El gobierno no tiene «trucos para engañar a la población, ha develado que se ha corrompido en el uso de los dineros públicos, abandonando salud, vivienda, vialidad
Thamara Nieves / El Carabobeño (Venezuela) – 11/04/10
Benita decide ducharse, mientras hierve agua en la cocina eléctrica de dos hornillas para preparar la leche de los teteros de Raúl (5 años), Ignacio (3) y Carmencita (9 meses). Cuando está enjabonada se corta el chorro y comienza el segundo apagón del día; opta por secarse así -aun cuando sufre de constante escozor en la piel- e ir a resolver cómo hará la comida para sus hijos. El día a día le ha enseñado a no tener alimentos delicados y de corta duración en la nevera, en constante reparación por las fallas de luz; además del factor presupuesto: la leche en polvo -si la consigue- es más económica cuando se debe alimentar a 3 niños.
Esta no es la única madre que vive el doble drama de padecer los fuertes racionamientos eléctricos y la escasez de agua, ahora contaminada. Miles de carabobeños sufren el estrés de los apagones, del racionamiento y ahora la poca agua que reciben -altamente contaminada- de la represa Pao-Cachinche, pudieran empujar al Gobierno Nacional a declarar el estado de emergencia en la región.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional -disponible en Wikipedia- define crimen de lesa humanidad como un delito que comprende: «cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque».
¿Aplica aquí el caso de delito de lesa humanidad? Leso significa agraviado, lastimado, ofendido: de allí que el término alude a un delito que «por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto», puntualiza la enciclopedia web: «Ellos tienen la especial característica de ser imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos en todo tiempo», advierte que también encajan los «actos inhumanos (…) que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física». Benita vive en carne propia lo que podría encajar en un delito de lesa humanidad. Para esta humilde y trabajadora mujer venezolana, «!esto no es vida!».
No es crisis, es emergencia
Salvo el anuncio del vicepresidente, Elías Jaua sobre la compra de 2 plantas termoeléctricas a la General Electric, no se ha dado a la población mayor información sobre el problema ni sobre los planes regionales de racionamiento, lo que sí parece seguro son los augurios del ing. Víctor Poleo, quien entre otras cosas, diferencia: «no estamos en crisis, sino en emergencia».
Poleo, de gran prestigio en el sector, analista y docente universitario asegura que siendo optimista, dichas plantas tardarían unos 6 meses en estar operativas, mientras tanto, «la población seguirá mermando en su calidad de vida porque éste es la madre de todos los servicios, del cual depende tanto la industria como el comercio y el bienestar de la sociedad, de allí su complejidad y su importancia en planificación».
La Constitución consagra los servicios públicos como derechos humanos (DDHH) -subraya- de manera que esas carencias y los racionamientos brutales en el interior -los caraqueños todavía no saben de qué trata esto, tal vez lo sepan pronto- afectan la calidad de vida y un DDHH. Tanto es así, dice, que la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional anuncia una nueva Ley Eléctrica, que consagrará al servicio como un DDHH: «suena un poco gracioso: ¡la electricidad es un derecho humano!, DDHH es la vida antes que nada, pero en conexión con la declaratoria de la Constitución tiene mucha validez esa tipificación, y quitárselo a la sociedad es cometer un delito contra ella».
«Venezuela no carece de fuentes primarias de energía, por el contrario, las tiene todas y en abundancia: crudos pesados, livianos, medianos. En el Orinoco tiene un yacimiento cuasi infinito de crudos pesados de donde salió la Orimulsión -un combustible termoeléctrico- hay gas natural libre -la mayoría asociado al petróleo-. Se dispone de carbón en el Guasare; un río como el Caroní que con turbinas es hidroelectricidad. Hay sol todo el año, vientos, todas las formas de energía, recursos financieros, una escuela de planificadores del sector eléctrico e ingenieros formados en la segunda mitad del siglo XX, especializados en esto y en mecánica».
Pese a habérsele asignado al sector una cantidad importante de dinero -la estima en $50 mil millones en 10 años- las grandes centrales termoeléctricas que han debido entrar en operación no lo han hecho. La sociedad venezolana no estaría sometida al delito de privación de la electricidad, ni se estaría aniquilando el bienestar si los responsables de administrar estos recursos no hubiesen actuado con negligencia.
-Ud. se refirió a la casi irrecuperabilidad de Planta Centro, ¿qué tanto influye el manejo cubano en la operación de la termoeléctrica?
-No tenemos evidencia de eso, sí sabemos que en Cadafe hay un contingente importante de unos 100 ingenieros cubanos, otro tanto hay en el Ministerio de Energía. El sistema eléctrico cubano es muy primario, comparable al de nosotros en los años ´50, tanto en generación como en transmisión. Se trata de un sistema de plantas pequeñas de diesel distribuidas en la Isla; la capacidad instalada allá es poco menos que la de Caracas. Ellos tienen 11 millones de habitantes y muy baja actividad económica y comercial, de manera que la ingeniería cubana poco o nada puede enseñarnos a los venezolanos, con sistemas de 800 mil voltios y la hidroelectricidad del Caroní, 10 mil MW -era la segunda presa hidroeléctrica del mundo, ahora la tercera-. Esto puede estar influyendo, no lo sé, pero la injerencia de los cubanos es humillante para la ingeniería venezolana que tiene autoridad y competencia en la materia.
