Cómo la corrupción con Petrocaribe desató la crisis en Haití que terminó en magnicidio

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El asesinato este miércoles del presidente Jovenel Moise pone de manifiesto una enorme crisis que tuvo como punto de partida la corrupción en Haití con Petrocaribe. (Twitter)

La Corte Superior de Cuentas de Haití había acusado a Jovenel Moise de dirigir un “esquema de desvíos de fondos del programa de Petrocaribe” en 2019


 

Gabriela Moreno / PanAm Post (Latinoamérica) – 07/07/2021

¿Kot Kòb Petro Caribe a? (¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?) se preguntó el cineasta y activista haitiano Gilbert Mirambeau en un tuit con una fotografía de sí mismo sosteniendo un cartel con esta interrogante y los ojos vendados. El mensaje –que se volvió viral hace tres años en Haití– expuso la corrupción en el manejo de los fondos otorgados por la plataforma petrolera chavista Petrocaribe, que desembocó hoy en el magnicidio del presidente Jovenel Moise.

Sí, ahí está el hito de la crisis política y social de la nación caribeña que hoy despertó con su primer mandatario ensangrentado y sin vida. Petrocaribe permitió desde 2005 por decisión de Hugo Chávez que países caribeños compraran petróleo venezolano a precios preferenciales con el fin de que invirtieran los recursos ahorrados en el mejoramiento de sus infraestructuras y servicios. Haití faltó al acuerdo.

La Corte Superior de Cuentas de Haití acusó a Moise de dirigir un “esquema de desvíos de fondos del programa Petrocaribe” en 2019.

En un informe de más de 600 páginas el organismo detalló que desde 2014 el Estado encargó la rehabilitación de los mismos tramos de una ruta a dos empresas: Betexs y Argitrans, y esta última, propiedad de Moise, recibió más de 700.000 dólares por un proyecto vial, cuando su actividad principal era la producción de bananas.

De esta manera la instancia reveló la malversación de 2.000 millones de dólares en proyectos que mostraron “una distancia enorme entra las sumas gastadas y la realidad de los trabajos que deberían haber sido realizado” evidenciando “colusión y favoritismo”.

El abuso de autoridad

Los cuestionamientos de la Corte trastocaron a Moise. En un intento por censurar a la justicia, redujo drásticamente las atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas, que ha perseguido la corrupción en el país desde 2008.

A través de un decreto emitido por su despacho decidió que los fallos de los jueces sobre el uso de los dineros públicos ya no serían vinculantes, sino meramente consultivos, y deberían emitirse en un plazo de tres a cinco días hábiles.

«Los fallos del Tribunal Superior de Cuentas y lo Contencioso Administrativo (…) no serán vinculantes para la Comisión Nacional de Contratación Pública, ni para las autoridades del Poder Ejecutivo» y «no podrán paralizar ni impedir la celebración de contratos, convenios y acuerdos», señaló en el documento.

En la exposición de motivos se justificó alegando que «cualquier lentitud injustificada en la firma de los contratos en los que participa el Estado es perjudicial para el desarrollo socioeconómico del país y para la mejora de las condiciones de vida de la población».

Un acuerdo con fines políticos

Las maniobras de Moise intentaban disimular que Haití respaldaba a Venezuela frente a Estados Unidos en foros regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) porque Petrocaribe constituía una de las vías para promover el «socialismo del siglo XXI» en Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Guatemala, Guyana, Grenada, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Surinam. Guatemala se retiró en 2014 y Belice en 2017, debido a la brusca caída de la producción petrolera venezolana, que no permitía respetar los acuerdos.

Haití se mantuvo. Recibía unos 60.000 barriles de crudo al día en condiciones más favorables que las del mercado. Más de la mitad de los costos del petróleo se devolverían en un plazo de 25 años con un interés de 1%, lo que supuestamente permitiría al país invertir en el fomento del desarrollo económico.

El Buró de Monetización de los Programas de Ayuda al Desarrollo (BMPAD), responsable de la puesta en obra del acuerdo, sirvió de intermediario entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las compañías haitianas: el BMPAD compraba el petróleo a Venezuela y se lo vendía a las petroleras locales.

Laurent Lamothe, primer ministro durante la presidencia del cantante Michel Martelly –anterior a Moise– se felicitó por la «transformación de Haití gracias a los grandes trabajos de reconstrucción con los fondos de Petrocaribe» a través de 234 proyectos por un monto de 2.000 millones de dólares, de los cuales 967 millones ya habían sido pagados para esa fecha.

