«Hay 59 focos de minería en el parque Nacional Canaima, quienes pueblan ese parque son los indígenas pemón, yekuanas, waraos. Estos territorios están ocupados por pranes, terroristas, FARC, ELN, delincuentes de distintas naturaleza, bajo el consentimiento del régimen de Nicolás Maduro»
Ana Uzcátegui / La Prensa de Lara (Venezuela) – 19/04/2021
Según la organización de Derechos Humanos (DD.HH.) Fundaredes del estado Táchira, desde hace más de 20 años Venezuela viene registrando fuerte presencia de grupos guerrilleros y paramilitares que han logrado dominar municipios en al menos 19 estados del país, bajo la mirada complaciente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Estado.
Actividades de narcotráfico, cultivos de droga, dominio de pistas clandestinas, apropiación de tierras, reclutamiento de venezolanos incluyendo a menores de edad, trata de blancas, control de pasos ilegales o trochas, operaciones de control público, adiestramiento armado y dominio de zonas de minería, son parte de las actividades económicas ilícitas que manejan y que han desatado las violaciones y homicidios en el país. En 2020, según el informe la Curva de la Violencia presentado por Fundaredes, se registraron 1.613 fallecidos en seis estados fronterizos de Venezuela con fuerte presencia guerrillera colombiana: Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. De esos casos, 855 murieron en enfrentamientos entre grupos armados y bandas criminales que luchan constantemente para ampliar sus rutas de poder.
La presencia de la guerrilla colombiana en territorio nacional se hizo más visible desde 21 de marzo, cuando comenzaron los combates de guerra en Apure entre una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denominada Frente Décimo cuyo líder es Gentil Duarte y militares venezolanos. El país se está pareciendo cada vez más a la Colombia de los años 60, cuando los grupos guerrilleros comenzaron a atacar a comunidades enteras. Hoy existen más de cinco mil desplazados venezolanos que han llegado despavoridos a Arauca y Arauquita en territorio neogranadino.
Comunidades como La Victoria, Santa Rita, El Ripial y Guasdualito en Apure han sido bombardeadas con armas de guerra y tanquetas, además los grupos armados han instalado minas antipersonales. Hasta ahora el ejército nacional ha registrado 13 militares fallecidos, y aunque suman los esfuerzos de las FAES y de mil milicianos enviados el 14 de abril, no han logrado expulsar a estos grupos armados ni defender la soberanía.
«Desde el 21 de marzo se rompió la suerte de paz criminal o de paz mafiosa que se había consolidado en la zona fronteriza venezolana entre grupos armados colombianos y grupos paramilitares venezolanos como los colectivos y funcionarios corruptos de la FANB. La avaricia o la ambición de las disidencia del Frente Décimo, en controlar más recursos económicos, en ejercer mayor control territorial, ocasionó un desequilibiro entre los acuerdos con el gobierno venezolano», contó a LA PRENSA de Lara Jorge Mantilla, investigador de la Universidad de Illinois en Chicago y especialista en seguridad y conflicto armado en Colombia.
Explicó que a Venezuela han trasladado un conflicto interno de las FARC, porque los ataques que se han registrado en Apure los promueve una segunda disidencia de este grupo guerrillero denominada la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez y de Jesús Santrich quienes traicionaron el acuerdo de paz en el vecino país, «Ambos jefes guerrilleros sostienen relaciones bastantes consolidadas con los latos niveles del gobierno, mientras que los del Frente Décimo han logrado arreglos con comunidades venezolanas y autoridades locales de Apure», mencionó.
Mantilla asegura que el poderío que hoy tienen guerrillas como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y paramilitares como Los Rastrojos, Los Urabeños, Águilas Negras y Autodefensas Unidas de Colombia en Venezuela aumentó en 2015, cuando el gobierno nacional «abandonó las fronteras», decretó su cierre y rompió las relaciones políticas y bilaterales con las autoridades colombianas.
«En la medida que ambos Estados han carecido de una política fronteriza y migratoria, lo que ha sucedido es que esas interacciones fronterizas han quedado bajo el control de los grupos armados irregulares, que proliferan con el cierre de la frontera desde 2015. Esto ha abierto una ventana de oportunidad para que estos grupos se conviertan en autoridades migratorias, autoridades aduaneras, y dominen, extorsionen a las personas para que puedan pasar por las trochas», refirió, uno de los negocios más lucrativos en estados como Táchira, Apure, Zulia y Bolívar. «Para la guerrilla la gobernanza criminal la alimenta el éxodo venezolano y la dinámica del contrabando de extracción», destacó.
Guerrilla binacional
La guerrilla colombiana y los grupos paramilitares han permeado el territorio venezolano por 40 años, según indicó Jorge Mantilla, investigador de seguridad y conflicto armado en Colombia, pero es desde 1998 que su presencia ha aumentado en el país. Afirma que el control total de comunidades enteras se les cedió Nicolás Maduro cuando llegó al poder, como una política de Estado.
«Para el régimen lo fundamental en este momento es mantener la gobernabilidad, y si eso implica pactar de manera implícita o explícita con actores armados colombianos, con grupos irregulares o no estatales ellos lo van a hacer, y lo han hecho a costa de lo que sea, incluso si eso implica ceder parte de su soberanía, funciones constitucionales a grupos armados colombianos o binacionales en el caso del ELN», resaltó.
