Bajo el acuerdo energético promovido por Venezuela gobiernos aliados de este país tuvieron carta blanca para manejar discrecionalmente y sin mayores controles los fondos obtenidos gracias a los préstamos petroleros
Equipo de Reporteros de Petrofraude / Connectas (Latinoamérica) – 05/07/2020
La historia del incremento en el valor y las transacciones inmobiliarias de un terreno de 6.000 metros cuadrados, localizado en el bulevar Ejército de Soyapango, en San Salvador, ilustra cómo varios gobernantes y líderes políticos encontraron en los recursos de Petrocaribe su olla de la fortuna. En apenas tres meses el precio de este lote dio un salto sideral. Originalmente estaba valorado en 85.000 dólares. Luego de una fugaz cadena de compras y ventas fue adquirido en 1.300.000 dólares por la Sociedad Distribuidora de Combustibles y Lubricantes (Sodico), empresa controlada por familiares de José Luis Merino, dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que gobierna desde hace nueve años El Salvador.
Sodico adquirió el terreno en 2011 con uno de los préstamos que le entregó Alba Petróleos de El Salvador (Albapes), sociedad que ha manejado en el país centroamericano más de 1.100 millones de dólares en créditos petroleros suministrados por el gobierno venezolano a través de Petrocaribe. Ese es el acuerdo estrella de cooperación energética creado por el difunto Hugo Chávez en 2006 y a través del cual se financian las ventas de petróleo en condiciones ventajosas como un modo de impulsar la gestión social de los beneficiarios, en su mayoría gobernantes de partidos afines a la denominada revolución bolivariana como el FMLN.
Merino ocupa el cargo de asesor mayor en Albapes, pero se le considera el poder detrás del trono en la empresa y el encargado de las relaciones financieras con Venezuela. Es una figura que está bajo la lupa de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero en distintos ámbitos, entre ellos el de bienes raíces. Tres instituciones de ese país indagan sobre sus actividades: el Departamento del Tesoro, la DEA (agencia antinarcotráfico) y el FBI (policía federal investigativa).
La historia del terreno adquirido por Sodico es muy semejante a la de otros 107 inmuebles cuyos expedientes se encuentran en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas del país centroamericano. Esta investigación periodística de #Petrofraude, basada en la revisión de cientos de documentos, revela la existencia de un esquema especulativo inmobiliario que ha dejado pérdidas para la empresa que ha manejado la cooperación venezolana y beneficios para las personas y entidades jurídicas, como esta con conexiones con Merino, a las que se les han otorgado los créditos. Un ejemplo es Sodico, que recibió tres préstamos hipotecarios por seis millones de dólares de Albapes.
El rastreo de las operaciones, antes, durante y después de la llegada de las propiedades a la órbita de Albapes, permitió identificar modificaciones abruptas en los precios de compra y venta; sobrevaloraciones de los inmuebles que se ofrecen como garantía de los préstamos y la atribución de valores subestimados o sobrestimados a los bienes que son embargados o entregados en pago por incumplimiento de los compromisos relacionados con los financiamientos. En algunos casos, incluso, la propia empresa compró propiedades por precios por encima del mercado.
Albapes fue fundada en 2006 como producto de una sociedad entre Enepasa, una empresa que agrupó a 30 alcaldes del FMLN, y PDV Caribe, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), responsable de los créditos petroleros en la región. La función principal de la empresa mixta es la venta y distribución de derivados de petróleo obtenidos a través del convenio energético. De sus operaciones, en teoría, deben generarse recursos para apuntalar programas sociales para los salvadoreños.
En la práctica, como demuestran sus balances, Albapes opera principalmente como una financiera que no ha escatimado en ofrecer créditos, en algunos casos con garantías hipotecarias, por 500 millones de dólares a al menos 90 personas naturales y empresas escogidas a dedo. Los beneficiarios se relacionan principalmente con el negocio del combustible y la energía, pero también con otros fines económicos. Las pérdidas han sido el signo común en una gestión que parece no buscar el lucro sino todo lo contrario.
Esta investigación de #Petrofraude no solo identificó operaciones inmobiliarias cuyos montos se elevaron o redujeron sin explicaciones aparentes, sino un patrón característico en la estructura accionaria de compañías que han sido beneficiadas con préstamos millonarios de Albapes.
Muchas de ellas pertenecen a otras firmas cuya propiedad a su vez descansa en terceras compañías, algunas de las cuales son off shore y se encuentran registradas en Panamá o en Curazao. Entre ellas se prestaron dinero y la composición accionaria de cada una parece diseñada como una telaraña para despistar a quien se proponga seguir la ruta de los fondos, que al final lleva a figuras del entorno de Merino, según se estableció.
El destino de los préstamos de Albapes es apenas una evidencia del laberíntico esquema financiero que se implantó en El Salvador con los recursos originados en Venezuela. Es una muestra además del giro que en algunos países del continente le dieron a la gestión de los acuerdos de cooperación impulsados por Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.
