Corpoelec: Institucionalidad fallida e inviable

La hidroelectricidad del Caroní nos significa un volumen de 540.000 barriles equivalentes de petróleo por día y nutre de renta a la renta petrolera

Víctor J. Poleo Uzcátegui / Soberania.org – 17/04/12

Una industria centenaria imposible de desdibujar 

Lo primero a indagar estriba en el porqué desdibujar en 2007, manu militari, la histórica configuración institucional-corporativa de la industria eléctrica venezolana. Veamos: se trata de una configuración desarrollada a lo largo de 120 años y que inicia con capitales privados para la prestación del servicio eléctrico en Maracaibo (1888, Jaime F. Carrillo, Maracaibo Electric Light Co., 270 kW en máquinas alimentadas por leña) y Caracas (1897, Ricardo Zuloaga, Electricidad de Caracas, hidroeléctrica de 240 kW en El Encantado, rio Guaire).

Eran entonces tiempos de una Venezuela rural, carente de instituciones y una disminuida población de 2 millones de habitantes todavía azotada por guerras civiles durante todo el siglo XIX.  A  comienzos del siglo XX la capacidad instalada de generación nacional alcanza a 1.200 kW (1.2 MW) y, en adición a Maracaibo y Caracas, se concentraba en otras cuatro ciudades: Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal y Mérida.  En la primera mitad del siglo XX el desarrollo del servicio eléctrico en Venezuela avanzó lentamente con el concurso de compañías privadas y algunas extranjeras en mercados aislados y de pequeñas dimensiones, ocasionalmente con la participación puntual de municipalidades y estados.  Con casi inexistentes vías de comunicación y de interconexión eléctrica el país no existía como un todo.

A partir de 1920 la economía nacional acusa la dinamización de su actividad por gracia de la insurgente industria petrolera. El crecimiento de la demanda comercial e industrial se activa en las pujantes grandes ciudades y Caracas, en particular, vio expandir su entera capacidad de generación hidroeléctrica en los ríos Guaire (El Encantado, Los Naranjos de 2 MW y Lira de 350 kW en 1911); Mamo (Caoma, 3.2 MW, 1924; Marapa, 2.6 MW, 1931) e Izcaragua (1.6 MW, 1934) hasta alcanzar un total de 19 MW en 1944.

Era entonces necesario incursionar en la generación termoeléctrica y La Electricidad de Caracas instala en 1930 su Planta La Guaira con 4 MW y en 1933 añade 5 MW. La interconexión entre el litoral y la ciudad capital, sin embargo, precisaba salvar distancias en montañas y establecer corredores eléctricos. Ello dio lugar, casi que por fuerza, a una Ley de Servidumbre de Conductores Eléctricos dictada en agosto de 1928 por el Congreso Nacional. Habrían de transcurrir 70 años para cuando, en 1999, se formulara la primera Ley Orgánica del Servicio Eléctrico en Venezuela. Dicho de otra forma: con apenas una Ley de Servidumbre como único marco jurídico del Sector, los capitales privados y públicos coexistieron en la construcción de un robusto sistema interconectado nacional durante la segunda mitad del siglo XX.

A la muerte de J. V. Gómez en 1935 la nación contaba con 71 MW de capacidad instalada en un disperso conjunto de ciudades en el interior y en las grandes capitales de estados, sirviendo sólo un 30% de una población de 3.5 millones de habitantes. En el contexto de naciones de Latino América ocupábamos uno de los más bajos índices de desarrollo eléctrico. Este mapa eléctrico de los años 40s, que hoy nos luce rezagado tecnológicamente y sin las dimensiones de la interconexión a grandes voltajes que Venezuela actualmente exhibe, es equiparable al mismo mapa eléctrico que hoy se nos quiere imponer como generación distribuida, desiderátum de sistema eléctrico muy propio de la Cuba anclada en los años 50s y que, en un insensato salto regresivo en el tiempo, ha sido adoptado en el siglo XXI por una Corpoelec inviable.

En los diez años que siguieron a la muerte de J. V. Gómez inicia un proceso de institucionalización de la República, expansión económica y modernización de la infraestructura. El servicio eléctrico, en consecuencia, es privilegiado por un hecho de radical importancia histórica. En 1946 se crea la Corporación Venezolana de Fomento y se diseña el primer Plan Nacional de Electrificación con participación de la consultora norteamericana Burns & Roe.  De la CVF nacen dos corporaciones estatales, complementarias en sus misiones, cuales son la Cia. Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (1958), cuya tarea fue electrificar el país a partir de la unificación de 20 empresas eléctricas regionales, y la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní (1956), devenida luego en CVG EDELCA.