Sin electricidad, no hay agua
Al insertar el problema eléctrico con el del agua, Poleo explica que en tiempos de conflictos armados, los primeros objetivos de una nación atacante es destruirle a la nación atacada su sistema eléctrico y su sistema de agua, porque es la forma de reducir a la nada una sociedad: «una población sin ambos servicios es asediada por enfermedades, por carencias, desmovilizada, de manera que es bien válido ubicar en ese contexto de delito contra la sociedad venezolana, lo que este gobierno ahora está mostrándole a la nación».
El sistema de abastecimiento de agua de Caracas -traerla del Tuy potabilizada, limpia, subirla a La Mariposa y a los embalses para luego bajarla a Caracas– requiere de una capacidad instalada formidable en bombas, sistema eléctrico, es decir agua y electricidad van juntas: «pero tal vez la electricidad es la que domine el quiebre de todo el resto de los servicios, éste afecta a 28 millones de personas, el de agua a todas las clases sociales y por ende es una emergencia política lo que estamos viviendo, no es una crisis eléctrica».
El gobierno no tiene «trucos para engañar a la población, ha develado que se ha corrompido en el uso de los dineros públicos, abandonando salud, vivienda, vialidad; con esos factores resueltos podía continuar engañando a algunos, ahora corremos el riesgo en semanas, de llegar a niveles de vida como en Haití. Nos podemos encontrar con que las represas hidráulicas estén en igual o peores condiciones que las eléctricas», advierte.
A este cuadro se suma la emergencia sanitaria por la calidad del agua en la región central, al punto de que el profesor Giovanni Gómez Isea, junto a otros expertos, denuncia que a la represa Pao-Cachinche, la cual surte a Valencia, le están llegando las aguas contaminadas del Lago, del río Cabriales, las provenientes de granjas avícolas y porcinas de la zona y los lixiviados del vertedero de basura La Guásima.
La presa Alejo Zuluoga, allí ubicada, hecha para potabilizar el líquido, funciona en la actualidad como una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo cual le están añadiendo mucho cloro, generándose una hipercloración, con las consecuencias de asfixia, ardor en los ojos y enfermedades digestivas y renales en la población, que desconoce oficialmente hasta cuándo tendrá garantizada agua y luz.
El ex ministro de Obras Públicas y ex gobernador de Falcón, José Curiel advierte que a pesar de haber tenido este gobierno ingresos muy superiores a los demás (casi un millón de millones de dólares en 10 años) no ha construido obras para el suministro de agua y de electricidad: «Mientras los gobiernos democráticos construyeron 81 represas para ambos servicios, éste apenas ha terminado 2, que ya habían sido iniciadas.»
Grave denuncia
Para el ex ministro de Sanidad, Dr. José Félix Oletta, de comprobarse la contaminación de las aguas de la represa valenciana, estaríamos en presencia de un importante riesgo de enfermedad para muchas personas, especialmente los niños. Los problemas de salud se evidencian -precisa- luego de la exposición prolongada por años o meses, cuando se trata de contaminantes químicos, excepto los nitratos que producen efectos graves mucho más rápidamente. Los microorganismos contaminantes también afectan la calidad del agua.
Aquí, un conjunto de regulaciones internacionales permiten garantizar la calidad del agua potable y por ende la salud de la población, según Oletta. En opinión del ex ministro, la calidad del servicio ha sido la clave para el éxito de la sociedad por los beneficios sobre la salud pública: «El acceso a agua limpia reduce la carga de morbilidad y mortalidad de la población y es clave para aumentar su productividad, sus condiciones de vida y su desarrollo».
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, de reducir a 50% la proporción de seres humanos sin acceso sostenible a una mejor fuente de agua potable y a condiciones básicas de salubridad para el año 2015, unas 1,100 millones (mm) de personas deberán acceder a una mejor fuente de acceso y 1,600 millones deberán tener condiciones básicas de salubridad: «Aún si se logran alcanzar los ODM, todavía habrá 790 mm de personas (11% de la población mundial) sin el servicio y 1,800 mm (25%) sin condiciones de salud adecuadas».
Delitos de lesa humanidad
Sujeto activo
• Pueden ser hechos por funcionarios estatales (independientemente de su jerarquía o cargo) o por miembros de una organización política.
Sujeto pasivo
• Debe tratarse de un ataque contra la población civil.
Acción típica
• No sólo se refiere a ataques militares: puede producirse tanto en tiempo de guerra como de paz.
• El ataque debe ser generalizado o sistemático, por lo que los actos aislados o cometidos al azar no pueden ser considerados incluidos en esta tipificación.