Los convenios petroleros, con Petrocaribe a la cabeza, supusieron la inyección de más de 28 mil millones de dólares en hidrocarburos y derivados en 14 países sin incluir a Cuba. Aproximadamente la mitad de los recursos se entregaron con créditos pagaderos en máximo 25 años y tasas de hasta dos por ciento anual. La cascada de dinero implicó un desafío para la transparencia de la institucionalidad regional que no aprobó el reto. La gestión de los fondos, según evidencia recopilada para este trabajo, se hizo en un entorno de opacidad con respecto a los controles aplicados dentro y fuera de la plataforma diseñada para que el dinero fluyera, lo que facilitó el surgimiento de esquemas de desvío de recursos que beneficiaron a figuras de poder.
Petrocaribe, por ejemplo, creó un mecanismo de auditoría que solo siguió el rastro de una parte mínima de los recursos, según consta en las resoluciones de la organización. De los informes realizados por esa instancia auditora, no hay información abierta al público. Los contralores nacionales de los países beneficiarios tampoco fueron más allá y apenas han hecho mención al tema en la mayoría de los casos, de acuerdo con documentos examinados por #Petrofraude. Tampoco la Contraloría General de la República de Venezuela ha divulgado examen alguno que específicamente haya seguido la pista a la gestión de PDV Caribe en el marco de los acuerdos.
“Todo se auditaba”, afirmó a periodistas de #Petrofraude Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y ex ministro de Petróleo, que fue uno de los principales articuladores de la petrodiplomacia de Chávez en Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, ningún vocero activo de la empresa respondió las peticiones de consulta presentadas por diferentes medios por esta investigación.
Los expedientes de mayor trascendencia pública sobre el manejo de la cooperación venezolana han sido impulsados hasta ahora por el Senado de Haití y la policía antilavado de dinero de Guyana, que han afirmado haber encontrado evidencias de supuestos delitos. En naciones como Belice dirigentes de oposición han reclamado sin éxito exámenes contables y en otros como Nicaragua las auditorías han señalado que no han existido irregularidades pese a las evidencias que la cooperación venezolana hizo prosperar a figuras del partido gobernante. En República Dominicana ni la Cámara de Cuentas ni los órganos de gestión interna del Ministerio de Hacienda, dependencia desde la que funcionaba la Oficina de Petrocaribe en ese país, han auditado el uso de los recursos del programa petrolero durante los últimos años.
En El Salvador se ha denunciado formalmente ante la Fiscalía General el deliberado intento de silenciar inconsistencias en auditorías practicadas por la Corte de Cuentas de la República a Albapes cuyos funcionarios, incluido Merino, tampoco respondieron las solicitudes de entrevista que fueron presentadas por periodistas de esta investigación. Más sombras que luces han predominado en el manejo de la cooperación.
Laberinto de relaciones
Sodico ha tenido entre sus accionistas desde su fundación a Carmen Leonor Aguilar Hurtado, esposa de Sigfredo Merino, hermano del asesor de Albapes, y a José Mauricio Cortez Avelar, un abogado salvadoreño a quien las autoridades estadounidenses que investigan al dirigente del FMLN señalan como su principal prestanombres.
Con los seis millones de dólares recibidos en préstamos hipotecarios, la empresa no solo adquirió el terreno de Soyapango sino otros seis, cuyos precios se elevaron en las operaciones de compra y venta previas a la adquisición.
El salto del precio del terreno comprado en Soyapango ocurrió tras una serie de transacciones que llamarían la atención de cualquier auditor. Primero una compañía farmacéutica lo vendió a un grupo de tres personas naturales. Al día siguiente, esos compradores lo negociaron con una empresa que pertenecía al representante legal de la misma compañía farmacéutica que había vendido en un principio. Cuatro meses después, ese abogado transó la propiedad con Sodico, que instaló en el terreno una gasolinera con la bandera de Albapes.
Solo en el concepto de préstamos hipotecarios, que tienen un inmueble como garantía, Albapes ha otorgado 46 millones de dólares entre 2006 y 2018. De ese total, 39 millones de dólares fueron destinados a financiar operaciones con las 107 propiedades relacionadas con el esquema identificado por #Petrofraude. Hasta la fecha, la empresa binacional ha recuperado un poco más de 18 millones de dólares a través de daciones en pago o embargos.
La propia Sodico sufrió el embargo de siete de sus inmuebles en 2016 (incluido el de la gasolinera en Soyapango), porque hasta entonces poco había hecho para aminorar sus deudas, lo que hizo impacientar a una nueva administración de funcionarios venezolanos a cargo de Albapes que exigieron celeridad en la recuperación de la cartera inmobiliaria, asunto que en el pasado no les había preocupado en exceso. La acreedora, sin embargo, valoró las propiedades por menos dinero de lo que le costaron a Sodico a pesar de que la empresa había hecho mejoras e inversiones para activar las gasolineras.
