Venezuela aseguró un mecanismo de protección diplomática regional gracias a la multimillonaria inyección de fondos en la región del acuerdo Petrocaribe. Un mecanismo que en especial activa a los interesados aliados, cuando se condena las violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro
Equipo de Reporteros de Petrofraude / Connectas (Latinoamérica) – 31/07/2020
Camillo Gonsalves, ministro de Finanzas de San Vicente y las Granadinas, hizo un breve silencio para darle mayor énfasis a ese fragmento del discurso. Se encontraba en el Parlamento de su país para presentar el presupuesto de 2018. Luego de la pausa dijo que su padre, el primer ministro Ralph Gonsalves, había logrado un acuerdo con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para concretar una buena noticia: “el perdón” de aproximadamente 30 millones de dólares de la deuda adquirida con Petrocaribe, convenio a través del cual el gobierno venezolano ha vendido con créditos flexibles productos petroleros para países de América Central y el Caribe, como ese archipiélago de 389 kilómetros cuadrados y 110.000 habitantes independiente desde 1979.
Segundos antes, había mencionado que Maduro también perdonó otros 29 millones de dólares de un préstamo concedido a través del Banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), otra plataforma de integración liderada desde Caracas y de la cual el país caribeño igualmente forma parte. “El gobierno y el pueblo de San Vicente y Granadinas están extremadamente agradecidos con el gobierno y el pueblo de Venezuela por este desprendido gesto de amabilidad y solidaridad”, expresó Gonsalves, mientras se escuchaba un suave golpeteo en las mesas, a modo de celebración, de los parlamentarios del Unity Labour Party, que ha gobernado por 17 años consecutivos en ese país, bajo la égida del padre del ministro.
Camillo Gonsalves no fue noticia continental ese día, 7 de febrero de 2018, y apenas algunas páginas informativas locales reprodujeron la noticia que podía interpretarse así: cada habitante de San Vicente y las Granadinas se había liberado en promedio de una deuda de 544 dólares con Venezuela. El funcionario, sin embargo, cuatro meses más tarde sí estuvo sometido al escrutinio de los medios internacionales cuando ejerció como emisario de alto nivel del gobierno de su país en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington, Estados Unidos, el 5 de junio. En ella los cancilleres decidieron iniciar el procedimiento para expulsar a Venezuela de la institución multilateral. El ministro votó en contra de la sanción aprobada por 19 delegados que hicieron mayoría bajo la iniciativa de Estados Unidos y de 12 países del denominado Grupo de Lima agrupados con el objetivo de buscar salidas a la crisis venezolana. La mayoría decidió sancionar a Venezuela por considerar que habían sido fraudulentas las elecciones presidenciales celebradas dos semanas antes y en las cuales Maduro se reeligió por seis años. En sus intervenciones, Gonsalves defendió el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países para justificar su posición.
El gobierno de San Vicente y las Granadinas mantuvo su línea de apoyo el 10 de enero de 2019 cuando el Consejo Permanente de la OEA acordó también con 19 votos desconocer a Maduro como presidente para el nuevo período que comenzaba ese día. En la resolución aprobada por la instancia se reiteró el cuestionamiento a las elecciones que favorecieron al sucesor del fallecido Hugo Chávez y se dejó constancia de la preocupación regional por el agravamiento de la situación económica, social, política y humanitaria del país suramericano, cuya crisis es vista como la peor de su historia y ha estado asociada a la migración masiva de venezolanos. A contracorriente, la delegación sanvicentina, votó por reconocer a Maduro y sumó a su gobierno a la lista de apenas seis del continente que lo consideran legítimo.
El resultado de las sesiones no disimuló la influencia de la diplomacia petrolera del socialismo venezolano para proteger a Maduro del total aislamiento, aun en tiempos lejanos del boom de precios de los hidrocarburos y de retroceso de la industria estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en su capacidad de producir para los aliados. Un total de nueve países que han recibido préstamos petroleros votaron en contra de las medidas o se abstuvieron de rechazarlas pero también de aprobarlas, posición que no es siempre sinónimo de neutralidad. La lista incluye a San Vicente y Granadinas, Dominica, Nicaragua, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Suriname, Antigua y Barbuda, Belice y Granada. La delegación haitiana que se abstuvo en la primera sesión, en la segunda ocasión, como sorpresa, votó contra Maduro.
