Apure, el epicentro de la violencia en Venezuela

Mientras las acusaciones van y vienen por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela, achacándose responsabilidades, ya son cerca de 4.000 personas que llegaron a Arauquita (Arauca) huyendo de un conflicto ajeno a ellas. / AFP / Daniel MARTINEZ / DANIEL MARTINEZ

El estado de Apure ha sido foco de combates que han desembocado en niveles de violencia insospechados y una crisis humanitaria que debe ser tenida en cuenta cuanto antes


 

Nicolás Marín y María Paula Ardila / El Espectador (Colombia) – 27/03/2021

Violencia, una crisis humanitaria y un número desconocido de muertes es lo que dejan los combates que han calentado la frontera colombo-venezolana durante toda la semana entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las Farc, según denuncias de autoridades locales y habitantes de la zona. El estado venezolano de Apure ha quedado como epicentro de un sangriento ajedrez político, en el que conviven numerosos grupos armados ilegales a causa de un abandono estatal cruel y permanente. Mientras las acusaciones van y vienen por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela, achacándose responsabilidades, ya son cerca de 4.000 personas que llegaron a Arauquita (Arauca) huyendo de un conflicto ajeno a ellas.

El gerente de Fronteras de Colombia habló con El Espectador y explicó que se está resolviendo cuanto antes la situación de los migrantes al margen de cualquier conflicto armado: “La magnitud de esta crisis es un poco incierta, porque finalmente todo va a depender de la intensidad de los enfrentamientos del otro lado de la frontera. Lo que sí significa para Colombia es una crisis humanitaria que tiene que ser tratada con carácter de emergencia. Nosotros estamos atendiéndola, pero no tenemos ninguna intención de inmiscuirnos en ese conflicto que se está dando un poco debido a la permisividad que tuvo el régimen de Maduro con las disidencias de las Farc”.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, también dijo: “Esto es lamentablemente consecuencia de albergar terroristas. Albergar terrorismo solo trae este tipo de consecuencias de dolor, de desplazamientos y de afectación”.

Por su parte, el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista, responsabilizó al Gobierno colombiano con las mismas acusaciones que hicieron hace una semana tanto el presidente Nicolás Maduro como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. “El fenómeno de grupos armados irregulares, dedicados a actividades ilegales y vinculados a las mafias del narcotráfico, forma parte de un conflicto que nos es ajeno y que el actual Gobierno de Colombia consciente y exporta de manera irresponsable”, aseguró el comunicado de la Asamblea Nacional leído por su presidente, Jorge Rodríguez.

El punto de partida para entender lo que ocurre en este territorio es rocoso, teniendo en cuenta que la pandemia bloqueó cualquier documentación de lo que estaba ocurriendo y permitió el florecimiento de nuevas dinámicas que atentaban contra la seguridad de la población local y los derechos humanos. “Los grupos hicieron una transformación de su repertorio de acción en territorio, hubo cambios y eso no fue documentado porque la gente que hace investigación no podía viajar y no era bioseguro ir a las comunidades a hacer entrevistas”, explicó Naryi Vargas, investigadora social en temas de seguridad territorial a El Espectador.

De hecho, Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación local del CICR, afirmó esta semana que la principal preocupación del organismo internacional “es el crecimiento de las consecuencias humanitarias ligadas a los conflictos armados que afectan al país. El 2020 agregó un elemento adicional (…) en el sentido de que algunos actores armados se aprovecharon de la pandemia para fortalecer su control sobre la sociedad en algunos territorios”.

En redes sociales, periodistas venezolanos han comenzado a publicar desgarradores testimonios de personas que vivieron los combates y que incluso han llegado a denunciar que son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos. Una de ellas se identifica como Raiza Isabel Remolina, quien afirma: “Cinco de mis familiares fueron asesinados vilmente el 25 de marzo en Parroquia Urdaneta, La Victoria, del barrio 5 de Julio, en el estado de Apure. Fueron sacados mis familiares por los grupos del FAES, del gobierno nacional. Estaban revisando todas las casas en el sector, se metían supuestamente buscando guerrilleros. Se los llevaron y aparecieron en El Ripial, tirados en el campo, uniformados con lo que usan los grupos irregulares”.