El historial de Sodico no impidió que en 2017 Albapes le prestara otros 19,3 millones de dólares. Los periodistas de esta investigación no pudieron identificar cuál fue la garantía ofrecida para el desembolso.
Sodico comparte un rasgo con otras compañías que han recibido financiamientos, hipotecarios o no, por parte de Albapes: la conexión con Merino, quien frecuentemente aparece al final de la ruta si se desnuda el modelo de propiedad empresarial que hace recordar las célebres matrioskas rusas, muñecas huecas que contienen a otras más pequeñas dentro de sí.
En la investigación de #Petrofraude se identificaron seis nodos de empresas interconectadas por relaciones que siempre llevan a una firma off shore privada o relacionada con Albapes y en la que el abogado Cortez Avelar tiene alguna función. “No trabajo para José Luis sino para su hermano”, dice el profesional a modo de negativa de las vinculaciones con el dirigente del FMLN. Ya el periódico digital El Faro había documentado la existencia de empresas registradas en el extranjero relacionadas con Albapes y su uso para burlar obligaciones impositivas. Las compañías señaladas entonces están en el núcleo de la red de las matrioskas salvadoreñas.
Uno de los grupos más representativos está asociado a la empresa Termopuerto, constituida para generar energía eléctrica mediante combustibles fósiles y la cual recibió de Albapes un total de 70 millones de dólares en créditos.
Termopuerto es propietaria de 80 por ciento de las acciones de Renova Energy, otra compañía manejada por un hermano de Merino. La primera empresa financió a la segunda con 25 mil dólares, un monto bajo pero que ilustra una práctica común entre las sociedades que reciben dinero de Albapes: la de convertirse a su vez en prestamistas de sus firmas relacionadas.
Hasta febrero de 2018, Termopuerto fue propiedad de la panameña Inversiones para el Desarrollo Internacional (IDI), fundada en 2011 con Cortez Avelar como tesorero y apoderado. La compañía domiciliada en Panamá vendió 99 por ciento de sus acciones a un ex director de la empresa eléctrica quien también había sido accionista de Renova Energy. Esa persona natural, Daniel Rodríguez, pagó 18 millones de dólares a IDI por el paquete accionario, una cifra fuera del alcance de alguien que en sus declaraciones de renta solo había reportado ganancias de hasta 125.000 dólares al año. Consultado al respecto, no quiso ofrecer comentario alguno.
Los indicios de irregularidades relacionadas con la gestión de Albapes no solo han abarcado el tema de los préstamos. En febrero de 2014, la Corte de Cuentas de la República se propuso hacer un examen especial que abarcaría las cuentas de las compañía correspondientes a 2012 y 2013. El equipo de #Petrofraude revisó los papeles de trabajo relacionados con la evaluación. En los documentos quedó reflejado que los auditores tuvieron dificultades para acceder a toda la información requerida, porque había piezas clave que se encontraban en Venezuela. Al final, la corte aceptó examinar solo el año 2012, tal como se lo había solicitado la gerencia de la empresa.
En los papeles de trabajo, la Corte de Cuentas incluyó el informe de la auditora interna de Albapes, quien detectó que en 2012 hubo incongruencias entre los libros de la empresa y el balance financiero presentado al Registro de Comercio. Se habían reportado 20 millones de dólares menos en el balance en los rubros de efectivo, cuentas por cobrar a largo plazo y cuentas por cobrar a partes relacionadas. A propósito de ello, la auditora recomendó hacer una rectificación para no violar la ley.
Dos años más tarde la corrección no se había realizado y los auditores de la Corte de Cuentas no dieron aviso alguno al respecto y calificaron ese y otros seis hallazgos como observaciones menores. Para 2012, Albapes era presidida por Asdrúbal Chávez, primo del difunto presidente venezolano.
Los resultados del informe se mantuvieron en secreto y solo fue en octubre de 2017 cuando se conocieron a raíz de una auditoría externa que la Asamblea Legislativa hizo a la Corte de Cuentas por medio de una firma independiente. Los auditores informaron a los diputados que efectivamente las inconsistencias detectadas habían sido declaradas como menores sin una justificación clara. René Portillo Cuadra, parlamentario opositor, pidió a la Fiscalía General que investigara por qué ocurrió eso.
La denuncia del parlamentario se ventiló en los medios un mes después de que se filtró en la prensa otro informe, el de la firma Fernández y Fernández, auditor fiscal de Albapes, que había concluido que las pérdidas comprometían la operatividad de la compañía. Nada de ello, sin embargo, ha sido un tema de abordaje público para las autoridades de Petrocaribe, plataforma que durante siete años financió a Albapes sin que El Salvador estuviese formalmente adherido al acuerdo, lo cual hizo en 2014.