Cuatro décadas más tarde, finales de los años 90s, Cadafe había electrificado a un 90% de las poblaciones mayores de 5.000 habitantes y EDELCA había ejecutado el más formidable proyecto de hidroelectricidad en el mundo (Macaguas I, II y III; Guri I y II, Caruachi en 20% de avance físico) con una capacidad conjunta de presas en escalera de  15.000 MW y un sistema interconectado nacional de 10.000 kilómetros de líneas de transmisión a muy altos voltajes (230 kV, 400 kV y 765 kV) que nutre de energía limpia, renovable y barata a los centros urbanos e industriales de Oriente, Occidente y Centro del país, amén de fertilizar Ciudad Guayana (800.000 habitantes) y el complejo de industrias pesadas del hierro, el acero y el aluminio.

La hidroelectricidad del Caroní nos significa un volumen de 540.000 barriles equivalentes de petróleo por día y nutre de renta a la renta petrolera, es su mejor siembra. Dicho de otra forma: sin el Caroní y si hipotéticamente generando un volumen de termo-electricidad igual en magnitud (a la del Caroní), Venezuela hubiera habido de sacrificar en estos tiempos la exportación de cerca de 500.000 barriles de petróleo por día. Si alguna visión estratégica tuvimos en el siglo XX, que las hubo, la visión del Caroní califica como la más sabia. Esta visión de país es hechura de un conjunto de venezolanos excepcionales, entre ellos R. Alfonzo Ravard, R. DeLeón, R. Tellería, continuadores de iniciativas y esfuerzos de los no pocos Ricardos Zuloagas que les precedieron desde medio siglo antes.

El Caroní, sin embargo, ha sido victimizado como debilidad estratégica por la nomenklatura revolucionaria del siglo XXI, a manera de coartada mediática para invisibilizar el éxito de su anti-planificación (en manos vitalicias de un Giordani), de su desprofesionalización (capitaneada por Alí Rodríguez) y de su delincuencia instituida (R. Ramírez). Héctor Navarro, de quien nada que implique pensamiento propio pueda esperarse, es ahora portavoz de leyendas chuscas. Todos ellos, para quienes destruir es sencillo como quiera que nunca trabajaron constructivamente y menos en el Sector Eléctrico, son responsables política y penalmente de los daños a la Nación causados por su crisis eléctrica. Por si fuera poco, a la crisis de generación-transmisión superpusieron una crisis institucional cual es su personalísima creación revolucionaria de un frankestein llamado Corpoelec.

Antes de tratar la inviabilidad de Corpoelec, es obligante reseñar dos hechos que le preceden: el primero es la política de privatización de las estatales eléctricas (excepto EDELCA) y el segundo es la desnacionalización de la Electricidad de Caracas.

Privatización de las estatales eléctricas

La configuración institucional-corporativa del Sector Eléctrico venezolano, una centenaria entente público-privada, llega entonces al siglo XXI con muchísimos más éxitos que sus focalizados fracasos, entre los cuales destaca la corrupción e ineficiencia corporativa de la Cadafe desde mediados de los años 80s en adelante.  Son éstos los años de modelos experimentales en la Inglaterra de Thatcher conocidos como desregulación de los servicios públicos, desregulación inspirada en la libre competencia de mercados (Adam Smith), entre ellos el servicio eléctrico, y que fueran adoptados acríticamente en algunos países latinoamericanos, notablemente en Argentina con también notables resultados adversos, al igual que ocurriría por igual en la Inglaterra contemporánea.

La permitida corrupción en Cadafe, al igual que la inducida crisis eléctrica del siglo XXI, conllevan intencionalidad y la intencionalidad no podía ser otra que de las clases políticas.  Así entonces, en aras de erradicar la corrupción en Cadafe el Ejecutivo alentó la privatización regionalizada de sus filiales y tal tarea le es confiada al Fondo de Inversiones de Venezuela (1974), detentador de las mayorías accionarias en Cadafe, Enelven y Enelbar.