Esta investigación periodística de #Petrofraude, basada en la evaluación de más de 800 actas de reuniones de Cancilleres, del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la OEA celebradas entre 2001 y 2018, permitió confirmar un alto nivel de coincidencia entre los intereses del gobierno venezolano y el patrón de votación de los países de Centroamérica y el Caribe que se han beneficiado con créditos de Petrocaribe y otros convenios energéticos que comparten condiciones ventajosas: plazos máximos de pago en 25 años y cobro de intereses de apenas dos por ciento anual.
Esa concordancia, de acuerdo con los documentos examinados, ha quedado más patente durante la presidencia de Maduro, en la que se hizo recurrente la necesidad de someter a votaciones asuntos sensibles para su gobierno relacionados con el respeto a la democracia y los derechos humanos. Un total de 13 sesiones clave, decididas voto a voto, fueron identificadas desde 2014 al presente en la evaluación. En ellas se decidieron desde resoluciones sobre Venezuela y exhortos al gobierno de Maduro, hasta la conveniencia de que ciertas discusiones se llevaran a cabo a puerta abierta o cerrada.
El gobierno de Maduro siempre movilizó apoyos, más allá del éxito obtenido para imponer su agenda, según se puede deducir de la sistematización de datos realizada por #Petrofraude. Su juramentación fue un ejemplo de ello. Fue realizada en el Tribunal Supremo de Justicia y no en la Asamblea Nacional, poder controlado por la oposición y cuyo presidente Juan Guaidó quien se ofreció para manejar un gobierno de transición y ha sido reconocido como depositario de la voluntad popular por buena parte de la comunidad internacional. Maduro, sin embargo, fue acompañado por Ralph Gonsalves, primer ministro sanvicentino; por Thimothy Harris, primer ministro de San Cristóbal y Nieves; por Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador; por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua; y por Evo Morales y Miguel Díaz-Canel, presidentes de Bolivia y de Cuba. No solo comparten la afinidad ideológica, sino el interés por los petrodólares. “El mundo es más grande que el imperio estadounidense y sus gobiernos satélites”, dijo Maduro en su discurso
La cancillería venezolana ha descrito en documentos oficiales al bloque de beneficiados de los créditos petroleros como parte de una barrera de protección internacional, una suerte de escudo diplomático. “La concepción estratégica de acción exterior de Venezuela hacia la región pasó por la definición y reforzamientos de los anillos de protección geopolítica constituidos por la ALBA y Petrocaribe como primer anillo”, se señaló en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en 2015, año cuando el entonces presidente estadounidense Barack Obama catalogó en una orden ejecutiva a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de su país.
Como segundo y tercer anillos con igual propósito “de defensa y garantía de la soberanía nacional” se mencionaron a otras organizaciones como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), instancias también impulsadas por Venezuela. La metáfora de los anillos, propia del lenguaje militar, refleja la visión del gobierno de Caracas con respecto a la importancia geopolítica de la cooperación petrolera y explica los pasos de su diplomacia.
El propio Maduro después de la reunión de cancilleres de la OEA de junio de 2018 prometió a sus homólogos reimpulsar el acuerdo energético. No recibió las noticias de la sanción como un revés. Se anticipó a retirar a Venezuela de la institución multilateral, decisión que había anunciado en abril; a celebrar la separación como una victoria soberana en contra del denunciado intervencionismo; a prometer más petróleo para los aliados y a ratificar la propuesta de consolidar una zona económica bajo la bandera de Petrocaribe, modelada según los esquemas de comercio justo del convenio, pero que en realidad están empañados por la opacidad y casos de corrupción.
Lo ocurrido en la organización fue parte de un patrón identificable en otras instancias internacionales como Naciones Unidas, de acuerdo con documentos y fuentes consultadas por #Petrofraude. Un estudio examinado confirmó que en las votaciones de la Asamblea General de ese organismo hubo también importantes concordancias entre las posiciones de los gobiernos de Caracas y las de los socios beneficiados con la cooperación petrolera venezolana.
En otras instancias del sistema de Naciones Unidas, el apoyo se observó incluso con mayor nitidez. Delegaciones de estados de Petrocaribe, por ejemplo, fueron más que moderadas al abordar la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las dos ediciones de los Exámenes Periódicos Universales (EPU) de 2011 y 2016, en los que diplomáticos intercambiaron públicamente críticas y recomendaciones de país a país, según la investigación de #Petrofraude.