Las investigaciones adelantadas en Estados Unidos con respecto a Merino gravitan como un elemento de fondo alrededor de la trama salvadoreña. Las autoridades norteamericanas le atribuyen vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero que se desmovilizó en 2018 y que hizo de su asociación con el narcotráfico una de sus principales actividades. La organización subversiva rindió cuentas de sus activos en el proceso de negociación de la paz, pero en Colombia se cree que mucho más ha sido legitimado y permanece oculto. El Congreso estadounidense ha prestado atención a comparecencias al respecto, una de ellas de Douglas Farah, presidente del IBI Consultants, firma de inteligencia estratégica, que asegura que Albapes ha sido una de las fachadas para ello.
“Soy la auditora general”
«Muy buenas tardes, pueblo nicaragüense. No sé si todos me conocen aquí, pero soy la auditora general de Petrocaribe». La frase consta en una transcripción de un acto público celebrado en la Casa Presidencial de Managua, Nicaragua, el 25 de octubre de 2008, en el que comenzó la entrega de cocinas y cilindros de gas para ciudadanos de ese país con cargo a la cooperación venezolana.
Estaban presentes el presidente Daniel Ortega, quien había ascendido al poder el año anterior como candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), su esposa Rosario Murillo y la funcionaria que pronunció las palabras, Carolina Torras, gerente de Auditoría Funcional de Pdvsa, quien para entonces, según información obtenida por #Petrofraude, tenía 27 años de edad y cuatro años de carrera en la corporación petrolera.
“Quería compartirles que efectivamente en cumplimiento con el acuerdo energético Petrocaribe se aprobó recientemente el Mecanismo de Verificación y Auditoría, en julio, en la última cumbre. Actualmente, estamos dando inicio a esta auditoría del Proyecto 200 mil cocinas y 200 mil cilindros y (…), vamos a estar compartiendo con ustedes en cada una de las fases de las auditorías y, vamos a comunicarles a los niveles correspondientes, los resultados. Es un honor estar aquí, gracias por la invitación”, dijo, según el texto reproducido por el portal Nicaragua Triunfa. La respuesta de Ortega fue la de un veterano político. “Vivan las mujeres en la bella Nicaragua”, exclamó y luego pasó a otro tema sin volver a atrás.
Los “niveles correspondientes” mencionados por Torras mantuvieron bajo cerrojo los hallazgos. El mecanismo auditor aprobado en la cumbre de ministros de Maracaibo, Venezuela, tenía un alcance limitado y se concretaría a los programas y obras financiadas por el Fondo Alba Caribe, que es solo una de las fuentes de recursos. Los otros canales son el Fondo Alba Alimentos; los fondos bilaterales establecidos con algunos de los países; los aportes sociales de las empresas binacionales en las que PDV Caribe es socia y los préstamos a largo plazo, que permiten a cada país contar con recursos para programas que pueden gestionar de manera autónoma.
A través del Fondo Alba Caribe, se canalizaron apenas aproximadamente 179 millones de dólares en 88 proyectos, según documentos obtenidos para esta investigación. Solo para el de las cocinas nicaragüenses se presupuestaron 8,2 millones de dólares, de los cuales se había desembolsado la mitad para 2010.
En las resoluciones ministeriales de Petrocaribe, apenas se dieron datos referenciales sobre el mecanismo de auditoría. Por ejemplo, en la reunión de Basseterre, San Cristóbal y Nieves, en julio de 2009, se afirmó que había ayudado a mejorar el desempeño de la alianza y en la de 2012 en Managua, se discutió un plan anual de revisiones contables. Pese a que la plataforma fue impulsada con recursos públicos, nunca se estableció una fórmula de transparencia ni se ventiló en informes disponibles a la ciudadanía dato alguno sobre una mínima falla a corregir con el acuerdo. Lo que se sabe ha sido un moisaco basado en filtraciones internas y en algunas piezas públicas.
Una pista se divulgó cuando Hernán Ferrer, comisario mercantil de Pdvsa, reveló en su informe de 2015 que la corporación adelantaba una evaluación general de los convenios energéticos, que incluía la revisión de los proyectos sociales del Fondo Alba Caribe y de las obras de infraestructura petrolera en la que la corporación hizo inversión. En el documento del año siguiente, el último disponible, no hizo referencia de los progresos en ese proceso de evaluación que estuvo pendiente por una década, pero sí señaló que se revisaba a Petrocaribe, entre otros acuerdos regionales, para prevenir las pérdidas que había generado.
A Torras, retirada de Pdvsa desde hace dos años, se le intentó contactar para este trabajo sin éxito. Hoy dirige una empresa de filtros de agua en Caracas y se presenta en sus redes sociales como una viajera orgullosa de haber conocido 43 países. Nicaragua, uno de ellos, es de los que más ha estado rodeado de controversia en conexión con los beneficios de la cooperación venezolana.