En octubre de 1998 es privatizado el Sistema Eléctrico de Nueva Esparta, pero en diciembre 1998 ocurre un cambio de gobierno. Detuvimos de inmediato los procesos de privatización en la agenda del FIV para 1999 (Monagas-Delta Amacuro, Enelven y Enelbar, Centro, etc.).  La razón es casi de sentido común y económico: sin Ley Eléctrica mal podrían la Nación y los capitales privados, nacionales e internacionales, comprometerse en un modelo financiero que diera sustentabilidad a las nuevas inversiones, inversiones por demás cuantiosas habida cuenta que duplican cada 15 años en economías no saturadas eléctricamente.

Infelizmente para Venezuela, el Ejecutivo había vetado invertir en las empresas estatales a ser privatizadas, un proceso que por torpezas e intereses criollos se extendió por más de un lustro y así, en un mientras tanto de la política, llegamos en 1999 a una desinversión acumulada de $5.000 millones en Cadafe, Enelven y Enelbar.  Mal podría Venezuela, más aún, desregular en ausencia de regulación jurídico-institucional que aún no tenía. Una vez más, la nomenklatura revolucionaria del siglo XXI invoca recurrentemente este desacierto histórico como causa exhaustiva de la crisis eléctrica en el siglo XXI, no importando que ya en diciembre 1999 hubiéramos consagrado en la primera Ley Eléctrica un consensuado modelo económico, planes de transición para la expansión de la generación termoeléctrica y capitales estatales suficientes para salvar este hito.

Desnacionalización de la Electricidad de Caracas

En mayo 2000, a escasos meses de la promulgación de la Ley Eléctrica, y contraviniéndola, el Ejecutivo desnacionalizó la Electricidad de Caracas. Una vez más, la nomenklatura revolucionaria falsifica la historia endosando a los accionistas de la EDC la culpabilidad de la desnacionalización. La historia es otra y explica muy bien el actual estado de cosas en Corpoelec con referencia a las crecientes fallas eléctricas en la Capital. Miraflores favoreció la compra de la Electricidad de Caracas por la empresa norte-americana AES, empresa financiera de incierto capital y vinculada al Departamento de Estado. En mayo 2000, Dennis Bakke, presidente de AES Corporation, entraba a Miraflores de la mano de Alí Rodríguez Araque, entonces al frente del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y declaró al salir que el Jefe de Gobierno será neutro (sic) ante la desnacionalización de la C.A. Electricidad de Caracas (EDC en adelante), siendo su compra-venta un negocio entre capitales privados (sic).

Fundada por un grupo de venezolanos liderizados por Ricardo Zuloaga, la EDC era entonces la empresa venezolana de mayor tradición histórica en Venezuela, pionera en la ingeniería de generación hidroeléctrica en Latino América, re.: El Encantado, río Guaire, 1897. La C.A. Electricidad de Caracas es una empresa de servicio público, constituida el 12 de noviembre de 1895 por capitales nacionales, que sirve energía eléctrica a la Gran Caracas, asiento de los Poderes Públicos del Estado y sus zonas circunvecinas. Quien suscribe fue Director General de Electricidad del MEM desde enero de 1999 a junio de 2001 y se opuso a la desnacionalización de la EDC por Miraflores, desnacionalización permitida a apenas tres meses de ser consagrada la primera Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (diciembre 1999, primera habilitante) y en la cual se vetaba de iure un exabrupto político tal.  Tengo para mí que la ilegal venta de la EDC a la americana AES Corporation se incuba en el imaginario primitivo de Alí Rodríguez y H. Chávez, creídos ambos que con ello golpeaban a un cierto enclave de la oligarquía. Nada menos cierto: la familia Zuloaga detentaba un siete por ciento de las acciones y el resto estaba en manos de grupos varios venezolanos (ca. 30%), mientras que resto de las acciones era propiedad de  trabajadores y usuarios venezolanos del servicio eléctrico.

Si la compra de la EDC por AES Corporation violentaba la Constitución y la Ley Eléctrica de 1999 y por ello fue impugnada su venta ante el TSJ y admitida la demanda en 2006, más grave todavía es que en 2007 la Nación re-comprara de la AES bienes en litigio. Este mismo Gobierno que permitiera la desnacionalización de la EDC en mayo 2000, invocó en 2007 razones de Estado (sic) para gobiernizarla (que no estatizarla) pero pretende desconocer que, por idénticas razones, la Sala Constitucional del TSJ considera todavía hoy en litigio sus activos empresariales, cfr.: Expediente TSJ No. 1939. Desde mayo 2000, en efecto, AES Corporation ha sido asumida como propietaria de la empresa C.A. Electricidad de Caracas a raíz del írrito intercambio de acciones fraguado mediante su hostil Oferta Pública de Adquisición (OPA) durante los primeros meses del 2000. En aquel entonces, doce años hace, el actual Gobierno transgredió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 150 permitiendo, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, la cesión de un 82% de las acciones de la EDC, una empresa de interés público, a una sociedad extranjera no domiciliada en Venezuela.