La capacidad de la diplomacia venezolana para contener cuestionamientos internacionales, sin embargo, no es la misma del pasado. Casos de envergadura lo han constituido la resolución histórica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la cual se conminó a Maduro a aceptar ayuda humanitaria para su país en septiembre de 2018 y las más recientes decisiones de la OEA.
Un país, un voto
“Le infringimos una derrota a la diplomacia norteamericana”, dijo Chávez en agosto de 2012, siete meses antes de morir, en una intervención en la que reconstruyó parte de las circunstancias del nacimiento de Petrocaribe. Según afirmó entonces, miembros del servicio exterior estadounidense presionaron a gobernantes de la región para que no se sumaran a la plataforma, pero no pudieron evitar que esto sucediera.
El gobierno venezolano maniobraba en el tablero regional con agresividad en esos días. A Belice, por ejemplo, envió un tanquero petrolero a finales de noviembre de 2005 sin haber dado notificación previa a las autoridades locales, según se describe en la página oficial de Petrocaribe en ese país. En ella se señala que la acción fue interpretada como señal “de buena voluntad” y “compromiso” con respecto a los términos del convenio.
En Nicaragua, ejecutivos de Pdvsa crearon en abril de 2006 una empresa con una asociación de alcaldes controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para agilizar la entrega de combustible, gesto de apoyo al entonces candidato Daniel Ortega, ex presidente que cargaba con una seguidilla de tres intentos fallidos de retornar al poder con el favor del voto popular.
“Saldremos adelante de este desafío intervencionista”, dijo en mayo de ese año José Luis Velásquez, embajador de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA. “Ahora sucede que por medio de la intervención directa en nuestros asuntos internos, violando nuestra Constitución y la misma Ley Electoral, el presidente de Venezuela (…) pretende comprarle a Daniel Ortega los votos que no ha podido ganar en las urnas”, agregó el diplomático.
Con el acuerdo petrolero, pieza a pieza, Chávez tejió un mecanismo que impactaba favorablemente a aliados en casi la mitad del continente en una época de boom petrolero. Ello se traducía en un abanico de posibilidades en organismos multilaterales como la OEA en la que, por respeto a las soberanías nacionales, cada estado representa un voto sin importar extensión territorial ni número de habitantes.
A la luz del inventario realizado por #Petrofraude, la diplomacia de Nicaragua, la de San Vicente y Granadinas y la de Dominica aparecen como las más consistentes en la línea del apoyo. El caso del país centroamericano resalta por los respaldos recíprocos ofrecidos en 2017 y 2018 cuando protestas políticas reprimidas en ambos países dejaron aproximadamente 500 muertos en suma y acusaciones contra Maduro y Ortega de aplicar incluso fuerza letal a través de grupos paramilitares consentidos por ambos gobiernos.
Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo, ex presidente de Pdvsa y uno de los articuladores de los convenios mientras sirvió a Chávez, no evadió el tema en entrevista con periodistas de #Petrofraude. “Nos volteamos a nuestro espacio natural geopolítico. Hicimos una política diferenciada para unos pueblos que son muy pequeños, islas muy pequeñas, pero que al cabo son países soberanos. ¿Qué eso nos dios una extraordinaria presencia geopolítica? Sí, claro. ¿Y por qué no lo vamos a hacer si todos los países lo hacen? Estados Unidos lo hace, los ingleses lo hacen, los mexicanos lo hacen en sus respectivos espacios geopolíticos”, dijo.
El ex funcionario, quien se encuentra enfrentado al actual presidente venezolano, afirma que el volumen despachado era relativamente poco para Pdvsa y permitía capitalizar un efecto multiplicador en relaciones internacionales. Oficialmente, es un tema que funcionarios del país promotor y de los beneficiarios suelen negar a puertas abiertas con vehemencia.
Maduro ocupó la Cancillería bajo el gobierno de Chávez entre 2006 y 2013 y además de Ramírez fue la otra de cara en la articulación de los esquemas de cooperación. Como presidente, no ha tenido a su favor las mieles de un mercado petrolero de altos precios como su predecesor, pero heredó un mecanismo que había generado deudas de aproximadamente 14 mil millones de dólares para 2014, cuando inició su mandato.
Bajo la gestión de Maduro, en enero y agosto de 2015, se concretaron millonarias renegociaciones con República Dominicana y Jamaica, países que tenían más de 50 por ciento de las deudas y obtuvieron un trato favorable. Las operaciones, sin embargo, generaron críticas en Venezuela no solo por la falta de transparencia con las que se ejecutaron. Ambos países debían aproximadamente 7.550 millones de dólares y pagaron alrededor de 3.500 millones a valor presente neto.