Carolina Torras lideró el Mecanismo de Verificación y Auditoría de Petrocaribe. Hoy en sus redes sociales se describe como viajera. Allí se le ve en Mali.
Hasta el primer semestre de 2018, según datos oficiales, las ayudas desde el país suramericano habían superado los 3.760 millones de dólares en préstamos petroleros y los 1.000 millones en inversiones de Pdvsa en obras eléctricas y también de almacenamiento y refinación de combustibles asociadas al Complejo Gran Sueño de Bolívar. La depresión del mercado petrolero ha hecho descender el ritmo de los desembolsos, que, sin embargo, han sido de más de 490 millones de dólares solo en créditos por hidrocarburos y derivados en los últimos tres años, en los que la crisis de Venezuela se agravó y sus secuelas ya tienen impacto en el continente.
Un caos privatizado que pagará la gente
Los préstamos petroleros a Nicaragua fueron presentados desde el principio por el gobierno de Ortega y por el Banco Central de ese país como un aporte privado. Ese ha sido el pecado original de un esquema de manejo de la cooperación venezolana que resultó tan intrincado como el de El Salvador y que se orquestó con la complacencia de Caracas. En su manejo han estado involucrados los presidentes de PDV Caribe y José Francisco López, hombre de confianza de Ortega, tesorero del FSLN, y quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en julio de 2018, por sus supuestos vínculos con operaciones relacionadas con corrupción y con lavado de dinero.
La gestión de los millonarios aportes recayó de modo inédito en una cooperativa agrícola de créditos y ahorros llamada Caja Rural Nacional (Caruna) y en la empresa binacional Alba de Nicaragua (Albanisa). La primera dispuso de un presupuesto que pudo gerenciar fuera de los controles aplicados a las instituciones públicas y la segunda, cuyo objetivo era recibir y distribuir combustibles, se transformó en un emporio de compañías con negocios disímiles que ha sido inescrutable.
La historia de cómo se llegó a ese punto refleja la exploración de Chávez y Ortega por encontrar la ruta con menos obstáculos. El primer intento ocurrió cuando el ex comandante del FSLN era aún candidato para las elecciones noviembre de 2006. El difunto presidente ordenó a PDV Caribe, filial de Pdvsa, constituir una empresa para ejecutar el acuerdo Petrocaribe en sociedad con la Asociación de Municipalidades de Nicaragua, que era controlada por el sandinismo. Ambas fundaron Alba de Nicaragua, que entonces identificaron con las siglas Albanic, a través de la cual se despachó combustible que finalmente alcaldes del partido de Ortega repartieron en plena campaña electoral a cooperativas de transportistas y productores agropecuarios.
Cuando Ortega alcanzó la presidencia, las partes avanzaron en la depuración del esquema. Primero, en enero de 2007, el jefe de gobierno nicaragüense firmó el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe para incorporar a su país como estado en la plataforma. El texto incluso recibió ratificación parlamentaria. Cuatro meses más tarde, en abril de ese año, hubo una rectificación binacional. Ortega entonces suscribió el Acuerdo Energético de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que no tuvo aprobación legislativa, pero que Chávez aplicó con preferencia a su aliado, lo que sirvió de base para librarse de vigilancia, como ha documentado el portal nicaragüense Confidencial, aliado en la investigación de #Petrofraude, y economistas nicaragüenses como Adolfo Acevedo.
El convenio estableció que su ejecución debía realizarse a través de una empresa binacional. Ese papel lo asumió una nueva versión Alba de Nicaragua que pasó a ser llamada Albanisa. El cambio no solo fue de siglas. La asociación de municipalidades fue desplazada como socia de PDV Caribe y su lugar fue ocupado por la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) presidida por José Francisco López, quien pasó a ocupar la vicepresidencia de la nueva organización. Los gobiernos, sin embargo, también acordaron que Caruna manejara parte de los fondos. “El dueño de la plata que es Pdvsa decide que así se haga y está considerado en el contrato”, dijo López al ser consultado en una entrevista con el portal local Tortilla con Sal.
El esquema repartió los componentes de una manera ventajosa para Ortega, mejor que la contemplada en el modelo Petrocaribe. La mitad de la factura petrolera debía ser pagada en un máximo de 90 días y el gobierno sandinista insistió en cancelar esa parte con alimentos y no con efectivo. Un 25 por ciento se declaró préstamo no reembolsable. Con cada despacho se cobraría como parte de la factura petrolera, pero el dinero jamás iría al tesoro venezolano sino a un fondo para política social que se denominó Alba. Otro 25 por ciento se transformaría en préstamos pagaderos a un máximo de 25 años y con el cobro de hasta dos por ciento de interés. El presupuesto igualmente estaría disponible en el presente y Caruna lo administraría. Así adquirió un caudal con el cual financió programas sociales y compañías públicas.