La mujer agrega: “A mi primo le amarraron un pantalón, le pusieron botas y un arma a su lado. A mi tía y a su esposo les colocaron unas botas de guerrillero. Era gente inocente que no tenía nada que ver con grupos irregulares, que se dedicaban al trabajo del campo. Solo me queda pedir justicia por mi familia, ellos no eran guerrilleros. Debe saberse todo lo que está pasando en el estado de Apure y no ha sido informado”.

De hecho, Sebastiana Barráez, periodista venezolana especializada en temas militares, le explicó a este diario que esta vez el ejército venezolano “ha allanado un montón de casas y ha detenido a mucha gente. Y aunque todavía no está clara esa situación, o quiénes son los detenidos, hay indicios que muestran que algunos de ellos son civiles, que no son guerrilleros”. En videos conocidos por El Espectador se pueden ver negocios saqueados mientras la comunidad local denuncia a los militares.

Apure, el epicentro de la violencia en Venezuela / Jonathan Bejarano.

Las hipótesis del operativo

La prensa local y varios expertos consultados por El Espectador tienen varias versiones sobre lo que ocurre en la zona. Barráez explica que esta vez las disidencias no se enfrentaron al Ejército venezolano. “Ellos lo que hacen es salir de la zona, pero como el territorio está minado, una de las unidades militares pisa una mina antipersonal y terminan muertos dos militares”.

La presencia de minas antipersonales en el territorio ya había sido denunciada en el pasado y significa un hecho gravísimo. Como explica Rocío Sanmiguel, presidenta de Control Ciudadano, Venezuela fue declarada país libre de minas antipersonales, después de cumplir con las exigencias del Tratado de Ottawa. “Lamentablemente ya comienzan a acumularse incidentes con ellas, que son un enorme peligro como ya quedó demostrado no solo para la Fuerza Armada, sino para los pobladores de la zona. El que existan y que haya habido muertos es un hecho sumamente grave que debe encender las alertas, incluso de la comunidad internacional”, agregó Sanmiguel.

En cuanto al porqué del operativo por parte de la FANB, una experta consultada por este diario, que prefirió guardar su identidad, dijo que el narcotráfico en la zona implica “pagar la extorsión, o un soborno, a entidades públicas, particularmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”. De acuerdo con la experta, desde 2019, tanto las disidencias de la Segunda Marquetalia, como las de Gentil Duarte, comenzaron a incumplir los pagos. “Eso sin duda generó una serie de tensiones con la FANB que fueron escalando. Hay que tener en cuenta que sí ha habido una serie de operativos de la FANB contra las disidencias de las Farc, sobre todo en el estado de Bolívar y en el estado Amazonas, que dan cuenta de que esas tensiones con las disidencias ya existen”.

Agregó que el frente 10 empezó a aumentar el volumen del narcotráfico que pasaba por la ruta. “Entonces más miembros de la FANB empezaron a cobrar y a subir las tarifas. Ahí aparece Ferley, él es el financiero del frente 10 y empezó a tener controversias con la gente de la FANB”, agregó. Por otro lado, Barráez plantea que “por lo menos en Venezuela las simpatías que han manifestado, incluso el propio Nicolás Maduro, han sido hacia Santrich y Márquez, no hacia Gentil Duarte (…) Yo no podría decir que esto (las disputas) sería como apoyo a Santrich, lo que sí es claro es que los tres últimos ataques que ocurrieron en las últimas semanas fueron, no sé si por casualidad, contra las Farc que están enfrentadas a Santrich”.

Apure, el estado del miedo y la violencia

Los grupos armados en Arauca y Apure han establecido, e imponen ferozmente, una serie de normas asociadas con las leyes penales que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos, advirtió en 2020 Human Rights Watch (HRW). Estamos hablando de toques de queda, robos y homicidios, y la reglamentación de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de los establecimientos. El Eln y el grupo disidente de las Farc también reclutan a niños y niñas tanto en Arauca como en Apure; los convencen con dinero, motocicletas y armas, de acuerdo con la organización. “Varias niñas que lograron salirse de los grupos armados denunciaron hechos de violencia sexual cometidos por guerrilleros, incluidos violaciones y abortos forzados”, se lee en un informe de HRW.