“Si ese petróleo se hubiera vendido sin financiamiento y a precios de mercado se hubiera obtenido su importe completo y en efectivo”, dice el economista Luis Oliveros quien calcula las pérdidas financieras en 3.450 millones de dólares aproximadamente. Maduro con las operaciones obtuvo un alivio temporal en el flujo de caja afectado por la caída del mercado petrolero y por la falta de recursos esfumados por la corrupción.
Un ex funcionario dominicano que participó en la gestión del convenio energético en su país, y que aceptó hablar sin registro de su identidad con periodistas de #Petrofraude, explicó en una frase por qué persiste la influencia socialista bajo los términos del convenio pese a que su país alivió las deudas: “No soy diplomático, pero sabemos que si suben los precios del petróleo no conviene estar enfrentados con ellos y eso es de nuestro interés nacional. Lamentamos mucho lo que pasa en Venezuela”.
Con países del Caribe Oriental como Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas también se hicieron negociaciones en bloque entre 2015 y 2018, período de turbulencia internacional para Maduro. Esas negociaciones, para los electorados locales, han sido presentadas como perdones de deudas, en algunos casos relacionados con afectaciones por desastres naturales como huracanes. Maduro no ha dejado de contar con esos respaldos en medio de la creciente oposición continental motorizada por el Grupo de Lima, que le pidió entregar el poder a la Asamblea Nacional, y la acción frontal de Luis Almagro, secretario general de la OEA.
El gobierno venezolano ha pedido la renuncia del ex canciller uruguayo a la institución multilateral y lo ha acusado de procurar una intervención militar en Venezuela. Almagro ha calificado al gobernante de encabezar un régimen tiránico y criminal y de incurrir en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en especial durante la represión de las protestas ocurridas en Venezuela en 2017, que dejaron 177 muertos, según cálculos de organizaciones locales de derechos humanos y de la OEA.
El diplomático incluso presentó en junio de 2018 una denuncia contra Maduro en la Corte Penal Internacional, instancia a la que también acudieron los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú dos meses más tarde para pedir una investigación contra el presidente venezolano.
Las manifestaciones de 2017 y sus secuelas han puesto de modo especial a prueba a la petrodiplomacia venezolana. Las protestas estallaron cuando el Tribunal Supremo de Justicia, afecto a Maduro, intentó eliminar por vía judicial a la opositora Asamblea Nacional. Después de retroceder en ese intento, el presidente venezolano convocó, sin previa aprobación popular, a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, destinada a ejercer poderes supremos. En ese contexto, las gestiones diplomáticas para presionar al presidente venezolano con los votos caribeños se hicieron más que patentes.
Un episodio ocurrió en julio de 2017 durante una cumbre en Cancún, México. Los diplomáticos del país anfitrión lideraron una iniciativa para aprobar una resolución que exhortaba a Maduro a desistir de la idea de la Asamblea Constituyente y a respetar la separación de poderes y los derechos humanos. Se daba por descontado que el texto contaría con una votación inédita, pero en la sesión eso no ocurrió debido a la deserción a última hora de tres países caribeños. “Eso generó sorpresa en el grupo que había negociado”, dijo a la prensa entonces Luis Videgaray, canciller mexicano.
Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y padre de Camillo Gonsalves, había circulado días antes una carta entre sus homólogos de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) en la que advertía que la situación de la zona empeoraría en el área con un cambio de gobierno. Se anticipaba a una posible ruptura del bloque y hacía gestiones para lograr posición común. En el texto, fechado el 20 de junio, afirmaba que la posición madura de jefes de gobierno, cancilleres y embajadores de la comunidad alrededor de principios como la no injerencia y la promoción del diálogo, había logrado mantener a raya a una “minoría de países” que empujan por una intervención: “Pero aquellos en lucha por la hegemonía política, la revancha ideológica y los abundantes recursos de Venezuela, no han descansado”.
El gobierno de Maduro también fue desafiado en la OEA tres años antes a propósito de otras protestas antigubernamentales que dejaron 43 muertes. Arturo Vallarino, jefe de la misión de Panamá, ofreció su puesto en una sesión del Consejo Permanente del 21 de marzo de 2014 a la entonces parlamentaria opositora María Corina Machado, para que diera su visión sobre los sucesos.