Las inquietudes sobre el desempeño de Caruna quedaron plasmadas en documentos internos de Pdvsa. En un borrador de contrato divulgado en 2014 por Confidencial, abogados de la corporación petrolera venezolana apuntaron que los acuerdos previos firmados con la cooperativa contenían cláusulas que podían “originar confusión con respecto a su debido cumplimiento” y por tanto debían reemplazarse. Los profesionales consideraban que normalizar la relación con la cooperativa era una obligación que tenían con el patrimonio de los venezolanos. La presión hizo que en 2016 Caruna fuera marginada y que la gestión financiera del acuerdo pasara a ser manejada por el Banco Corporativo (Bancorp), una filial de Albanisa, que tuvo a López entre sus directivos.
En documentos internos de Pdvsa, se evidencia malestar con respecto a las condiciones de trabajo con la cooperativa rural que manejó fondos de los acuerdos petroleros con Venezuela.
Con los fondos gestionados por Caruna y luego por el banco, se hicieron financiamientos millonarios al sector público. Por ejemplo, una revisión actualizada por esta investigación de #Petrofraude, identificó al menos 24 préstamos de 466 millones de dólares aplicados a las compañías estatales de agua, energía, aeronáutica y correos, que el gobierno de Nicaragua ha asumido como obligaciones que debe pagar. Solo la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) acumuló deudas por más de 123 millones de dólares que fueron destinados, según una auditoría independiente, a gastos operativos y proyectos de mantenimiento y mejoras de plantas generadoras.
Los abogados de Pdvsa que bosquejaron un nuevo contrato para solucionar los vacíos existentes en la relación con Caruna, también hicieron comentarios sobre Albanisa a la cual calificaron de “megamonstruo burocrático” entre quejas por la “interpretación engañosa” del acuerdo de cooperación bilateral que había llevado a la relación a una deriva de descontrol.
Ex miembros del equipo de auditores de Pdvsa, consultados para este trabajo, confirmaron que el caso Nicaragua era especialmente sensible dentro de la corporación. Las autoridades de ese país tenían respaldo de alto nivel dentro de la empresa o incluso en la Cancillería, que era ocupada por Maduro, cuando surgían preocupaciones con respecto al manejo del dinero. “Éramos presionados si expresábamos dudas”. Confidencial en 2009 reveló entrevistas con fuentes internas de Pdvsa que afirmaron que la falta de controles internos en Albanisa y la discrecionalidad de López motivaron el envío de una delegación que incluyó un equipo de auditores entre los que estaban Torras y el director de Finanzas, Víctor Aular. Los consultados por el medio nicaragüenses afirmaron que se aplicaron estrategias para ocultar la información, para impedirles el trabajo y hasta les amenazaron de no dejarles ingresar si presentaban la visita como una auditoría y no como un acompañamiento.
Las fricciones hicieron que la Contraloría General de Nicaragua interviniera y examinara las cuentas de Albanisa desde su fundación hasta 2011. Del examen concluyó que en el período la empresa “cumplió en todos los aspectos importantes” con la legislación aplicable. Su informe fue publicado en 2015, mucho después de la crisis generada por Paniagua.
Pese a esos resultados, un ex funcionario como Rodrigo Obregón, quien fue vicegerente de la empresa binacional, ha denunciado públicamente que la gestión de la empresa no sigue lógicas razonables, lo que le hace pensar que debería investigarse si hay lavado de dinero.
La adquisición de activos no relacionados con la misión central de la compañía, la formulación constante de proyectos fallidos, la creación de empresas con objetivos disímiles y la inversión millonaria en obras no concluidas como la refinería del Gran Sueño de Bolívar forman parte de la lista de elementos que no tienen sentido para Obregón. “No tuve acceso al informe de auditoría de la contraloría. Me dijeron que firmara en blanco y dije que no. Albanisa es inauditable”, dijo en entrevista con periodistas de #Petrofraude. “Hay que entender que los gobiernos de Venezuela y de Nicaragua son mafias que estrecharon su colaboración entre sí”.
Las autoridades de Estados Unidos están convencidas de que ello ha sido así y por eso aplicaron sanciones contra López, bajo los términos de la ley Magnistky, que permite al gobierno de ese país imponer castigos económicos, como el congelamiento de activos y prohibiciones de transacciones en el sistema financiero, a ciudadanos extranjeros que el gobierno norteamericano considere involucrados en actos de corrupción o en violaciones a los derechos humanos.
A López se le atribuyó haber puesto al servicio de líderes nicaragüenses ingentes cantidades de dinero del tesoro público, de haber desviado dinero de obras de infraestructura y de tener una red de funcionarios involucrados con corrupción. La sanción se le impuso en el contexto de las protestas antigubernamentales que dejaron más de 325 muertos hasta octubre según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acusaciones contra Ortega por violaciones de derechos humanos. Junto con el salvadoreño José Luis Merino, López forma parte del grupo clave de dirigentes que manejaron recursos venezolanos en el continente.