En igual vena, el actual Gobierno transgredió el cumplimiento de lo pautado en el Artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (promulgada el 31 de diciembre de 1999) y el cual reza como sigue: «…las concesiones (de distribución de electricidad) sólo podrán ser transferidas previa autorización expresa del ente concedente y conforme a las condiciones establecidas en esta Ley y en su Reglamento». Justamente por ello, y en sentencia de fecha 26 de octubre 2006, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso de nulidad por omisión interpuesto el 22 de Junio del 2000 por los ciudadanos María Josefina Walter Valecillos y Fermín Toro Jiménez, ex embajador ante Naciones Unidas, contra las operaciones de compra-venta de la empresa C.A. Electricidad de Caracas entre los anteriores propietarios e ‘Inversora DS 2000’, filial ad hoc de AES Corporation. Dice Andrés Mata Axpe (2007), ingeniero-planificador de CVG Electrificación del Caroní:

«AES Corporation compró la Corporación EDC en 2000 por 1.600 millones de dólares, pero no compró la empresa que ahora está vendiendo al gobierno por 730 millones de dólares; compró un conglomerado empresarial de mucho mayor valor comercial. Parte del acuerdo que hizo AES con algunos de los grandes accionistas de EDC fue vender los activos de EDC en Colombia. Así, la participación de EDC en EPSA, Electrocosta y Electricaribe, fue vendida a Unión Fenosa por una cifra que en su momento se mencionó en 235 millones de dólares; mientras en El Salvador se las vendió a su propia casa matriz por una cifra que no se conoció. Con estas operaciones AES recuperó una significativa parte de los 1.600 millones de dólares invertidos al que las inversiones comprar EDC. AES también vendió las filiales Domegas y Genevapca, generadora de vapor y electricidad para el Complejo Refinador Paraguaná (Amuay-Cardón), amén de infraestructura comercial y espacios urbanos destinados a la expansión futura de redes eléctricas, de modo que lo que le está vendiendo ahora al Gobierno venezolano es un conjunto de activos de mucho menor valor. Le pregunto entonces a los revolucionarios Chávez, Rodríguez, Silva Calderón, Ramírez et al: ¿y no son acaso ustedes responsables de la descapitalización de la EDC y de la no inversión por AES Corporation en el sistema eléctrico de Caracas durante 2000-2007?”.

Dicho crudamente: el Ejecutivo irresponsable y revolucionario infligió a la Nación una herida difícil de sanar, no otra que la de estrangular la expansión de la infraestructura eléctrica urbana (subestaciones y corredores) en la ciudad Capital y acumular durante 2000-2007 una riesgosa desinversión en la EDC para mal servir una ciudad cuyos circuitos subterráneos en el casco fundacional datan de los años 30s y hace ya tiempo reclaman reemplazo.  No obstante ello, el alto mando eléctrico revolucionario, capitaneado por Alí Rodriguez (2010-2011), no se fatiga en dragonear con lenguaje cuartelario acerca de un pretendido blindaje de Caracas para, a la fecha, inútilmente esconder una Caracas desblindada que importa 1.400 MW del Caroní (un 60% de su demanda), de ese Caroní revolucionariamente estigmatizado como debilidad estratégica del siglo XX. Si la decisión de desnacionalizar la EDC fue un hecho criminal contra la Nación, no menos criminales son las decisiones de vetar los desarrollos hidroeléctricos en el Alto Caroní (10.000 MW) y la de asesinar por encargo el proyecto Orimulsión, combustible termoeléctrico con presencia en 3.000 MW de 12 países que lo importaron hasta 2003.