Aunque la conveniencia de la propuesta hizo dudar incluso a delegaciones no alineadas con los representantes venezolanos, los países miembros de Petrocaribe votaron primero porque la deliberación fuera privada y luego por excluir el tema de la agenda del día. En esa ocasión, la delegación venezolana logró su objetivo: bloquear la intervención de Machado, quien solo pudo a hablar por dos minutos a puerta cerrada para agradecer a quienes la apoyaron.
Para no dejar dudas en un escenario de crecientes dificultades, Maduro nombró en noviembre de 2015 como representante ante la OEA al hoy fallecido Bernardo Álvarez, quien llegó a ejercer la presidencia del Consejo Permanente. Hasta meses antes, el diplomático había sido secretario general de Petrocaribe y del ALBA. El embajador también había presidido PDV Caribe, filial de Pdvsa que es socia en 12 empresas binacionales relacionadas con la ejecución de los convenios petroleros en igual número de países de la región y que son parte de la OEA. Las compañías están en el núcleo de la petrodiplomacia.
Álvarez manejaba como ningún otro el tema de los flujos de la cooperación venezolana y durante su presidencia en el Consejo Permanente gestionó la invitación de Eulogio del Pino, ministro de Petróleo venezolano y presidente de Pdvsa, a exponer los logros de Petrocaribe a una década de su existencia. Del Pino, ahora encarcelado por acusaciones de corrupción, mantuvo en la sesión una idea: “Se nos ataca diciendo que regalamos los recursos en contraprestación de lograr influencia política. Eso es falso”. Sobre el primer punto, recordó que nada era un obsequio porque el petróleo se entregaba con créditos. Acerca de lo segundo se aferró al concepto de que el convenio solo pretende generar un intercambio comercial justo en la región y brindar seguridad energética a países menos ricos y sin recursos petroleros.
Las fórmulas de cooperación, sin embargo, funcionaron como el pretendido anillo de protección para disuadir la discusión de los temas más incómodos. De acuerdo con el inventario realizado por periodistas de #Petrofraude, entre enero de 2006 y marzo 2013, mientras el convenio de Petrocaribe estuvo vigente bajo la presidencia de Chávez, se realizaron 281 sesiones de la OEA. En 19 de ellas se plantearon asuntos relacionados, entre otros, con la persecución de la disidencia, el cierre de medios de comunicación y el desbalance de poderes. En todos esos casos, los planteamientos no tuvieron trascendencia, lo que fuentes diplomáticas atribuyen a una correlación de fuerzas que impedía que las inquietudes se tradujeran en acciones diplomáticas concretas como ha ocurrido con Maduro.
Estrategia activa
Las muestras de reciprocidad han dejado evidencia la imbricación lograda con la cooperación. Lo ilustra, por ejemplo, un diálogo registrado por la prensa caribeña entre Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, y Jorge Arreaza, canciller venezolano, quien lo visitó en su país en junio de 2018.
El gobernante caribeño expresó solidaridad: “Les pedimos defender su democracia y los avances del pueblo venezolano”. Arreaza lo calificó de “hermano” y dijo que en la reunión se había pasado revista a la relación bilateral con la mirada puesta en el futuro y en “nuevos proyectos de Petrocaribe”. El miembro del gabinete de Maduro aprovechó para agradecer un gesto diplomático: la ausencia del embajador del país caribeño en la cumbre de cancilleres de Lima, Perú, de abril de 2018 en la cual se debatió el impacto de la crisis humanitaria venezolana en el continente. El primer ministro, en respuesta, expresó gratitud por el apoyo recibido para su gestión y por la reducción de 50 por ciento de la deuda de Petrocaribe.
Las giras de los cancilleres venezolanos son recurrentes, pero no han sido el único mecanismo para mantener viva la agenda en la región. Embajadores y viceministros han participado activamente en la articulación de la política exterior. En julio del año pasado, por ejemplo, tuvo lugar en Roseau, Dominica, un acto con motivo los 12 años de Petrocaribe con presencia del primer ministro Roosevelt Skerrit. Haysen Pirela Sánchez, embajador venezolano, ofreció un discurso en el que repasó detalles de la situación política interna de Venezuela desde la perspectiva oficial e hizo un añadido. “Quiero agradecer al primer ministro por su apoyo en los foros internacionales, en la OEA, en Caricom (Comunidad de Estados del Caribe), en la ONU (…) Nosotros no influimos. Ustedes son un país soberano”.