Pistas en el Caribe
Las autoridades nacionales de contraloría del resto de los países involucrados en los convenios energéticos no parecen haber ido mucho más lejos que las de Nicaragua y El Salvador. La investigación de #Petrofraude revisó 47 informes anuales o especiales publicados en las plataformas de las contralorías o cortes de cuentas de 12 países caribeños que los divulgan en línea y solo encontró menciones sobre fallas relevantes en casos concretos de Jamaica, Guyana y Haití.
En Jamaica, fueron objetados préstamos por más de 100 millones de dólares entregados a cuatro instituciones sin el cumplimiento de protocolos. En Guyana se cuestionaban diferencias entre montos recibidos y cifras transferidas. En Haití se examinaron irregularidades en el desarrollo de un plan de infraestructura.
Las averiguaciones de mayor proyección pública, sin embargo, han sido adelantadas por la Unidad Especial contra el Crimen Organizado (SOCU por sus siglas en inglés) de la Fuerza de Policía de Guyana y por el Senado de Haití, instancia que hizo dos auditorías. En ambos casos, han seguido la pista de supuestos manejos fraudulentos. Los investigadores guyaneses volcaron principalmente su atención en una entidad que hizo exportaciones a Venezuela gracias a Petrocaribe. Es la Junta para el Desarrollo del Arroz de Guyana, institución gubernamental que fue responsable de los despachos en el esquema de compensación comercial que permite pagar deudas con bienes esenciales.
Después del fin del mandato del presidente Donald Ramotar, del Partido Progresista del Pueblo, comenzaron las investigaciones por iniciativa de su sustituto: David Granger, del Congreso Nacional del Pueblo. Miembros del nuevo gobierno acusaron a sus predecesores de haber vaciado 15 millones de dólares de un fondo empleado para pagar a los exportadores, lo que fue negado por los acusados. Una auditoría entonces fue ordenada para evaluar las cuentas de la junta.
Raphael Trotman, ministro de Ambiente, luego de una reunión de gabinete celebrada en enero de 2017, dijo que se había encontrado evidencia de préstamos sin respaldos o sin aprobación de todo el directorio y de operaciones de especulación cambiaria, de acuerdo con lo reportado por medios locales. Según el vocero, la institución manejó un aproximado a 500 millones de dólares del Fondo de Petrocaribe en tres años.
“Es un caso en el que cada vez hay más involucrados”, confirma Sidney Jamen, jefe de la SOCU, entrevistado para este trabajo en Georgetown. Se muestra cauteloso de aportar más información. La organización que encabeza ejecutó una visita para asegurar evidencia en la sede de la junta e interrogó a seis de sus antiguos directivos, incluido el ex gerente general Dharamkumar Seeraj. Todos finalmente fueron acusados en mayo de 2017 por un supuesto incumplimiento de la obligación de registrar movimientos de dinero en los libros contables de la institución.
Los acusados son parlamentarios o figuras afines al anterior partido de gobierno. Seeraj y Mandalall Ramja, otro de los señalados, afirmaron a reporteros de esta investigación que son inocentes de los cargos y que los recursos por los cuales han sido involucrados ni siquiera tenían conexión con fondos del acuerdo energético con el gobierno venezolano.
Anil Nandall, abogado defensor de Ramja y ex fiscal general de Guyana, también dijo que a su defendido se le ha negado el derecho a la defensa, porque se le ha impedido leer la auditoría que disparó la acusación. Según él, una copia con páginas enteras tachadas se le proporcionó en junio pasado. Apenas hay algunos fragmentos legibles y en algunos de esos pasajes se mencionan operaciones que involucraron a Venezuela.
Las autoridades que ahora manejan la junta del arroz declinaron hacer declaraciones sobre cómo fue el desarrollo de las operaciones con Venezuela, a pesar de que se le solicitó entrevistas de manera presencial y también por escrito. Winston Jordan, ministro de Finanzas, que proveyó recursos que fueron manejados en la compensación, tampoco aceptó ofrecer declaraciones, más allá de la ratificación de que en su criterio hubo uso indebido de los fondos asociados al convenio con Venezuela.
El caso de Haití ha sido documentado principalmente por iniciativa parlamentaria y como una respuesta al malestar que existe en ese país, el más pobre del continente, con respecto al uso de los recursos de la cooperación. Una institución fue blanco principal del escrutinio de la auditoría impulsada por el Senado: la Oficina de Monetización de Ayudas al Desarrollo (BMPAD), que centraliza la cooperación externa en Haití.
Una firma independiente hizo la evaluación y encontró, entre otros hallazgos, que los estados financieros no reflejaban la situación verdadera del Fondo de Petrocaribe, que las cuentas en dólares fueron expresadas a tasas cambiarias que no eran las del Banco de la República de Haití, que los manuales de procedimientos no estaban disponibles para verificación y que la condonación de deudas por más de 300 millones de dólares no se habían traducido en un aumento equivalente de las disponibilidades por falta de regulaciones que se anticiparan a esa situación.