Vetar el Alto Caroní es decisión personalísima de Giordani el planificador, mientras que el sicariato de Orimulsión es decisión de Alí Rodríguez, trepado a la presidencia de PDVSA en 2002-2004, y en beneficio de los capitales globales del carbón y del gas termoeléctricos. Ambas decisiones son por derecho propio de interés nacional pero nunca fueron debatidas con la Nación. Si bien estas dos decisiones nos han restado un valioso tiempo para diseñar el futuro de la industria eléctrica, futuro que irracionalmente nos bloquea la nomenklatura revolucionaria, las carencias de gas y diesel nos bloquean el futuro inmediato: no hay combustibles termoeléctricos y la importación de diesel resulta, en definitiva, un lucrativo negociado para Ramirez et al. Estos varios exabruptos decisorios no son del todo ajenas al asunto que nos ocupa cual es Corpoelec, como quiera que la clase trabajadora ya habrá de descubrir la raíz de sus males, un establo de decisores irrepetibles: Ramirez, Rodriguez, Giordani. El análisis de Corpoelec precisa previamente ser contextualizado en la Ley Eléctrica del 99.

Ley Eléctrica de Diciembre 1999

Identificar la propiedad pública y privada es la piedra angular de la Ley Eléctrica del 99 y sobre ella propusimos edificar un Sector Eléctrico sin los males de Cadafe.  Muy cierto es que la electricidad es asunto de Estado, cualquier Estado, pero no por ello todas las tuercas y tornillos de la industria eléctrica han de forzarse a ser propiedad estatal. Para salvaguardar los intereses del usuario eléctrico, razón de ser del servicio eléctrico, al Estado le compete erradicar ineficiencias corporativas, tales las de Cadafe, y para ello le es obligante asumir su rol de Estado fuerte y regulador.

Corpoelec es epítome de una Cadafe de Cadafes, es decir: justo lo contrario de una institucionalidad fuerte y reguladora, como quiera que el Estado deviene en monopolio del servicio eléctrico y patrón único de la clase trabajadora del Sector y, de facto, instituye la minusvalía de los derechos de los usuarios eléctricos, los venezolanos todos. Ahora bien, no hay dos sistemas eléctricos iguales, de manera que no hay una solución única y universal para instituir la relación entre el Estado, las empresas eléctricas y los usuarios. Ello viene al caso porque -por gracia de la acriticidad infantil cultivada en el alto mando eléctrico- se arguye que en Francia, a manera de contra ejemplo, la propiedad de la industria es estatal, subestimando adrede que un 80%+ de su generación es nuclear.

Ahora bien,  existen mil y un arreglos posibles institucionales, pero sólo uno es mejor que los restantes y hay que identificarlo, debatirlo y consensuarlo entre los actores del Sector. En el caso de Venezuela propusimos y proponemos que la propiedad estatal de la industria se concrete en los desarrollos hidroeléctricos del Caroní y de los Andes, en la red troncal de transmisión (fusión de activos a 230 kV, 400 kV y 765 kV) y en los combustibles termoeléctricos (gas, diesel, fuel, orimulsión). El resto de los activos de infraestructura de generación y transmisión bien pueden estar abiertos a capitales privados, preferiblemente nacionales:  tal el caso de Planta Centro (véndase por $1).

La distribución y comercialización, a su vez, son las actividades más cercanas al servicio prima facie -i.e.: distribución y comercialización son los espacios en los cuales se reconocen e interactúan la industria y el usuario- y pueden en consecuencia sanamente inscribirse en un espectro de cambios de propiedad a manos de usuarios y trabajadores eléctricos: tal el caso de la EDC pre-desnacionalización en mayo 2000. Si bien la Ley Eléctrica no hizo de ello un mandato, como tampoco lo hizo del desmantelamiento de Cadafe ni de la creación de la Empresa Nacional de Transmisión, es explícito que en su formulación se dibuja un mapa de ruta ad hoc: la separación de actividades y con base en ella se desmantela Cadafe y se activa, ahora si, su cambio de propiedad a manos de capitales nacionales, usuarios y trabajadores. Ello, sin embargo, no podría materializarse en ausencia de mecanismos que purgaran ineficiencias corporativas y erradicaran nuestros atávicos males conceptuales a la hora de definir precios de las energías primarias y tarifas eléctricas.

La Ley Eléctrica del 99 estableció un modelo económico con base en la asignación óptima de la mezcla hidro-termo. El modelo de asignación óptima es, en esencia, un modelo de competencia perfecta en generación y, justamente por ello, es el mecanismo para arbitrar la entrada de máquinas eficientes y la salida de las ineficientes.  El modelo de asignación óptima justiprecia la energía del Caroní en los nodos de transferencia del Sistema Interconectado Nacional, siendo como es la hidroelectricidad del Caroní la energía dominante en el Sistema Interconectado Nacional y, en buena teoría marginalista, la que dicta precios de las energías primarias (gas natural, diesel, fueloil, Orimulsión) en un sistema espacial en equilibrio.