Skerrit minutos después tomó la palabra y también rechazó que la cooperación venezolana determinara su política exterior: «Lo hacemos por amistad y solidaridad, es una cuestión de principios (…) Nicolás Maduro fue elegido por el pueblo de Venezuela de acuerdo con la Constitución (..) ¿Quién de nosotros tiene el derecho de removerlo del cargo?».
Tres meses antes Raúl Li Causi, entonces viceministro de Exteriores para el Caribe, había visitado San Cristóbal y Nieves, para impulsar un programa de construcción de Petrocasas, un modelo de vivienda realizado con materiales derivados de la explotación petrolera. De la gira sacó un compromiso por parte de Thimothy Harris, primer ministro, quien dijo lo siguiente: “Venezuela tiene en nosotros un aliado muy fuerte y ciertamente tenemos la intención de corresponder en lo que podamos en términos de avanzar también su agenda a nivel internacional y de otro tipo”.
Casi en simultáneo, Delcy Rodríguez, quien para la época todavía ocupaba el cargo de canciller, se reunió con su homólogo de Granada, Elvin Nimrod, quien dijo palabras que luego matizó: “Entendemos el desafío actual y queremos decirle que creemos que su causa es correcta y justa y que lo respaldaremos sin importar nada”. Para el momento, apenas se había conocido la decisión judicial que impedía toda actuación al Parlamento venezolano.
Los mecanismos comerciales de Petrocaribe también han sido empleados para reforzar el efecto en la región, según instituciones multilaterales. Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, señala que los envíos de arroz que realizó Guyana a Venezuela como forma de pago por los suministros petroleros parecían tener una lógica más diplomática que económica, no solo por los altos precios pagados por el alimento sino por el desigual negocio de intercambiar un bien escaso y altamente valorado como los hidrocarburos por otro bien más abundante y de menor apreciación. En su momento, funcionarios guyaneses negaron que el convenio determinara su política exterior.
Guyana formó parte de Petrocaribe hasta 2015 cuando ascendió al poder un partido ideológicamente enfrentado al gobierno de Caracas y más activo en la confrontación con Venezuela por la disputa fronteriza entre ambos por el territorio al oeste del río Esequibo. El país cambió la línea diplomática entonces y se sumó a posiciones críticas hacia Venezuela. El tema limítrofe es una variable. Pocos días antes de la controversial juramentación de Maduro, la Armada venezolana expulsó a dos embarcaciones petroleras autorizadas por el gobierno guyanés de un área que ambas partes consideran propia. La acción militar levantó la protesta de Caricom, pero no alteró los patrones de votación en la OEA.
En los últimos dos años, estados caribeños como Santa Lucía y Jamaica también han tenido actuaciones que han ido a contracorriente de los intereses del gobierno de Maduro. Los gobernantes del primer país firmaron el convenio de Petrocaribe en 2005, pero nunca avanzaron hasta servirse de despachos petroleros. Los jamaiquinos sí lo hicieron pero renegociaron su deuda una década más tarde. A ello se ha sumado el interés por terminar la sociedad de la Corporación de Petróleo de Jamaica con PDV Caribe en Petrojam, refinadora de la isla. “Eso muestra la intención de liberarse de condicionamientos económicos”, dice Mirna Yonis, internacionalista especializada en el Caribe y profesora de la Universidad Central de Venezuela.
La gestión de Andrew Holness, primer ministro jamaiquino, ha mostrado una ruta propia en política exterior. En febrero de 2018, por ejemplo, dijo que esperaba que Maduro garantizara elecciones libres, limpias y creíbles no solo para los venezolanos sino para la comunidad internacional. La declaración la formuló en una rueda de prensa en compañía de Rex Tyllerson, secretario de Estado de Estados Unidos. Dentro de Caricom, las posiciones de Holness han contrastado con las de su homólogo sanvicentino Gonsalves.
Otros estados del Caribe que nunca suscribieron el acuerdo petrolero han sido objetivo de estrategias directas de influencia por parte de Venezuela, de acuerdo con declaraciones de líderes locales. Owen Arthur, ex primer ministro, dijo que en 2012 como candidato opositor se le habían ofrecido fondos de campaña a cambio de que modificara la posición barbadense de no aceptar hidrocarburos venezolanos. Sus afirmaciones han sido negadas por otros dirigentes que aseguran haber estado en la reunión. De cualquier manera, la diplomacia petrolera no deja puntada pendiente.
