Denuncian que el desfalco de PDVSA ha sido a todos los niveles

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Fotografía del 28 de enero de 2019 de la entrada principal de la sede de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en Caracas. AP/Fernando Llano, Archivo.

El caso del embajador español en Caracas, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, está entre los que más dinero involucra


 

Elkis Bejarano Delgado / Diario Las Américas (USA) – 22/02/2020

MIAMI.- Las cifras que se manejan en los casos de corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) son escandalosas. Cada vez que se conoce algún delito específico, que en su mayoría son investigados por otros países, se reporta el robo de miles de millones de dólares que pasaron de los fondos del estado a cuentas privadas en un sinfín de bancos en todo el mundo, que en muchos casos, activaron economías.

Lo ha dicho Horacio Medina, gerente de Gente del Petróleo: “Hay 300.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están”.

Es que desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, comenzó el deterioro progresivo, paulatino y acelerado de, hasta ese momento, la principal industria del país, ejemplo de calidad a nivel mundial, y digno integrante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Trabajadores de la industria con más de 15 años de experiencia recuerdan con estupor cómo comenzaron a conocerse hechos de corrupción desde la presidencia de Rafael Ramírez, quien fue un aliado fiel de Hugo Chávez, por lo que gozaba de toda su confianza.

“Hechos como los denunciados con la familia (Rafael) Ramírez y (Diego) Salazar. El caso del fondo de jubilaciones; el cobro de comisiones por pago de facturas; adjudicación de contratos bajo la modalidad directa saltando lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. Los casos de corrupción con la Gerencia de Salud, muchos de los cuales se han denunciado, incluyendo el último que además dejó a los trabajadores sin seguro médico” asegura un exempleado de la empresa que solicitó mantener en el anonimato.

Resalta que en PDVSA ingresaba tanto dinero, y al no existir los mecanismos de contraloría, los hechos de corrupción cada vez se hicieron más frecuentes y dejaron de sorprender a propios y a extraños.

“Después del 2002 se hizo normal enterarnos de hechos como las empresas de maletín a quienes les daban acuerdos de servicio conjunto y se le adjudicaron contratos de operación con el pretexto de levantar la producción. Una de ellas fue sancionada por tergiversar sus estados financieros; en otra, el presidente estaba implicado en un caso de corrupción con las cajas de alimentos conocidas como CLAP. Es como si todas las empresas tuvieran que participar en el reparto de los fondos”.

Para este exempleado una de las muestras del deterioro de la industria es que han colocado “a militares manejando los eslabones más importantes de la cadena de valor, aunque no tienen ni idea del mundo petrolero. Me cuentan que los militares que llegaron hace un año, ahora hacen gala de sus relojes y sus carros costosos”, revela el entrevistado.

Manifiesta que está de acuerdo con que la recuperación de la industria petrolera venezolana parta de la eliminación de PDVSA como empresa y se inicie una industria desde cero con un grupo de empresas más pequeñas que sean más fáciles de manejar.

El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo junto a uno de sus asistentes y al fallecido Hugo Chávez. WITTER / Europa Press.

Caso Morodo, escándalo binacional

Entre 2004 y 2007 Raúl Morodo fue el embajador de España en Venezuela. Tiempo en que mantenía una fuerte amistad con el entonces presidente de esa nación, el fallecido Hugo Chávez, pero ahora se conoce que esa relación fue muchos más allá que una cercanía diplomática.

Presuntamente, tanto Morodo como su entorno íntimo recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros procedentes de PDVSA. Hace un año la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional señalando en la misma que los hechos investigados -desde 2017- podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, tal como consta en el sumario al que ha tenido acceso la agencia Europa Press.

En el caso Morodo se investiga también a su mujer Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo. Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociaciados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL.

Pero este caso tiene una arista que llama la atención de los investigadores. Otro de los implicados era Juan Carlos Márquez Cabrera (esposo de Ana Korina Ulloa), quien trabajó en un puesto de confianza de PDVSA, y era la persona que firmaba los contratos con los Morodo. En 2019 habría manifestado su decisión de apoyar a la investigación de la Fiscalía y en mayo declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En ese momento habría informado que el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, despachaba directamente con el diplomático español, desde su oficina. 24 horas más tarde apareció muerto en su residencia y las autoridades clasificaron el hecho como un suicidio.

Según apunta en su escrito la Fiscalía, la investigación practicada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) evidencia «que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces».

El informe policial describe la existencia de una serie de operaciones «sospechosas» realizadas por el entorno familiar y profesional de Morodo que consistía en la recepción «de importantes cantidades de dinero desde Venezuela» y que se justificaban como supuestos honorarios de asesoramiento a la petrolera. Apuntan que para recibir esos fondos se usaba un entramado societario y bancario residenciado principalmente «en territorios considerados off shore como Panamá y Suiza».

Según reporta la agencia Europa Press, a esos 4,5 millones, se suman otros fondos que recibió la familia entre 2008 y 2011 provenientes de PDVSA ($888.690) y de otra mercantil denominada PDVSA IBÉRICA SA ($127.340). Los investigados usaban «una compleja estructura societaria» para introducir esas cantidades en España.

La operatividad de las transacciones y los pagos estaba tan bien enlazados que se estima que su objetivo era dificultar el seguimiento del dinero gracias a que tenían una sociedad de nacionalidad panameña y diversas cuentas bancarias en entidades radicadas en Portugal, Suiza y España. Además, traspasaban el dinero entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y disponían de fondos mediante cheques al portador y con extracciones en efectivo.

Usaban asimismo las diferentes mercantiles vinculadas a la familia Morodo para realizar pagos carentes de lógica comercial a personas jurídicas y físicas portuguesas –Morodo quien fue embajador del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue también embajador de España en Portugal-, por lo que en las investigaciones aparecen cuentas en ese país.

Este caso aún está siendo investigado, pero hasta el momento es el caso con la cifra más elevada en el desfalco de PDVSA.

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