Apunta que ya es tanto el dominio que tiene el ELN en Venezuela, y lo extenso de sus negocios de economía ilícita, que cada vez hay una presencia mayor de guerrilleros con nacionalidad venezolana en este grupo armado. El ELN está en por lo menos 18 estados del país, según Fundaredes, el investigador colombiano detalla que el ELN es una federación armada y se comporta de manera diferente en cada estado del país.
«En la medida que estos grupos aumentan su poder empiezan a diversificar sus economías ilegales. El narcotráfico ha sido una fuente de financiamiento importante, pero también tienen presencia en el Arco Minero. Los pasos fronterizos son una fuente permanente de ingresos, por allí se encargan del contrabando de carne, combustible y mercancía», comentó. Sostiene que en la medida de que estos grupos armados tengan rentas que puedan controlar van a someter a la población donde operan.
«El ELN llega hasta impartir justicia en Venezuela, prohíben hurtos, el consumo de droga, imponen normas sociales, porque aunque sean grupos terroristas y violen DD.HH tienen cierta legitimidad y gobernabilidad sobre comunidades que viven de esa economía informal fronteriza, que sienten que esos grupos en realidad sí le resuelven ciertas necesidades diarias, reparten justicia en ayudas sociales, proveen bienes públicos como por ejemplo la seguridad, son grupos que van a prestar servicio privados de seguridad, ajusticiamiento de abusadores sexuales, y se van convirtiendo en una suerte de Estados paralelos, porque el gobierno venezolano ha estado ausente o ha carecido de capacidades para imponer la ley», aseguró.
Lara con presencia
El estado Lara no escapa de la presencia de grupos guerrilleros, según Fundaredes en los municipios Iribarren, en Río Claro, Jiménez, Torres, Moran, Andrés Eloy Blanco, Urdaneta hay desde 2002 guerrilleros del ELN y la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL).
#5Abr | @javiertarazona, director de la ONG @FundaREDES_ denunció la presencia del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) en varios estados de #Venezuela, entre ellos, #Lara.Más información en https://t.co/LhC3mI6k3L pic.twitter.com/hQElZ3YXUW
— LA PRENSA de Lara (@laprensalara) April 5, 2021
Pedro Pablo Alcántara, político y exdiputado de la Asamblea Nacional, recordó que en 2004 denunciaron la masacre de La Cuchilla en Río Claro que cometió el FBL, cuando campesinos de la zona agrícola se resistieron a su presencia. «Ejercían funciones de control territorial, intentaban reclutar adeptos y al mismo tiempo pretendían sustituir a autoridades de justicia, aplicar sanciones a civiles o a los que no querían formar parte de esos grupos, o que se resistían porque sabían que ese grupo era un grupo irregular», contó.
Detalló que mientras investigaban a estos grupos armados determinaron que entregaban panfletos a comunidades. También estaban disgregados en Portuguesa y Sanare municipio Andrés Eloy Blanco. «Estas guerrillas en la actualidad mutaron a colectivos. Una guerrilla a 30 kilómetros de Barquisimeto era un escándalo que no beneficiaba al gobierno regional, entonces los cambiaron a organizaciones colectivas. Los grupos colectivos actúan cada vez que hay protestas de las comunidades contra el gobierno, por los servicios públicos y derechos básicos. El gobierno los manda a actuar con la FANB y policías, detrás de tanquetas y vehículos militares», soltó.
«La diferencia de los guerrilleros de Lara a los que están en las zonas fronterizas del país es que por ejemplo los de Bolívar tienen acceso al oro, al coltán, diamantes. Aquí no pueden cobrar impunemente vacuna a las personas que transitan por río o por tierra como lo hacen en las trochas de Táchira, Apure y Zulia. Son unos colectivos que tienen ingreso de segunda mano, pero que son utilizados por el gobierno y a algunos les llegan a dar hasta cargos públicos», exclamó.
Dueños del oro
Las FARC y el ELN también tienen fuerte presencia en el arco minero de Venezuela, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, que juntos representan el 50% del territorio nacional. Allí controlan las minas de oro, diamante y coltán. Según denunció el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2005, Américo De Grazia, las operaciones de minería ilegal y tráfico de droga lo hacen bajo el auspicio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las empresas mineras Compañía Anónima Militar de Petróleo Minería y Gas (Camimpeg) y la Corporación Venezolana de Minería.
Estas operaciones en el sur del país han tenido un saldo lamentable de indígenas mutilados, violados sexualmente o asesinados, cuando no se quieren someter a las reglas de la guerrilla o se resistan a ceder el territorio que habitan.
«Hay 59 focos de minería en el parque Nacional Canaima, quienes pueblan ese parque son los indígenas pemón, yekuanas, waraos. Estos territorios están ocupados por pranes, terroristas, FARC, ELN, delincuentes de distintas naturaleza, bajo el consentimiento del régimen de Nicolás Maduro, de los militares y de dos empresas mineras que han entregado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», mencionó.
Tal como en los pasos fronterizos en Táchira, cada grupo armado controla las minas en Bolívar, Amazonas o Delta Amacuro, y los mineros deben pagar un porcentaje del oro ilegal que extraen diariamente.
Carlos Mantilla, investigador del conflicto armado, sostiene que además de los guerrilleros en Venezuela hay presente de bandas delictivas que junto a guerrillas y paramilitares controlan las salidas de la cocaína colombiana hacia el exterior. «La polarización política, la crisis social y económica y la consolidación del crimen organizado en Venezuela, hace que sea caldo de cultivo para que haya una suerte de escalamiento de la violencia o una guerra mucho más peligrosa que la que ha habido en Colombia», alertó.
- Artículo publicado en La Prensa de Lara el día 16/04/2021