Comisión con dudas

Pero en agosto de 2016 se constituyó una comisión parlamentaria para investigar los proyectos, presidida inicialmente por el senador Youri Latortue y luego por el senador Evaliere Beauplan. La comisión concluyó que tenía «dudas inquietantes en cuanto a la gestión de los fondos de Petrocaribe».

Los ex primeros ministros Jean-Max Bellerive y Lamothe, así como Wilson Laleau, ministro de Comercio y Finanzas, figuran a la cabeza de una extensa lista de personalidades de diferentes gobiernos con obras no realizadas, gastos no justificados y millones de dólares entregados a empresas dominicanas, venezolanas y haitianas luego del terremoto de 2010 para la construcción de rutas, centrales eléctricas y otras obras públicas no ejecutadas o inconclusas.

El Parlamento, con mayoría favorable al Partido de las Cabezas Calvas (Tèt Kale, PTK) del actual presidente Moise, no quiso tomar cartas en el asunto y lo remitió a los tribunales. Por su parte, Jovenel Moise declaró que se trataba de un “dossier político”.

“Todos entendieron que esta investigación, como tantas otras, iba a quedar en la nada y que la impunidad de los corruptos estaba garantizada”, apunta la revista Nueva Sociedad.  

Herencia de la crisis

La situación se complicó cuando los envíos de cargamentos petrolíferos por parte de Caracas se frenaron en marzo de 2018 y Haití comenzó a enfrentar la escasez de combustible que desató una ola de protestas en contra de Moise, al eliminar los subsidios con tan solo dos años en el poder.

La drástica medida que derivó de la corrupción y el desvío de recursos provocó que Haití adquiriera deudas no solamente con el régimen venezolano sino además con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prometió un paquete de préstamos financieros por 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda, bajo la condición de que el Gobierno haitiano eliminara los subsidios a la energía, lo que aumentó los precios del combustible en más de 50 %.

Moise aceptó y profundizó la crisis que heredó de su mentor político y antecesor Michel Martelly, quien lo designó en 2015 como el candidato a la presidencia del partido político que fundó, el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK), de centroderecha.

La vinculación de ambos encendió los ánimos. La situación se desbordó y empeoró junto al descontento de la población, que ante la falta de transparencia resistía al alza de la gasolina después de la temporada de huracanes, terremotos y otros fenómenos naturales que dejaron sin energía a una parte del país, obligándola a usar generadores de electricidad.

Sin legitimidad

La represión a las movilizaciones, así como la violencia de grupos armados contra la ciudadanía frente a la complicidad o incompetencia estatal desató una espiral de violencia que aún persisten con 17.000 desplazados, según Naciones Unidas, e impide la comunicación del sur del país con la capital, lo que sirvió de pretexto para aplazar las elecciones legislativas previstas para 2019.

De la suspensión sacó provecho Moise, quien ganó en 2016 con sólo 600.000 votos, tras la participación de 18 % de los haitianos con derecho a sufragar. Gobernó por decretos ejecutivos desde enero de 2020, cuando se suspendió la actividad en el Parlamento por el fin del mandato de los congresistas y de dos terceras partes de los senadores, preparó un proyecto de Constitución que sería votado el próximo 26 de septiembre para reestructurar los poderes y ampliar la Presidencia.

Pese a ese vacío, en marzo del año pasado, Moise nombró como primer ministro de Haití a Joute Joseph. Dos meses después dimitió. Claude Joseph lo sustituyó desde entonces y fue quien informó su asesinato que frustra su intención de permanecer en el poder hasta febrero de 2022, lo que la oposición considera un claro desacato a la resolución del Consejo Superior del Poder Judicial, que lo declaró fuera de mandato.

Magnicidio con claves

Su muerte tiene señales. Por un lado, “en un país con una larga historia de dictaduras y golpes de Estado, la democracia nunca se ha arraigado del todo” y Moise se volvió “más autocrático” y se apoyaba solo en “un pequeño círculo de confidentes para redactar un documento que, entre otros cambios, dará al presidente mayor poder sobre las fuerzas armadas, así como la posibilidad de presentarse a dos mandatos consecutivos. También otorgaría al líder de Haití inmunidad por cualquier acción realizada en el cargo”, señala The New York Times. “El sistema actual no funciona”, decía.

Recién el pasado lunes 5 de julio había nombrado a Ariel Henry como nuevo primer ministro con la tarea de formar un gobierno de “consenso” que integrara a diferentes sectores de la vida política del país. El reto no es poco cuando todavía el movimiento del Grupo Petro Challenger espera respuestas. En una breve conversación con PanAm Post a través de la cuenta oficial en Twitter tan solo respondieron: «En Haití no hay justicia».


  • Gabriela Moreno / Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.

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