El modelo en cuestión es de naturaleza matemática siendo que es aleatoria la conducta del Caroní y es determinista la conducta del parque de generación termo-eléctrica. Como quiera que no hay dos sistemas eléctricos iguales y sólo hay un río Caroní, ya desde mediados de los años 80s Venezuela tuvo un modelo matemático para la operación del despacho de cargas en tiempo real (OPSIS) y para la planificación del Sistema Interconectado Nacional por EDELCA (re.: familia de modelos PLHITER conceptuados y desarrollados por IDESE, una empresa rara avis que integra consultoria e  investigación). La filosofía del modelo matemático de asignación óptima hidro-termo se llama Valor Agua (autoría de G. González y A. DeLima, 1992), mientras que la construcción del modelo utiliza los métodos de la Programación Lineal y Dinámica Estocástica insertos en el tratamiento de los caudales del Caroní (60 años de historia) por gracia de diseños experimentales multi-variantes.

Si la solución primal del modelo PLHITER cuantifica en tiempos real y futuro la asignación óptima de la mezcla hidro-termo, la solución dual del modelo (nunca utilizada) cuantifica el sistema de precios en equilibrio para los nodos de intercambio del Sistema Interconectado Nacional. A partir de ellos emerge inequívocamente la racionalidad de un sistema de tarifas eléctricas, una genuina racionalidad distinta y distante de las inútiles controversias entre el regulador y las empresas eléctricas a la hora de pujar por los favores de una variopinta de metodillos llamados FACES y CACES.  Todo ello, y bastante más, fue debatido intensa y extensamente durante la formulación de la Ley Eléctrica durante febrero-noviembre 1999.

Esta experiencia teórico-práctica intra Sector Eléctrico, por demás inédita, fue ciertamente productiva intelectualmente para el colegiado profesional, tanto como política y financieramente lo sería mas tarde para los indeseables predadores del devenir nacional.  Nervis Villalobos y J. L. Pacheco se hicieron con trofeos de guerra pillados en las batallas ministeriales, el primero alcanzando ahora la conducción en PDVSA de los nuevos negocios eléctricos a la sombra de R. Ramírez (donde se fraguan los sobre costos de la clase Derwicks  por los hijos de J. Alvarado et al.), mientras que el segundo barniza de gris brillante sus grisáceos intelecto y ética. Con seguridad lo más notable de esta experiencia sean las acrobacias políticas de Alí Rodríguez, entonces ministro de Energía y Minas durante 1999-2000.  El «miento luego existo» de Alicito nos hizo entonces creer que entendía el quid de la Ley Eléctrica del 99. Nada más lejos de la realidad a la hora de Alicito ser tutoreado en sistemas eléctricos de retaguardia por Ramirito Valdez, héroe de los fusilamientos de La Cabaña.

Acusada de neoliberal, la Ley Eléctrica del 99 sufrió de vacatio legis durante 2000-2005, a la espera de que se ensayaran más tarde en la Asamblea Nacional foquista (2005-2010)  curiosas versiones legislativas del socialismo eléctrico o de la electricidad socialista (en contravía al dictum de V. I. Lenin en 1920).  Mientras tanto, el tándem alicito-ramirito ingeniaba la agenda de la Misión Energía (2009), valga decir: bombillos ahorradores, planticas diesel para la generación distribuida (la de nuestros años 40s) y consultores cubanos que nos salvarían de su inducida crisis eléctrica por vía de respuestas rápidas (sic), para así rápidamente nutrir de dineros eléctricos a los revolucionarios de allá y de acá porque somos una  misma «cousa», al decir de Raulito. Y así llegaríamos a Corpoelec, versión criolla de la Unión Eléctrica de Cuba (un holding inocuo para administrar 4.000 MW en 500 planticas distribuidas y 1.000 kilómetros en 115 kV).

Corpoelec

Corpoelec es un compendio de errores decisorios, trágicos en su mayoría si a juzgar vamos por su incidencia en la buena marcha del Sector y de la Nación. Dicho está: la energía es bien de bienes (sin ella no hay producción de bienes a partir de bienes) y la electricidad es el servicio de los servicios.  Así las cosas, no hay lugar para benevolencias con la clase política en funciones de gobierno a la hora de explicar su destrucción de las industrias del petróleo, del gas y de la electricidad.