El senador Youri Latortue dijo a periodistas de esta investigación que en el Banco Nacional de Crédito de Haití se detectó una cuenta manejada por funcionarios venezolanos que sirve para recibir parte de los pagos de la deuda a largo plazo. El parlamentario consideró esta acción como algo inexplicable dadas las enormes dificultades económicas de Venezuela ante la caída de los precios petroleros. El exdirector del BMPAD, Eustache Saint Lot, dijo a la Comisión del Senado dirigida por Latortue que auditó el uso de Petrocaribe que las autoridades venezolanas no repatriaron esos fondos para usarlos a discreción en otros proyectos en Haití.
El mayor hallazgo, sin embargo, fue el de un patrón de contrataciones de obras de infraestructura que condujo a un fraude en un buen número de ellas que fueron presupuestadas con recursos superiores a los 2.100 millones de dólares. Como resultado de la auditoría, se recomendó la acción pública penal contra 14 personas que ocuparon puestos relevantes no solo dentro del BMPAD sino fuera de la institución. Ningún resultado judicial, hasta el momento, se ha materializado.
En otros países los reclamos por auditorías no avanzaron más allá de promesas. La oposición en Belice ha reclamado a la Suprema Institución de Auditoría que examine las cuentas de Petrocaribe al menos en dos oportunidades en los últimos tres años. “Es el momento para hacerlo”, dijo Julius Spat, diputado del Partido del Pueblo Unido y presidente del Comité de Cuentas Públicas de la Asamblea Nacional en agosto de 2017. Lo hizo en una declaración televisiva en la cual añadió que los ciudadanos no tenían idea de en qué y cómo se gastaron los recursos. Dos años antes, Spat había pedido lo mismo y solo arrancó una promesa afirmativa de la auditora Dorothy Bradley.
La ejecución del acuerdo con Venezuela ha recaído en la empresa binacional Alba Petrocaribe Belize Energy Limited (Apbel), una sociedad entre PDV Caribe y Belize Petroleum and Energy Limited. El convenio ha permitido canalizar al país centroamericano financiamiento por más de 200 millones de dólares a pesar de las interrupciones de los suministros ocurridas entre 2009 y 2012 y a principios del año pasado. Los recursos se han utilizado para fines como el desarrollo de un programa nacional de infraestructura, aunque también para otros propósitos como la creación de un banco nacional y para resarcir a los propietarios de una empresa de telecomunicaciones estatizada en 2009.
El debate por el uso de los fondos adquirió en 2015 una intensidad inédita luego de que Dean Barrow, primer ministro y ministro de Finanzas desde 2008, propuso al Parlamento una ley especial para que se aprobaran con carácter retroactivo gastos realizados por su gobierno con aportes de Apbel. La legislación local exige que todo préstamo otorgado por una institución financiera por encima de los 10 millones de dólares beliceños debe contar con previa aprobación parlamentaria y por ello los críticos consideraron que el proyecto violaba el marco regulatorio.
Gremios de comerciantes e industriales, de maestros e incluso iglesias rechazaron en su momento el proyecto. Ello obligó a Barrow a plantear enmiendas para ofrecer mayores garantías de control que, sin embargo, no cambiaron lo sustantivo: la posibilidad de tomar préstamos millonarios de la empresa binacional sin obligación de recibir antes luz verde de la Asamblea Nacional.
El gobernante había alegado desde el año anterior que las características del convenio energético, que somete la disponibilidad de recursos a los precios del petróleo, le impedían presentar anticipadamente planificación a los parlamentarios y que Apbel no es una institución financiera en el sentido que es definido por la ley que exige el visto bueno legislativo. También en su defensa había dicho que la gestión ha sido transparente, que las obras estaban a la vista del pueblo y que los aliados venezolanos habían auditado cuentas
La propuesta de Barrow fue finalmente aprobada en el Parlamento y Spat decidió retirar un recurso judicial presentado ante la Corte Suprema que esperaba bloquear la intención del primer ministro. El diputado, sin embargo, dos años después pidió de nuevo un examen de las cuentas. Dorothy Bradley, auditora de la nación, no respondió una petición de entrevista para este trabajo, pero una alta fuente de su despacho señaló que la auditoría no ha podido ser hecha por falta de recursos que han sido solicitados, pero no han sido entregados por el ministerio de Finanzas, manejado por Barrow. En Belice, como en otras partes del continente, la ejecución de auditorías sobre el uso de la cooperación venezolana sigue siendo una demanda pendiente de satisfacción.
- Artículo publicado en Connectas el día 29/06/2020
Serie #Petrofraude
1 – #Petrofraude
2 – El negocio que vació la mesa de los venezolanos
3 – El desvío de los petrodólares
4 – Las obras fantasmas que pagó el petróleo a los poderosos