La visión de Venezuela como un proveedor solidario de países del Caribe y Centroamérica tenía antecedentes. El Acuerdo de San José fue un esquema predecesor establecido en la década de los ochenta con la participación de otro gran país petrolero de América Latina: México. Chávez, sin embargo, tenía reservas porque lo consideraba un mecanismo rígido, según el mismo explicó. Fue entonces cuando propuso el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas y más tarde Petrocaribe y otros convenios bilaterales como los de Cuba y Nicaragua.
Las altas cotizaciones del mercado crearon la ocasión perfecta para el difunto gobernante. “Desde el primer momento (…) nos indicó (…) que teníamos que buscar algún mecanismo para compensar los efectos que estos nuevos precios tenían sobre algunos países vecinos más pequeños, más vulnerables, países de la vecindad latinoamericana y caribeña”, recordó Bernardo Álvarez en el décimo aniversario de la plataforma.
Un episodio recordado por los círculos diplomáticos ilustra cómo funcionaban los resortes internos más allá de los discursos. El hecho se tradujo en la renuncia del embajador ecuatoriano Francisco Proaño en 2010 cuando ejercía la presidencia del Consejo Permanente. El diplomático recibió en julio de ese año la solicitud de Colombia de ventilar en una sesión de la instancia las denuncias del supuesto apoyo que desde Venezuela se ofrecía a la guerrilla colombiana.
Proaño debía tramitar la convocatoria, pero recibió instrucciones de la Cancillería, entonces bajo el gobierno de Rafael Correa, miembro del ALBA, de posponer el llamado. El embajador en un comunicado al separarse del cargo dijo que no quería incumplir las instrucciones de Quito, pero tampoco violentar las reglas del Consejo Permanente. “No se podía oponer a debatir sobre un tema que tocaba a Venezuela y prefirió irse”, dice Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá en la OEA, en entrevista para el presente trabajo.
Para entonces, la tensión entre los gobiernos de Bogotá y Caracas había tenido una escalada por las acusaciones de que en territorio venezolano se cobijaban guerrilleros. El entonces presidente Álvaro Uribe se había propuesto mostrar coordenadas de los campamentos, como lo hizo luego, lo que fue unas de las razones que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas. En esa ocasión, Izben Williams, representante de San Cristóbal y Nieves, habló en nombre de Caricom y envió un mensaje a favor del diálogo bilateral.
En otros casos, los países de Petrocaribe y el ALBA celebraron cumbres para fijar agendas con impacto continental. Una de esas reuniones se hizo para dar absoluto respaldo a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que involucraba a Chávez y anticipaba controversia. La institución había dictaminado que el gobernante después de ser reelegido en octubre de 2012 podía juramentarse ante el máximo tribunal sin cumplir los términos de la Constitución, que indica que el presidente electo debe presentarse ante el Parlamento a asumir el cargo el 10 de enero. El punto era relevante porque para entonces la salud de Chávez estaba comprometida y era un hecho que no podía recuperarse a tiempo, lo que abría interrogantes sobre si debía celebrarse una nueva elección. La delegación de Panamá en su momento cuestionó la decisión judicial en la OEA, pero su queja no tuvo eco.
Días después de la muerte del gobernante, se celebró una sesión protocolar en la que representantes del Caribe y América Central homenajearon la memoria de Chávez. “Fue alguien que amó mucho al pueblo, especialmente a los pobres y trabajadores. Odiaba la injusticia y poseía un abundante sentido de la generosidad y solidaridad con sus compañeros que luchaban por justicia, paz y genuina democracia. Sin él no existiera la ALBA, ni Petrocaribe, ni Celac ni programas sociales relevantes en todos los campos. Fue un puente vital entre América Latina y el Caribe. San Vicente y las Granadinas han sido un enorme beneficiario de todas estas iniciativas y más”, dijo La Celia Prince, embajadora sanvicentina.
Influencia de amplio espectro
El patrón de coincidencias identificado en la OEA también ha sido observado en la ONU, de acuerdo con investigadores académicos de la Universidad de Texas y el Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela. Riitta-Illona Koivumaeki y Pedro Luis González Sosa hicieron un examen de las votaciones de las asambleas generales celebradas entre 1990 y 2010. Encontraron que tras la creación de Petrocaribe hubo una alineación de las posiciones de Venezuela y las de los países beneficiados con la cooperación petrolera. “Nuestro estudio apenas mostró una correlación, pero que respalda la hipótesis de que el convenio influyó”, explica González Sosa, entrevistado para la presente investigación.
