Combate en frontera con Venezuela: denuncian abusos de militares

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En la tarde del jueves siguen llegando personas desde La Victoria con sus pertenencias. Foto: Jorge Meléndez / EL TIEMPO

Cinco miembros de una familia habrían sido asesinados por funcionarios venezolanos


 

Andreína Itriago / El Tiempo (Colombia) – 27/03/2021

Los grandes perdedores de los enfrentamientos que iniciaron el pasado domingo en La Victoria, estado Apure –fronterizo con el departamento colombiano de Arauca– son las familias colombo venezolanas que habitan en este sector.

Hasta este jueves, según reportes recibidos por Migración Colombia, ya sumaban 3.961 los desplazados hasta el municipio de Arauquita; en su mayoría (2.563 personas) venezolanos.

El ingreso a Colombia continua y, desde allí, hombres y mujeres han alzado sus voces para responsabilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) de una actuación violenta, en el marco del conflicto, que les había obligado a huir de su país.

“Hemos recibido denuncias creíbles de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en contra de la población de Apure”, trinó, el jueves, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Entre los que permanecen en Venezuela también ha habido valientes que han dado la cara para denunciar violaciones a los Derechos Humanos.

Raiza Isabel Remolina grabó un vídeo que pidió hacer viral en el que contaba cómo cinco miembros de su familia habían sido sacados de una vivienda en el barrio 5 de Julio, de La Victoria, en el marco de un operativo de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) –que están desde el martes en el sitio del conflicto apoyando a la Fanb–, y aparecieron muertos, en El Ripia, que es la zona donde se desarrollaron los enfrentamientos de este jueves, y ataviados con otra vestimenta, similar a la de los guerrilleros.

“Estaban haciendo eso con todas las familias de ese sector, a todos los regresaban después con vida, pero mi familia, lamentablemente aparecieron tirados en un campo. (…) Ellos no eran ningunos guerrilleros, eran gente de bien, gente trabajadora y luchadora”, dice la joven en el vídeo.

Su testimonio se suma al de otra pariente del grupo, Fabiola Álvarez, quien puso a circular un audio en el que, como ella, pedía también justicia y respeto por los Derechos Humanos.

“Lo que hicieron es una masacre, un falso positivo, porque jamás y nunca mis suegros fueron guerrilleros, fueron personas honradas, mi suegro trabajador del campo, mi cuñado era un niño, aún con 20 años no salía a calles de su barrio. Mi suegra era una señora de casa”, dice Álvarez.

El activista venezolano en Derechos Humanos, Marino Alvarado, aseguró que esta denuncia se asemeja a la masacre de El Amparo, en 1998, perpetrada por policías y militares, en la que 14 pescadores fueron asesinados y presentados como guerrilleros. Al final, sin embargo, en ese caso se impuso la verdad y el Estado asumió la responsabilidad.

“Esta denuncia de El Ripial es muy grave, recordemos que fueron trasladados contingentes de las Faes con amplio prontuario de ejecuciones extrajudiciales. Hay denuncias de robos a viviendas, donde también tienen un récord considerable”, trinó Alvarado, quien además se refirió a detenciones de más de 30 campesinos.

El activista condenó el silencio que ha guardado la Defensoría del Pueblo ante todos estos hechos. “Las omisiones también generan responsabilidad ante los crímenes de lesa humanidad”, recordó.

En redes sociales también han circulado vídeos que evidencian saqueos a viviendas y negocios, presuntamente por parte de funcionarios venezolanos.

«Saquearon esos desgraciados, se llevaron mercado, lo que había en la nevera, en el congelador (…) el Gobierno venezolano, esto es gracias a Nicolás Maduro, esto lo hacen, saqueando porque están muriendo de hambre», se escucha decir a un hombre, desde una bodeguita en El Ripial, mientras una mujer se lamenta de fondo.

En días previos, circularon otros vídeos de vehículos oficiales cargados con neveras y demás enseres, que los ciudadanos del sector aseguran que les pertenecían a ellos.


  • ANDREÍNA ITRIAGO / CORRESPONSAL DE EL TIEMPO / CARACAS

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