Venezuela es hoy riesgosamente vulnerable en su seguridad energética: los inventarios de gasolinas y diesel se ubican en 8 y 13 días respectivamente, mientras que el déficit de capacidad disponible de generación eléctrica se ubica en 4.000 MW.  En un país llamado Energía y aviesamente mediatizado como potencia energética, ello es per se inexplicable para un observador cualquiera ajeno a los trucos y engaños del proyecto socialistoide-militarista del siglo XXI.  No lo sería, sin embargo, si conjeturase por sus efectos y por sus beneficiarios.  Veamos: la crisis eléctrica deviene en sumisión política cuando quiera que las carencias de electricidad activan un estado de indefensión e inseguridad cotidianas en la población: la crisis eléctrica es el camino a la barbarie, a La Habana.

Para los beneficiarios y causahabientes, revolucionarios de ocasión en su mayoría, la crisis eléctrica es una formidable inversión que le facilita  acumular capitales en caso de que la revolución fracase, dictum de Alí Rodríguez ya en 1999. En 2010-2011 los dineros eléctricos alcanzan su zénit cuando finalmente la Nación conoce a confesión de parte (cfr. memorias 2010 y 2011 del minpopo eléctrico) que ca. $30.000 millones fueron asignados para 37 proyectos y proyecticos de generación y que, de tan extravagante volumen de dineros, no es difícil conjeturar que $6 de cada $10 califican como sobre-costos si justipreciados internacionalmente.

De estos proyectos es Tocoma el buque insignia: cuesta a la fecha $6.200 millones (2.200 MW), tanto como Guri en su momento (10.000 MW); dicho de otra forma: en Tocoma anidan $3.200 millones de sobre-costos, sobre-costos que se transvasan en las relaciones gobierno a gobierno, de revolucionarios a revolucionarios, por vía de sus empresas asociadas de la clase ODEBRECHT (Brazil) e IMPSA (Argentina). Es ahora cuando nos preguntamos qué se preguntaría un trabajador raso de Corpoelec de saber lo que ahora es público y notorio, cuando a diario sufre de carencias de cascos, botas, y herramientas para su trabajo de calle.

En igual vena, nos preguntamos cómo explicaría H. Navarro a un trabajador raso de Corpoelec que sus reclamos por derechos laborales no honrados son asimétricos a la luz de tal despilfarro y corrupción en las clases políticas que dicen dirigir la corporación eléctrica y PDVSA. Respondidas estas preguntas, si algo van descubriendo los trabajadores rasos de Corpoelec y PDVSA es que el gobierno socialistoide-militarista es un timador contumaz que, en su intimidad stalinista, no los quiere porque la clase trabajadora organizada es un dique de contención al totalitarismo fascista.

Así las cosas, el gobierno recurre a los falsos trabajadores y, por extensión, a los falsos liderazgos de los movimientos obreros. Tan no quiere a la clase trabajadora como tampoco quiere al conocimiento y a las clases profesionales, de allí que la raíz del proyecto socialistoide sea la desprofesionalización y, en su reemplazo, la emergencia de una variopinta de consultores y empresas iraníes, chinas, cubanas, brasileras, argentinas, etc. y todo posible por gracia de la renta petrolera. La gerencia de esta singular aventura compete a un establo intelectualmente indigente, v.gr.: Ramirez, Rodriguez, Giordani, …. y ahora Navarro, un ingeniero sin ingenio ni oficio de ingeniería.

En este contexto político-institucional nace Corpoelec, un forcep inviable que empaca en un mismo saco a los edelquianos con los edec, a los Enelven con los sénecas.  Diría Alí Rodríguez en uno de sus memorables pensamientos: hay resistencia (a Corpoelec) porque hay querencias (a las culturas empresariales históricas).  También alicito diría en enero 2012 que entrega un sistema eléctrico estable y confortable. Corpoelec, en consecuencia, es tácticamente la creación por el gobierno de un único patio de confrontación, hecho a su medida, para someter a las clases trabajadoras y profesionales del Sector Eléctrico y para ello apuesta al desgaste inducido por las potenciales disimilitudes entre sus varias culturas históricas.