La revisión de los Exámenes Periódicos Universales realizada por el equipo de #Petrofraude permitió establecer también cuál fue el perfil de las observaciones presentadas por las delegaciones beneficiarias de la cooperación petrolera. Se han realizado evaluaciones en 2011 y 2016 y en ellas fueron presentadas 21 recomendaciones por las delegaciones de Nicaragua, El Salvador, Jamaica, República Dominicana y Haití, todos beneficiarios de la cooperación energética. Ninguna abordó temas álgidos.
Mientras países como Estados Unidos, Colombia o España recomendaban respetar la libertad de expresión, liberar a presos políticos, atender denuncias de tortura o cumplir con el debido proceso, los países de la esfera de Petrocaribe sugirieron a Venezuela reforzar los programas de ayuda social en el continente, alcanzar la independencia tecnológica o mejorar la prevención de embarazos precoces. La delegación haitiana, por ejemplo, estuvo entre las que abogó ampliar la asistencia venezolana en la región.
La profesora Yonis afirma que el trabajo diplomático le permitió a Caracas desarrollar por un tiempo capacidad de neutralizar cuestionamientos y críticas dentro del sistema de Naciones Unidas. A la labor con los gobiernos caribeños y centroamericanos se sumó la realizada con otros países miembros Grupo de los 77 o del Movimiento de No Alineados activos en la comunidad internacional. Según Yonis, la influencia se manifestó en instancias como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). “Cuando se analizan discursos y resoluciones, eso se evidencia”, asegura la académica.
La FAO, por ejemplo, premió en 2013 al gobierno venezolano por haber reducido el hambre según los Objetivos del Milenio y en 2015 presentó a Petrocaribe como modelo de combate contra la subalimentación. Apenas en 2017 la institución reconoció que el país suramericano tuvo la mayor tasa de aumento de desnutrición de todo el continente en el período 2014-2016, una tendencia de la que especialistas locales dieron repetidas señales de alerta con suficiente anticipación.
Dentro del continente, la disputa con Estados Unidos por la influencia regional ha servido de telón de fondo a los movimientos de Venezuela. Los gobiernos socialistas de Caracas han conjugado en la década perspectivas abiertamente críticas hacia la OEA y hacia instrumentos como la Carta Democrática Interamericana, que les ha sido aplicada, con el impulso de una nueva institucionalidad a través de organismos como la Unasur y la Celac, esta última una instancia continental pero sin la presencia de Estados Unidos y Canadá y con el agregado de Cuba.
Un documento del Departamento de Estado titulado Caribe 2020 describe una estrategia estadounidense hacia la región que incluye acciones para reducir la dependencia energética con Venezuela. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos durante el último año han realizado giras para incrementar la presión sobre Maduro. Como parte de las gestiones diplomáticas, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, invitó a un cóctel a un grupo de líderes de más de 22 países a la Casa Blanca el 4 de junio, en medio de la Asamblea General de la OEA.
Pence describió la reunión como un gesto de agradecimiento por el apoyo recibido para la aprobación de la resolución sobre Venezuela y su posible expulsión. Carlos Trujillo, embajador estadounidense ante la OEA, admitió en declaraciones a la prensa en esa ocasión que era más difícil convencer a los países endeudados con Petrocaribe. Al ser nominado al cargo en noviembre de 2017, dijo que lograr que los países caribeños retiraran el apoyo a Maduro sería su mayor reto.
Las sanciones aplicadas a Pdvsa, que implican restricciones para el uso del sistema financiero norteamericano, han tenido efecto en la ejecución del convenio energético, según las declaraciones de autoridades de la región. Las transacciones son revisadas con especial atención o impedidas, lo que ha hecho que las operaciones se hagan más lentas o no se puedan materializar. Además de Pdvsa, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a funcionarios y ex funcionarios a los que acusa de corrupción y violaciones a los derechos humanos. La Organización de Estados del Caribe Oriental publicó en junio un comunicado en el que hace referencia a los castigos aplicados por Estados Unidos a entidades y funcionarios venezolanos como fuente de daño para las economías de la región, un gesto que ha sido agradecido por el gobierno de Maduro. El Caribe sigue siendo estratégico en el tablero.
- Artículo publicado en Connectas el día 29/06/2020
Serie #Petrofraude
1 – #Petrofraude
2 – El negocio que vació la mesa de los venezolanos
3 – El desvío de los petrodólares
4 – Las obras fantasmas que pagó el petróleo a los poderosos