“Donde fue el operativo, es una zona que se llama la Parroquia Urdaneta, en el municipio Páez, del estado Apure. En esa zona, particularmente, es donde la estructura del frente 10 de las Farc-Ep ha crecido más. Y tiene sentido, porque Arauquita era la zona más fuerte de control de las Farc previo a la desmovilización. Desde La Victoria y su zona rural, el frente 10 ha tenido la capacidad de control social y económico, no diría territorial, pero sí controla y ha fortalecido las rutas de narcotráfico”, dijo Vargas.

Explicó con mayor profundidad que en esa zona fronteriza hay dos disidencias: “Una que hace parte de las Farc-ep de Gentil Duarte que está conformada en Arauca por el Frente 10, el 45 y recientemente el 28 y el 56 que hacen parte de Meta y Casanare, pero que comenzaron a articularse en una estructura bajo el mando de alias Arturo”, dijo. También está la disidencia de la Segunda Marquetalia. “Ellos tienen una presencia extraña porque no es tan claro identificar quiénes son sus combatientes, al menos en Arauca y Apure. No obstante, los máximos comandantes de la Segunda Marquetalia han permanecido y visitan constantemente ese estado venezolano”.

De hecho, en 2020, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) advirtió que en el departamento de Arauca había presencia del frente Décimo Martín Villa, que estaría conformado por desertores de los antiguos frentes 10 y 45. “Su líder es desconocido, alias Jerónimo, quien la conformó con el apoyo financiero y militar de Iván Mordisco, del frente 1. La presencia de este grupo pos-Farc está en los siete municipios del departamento de Arauca”, dice el informe de Pares. A esto se suma que, según datos de la organización, a finales de 2019 surgió una facción de este Grupo Armado pos-Farc, liderado por alias Porrón, quien fue enviado por Los Marquetalianos que tuvieron control de Apure, previo a la firma del Acuerdo Final de Paz, es decir, Romaña y Aldinever.

A las disidencias se suma la presencia del Eln del frente Domingo Laín, que forma parte del frente de guerra Oriental. “Ese frente ha tenido una expansión muy grande luego de la salida de las Farc del territorio. Y no solamente es en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Si bien es una organización que tiene una táctica militar y política, ha logrado, en el marco de las necesidades por las que pasó la gente, dinamizar ciertas actividades económicas que aliviaron la economía de los araucanos. Entonces les permitió volver a zonas donde antes habían tenido que moverse, y arraigar su control territorial, porque sin duda fue el actor que más promovió las campañas de bioseguridad”, agregó Vargas.

Apure, el epicentro de la violencia en Venezuela / Jonathan Bejarano.

Los desplazados, la prioridad

La incertidumbre de lo que viene es el peor sentimiento que pueden estar viviendo los habitantes de la zona. Las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas y no parece haber una voluntad política de hacerse cargo de una terrible situación en la que se están violando derechos humanos con cada segundo que pasa. Sanmiguel afirma: “Puede que aumente la existencia de zonas de conflicto armado. Esto que pasó va a generar retaliaciones y ajustes de cuentas. Ya en este momento comenzaron. El peso más grande recae sobre la población civil. El otro problema subyacente es el de las florecientes economías ilegales en la zona. Hemos aprendido que estas traen conflictos armados”.

Sí, la población civil que llega a Colombia no para de denunciar desapariciones, balas y asesinatos. “A mi papá se lo llevaron. Él se llama José Rico, es una persona inocente, campesino de la comunidad que no tiene que ver con la guerra (…) Queremos que nos ayuden para que lo saquen de allá donde lo tienen”, clama desesperada Diana Rico, una de las mujeres que se encuentran en el albergue de Arauquita. De hecho, “es la primera vez que se presenta esta situación de desplazamiento forzado por la violencia en el Estado venezolano, al menos en esa magnitud”, según Joel Llanes, personero encargado de velar por los derechos humanos en Arauquita.

En este momento la prioridad son las personas, y desde el Gobierno colombiano ya se anunció estar haciendo todo para socorrerlas de la mejor manera. “Para nosotros es un desafío grande atender a esta población, pero es muy importante también ver cómo la institucionalidad ha respondido y se está generando toda la atención que se necesita para atender a esta población. Desde el Gobierno Nacional hemos coordinado en conjunto con la Consejería para las Regiones y la Gerencia de Fronteras toda la atención a esta población, incluyendo elementos muy importantes, que son puestos de mando unificado que se han hecho a nivel territorial”, afirmó Gómez.

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