Así, por ejemplo, nada más disímil que la cultura corporativa de un trabajador de Macagua y la de un trabajador de Planta Centro; nada más disímil que la cultura de un trabajador de la EDC y la de un trabajador de Enelven. Entiéndase bien: que sean disímiles no conlleva disonancias en actitudes y/o contradicciones de clase porque, a la postre, todas las culturas generan, transmiten y distribuyen electricidad. Que sean disímiles significa que sus misiones y visiones corporativas son diferentes histórica y geográficamente; son diferentes en su tramado de realizaciones profesionales y en sus remuneraciones; son diferentes en sus múltiples experiencias adquiridas en los mil y un espacios de la industria eléctrica. En fin, si hay diferencias naturales… ¿cuál es el costo-beneficio para los usuarios eléctricos y la Nación cuando se homogeneizan por fuerza a los trabajadores eléctricos?. De ello no conocemos estudio alguno, tal vez porque nunca existió.

Ahora bien, antes de engendrar al frankestein Corpoelec, el Ejecutivo hubo primero de proceder a la gobiernización en 2007 de las empresas eléctricas todavía en manos privadas (viz.: EDC, ELEVAL, SENECA, …).  Así por ello, el Ejecutivo dispuso $1.200 millones para que PDVSA comprara activos eléctricos, antes que invertir en elevar la calidad del servicio eléctrico. No es para olvidar que el Ejecutivo compró en 2007 los bienes en litigio de la EDC, la misma EDC que desnacionalizara 7 años antes. Así las cosas, el alto mando eléctrico se dio a la tarea de primero engullir a EDELCA (sic, así reza la órden militarista que graciosamente firmara su entonces presidente Igor Gaviria) y luego, una a una, engullir el resto de las empresas. Ya engullidas las empresas todas en el aparato digestivo de Corpoelec, el Ejecutivo saca al desgaire un cojitranco arreglo institucional, suerte de alka seltzer, y no pudo ser otro que el más simplista conceptualmente: toda la generación queda bajo el mando de un mismo comisario político, ídem toda la transmisión, ídem toda la distribución.

La complejidad y conflictividad de un proceso de fusión de empresas pudo ser salvada con estudios ad hoc, gerencia y probidad política en el caso de las filiales de PDVSA luego de su nacionalización en 1976. No ha sido así en el caso del engullimiento de las empresas eléctricas por el holding Corpoelec: ni sus trabajadores ni la Nación supieron del porqué y del para qué. Más aun, resolver un teorema de estas dimensiones poco o nada tuvo que ver con las lecciones aprendidas en el pasado cuando en ocasiones se consideró un holding para el Sistema Eléctrico venezolano, viz.: la intención de una casa matriz o holding eléctrico indicada en el V Plan de la Nación y las propuestas avanzadas por Cadafe en los años 80s. Todas las propuestas para un holding fueron siempre diferidas por las mismas razones que arriba anotamos.

Nos preguntamos entonces acerca de qué no estaba bien en el arreglo institucional-político de 1998-2007 para, manu militari, desconyuntar lo existente, valga decir: despedir y jubilar profesionales a mansalva (remake de PDVSA en 2003), cambiar atropelladamente sus ubicaciones en distintos edificios de Caracas, militarizar EDELCA, crear jerarquías sin autoridad, etc.  Nos preguntamos si hoy estamos mejor que ayer, toda vez que EDELCA, joya de la corona, esta destruida. La osadía de H. Navarro es paradigmática cuando afirmara recientemente en VTV que ahora todo el mundo quiere trabajar en Corpoelec y no en PDVSA (?).  Y es que acaso, le preguntamos a Navarro, ¿puede cualquiera trabajar en el despacho de cargas?. Nos preguntamos, de mayor importancia, si Corpoelec es viable financieramente, siendo que sus ingresos tienen un ostensible origen en compulsivas transferencias del fisco y en la aleatoria renta petrolera, antes que en un modelo económico sostenible toda vez que las tarifas eléctricas no justiprecian los costos del servicio ni las inversiones.

Es predecible entonces que las carencias de ingresos propios hayan sido y serán una constante en la inviabilidad financiera de Corpoelec y que las víctimas de su inviabilidad financiera sean sus clases trabajadores y, a la postre, nosotros los usuarios eléctricos. En 1998 las empresas eléctricas, públicas y privadas, empleaban 26.152 trabajadores y la capacidad disponible de generación era de 17.543 MW. En 2011 el holding Corpoelec mantiene una nómina de empleos directos y tercerizados superior a los 35.000 empleados y la capacidad disponible de generación no es sensiblemente superior a la de 1998. Para mejor dimensionar el fraude político perpetrado por la revolución contra los trabajadores de Corpoelec es suficiente con la lectura de sus mensajes, internos y públicos, al gran timonel, dador supremo de bienestar (ver anexos).