Parque Nacional Serranía La Neblina, que a 3000 metros tiene el pico más alto de toda la región de Amazonas».
En torno a ese tema, apuntó que había recibido «un mensaje de un líder Yanomami, informándome de que hay alrededor de 500 mineros ilegales en Hashimoto. Esta es una región en la reserva de biosfera. Y hay un gran riesgo de la pandemia de COVID explotando en toda esta área, amenazando a los Yanomami y los Yekuana. Todas las instalaciones médicas, excepto una, han cerrado en esta área. Estas tres grandes áreas de minería ilegal son meros ejemplos de lo que está ocurriendo por todo el sur de Venezuela».
La minería furtiva, constató, «se ha convertido en un salvavidas para el régimen, que ha puesto a las fuerzas armadas al cargo de la gestión de la minería ilegal. Controlan el acceso, la cantidad de gasolina usada para el equipamiento y extorsionan para recibir tributo de los trabajadores y los grupos criminales. Todos los grupos que operan en el área, incluyendo sindicatos criminales las fuerzas armadas revolucionaras de Colombia FARC y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia ELN, están en connivencia con los militares. Estamos siendo testigos de una intensificación y expansión de operaciones mineras por actores del estado y privados, que están siendo protegidos por el gobierno, y recurren a la violencia 24/7».
«Esta política minera promueve esclavitud, esclavitud infantil, prostitución y una profunda desmantelación de estructuras sociales indígenas, con incontables matanzas silenciosas, y no tan silenciosas, de personas indígenas y no indígenas. También es responsable de la explosión de una epidemia de malaria que se está extendiendo al resto de Venezuela y ahora a países vecinos. Cerca de 450.000 nuevos casos de malaria fueron registrados en 2019 para un total de 900.000 casos, el 90% son del sur del Orinoco, y adivinen qué, en las líneas ilegales de oro», enfatizó.
Por otra parte, recordó que el 15 de julio de 2020 «la oficina de Derechos Humanos de la ONU acusó a los militares venezolanos de fallar en la prevención de crímenes contra minorías en el sur del país, incluyendo extorsiones, amputaciones, y entierros en vida. El reporte arroja luz en un tópico que ha recibido una limitada atención mediática. La minería ilegal en la Amazonia venezolana está alimentando flagrantes abusos humanos y medioambientales».
La industria minera venezolana, advirtió, «se ha convertido en una actividad implicada en un vasto esquema de crimen organizado que alcanza todos los niveles de la estructura política y militar de Venezuela. Altos oficiales del ejecutivo han sido comprados y compensados por el régimen que controla el acceso a esta vasta riqueza».
«Comenzamos con asombrosas imágenes de la Amazonia venezolana y tristemente me gustaría concluir esta presentación con esta horrible foto de minas ilegales en el río Caroní, que limita con Canaima», dijo, antes de mostrar una foto del lugar.
Sobre la imagen, resaltó que «es crítico señalar que la velocidad a la que esta catástrofe está ocurriendo seguramente defina una futura transición, la gobernabilidad de esa transición y la naturaleza de Venezuela como una nación-estado para los años venideros. Las amenazas para la seguridad en Venezuela y los países colindantes no pueden ser analizadas o entendidas sin considerar el rol de estos vastos minerales y su frágil ambiente. Así que, ¿qué puede hacer usted?»
Para empezar, dijo, «puede demandar conocer los orígenes del oro y los minerales usados en joyería y dispositivos como su teléfono, su reloj, ordenador y todas estas cosas que compra y usa cada día, y asegurarse, y preguntar, si el oro de sangre y coltán de sangre de Venezuela se ha usado. La comunidad internacional necesita incrementar el seguimiento de estos recursos de alto valor, y la red que trafica con ellos en los mercados internacionales, para reducir el potencial de estos recursos de financiar conflictos duraderos en Venezuela y alrededores».
«No podemos permitir que la lucha por la riqueza mineral que ha diezmado tantos países africanos, tome lugar en mitad del hemisferio occidental», finalizó.
SOS Orinoco
«Debido al colapso de la economía basada en el petróleo de Venezuela, el gobierno de facto de Nicolás Maduro ha recurrido al saqueo de los recursos minerales de la región y a venderlos como contrabando a compradores internacionales, lo que indica que la minería indiscriminada es más importante que la preservación de áreas protegidas, incluyendo un sitio de herencia mundial», se lee en la descripción del video.
Este proceso, añade el comunicado, «amenaza con destruir la naturaleza y las comunidades indígenas de la prístina cuenca del río Orinoco, una reliquia geológica precámbrica ubicada en la Amazonia y el Escudo Guayanés. Para abordar el tema con un grupo de defensa, SOS Orinoco se inició en 2018 por expertos tanto dentro como fuera de Venezuela».
«En una carrera contra el tiempo (y los criminales), están trabajando para detener la devastación y prevenir la explosión de conflictos minerales que podrían afectar a los países vecinos y al hemisferio en general. Han estado trabajando de forma anónima, ocultando los nombres de los miembros del equipo y testigos debido a los riesgos que implica. Enfocados en la región Sur del río Orinoco, están documentando la tragedia, realizando análisis en profundidad, sensibilizando y delineando medidas urgentes de acción», añade el informe.
Vollmer Burelli es la fundadora y directora ejecutiva de V5Initiative, una organización sin fines de lucro que lidera y apoya amplias iniciativas que promueven una mejor y más informada formulación de políticas y gobernanza a nivel nacional e internacional.
La huella de la minería
Desde el año 2018, el grupo SOS Orinoco «ha estado elaborando el mapa de la ‘huella’ que deja la minería en la Amazonía/Guayana venezolana, un vasto territorio que abarca casi la mitad del país, que es el territorio ancestral de 27 diferentes grupos indígenas, que posee una riqueza de fauna y flora de relevancia mundial, que alberga nuestra mayor reserva de agua dulce, y posee un gran potencial hidroeléctrico del cual depende el presente y el futuro del país».
En uno de los informes publicados por SOS Orinoco, se refiere que «la huella de la minería (la cual está en continua actualización y seguimos mapeando), especialmente de la aurífera, no se limita al área directamente impactada, que es de más de 69 mil hectáreas hasta los momentos y que incluyendo nuestro territorio Esequibo sobrepasa las 102 mil hectáreas».
Como amplía el reporte, «la huella minera va más allá de los suelos desnudos y removidos, lagunas y pozos de lavado de desechos, campamentos mineros y vegetación arrasada, sin mencionar las amplias zonas impactadas sobre la fauna silvestre debido a la cacería para alimentar a los campamentos mineros».
¿Derechos Humanos en el Arco Minero?
Un reportaje de Human Rights Watch detalla cómo «residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de amputaciones y otros abusos atroces cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como ‘sindicatos’ y grupos armados colombianos con presencia en la zona».
El informe destaca que estos grupos armados parecen actuar con la aprobación del régimen y, «en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales».